¿En qué quedó la declaración del 9 de julio de 1816? Desde la “deserción” de Urquiza en Pavón y la derrota del “Chacho” Peñaloza, pasando por la consolidación del modelo agroexportador y el ingreso al FMI, la historia nacional exhibe una fuerte dependencia del capital financiero global. Una lectura posible y varios rescates que hablan de un país que no fue, pero que todavía puede ser.

El Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816 nos declaró libres e independientes, pero no lo somos, no nos dejaron. Desde el inicio hubo un sector que se subordinó a Gran Bretaña y generó una alianza económica en el que las grandes estancias disciplinaban al trabajador para producir básicamente carne y trigo con destino a Europa.

Las guerras de los caudillos del interior y con el puerto de Buenos Aires finalizaría con la deserción de Urquiza en Pavón y Bartolomé Mitre haciéndose cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo para posteriormente triunfar en las elecciones generales y asumir formalmente la presidencia el 12 de octubre de 1862. Su primer objetivo: remover a las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico.

Ante la sumisión de muchos, hubo sin embargo caudillos locales que lo enfrentaron. Conscientes de la disparidad de fuerza prefirieron “morir de pie que vivir de rodillas”. Desde Córdoba, foco liberal del interior, el ejército mitrista avanzó sobre Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta desalojando a las autoridades locales.

La consolidación de un modelo

En 1863, Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, a la cabeza de hombres y mujeres del oeste y norte del país, le escribe a Mitre: “…el verme rodeado de miles de argentinos que me exigen el cumplimiento de esas promesas, me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada, que había colgado después de los tratados con los agentes de V.E. No es mi propósito medrar por la influencia de las armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí por los pueblos”.

Derrotado en la dispar contienda de lanzas contra fusiles automáticos, Peñaloza será perseguido hasta su casa y asesinado por el ejército mitrista. Su muerte, sin embargo, no aseguró la paz. La intimidación del Gobierno nacional acrecentó el odio en las provincias. Mitre, deseoso de imponer el libre mercado, extendió su garras al Paraguay, la única nación de América latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos, basados en una importante industria e infraestructura portuaria, ferroviaria y productiva. La guerra, que duró casi cinco años y le costó a la Argentina más de cincuenta mil muertos, benefició a los comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas.

Al terminar su mandato, Mitre había logrado dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional. Un paso al que pomposamente se llamó Organización Nacional, pero que en realidad impuso un modelo agropecuario exportador que extremaba la riqueza de una minoría oligárquica que tendría sus década de esplendor entre 1880 y 1930 a costa de la marginalidad de la mayor parte del pueblo.

Tras la crisis de 1930, el Gobierno nacional para asegurar las ventas de carnes y cereales a Inglaterra firmó el Tratado de Roca-Ruciman, que no solo fue pingüe ganancia para la rubia Albión, sino que concentró más el poder económico en los propietarios de las grandes estancias por su relación de proveedor y a la vez tomador de créditos de los bancos londineneses. Aunque el estallido de la Segunda Guerra Mundial aflojó los lazos con Inglaterra, Argentina por su carácter de proveedora de alimentos de los aliados y el Eje logró pasó de deudor a acreedor.

En ese contexto, el golpe militar del ‘43 del Grupo de Oficiales Unidos abrió el camino electoral para que Juan Perón llegara a la presidencia. Con los recursos generados por las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial impulsó la industrialización. Finalizada la guerra, el país logró avanzar tecnológicamente y ponerse a la par de los países desarrollados incorporando ingenieros, técnicos, científicos y empresarios de los países derrotados.

La situación cambió con el Plan Marshall, que provocó una disminución de los precios agrícolas en los mercados internacionales, a lo que se sumó la sequía de 1952. En ese marco, Perón presentó e intentó ejecutar el Segundo Plan Quinquenal, que tenía por objetivos aumentar la producción agraria en detrimento de la industrial, reducir las importaciones, reducir la intervención estatal en la economía, abrir el país a los capitales extranjeros y aumentar la productividad del trabajo. En su intento por cumplir con el plan, el gobierno perdió apoyo y prestigio, situación que fue utilizada por el poder económico para derrocarlo.

