Hace rato que la ministra de Seguridad busca la impunidad del gatillo fácil. Ahora va directamente a por los jueces a quienes les quiere enseñar que eso de que la policía pueda ser culpable es parte del pasado. Coincide con las declaraciones de Durán Barba, auspiciando la pena de muerte. Y juntos hacen que el país retroceda a tiempos que se suponían superados.
[No todo es sistema. Es cierto que el modelo macrista no cierra sin represión, pero eso no explica todo. Solo de una manera indirecta se puede interpretar los homenajes oficiales al agente Chocobar como una manera pública de otorgar vía libre al gatillo fácil y a la arbitrariedad policial, pero la represión no precisa de esas autorizaciones. Se ejerce y chau. No hace falta hacer tanta bandera con las fuerzas de seguridad como hace el gobierno y en especial Patricia Bullrich- quien junto a Gerardo Morales representan el ala más brutal de un gobierno ya de por sí proclive a la violencia. Los funcionarios ejercen esa violencia de palabra, basta ver los “retos” y desplantes de María Eugenia Vidal con bañeros y docentes que protestaban junto por donde la gobernadora pretendía pasar. Marcos Peña, más modosito, no ahorra descalificaciones. Hay un estilo Cambiemos de la violencia verbal que pasa por la no inclusión del otro en el discurso que habla de él. No se discuten las razones de Moyano, se lo descalifica. No hay voluntad de debate sino una permanente vocación de exabrupto. Como si encontrar las palabras exactas para la descalificación implicara dejar completamente desarmado al adversario-enemigo. Es un gobierno que no cede el monopolio de la palabra, ni siquiera a nivel internacional. A su manera cool y descontracturada, la religión neoliberal del macrismo tiene mucho de fanatismo. Un fanatismo milennial bajo en grasas y alimentado a milanesas de soja y agua mineral sin gas.
Pero la ministra de Seguridad da un paso más allá y asume el fanatismo con esa devoción de los conversos. De hecho, ella es una conversa profesional. Y cruza todas las barreras, cuando hay que ponerse el uniforme ella sale en las fotos con traje de camuflaje. Cuando hay un tiroteo en el que queda herido un policía corre hasta el Churruca a abrazar a su héroe de entrecasa sin tomarse el mínimo trabajo de averiguar qué ocurrió realmente. Primero acomodamos la almohada del convaleciente y después preguntamos. Y esto desde el mismo principio. Al poco tiempo de asumir Macri se produjo un episodio en el que la policía baleó a chicos de una murga. Eran pibes de diez años con marcas de bala de goma en las piernas. Y la respuesta ministerial fue un ninguneo sin matices. Ni siquiera una declaración para la tribuna.
Se ha escrito mucho –incluso mucho en Socompa– acerca de sus intervenciones en el tema Maldonado –ascendiendo al principal sospechoso- y en la muerte de Rafael Nahuel, tratando de exculpar a como fuera a la gendarmería. Una demostración de lealtad a sus dirigidos que hoy celebra Eduardo Van der Kooy en Clarín, siempre en ese tono distante que lo caracteriza y al que pretende hacer pasar por objetividad. Allí dice que todavía el gobierno no acompaña con la suficiente firmeza los cambios de doctrina que impulsa la ministra, a quien considera, no sin cierto regodeo, como un “halcón”.
Es obvio que Macri le da la derecha, al punto que hoy Bullrich se ha erigido en la numen del aparato represivo. Pero ella aporta y mucho por propia iniciativa. En una entrevista con Ernesto Tenembaum dijo, refiriéndose al caso Chocobar: “ratifica una mirada que tiene nuestro gobierno: las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía. Y estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito.” Y agrega: “Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías.”
La falacia es evidente: que se sepa, no hay “una doctrina de la culpa de la policía”. Doctrina es algo que está establecido, generalmente por escrito. En definitiva, de lo que se trata es de darle un matiz jurídico a una percepción que se da por instalada y que resume bien aquello de que “se ocupan más de los derechos de los delincuentes que de la vida de los policías”. También se quiere que suene a mundo legal lo de la legítima defensa. No es difícil pensar que es un mensaje de garantía de impunidad, haga la policía lo que haga. Pero allí no se termina la cosa, la ley que la policía debe actuar de manera proporcional al delito que busca reprimir. Algo que no se cumplió en el caso de Chocobar. Un ladrón que no estaba en condiciones de causar daños es muerto por la espalda. Por lo cual el argumento de la legítima debe ser evaluado por un juez. De alguna manera, el tribunal es representante de la sociedad civil y juzga la legalidad o no del acto cometido por un policía. Cuando la ministra dice “los jueces no entienden” está diciendo que su función ya no es necesaria. Y que si el juez se obstina en cumplirla, el gobierno presionará, como hizo en esta oportunidad, de dos maneras. Una, poniendo sus recursos a disposición de la defensa del policía, la otra con una amenaza de presentación ante el Consejo de la Magistratura (justamente presidido por un representante muy activo de Cambiemos, Pablo Tonelli). El pedido fue tramitado por el abogado radical Alejandro Suárez Lynch, quien ya había hecho tanto con la jueza Patricia López Vergara, quien había ordenado medidas especiales de contención de la policía ante las protestas en el Congreso durante la votación de la reforma previsional. Dicho sea de paso, en aquel momento, Macri había fustigado duramente a la jueza. Además de la batería mediática descargada sobre los errores de vida jurídica del juez, previa a Chocobar. Como para que quede claro, en materia de represión, el Estado no va a admitir interferencias ni cuestionamientos. Una especie de infalibilidad de la razón policial. Hasta tal punto que gendarmería presentó una demanda por las acusaciones recibidas durante el caso Maldonado.
De lo que se trata es de desarmar una estructura jurídica que, en la opinión de la ministra, está presa de doctrinas envejecidas. Y si no es por la razón, lo será por la fuerza. El mismo día, y entrevistado también por Tenembaum, Durán Barba dijo: “La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”.
Tiene algo de temible la posibilidad de que esas encuestas sean verdaderas y que en el horizonte oficial esté el proyecto de instaurar la pena de muerte que, en realidad, como en los casos de gatillo fácil, funciona de hecho. Y más allá de su existencia o no, es cierto que hay un humor social –en parte fogoneado por los medios, pero esa no es, ni mucho menos, la explicación- proclive a la mano durísima. La llamada inseguridad es un tema que convoca actitudes primitivas y antidemocráticas, con las cuales el gobierno no sólo muestra una clara empatía sino que le sirven a su proyecto político que es profundamente autoritario.
Y en ese camino de construcción de la antidemocracia, la ministra, con sus camuflajes, su voz metálica, su proclividad a la amenaza y la ternura que le producen los uniformados, se encarga del trabajo sucio.
