Desde hoy hay tropas del Ejército desplegadas para colaborar con la “seguridad interior”. Con esta decisión, el gobierno de Macri pasa a una etapa superior de la violencia represiva y se pone en línea con la estrategia de control global de los Estados Unidos.
“Amar a la Patria bien nos exigieron,
si ellos son la Patria, yo soy extranjero.
Yo forme parte de un ejército loco,
tenía veinte años y el pelo muy corto,
pero mi amigo hubo una confusión,
porque para ellos el loco era yo.”
(Charly García. Botas locas)
Cuando este mediodía Mauricio Macri puso en marcha en Huacalera, Jujuy, el llamado “Plan de Fronteras Protegidas”, por el cual las Fuerzas Armadas se sumarán a las de Seguridad para desarrollar tareas en zonas estratégicas y de frontera, el Gobierno dio el primer paso efectivo para la utilización del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de “seguridad interior”, en flagrante contradicción con la Constitución Nacional y en sintonía con la estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos.
El presidente insistió en que el Ejército brindará solo “apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad en la tarea de combatir el delito. Sin embargo, en su discurso metió en una sola bolsa a uno y otras: “Les quiero decir a todos los argentinos que estas mujeres y hombres son argentinos, son integrantes de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestras fuerzas armadas; son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de la democracia. Están para cuidarnos y tenemos que estar muy contentos por su nivel de compromiso”, dijo. Trascartón, enumeró el tipo de delitos que combatirán en conjunto: el narcotráfico y la trata de personas. Aunque hoy no lo dijo, en otras oportunidades el presidente y dos de sus ministros – Patricia Bullrich, de Seguridad, y Oscar Aguad, de Defensa – señalaron otro de los males a combatir: el terrorismo.
El Ejército en Jujuy. Foto: Asamblea Popular de La Puna
La movida de desplegar a las Fuerzas Armadas mirando hacia adentro del territorio nacional y abocarlas a la seguridad interna se inscribe dentro de la estrategia norteamericana de control global, centrada –como señala Pilar Calveiro en su trabajo Violencias de Estado – en “dos grandes combates, definidos como guerras: la ‘guerra antiterrorista’ y la ‘guerra contra el crimen’”.
Lo confirmó sin tapujos en febrero pasado el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, cuando expuso ante el Senado norteamericano para informar sobre la estrategia militar estadounidense para América Latina y el Caribe. En su discurso, identificó cuáles son las amenazas: Cuba, Venezuela, Bolivia, el narcotráfico, redes criminales regionales y transnacionales, y la mayor presencia de China, Rusia e Irán en la región. Ante los legisladores, destacó el papel que se ha asignado a las fuerzas armadas y de seguridad de cada país en la “seguridad interna, regional e internacional”.
Además, en esa oportunidad Tidd destacó la importancia que en la actualidad tiene América Latina en los planes estadounidenses de control global. “En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe”, dijo.
Conviene repasar un momento lo que, para Calveiro, son las consecuencias primarias de estas guerras globales –conducidas por los Estados Unidos – contra el crimen y el terrorismo. “Una y otra habilitan el escenario bélico que requieren las dominaciones autoritarias, facilitando las formas más radicales de la violencia represiva. La ‘guerra antiterrorista’ permite mantener y expandir el nuevo orden global y, para hacerlo, replica formas de lo concentratorio. Por su parte, la llamada guerra contra el crimen recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior de los Estados”, señala.
En la Argentina gobernada por Cambiemos este escenario no es desconocido y se reafirma todos los días con el apoyo gubernamental y judicial al gatillo fácil, la utilización arbitraria de la prisión preventiva, el creciente proceso de criminalización de los sectores marginados, la represión a las protestas sociales y la invención de “enemigos internos” como la Resistencia Ancestral Mapuche.
La puesta en juego de las Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad interna” es, en este sentido, una apuesta redoblada para incrementar la violencia estatal contra toda disidencia y el retorno –bajo otro maquillaje – de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional.