EL FMI y las excepciones

Tras el golpe militar, el nuevo gobierno, asesorado por el economista Raúl Prebisch, adoptó las recetas clásicas: ajuste del gasto público y devaluación. El programa incluyó la incorporación del país al FMI y la firma del primer acuerdo con el organismo, que de ahí en más condicionó a todos los gobiernos con dos excepciones: los de Arturo Illia y Néstor Kirchner. Con Illia, el país creció por el impulso al mercado interno y no hubo devaluación, aunque la obra pública quedó limitada por la falta de recursos fiscales, lo que obligó a renegociar los vencimientos heredados de las administraciones anteriores.

Medio siglo después, en enero de 2006, Kirchner liberó a la Argentina de la tutoría del FMI . Lo hizo cuando le pagó los 9 mil 800 millones de dólares que el país le adeudaba. La decisión permitió avanzar con un ambicioso plan de infraestructura. Entre 2003-2015 se ejecutaron obras por el equivalente a 107 mil millones de dólares, cifra seis veces mayor que la ejecutad entre 1990 y 2002, y tres veces superior a la del período 2016-2020. El país crecía y redistribuía riqueza.

Dos premisas y una posible consecuencia

Los acuerdos con el FMI y el Club de París, sin bien no formalizados pero ya implícitos en el obrar del Gobierno actual, generan un ajuste en las cuentas públicas y subordinan la economía al pago de la deuda recreada por Cambiemos. Los 45 mil 400 millones de dólares que condicionan al gobierno de Alberto Fernández. El FMI no es una entelequia. Es funcional a sus mayores aportantes y, con ello, a los capitales y capitalistas de los grandes centros financieros.

Es claro que para el Ministerio de Economía la estrategia pasa por la negociación permanente con el FMI. La idea: reprogramar vencimientos y recibir asistencia de los organismos multilaterales de crédito. La hoja de ruta implica insertar nuevamente al país en los mercados financieros globales. La estrategia, sin embargo, parte de dos premisas falsas y que pueden acarrear una consecuencia funesta.

En primer lugar hay que destacar que se les está pidiendo a los grandes fondos – Blackrock, Pimco, Fidelity, Vanguard, Gramercy y Franklin Templeton – y a los grandes bancos internacionales – JP Morgan, HSBC, BNP Pariba, Bank of America, Citigroup y Merrill Lynch – que refinancien nuestra deuda. Basta ver cómo le va a la Provincia de Buenos Aires en una negociación permanente desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha. En segundo lugar se debe analizar a cambió de qué accedería a refinanciar la deuda pública un fondo como Blackrock, que tiene ya parte del capital accionario de YPF, Transener, Glencore, Mercado Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Santander, Banco BBVA y Adecoagro, entre otras empresas.

¿La consecuencia? Una profundización de la economía dual, donde una parte de la sociedad se integra y se extranjeriza, mientras que la mayoría apenas puede sobrevivir, si puede.

Un camino posible

Están dadas las condiciones. El Estado debe reasumir sus funciones en el Río Paraná y en la red ferroviaria de transporte de carga. Hubo dos pasos en ese sentido. El último: la Resolución 211 del Ministerio de Transporte que rechazó el pedido de prórroga contractual de las empresas Ferroexpreso Pampeano (Grupo Techint), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (Loma Negra). La norma señala con claridad que las concesiones arrojan al cabo de casi treinta años un balance negativo en infraestructura. El anterior: el Decreto 427 de junio pasado que otorgó la operación de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná a la Administración General de Puertos por un plazo de 12 meses.

Ambas decisiones deben conjugarse. Se trata de una inmejorable oportunidad para crear fuentes de trabajo en talleres de armado y refacción de vagones, locomotoras y vías; como así también de barcazas y barcos de dragado, balizamiento y carga. Lo que supimos tener y que sobrevivió hasta que el menemismo, cumpliendo las directivas del FMI, desmanteló. Una estructura productiva estatal. Una excelente oportunidad para ser independiente y libres de toda dominación extranjera.