El brutal accionar policial de ayer en la avenida 9 de Julio leído en términos de campaña política con los ojos puestos en las elecciones de octubre. La polarización social que busca la campaña del miedo de Cambiemos. (Fotos: Rolando Andrade).
Gases lacrimógenos, camiones hidrantes, carros de asalto, disparos directos –violando el protocolo – de balas de goma sobre los cuerpos, bastones largos que impactan sobre los manifestantes, detenidos con las manos esposadas que son arrastrados sobre el asfalto, agentes de civil infiltrados en la multitud para hacer inteligencia hasta el momento preciso de actuar, persecuciones y agresión aún después del desalojo del espacio público, deliberada exacerbación de la brutalidad policial. Todo ocurre en pleno centro porteño y es amplificado, repetido, multiplicado, llevado por las cámaras de televisión hasta los rincones más alejados del país.
La represión de ayer sobre las agrupaciones de cooperativistas desocupados, con un epicentro en Belgrano y la 9 de Julio que se expandió radialmente, fue una escena buscada y jugada con precisión por el gobierno de Cambiemos. Una actuación protagonizada por la Policía Metropolitana que venía siendo postergada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de las presiones que recibía desde hacía tiempo desde el Ejecutivo nacional.
No en vano, La Nación tituló hoy: “Satisfacción en la Casa Rosada por el desalojo que ordenó Larreta”. El comienzo de la nota no deja lugar a equívocos: “El Gobierno esperaba una reacción de estas características. Quería que quedara en claro que las reglas del juego cambiaron, que no se va a permitir todo. El presidente Mauricio Macri quiere evitar que los piquetes, que dominaron gran parte de la escena pública de la ciudad durante los primeros meses del año, vuelvan a ganar la calle. El tema, incluso, se discutió largamente en la reunión de gabinete de ayer – dice -. Por eso todo era satisfacción en la Casa Rosada con el accionar de la policía y, en particular, con la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de reprimir a los manifestantes que actuaron encapuchados, con palos y quemaron gomas en la avenida 9 de Julio”. Envalentonado por las palmadas en la espalda, el jefe de gobierno se despachó esta mañana con un explícito “vamos a seguir actuando así”.
En la estrategia política de la Casa Rosada, los gases, las balas y los golpes no sólo estuvieron dirigidos a mostrar que no se va a detener ante nada para disciplinar a los sectores marginados por el ajuste económico brutal que está en el corazón de su proyecto de país. También se articularon en un discurso de neto contenido electoral, reforzado por los anclajes sesgados de los medios de comunicación hegemónicos, que busca polarizar la campaña. El lugar elegido, el ombligo político del país, intentó potenciar su carácter ejemplificador.
La exclusión que genera el proyecto económico de Cambiemos hace imposible implementarlo sin el auxilio de la represión de las protestas sociales. En ese sentido, reprimir es una de sus condiciones necesarias. Y para justificar esa violencia frente al resto de la sociedad se hace indispensable criminalizar toda acción de resistencia, por más que sea pacífica. La ecuación es transparente: los pobres y los excluidos, si se organizan y protestan, son transformados en criminales. Y, se sabe, a los criminales hay que castigarlos.
Se trata de provocar miedo entre quienes protestan, para desmovilizarlos y desorganizarlos, pero también de hacer que el resto de la sociedad los tema y los condene. A eso jugó ayer también la cobertura de la mayoría de los canales de noticias. Con la excepción de C5N, que utilizó la palabra represión en sus zócalos, el resto habló de “desalojo” de quienes impedían la libre circulación de los ciudadanos. El caso arquetípico fue el de TN, punta de lanza del Grupo Clarín, que llegó al extremo de poner a la cabeza de la cobertura desde el estudio al periodista encargado de los informes de tránsito, como si sólo de eso se tratara: de una invasión de indeseables que obstaculizaban la fluidez de la vida ciudadana.
Que todo esto haya ocurrido pocos días después del lanzamiento de Cristina Fernández de Kirchner no es producto de la casualidad. Basta leer la calificación de “encapuchados K” y sus variantes utilizadas por Clarín, La Nación y el resto de los medios satelitales del establishment para descubrir la jugada. Se trata, en términos electorales, de polarizar la “gente como uno” y “los otros que nos amenazan”. En este sentido, se podría decir sin caer en exageraciones, que la represión de ayer fue el primer acto electoral de la alianza en el gobierno.
El sector en disputa es una clase media que en gran parte se ha visto fuertemente afectada por el ajuste pero que todavía es sensible al discurso demonizador del “populismo” que deposita el origen de todos los males de hoy en la “pesada herencia” de ayer. Es allí también donde el gobierno intenta sembrar el miedo. Un miedo a la violencia y el caos que supere el descontento del bolsillo.
Se trata una pelea sobre el sentido con que se imprime la violencia en el imaginario social cuyo resultado puede ser determinante a la hora de definir el voto. Por eso la represión de ayer puede leerse como el punto de partida de una espiral violenta que el gobierno de Cambiemos busca desatar en beneficio propio.
