La mayoría de la oposición política, la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, intelectuales, artistas, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad argentina enviaron una carta a la presidenta del FMI advirtiéndole que el acuerdo firmado por el gobierno con el organismo carece de legitimidad jurídica, política y social.

Sra. Christine Lagarde

Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

Washington, D.C. 20431

EE.UU.

“Artículo 75: Corresponde al Congreso:

Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”,

Constitución Nacional de la República Argentina.

Sra. Lagarde:

El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.

El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.. Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo.

Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.

También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.

Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia.

Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.

Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.

También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.

Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.

Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda” entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.

Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”. Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.