Salió a defender la bala que mató a Ismael Ramírez en el Chaco. Ya había hecho algo parecido cuando el caso Maldonado. Es algo así como el Fernando Iglesias de YouTube, un desaforado que vive la represión con una sonrisa.

La experiencia macrista permitió corroborar que la derecha gobernante tiene quien la corra hacia extremos más conservadores aún. Lo cual a veces significa que la crítica por presunta tibieza la esgriman quienes ofician de voceros del pensamiento más retrógrado, aquellos que exponen ideas que no sería dable escuchar de labios de funcionarios más o menos correctos. Es el caso de Yamil Santoro.

En su cuenta de Twitter se presenta como abogado y liberal, fundador de un partido llamado Mejorar, que se integró a Cambiemos. Es, además, profesor en la UBA y en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), un think-tank neoliberal nacido durante la dictadura. Hasta fines de mayo de este año, Santoro se desempeñó como asesor del gobierno porteño, pero optó por dejar su cargo para dedicarse a la defensa de Uber, la aplicación que salió a competir con los taxistas y cuyos choferes se exponen a la violencia de los émulos de Rolando Rivas que admiran a Baby Etchecopar. Antes fue secretario de la juventud del PRO, o sea, la cabeza de la gloriosa JM, si es que así se puede hablar de Juventud Macrista. Se desconoce si la rama juvenil tiene destinado un cántico sobre algún aborrecido político estatista con cuyos huesos hacer una escalera de la cual bajará María Julia antiplanera.

Santoro vendría ser como un Fernando Iglesias sin banca de diputado, pero con capacidad argumentativa similar, y sin tanta presencia mediática. Si el Gobierno precisa una defensa mediática desembozada, que apele a recursos que superan los límites de una respuesta institucional para satisfacer los oídos del núcleo duro de votantes de Cambiemos, allí están Iglesias y Santoro. El primero, se sabe, aun no se percató que es legislador nacional y sigue con una prédica que no se condice con su rol. El segundo es un producto de Internet. Allí está su canal de YouTube para probarlo.

En los videos de ese canal, Santoro realiza propuestas que lo asemejan a Omar Obaca, el candidato presidencial apócrifo de la campaña de 2015.  Los videos de Santoro hacen dudar: no se sabe si son verdaderos o una ficción como la de Obaca. Por caso, Santoro propuso eliminar los feriados para producir más. Se presenta como “Youtuber político” y responde de camisa y corbata, con tiradores, con más pinta de broker que de otra cosa. Sólo le falta un habano en la mano. En uno de esos videos propone reformar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que no permite divulgar los datos de cada institución educativa. Santoro quiere saber “si la guita de nuestros impuestos está generando resultados” y habla de “cepo informativo” respecto de las escuelas. Propone que “los padres sepan adónde están mandando sus hijos” y que esto “no es estigmatizante”. Pero propuesto del modo en que lo hace suena al “¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento?” de los militares. Los extremos se tocarían, pues, en el caso de un amante de la libertad individual y una dictadura.

El canal de Santoro permite ver sus intervenciones en varios de los más serios programas de debate político de la TV, como Intratables y El diario de Mariana. Pero, como hombre de Internet, su lugar en el mundo on line es Twitter.  Y allí dejó esta pieza antológica, el martes 4 de septiembre, tras conocerse la muerte por arma de fuego del menor Ismael Ramírez en el Chaco:

“Desde ya es lamentable cualquier muerte en cualquier contexto. Pero una persona abatida mientras trata de robarle a otro sea de forma individual o en banda, en la calle en un atraco o en un saqueo, es alcanzada por la cobertura de la legítima defensa. El Derecho banca al defensor”.

Cuando se afirma que hay voceros oficiosos que dicen lo que los funcionarios no se animan o no pueden para no romper cierto equilibrio, es factible citar esta afirmación de Santoro como ejemplo.  El caso Maldonado es otro antecedente. El 8 de agosto de 2017, una semana después de la desaparición del joven de 28 años, Santoro tuiteó algo digno de la derecha que pedía sangre en 1975: “Si los terroristas del sur del país mantienen su posición beligerante es deber de la Democracia ponerlos en su lugar y a Derecho”.

El balazo que mató a Ismael Ramírez puede soslayarse, según Santoro, porque se violó el derecho de propiedad, y la legítima defensa permitiría responder con la máxima dureza.  Le llovieron las críticas y quiso salir a aclarar en una nota en Perfil, en la que afirmó que “la legítima defensa lejos está de justificar una muerte sino que define si el accionar de quien se defiende está dentro o fuera de la ley”. Todo indica que el chico asesinado pasaba por el lugar al momento de los disturbios, por lo tanto, no haría falta considerar la legítima defensa ni su exceso, sino el delito de homicidio, doloso o culposo.

En el fragor de la polémica le recodaron que, en aras de defender el emprendedurismo, él había contado cómo utilizaba la web para bajar música y vender CDs made in home sweet home. Ergo, violentaba la propiedad intelectual y era pasible que, arma en mano, lo fueran a buscar de alguna discográfica.

Los esfuerzos de Santoro por tratar de aclarar que no dijo lo que la mayoría interpretó tiene su corolario en la nueva aventura política que encara. Va de suplente de Alejandro Fargosi en las elecciones al Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados. Fargosi, ex consejero, suele dar sus puntos de vista en Twitter, como su suplente y es uno de los más enconados defensores del policía Luis Chocobar, que se abusó de la legítima defensa al matar a un ladrón, en un fallo que ya tuvo confirmación en instancias de apelación y va camino de juicio. No se puede afirmar que haya divergencias ideológicas profundas en esa lista.