Dos casos, dos historias de madres que perdieron a sus hijos en episodios donde la policía utilizó el gatillo fácil y, al mejor estilo de la dictadura, disfrazo los hechos de “robo” y “enfrentamiento”. El decreto presidencial no hace más que facilitar este tipo de crímenes y ponerle más violencia al control social.
Están disparando. Tirotean a la Justicia, al Estado de Derecho, a las libertades individuales. Las balas se cubren con palabras o con plomo. Pero los discursos matan lentamente y el proyectil 9 milímetros que entró por la espalda de Luis recorrió 375 metros por segundo. El chico tenía 16 años, lo asesinó una policía federal en 2010 en Villa Zabaleta. La versión oficial habla de un intento de robo y tiene un solo testigo: la uniformada. Desde aquella noche del 22 de agosto Alejandra Díaz, a fuerza de dolor y de lucha en memoria de su hijo, reconvirtió su tragedia en militancia social. Hoy es referente del colectivo villero “La Garganta Poderosa” y tiene un pronóstico sombrío sobre la ya oscurísima doctrina Bullrich. Asegura Alejandra que “se van a multiplicar las muertes, porque no tienen respeto por las vidas”.
Omar Cigarán tenía 17 años. El chico y su familia denunciaron en 2012 que miembros de la Policía Bonaerense lo hostigaban y lo perseguían porque querían que robara para ellos. El 14 de febrero de 2013 personal de la seccional 2da. de La Plata allanó la casa de Cigarán. “Si no entregás al guacho, mañana lo tenés muerto”, le dijeron los policías a Sandra, mamá de Omar. Cumplieron. El 15 de febrero el chico apareció asesinado, también por la espalda, en el Barrio Hipódromo. Su matador fue el policía Diego Flores. Otra vez la hipótesis de un intento de robo, un arma adjudicada al chico que nadie vio en el momento pero que apareció mágicamente en la morgue, un juicio en el que la fiscalía no acusó en el debate, proceso que terminó con la absolución del acusado. Sandra es hoy militante del “Colectivo contra el Gatillo Fácil”. Sobre lo dispuesto por la Ministra de Seguridad, la mujer cita al periodista Ricardo Ragendorfer: “Él escribe que el gatillo fácil es el único crimen que comete la Policía sin fines de lucro; nosotros agregamos que aún sin lucro se logra un efecto importante, el control social sobre los pibes jóvenes y los pobres”.
Sandra agrega que “con la resolución de Bullrich se legaliza la impunidad para matar; no quiere decir que antes la Policía no actuara impunemente, ni que las fuerzas de seguridad no contaran en juicio con el respaldo de todo el aparato político, mediático y judicial; pero ahora van más allá, legalizan el ‘gatillo fácil’ porque no les alcanza el argumento de la legítima defensa”. La mujer sabe lo que dice cuando habla de impunidad. Lo sabe desde la mañana que, camino a su trabajo en la cooperativa El Galpón de Tolosa, se subió al tren Roca y se cruzó con el policía Flores. El hombre estaba de civil; la vio y huyó hacia otro vagón. Esa misma tarde las vías los volvieron a enfrentar: “Él ya estaba de uniforme y con su arma en la cintura, le grité ‘asesino’ y otra vez escapó”. Burló a la Justicia también, pero la familia de Cigarán apeló ante la Corte Suprema bonaerense y espera esa decisión.
María del Carmen Verdú, desde la CORREPI, opina que “la resolución convierte en impune cualquier homicidio cometido por fuerzas de seguridad. Esto se ve en la línea argumental que se realiza ante cualquier caso de gatillo fácil en defensa de los fusiladores: ‘creí que estaba armado’, ‘hizo un movimiento como que sacaba un arma’, ‘era mi deber evitar la fuga’, ‘otro del grupo estaba armado’ y demás artimañas”.
Verdú también refuta la supuesta equivalencia entre un objeto material y la vida humana, en ese empobrecido y bruto argumento que defiende al criminal por el solo hecho de evitar un robo. Agrega que “no hay discusión ni debate posible respecto de la preeminencia del bien jurídico ‘vida’ e ‘integridad física’ respecto del bien jurídico ‘propiedad’. Por eso toda la normativa previa a esta resolución ministerial establecía la vigencia absoluta de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima lesividad; prohibía causar un daño mayor al que se pretendía evitar, y, por ejemplo, prohibía el uso de armas de fuego para evitar una fuga”.
Alejandra y Sandra transitan un territorio donde las balas pican más cerca. O dan de lleno en el blanco. Y porque los tiros vienen siempre del mismo lado, las lágrimas bajan siempre hacia el mismo río. Allí donde, entre bancos de pólvora y y sangre, pugnan por flotar tantos sueños de los hijos del naufragio.
Dice Sandra que “se está creando un enemigo social al que expulsan a la marginalidad y después les sirve para justificar la mano dura”. Dice Alejandra que “nos quieren acorralar, nos tienen miedo, no nos quieren en las calles”. Las dos mujeres construyen organización y no se rinden: parecen estar dando una salida al laberinto de muerte.
