La muerte fue más rápida que la Justicia

La directora y propietaria de Clarín dejó este mundo a los 92 años sin haber sido condenada por las irregularidades cometidas en la adopción de sus dos hijos durante la última dictadura y gozando de su provisorio sobreseimiento en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados para apropiarse de Papel Prensa.

Tres semanas después de lograr que la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmara su sobreseimiento – junto con el de los demás imputados – en la causa por la apropiación de Papel Prensa, Ernestina Herrera de Noble murió a los 92 años, gozando de la impunidad que otorga un poder cuyos cimientos construyó mediante un crimen de lesa humanidad.

Las necrológicas del día dicen que había nacido el 7 de junio de 1925 y que había llegado a la dirección de Clarín en 1969, luego de la muerte de su esposo y fundador del diario, Roberto Noble. Ernestina Herrera consolidó su posición como propietaria de ese medio durante los primeros años de la última dictadura, en 1977, cuando adoptó de manera poco clara a sus dos hijos, Marcela y Felipe, a quienes puso el apellido de su esposo fallecido y el suyo propio (Noble Herrera) utilizando una legislación que ya estaba derogada.

Meses antes –con la inestimable colaboración del actual CEO del Grupo, Héctor Magnetto -, Clarín se había apropiado, en sociedad con La Razón y La Nación, de las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios de la Argentina, hasta entonces propiedad del Grupo Graiver, cuyos integrantes fueron fuertemente presionados por los dueños de los tres medios y la dictadura para que se desprendieran de ellas.

Ernestina Herrera de Noble fue sobreseída en 2016 –luego de años de maniobras judiciales – en la causa que investigaba si los niños que había adoptado irregularmente en 1977 eran hijos de desaparecidos, un delito de lesa humanidad. Debió esperar unos pocos meses más, hasta mayo de este año, para que la Justicia la sobreseyera en la causa por la apropiación de Papel Prensa. Sin embargo, en uno y otro caso, la historia es mucho más oscura y compleja, y dista mucho de haber dejado esclarecidos los hechos.

Adopciones irregulares

El 12 de enero de 2003, en una carta abierta publicada en Clarín, Ernestina Herrera de Noble se refirió al origen de Marcela y Felipe: “… muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió. Fue su primera y única declaración pública sobre el tema en más de 25 años de democracia. Y la hizo porque no tenía alternativa: un mes antes, el 17 de diciembre de 2002, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich la había detenido – luego de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo – por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso”, durante los trámites de adopción de sus dos hijos. La directora del Grupo Clarín pasó tres días detenida en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia 1350, en Palermo, y luego beneficiada con la detención domiciliaria. Con llamativa celeridad, quince días después la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación, pero ya nada sería igual: el caso había tomado estado público.

El juez Marquevich pagó cara la audacia de poner en evidencia a la dueña del monopolio mediático más grande de la Argentina. El Consejo de la Magistratura lo suspendió el 11 de diciembre de 2003 y dos años después fue procesado por el delito de “haber obrado en forma ilegítima” cuando detuvo a la viuda de Noble. “Fue una presión del Grupo Clarín sobre el Consejo de la Magistratura. El encargado de visitar a varios consejeros fue (el director de Relaciones Institucionales de Clarín), Jorge Rendo.

De acuerdo con la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y los resultados de la investigación que llevó adelante Marquevich, las adopciones de Felipe y Marcela estuvieron plagadas de irregularidades:

1) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron.

2) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal.

3) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura.

4) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en la Capital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción.

5) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela).

6) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del decreto ley 8.204 y 76 de la ley 5.725) que había sido derogada siete años antes.

Durante los años que siguieron, los abogados de Ernestina Herrera de Noble lograron evitar sistemáticamente la realización de las pruebas de ADN que podrían demostrar si Marcela y Felipe eran o no hijos de desaparecidos hasta que, de manera llamativamente sorpresiva, se presentaron. Sus muestras de ADN no tuvieron coincidencias con las guardadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos donde, cabe aclarar, no hay muestras de todos los casos de nietos apropiados. Eso permitió que la viuda de Noble fuera sobreseída en la causa por apropiación el año pasado. Para ese momento, los delitos cometidos en las adopciones irregulares de los dos niños ya habían prescripto.

La apropiación de Papel Prensa

“Señora, si quiere salvar su vida y la de su hija, ni siquiera vaya a su casa a juntar la ropa. Váyase a Ezeiza y salga ya mismo del país”. Lidia Papaleo de Graiver recordaría incontables veces en los meses que siguieron, cuando era sometida a brutales torturas en el Centro Clandestino de Detención de Puesto Vasco, la frase que Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de Noble, le susurró en la puerta de las oficinas del diario La Nación, en Florida 1, donde acababa de firmar el traspaso de sus acciones de Papel Prensa a Fapel, la empresa fantasma creada por los dueños de Clarín, La Nación y La Razón para apropiárselas en complicidad con la dictadura.

