Todo fallo es político

Las articulaciones entre la Justicia y el Ejecutivo detrás del pronunciamiento de tres de los jueces supremos sobre la reducción de la condena de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad. (Foto destacada: Claudia Conteris)

El fallo de la Corte Suprema respecto de la aplicación del 2×1 en casos de crímenes de lesa humanidad ha generado un vendaval de opiniones. Algunos hablan de la independencia judicial, otros de la ley penal más benigna o de la igualdad ante la ley. Y, como siempre, hay bibliotecas para todos los gustos. Sin embargo, no debemos perder de vista que todo pronunciamiento de un juez es, por sobre todas las cosas, una decisión política, especialmente si se trata de fallos del máximo tribunal. Es política porque estos jueces deciden sobre qué y cuándo dicen lo que quieren decir, pero también porque cada decisión se corresponde con un escenario que se construye a partir del discurso que cada actor utiliza. No es casual que el voto mayoritario de este fallo -que erosiona seriamente el proceso de Memoria, Verdad y Justicia- haya sido suscripto por los dos ministros designados por Mauricio Macri y por la jueza a la que el gobierno reclamó su retiro por tener 75 años, pero que ya no lo reclama tanto.

Entre las señales del escenario que fue generándose para que estos tres jueces decidieran que es posible reducir el cumplimiento de las penas (eso es lo que consagra el 2×1), se halla el encogimiento de hombros de Mauricio Macri cuando se le preguntó sobre la cantidad de desaparecidos. Ese gesto es un “me importa un belín” sobre la etapa más oscura de nuestro país y, sobre todo, del destino de las víctimas. Su ignorancia de la historia y su aversión a la política como herramienta transformadora son una clara posición ideológica que dejan ver, una vez más, su rechazo visceral a los trabajadores -las víctimas de la dictadura pertenecen a esa clase en su mayor parte- y la confirmación de su membresía a la élite que se benefició con la desaparición de las comisiones obreras, de la cesantía y el exilio; en definitiva, de los campos de tortura y exterminio.

Poner en duda el número de desaparecidos a través de sujetos como Darío Lopérfido o Gómez Centurión fue un paso más en ese sentido, que pretendió poner en cabeza de las víctimas la obligación de dar la información que retienen los represores al no quebrar el pacto de silencio. Dicho de otro modo, se les exime a las fuerzas armadas de brindar información. El 2×1 es refrendar ese pacto de silencio.

Otras señales han sido los distintos encuentros que el Ministro de Justicia Germán Garavano y el Secretario de DDHH Claudio Avruj mantuvieron con sectores que reivindican la picana y la capucha y las declaraciones de ambos tendientes a morigerar la situación de imputados y condenados por estos crímenes. Como contrapartida, cabe recordar, ni Garavano ni Avruj jamás dijeron algo sobre la necesidad de romper el pacto de silencio. Cuando se le reclamó a Macri que  echara a Gómez Centurión porque justificó los crímenes enmarcándolos en una “guerra”, lo mantuvo en su cargo. El llamado a reconciliar torturados con torturadores o el trillado “mirar hacia adelante” tan usado por la gente del PRO, es otro potente condimento.

Que en esa decisión política ha tenido algo que ver el gobierno lo confirman las palabras de Avruj que no tardó minutos en defender el voto de la mayoría, dejando de lado su rol como titular de la Secretaría que actúa como querellante en los juicios de lesa humanidad. Este supuesto respeto a la legalidad y a los derechos al que Avruj permanentemente alude, se contradice con la política criminal (si así puede llamársele) que impulsa el gobierno para restringir salidas transitorias y libertades condicionales, perseguir penalmente a niños o relacionar crimen con migración. (Sobre el estado inhumano de las cárceles nadie dice una palabra).

En este contexto, la aplicación del 2×1 a represores es un mensaje macabro a toda la sociedad argentina. Si un pibe roba un pasacasete deberá cumplir toda la pena, pero si se trata de alguien que integró un grupo de tareas de la dictadura para secuestrar, mantener en condiciones inhumanas en centros clandestinos para torturar, violar, matar y apropiarse de niños nacidos en cautiverio; el premio será la reducción de la pena.

Como las decisiones de los jueces son políticas y se llevan a cabo en un determinado escenario, por nuestra parte no tenemos otra opción que influir sobre él con todas nuestras energías y acompañar a los organismos de DDHH en cada plaza, cada manifestación. El repudio ha sido contundente de parte de los organismos de DDHH, de los sindicatos, organizaciones sociales y de todo el arco político. En soledad quedaron sujetos como Reinaldo Vanossi -el radical que para terminar con la dictadura propiciaba un gobierno cívico militar- o Saint Jean -integrante del reaccionario Colegio de Abogados de Bs As socio del diario La Nación que reúne a abogados de grandes empresas y represores, lo que, por cierto, no es ninguna casualidad-. Ese estruendoso repudio hizo recalcular a muchos funcionarios del gobierno que salieron a despegarse de la aplicación del 2×1.  La Corte podrá hacer lo mismo cuando le llegue el próximo caso a estudio, que sin duda le llegarán porque con su fallo desencadenaron una catarata de presentaciones de represores que, hasta ahora, merecieron la contundente negativa de fiscales y tribunales.

Y, mientras tanto, sería por demás bienvenido que Claudio Avruj se ponga un quiosquito en Panamá. Pero si llama a Highton deberá ver si mantiene su conchabo en Buenos Aires.