Finalmente, y sin avisarle a nadie, el juez jujeño decidió que Milagro Sala continuará presa, pero en su casa, a la que cámaras de seguridad y alambrados parecen convertirla en una cárcel de máxima seguridad. Pese a estas maniobras, a Gerardo Morales no le quedó más posibilidad que atender a las exigencias de la CIDH.
Esther estaba regando el pasto, mientras otros compañeros de la Tupac Amaru y del Comité por la Libertad de Milagro Sala ajustaban algunos de los arreglos de la casa de El Carmen. Escucharon el ruido de algunos autos y un hombre se acercó al portón.
-Abran.
-¿Por qué? ¿Quién es usted? -preguntó Esther.
-Abra, está Milagro.
Claudia, la hija de Milagro Sala, salió corriendo y abrió. Entraron los autos. Milagro se bajó de la camioneta blanca que la traía desde el penal de Alto Comedero y recibió el abrazo emocionado de los compañeros que no podían de la sorpresa.
Alguien mandó un mensaje y los teléfonos empezaron a sonar. Milagro habló con dos o tres personas nada más. “Los quiero mucho, les mando besos a todos”, repitió una y otra vez.
En la casa no estaban ni su esposo ni sus abogados. Porque el juez Pablo Pullen Llermanos decidió concretar el traslado de la dirigente social sin notificarle a nadie. Cerca de las 15.30, se presentó en el penal de Alto Comedero, habló unos minutos con el director de la Unidad y ahí nomás se dispuso el traslado.
La casa de El Carmen fue convertida en una verdadera prisión, en contra de las normativas que regulan el arresto domiciliario. Pullen Llermanos ordenó una serie de restricciones para las visitas, en número y horario. Además, designó a Gendarmería Nacional la custodia del perímetro externo de la propiedad. Los verdes están instalados allí en un tráiler y una casilla desde hace 24 horas.
En los últimos días se colocaron cámaras de seguridad en la parte exterior, y esta misma mañana operarios enviados por el Ministerio de Seguridad colocaron alambres de púa sobre las paredes que rodean la vivienda. Y la Policía Caminera de la Provincia desplegó puntos de control en la ruta.
Los abogados de Sala ya apelaron estas medidas, por considerarlas ilegales. Recordaron además las palabras del propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien había dicho que “esto no es prisión domiciliaria”.
En principio, la ley de Ejecución Penal prohíbe expresamente que los detenidos sean custodiados por fuerzas federales. Pero además ni siquiera los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cumplen detención domiciliaria con estas restricciones.
La discreción con que el poder político y judicial de Jujuy llevaron adelante la medida se condice con el clima que se vive por estos días en los pasillos de la Casa de Gobierno provincial y de sedes tribunalicias. Por un lado, un gobierno golpeado por la pérdida de votos en las PASO en relación a 2015; por otro, los cuestionamientos a las condiciones de detención de Milagro por el costo que implica cumplir con la orden del juez.
Pero sobre todo, un Gerardo Morales que se vio obligado a cumplir con las resoluciones de la ONU y de la CIDH, aunque lo esté haciendo parcial y tardíamente.