La noche del 2 de noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, suscribieron la “venta” de las acciones a los tres diarios, después de haber sido separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte desde hacía meses. Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía unas pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue presionada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.

Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”, dice que le dijo el hombre de Clarín según el testimonio que está en la causa judicial. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. “Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Peralta Ramos me mintió, porque en abril me secuestraron”, declararía muchos años después ante la Justicia.

Debido a que María Sol – la hija de David Graiver y Lidia Papaleo – era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones. El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial. Recién entonces, el 14 de marzo, Lidia Papaleo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover. Los dictadores y los apropiadores ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación, una condición acordada entre los propietarios de los diarios y la cúpula de la dictadura.

Cómplices civiles de la dictadura

En “Silencio por sangre. La verdadera historia de Papel Prensa”, Jorge Mancinelli y quien esto escribe señalaron que la maniobra de apropiación de la empresa del Grupo Graiver formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón y, a cambio de ello, recibieron el monopolio de la producción nacional de papel para diarios, que los puso en una situación de franca ventaja comercial y periodística sobre el resto de los medios gráficos del país.

El interés de la dictadura cívico militar por Papel Prensa está claramente probado. Los dictadores lo dejaron impreso en varias actas de las reuniones de la Junta Militar. Catorce de las quince actas en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo, hace unos cuatro años, de una serie de documentos de los dictadores que estaban guardados en el subsuelo del Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna.

Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta militar, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.

En el acta anterior – la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver  ya habían  sido secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo  – los miembros de la junta se refieren a ellos como “arrestados”. La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores. Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa – realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977 – como un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.

El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles. Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”. Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.

Las actas de la junta dan cuenta de la atención con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período. A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal en los CCD de Puesto Vasco y el Pozo de Banfield, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central.

El general Bartolomé Gallino fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando, tras más de un mes de detención clandestina, fueron finalmente “blanqueados”. Las actas de la Junta Militar también demuestran que los comandantes seguían de cerca este proceso.

A mediados de 2011, Eduardo Anguita y quien esto escribe revelaron la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para “evitar que el ‘Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas”.

La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino – hombre de confianza de Videla – se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.

Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación. La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver.

Los plazos de la (in)justicia

Con el correr de los años, la acumulación de pruebas de la apropiación se ha vuelto abrumadora. En agosto de 2016, un dictamen de los peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema confirmó que la compra de Papel Prensa se realizó “a precio vil”, un elemento más que demuestra que se trató de un despojo.

Según el informe de los peritos, los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón adquirieron las acciones de la única empresa productora de papel para diarios de la Argentina a un precio considerablemente menor al que fijaba el mercado en noviembre de 1976, cuando los integrantes del Grupo Graiver fueron obligados a desprenderse de ellas bajo amenazas de muerte. Todos los peritos – incluidos los de las partes, que también participaron de la investigación – señalaron que la empresa integrada por los tres diarios acordó pagar a los Graiver un precio que estaba varios millones por debajo de los valores de mercado. Los datos oscilan de 3 a 7 millones de dólares, lo que equivale a precios que oscilan entre el 40 y el 80 por ciento menores al real. De todos modos, debido al posterior secuestro de los propietarios de las acciones, esas sumas no llegaron a pagarse nunca.

Este peritaje fue de singular importancia, porque el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación, venía postergando la indagatoria de los imputados con el argumento de que se encontraba “en curso un peritaje de tasación histórico y contable” sobre el valor de la empresa, que Clarín, La Nación y La Razón aseguran  – en su defensa – que compraron a los Graiver en una operación legítima. Esa fue la razón que esgrimió el juez en marzo de 2015, cuando rechazó el pedido de indagatoria que le había elevado el fiscal Leonel Gómez Barbella.

En la causa estaban imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini, y Guillermo Juan Gainza, por haber oficiado de “intermediario” en conocimiento de la ilegalidad de la operación.

A pesar de estos datos y de las pruebas documentales y testimoniales acumuladas durante años, el juez Julián Ercolini  sobreseyó a todos los imputados sin siquiera llamarlos a declarar. Su fallo fue confirmado hace apenas tres semanas por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Nada de esto afectará ya a Ernestina Herrera de Noble, que hace algunas horas consiguió la única impunidad definitiva, la que otorga la muerte.