Sobre las contradicciones del discurso del fascismo de mercado que se llena la boca con la bandera de la libertad pero niega que la falta de políticas sociales inclusivas es una de las mayores fuentes de privación de esa tan mentada libertad.
El fascismo de mercado enarbola la bandera de la libertad, pero pretende negar que las mayores fuentes de privación de libertad son la pobreza, la desigualdad y la ausencia de políticas de inversión social.
Esa falacia es el primero y el más peligroso de los discursos encubridores de la derecha. Desde ese lugar llaman “vagos” y “mantenidos” a los excluidos y “emprendedores” a los usureros.
Creo que es la madre de todas las discusiones urgentes.
El economista indo-británico Ravi Kanbur, quien en 2016 asumió como presidente de la Human Development and Capability Association, fundada por su maestro Amartya Sen, presentó en mayo de 2000 su renuncia como director y autor principal del Informe Mundial sobre Desarrollo del Banco Mundial.
El Informe (World Development Report) 2000/2001 inicialmente preparado por Kanbur tuvo como tema la Lucha contra la pobreza (Attacking Poverty en su versión original en inglés)
El autor había establecido tres estrategias: 1. #Empoderamiento (incremento de las capacidades de las personas pobres para influir sobre las instituciones del Estado y sobre las normas sociales) 2. #Seguridad (mitigar y minimizar los efectos de los shocks económicos sobre los más pobres) y 3. #Oportunidad (acceso al empleo, al crédito, a la salud, la educación, etc)
La publicación en internet de un borrador del Informe – finalmente emitido en septiembre de 2000 – motivó la renuncia de Kanbur, quien objetó por los menos dos cambios introducidos en su texto original. El primero fue la alteración del orden de las estrategias; como puede observarse en el informe, Oportunidad quedó en la cabecera, Empoderamiento pasó al segundo lugar y Seguridad fue desplazado al tercero. La segunda objeción del autor fue que en el rubro Oportunidad se priorizó la acción del #mercado, conservando una inercia de la visión neoclásica del crecimiento global como generador de esas oportunidades.
Un año antes había renunciado el Nobel de Economía Joseph Stiglitz como Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial.
La salida de Kanbur y las enmiendas al informe constituyen, justo en el cambio de siglo, un síntoma de la tensión entre dos nociones del desarrollo:
-La neoclásica -con sus actualizaciones – que considera al crecimiento como condición principal, sin tomar en cuenta la desigualdad, y postula la reducción de la pobreza como un “resultado” natural
-El conjunto de las concepciones que privilegian las políticas sociales como estrategias de crecimiento, en tanto aumentan las posibilidades de los ciudadanos de contribuir al desarrollo.
Es precisamente el trabajo de Kanbur, en colaboración con la economista Nora Lustig – nacida en la Argentina, criada y formada en Estados Unidos y fundadora de la Latin American and Caribbean Economic Association -, publicado bajo el título ¿Por qué la desigualdad está de nuevo en la agenda? una de las fuentes principales del documento Políticas Sociales, 2007, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, preparado por Isabel Ortiz.
El documento de ONU-DAES, concebido como Guía de Orientación de Políticas Públicas, incursiona en la idea de la legitimidad al enunciar “Las políticas sociales son necesarias porque los beneficios del crecimiento económico no llegan automáticamente a todos los ciudadanos.
Las políticas sociales no se justifican sólo por humanitarismo: son una necesidad para el crecimiento económico y para la estabilidad política de los países, para mantener el apoyo de los ciudadanos en sus gobiernos”.
“La redistribución tiene un impacto más rápido en la reducción de la pobreza que el crecimiento, pero el crecimiento económico es necesario para sostener el proceso a lo largo del tiempo (…) un enfoque exclusivo en el crecimiento económico conduce a mayores desigualdades. La redistribución no es antagónica al crecimiento: estimula el consumo, eleva la productividad y es importante para sostener el crecimiento económico mismo. Es preciso, por consiguiente, encontrar combinaciones de instrumentos y políticas que resulten en ambos, crecimiento e igualdad”
De modo sucinto surgen, de los principales documentos de trabajo publicados desde mediados de los ’90 hasta el presente como sustento de las más gravitantes decisiones consensuadas para el desarrollo sostenible, con erradicación del hambre y la pobreza extrema, estos argumentos a favor de las políticas activas de inclusión:
*Invertir en las personas mejora la calidad y la productividad de la mano de obra, estimula la inversión e impulsa el desarrollo.
*Aumentar el ingreso de los más pobres incrementa la demanda y contribuye a expandir el mercado interno.
*La desigualdad social está asociada a índices inferiores de crecimiento.
*La pobreza y la malnutrición infantil provocan muerte o dañan las capacidades cognitivas, limitando el desarrollo de los futuros adultos y su capacidad productiva.
*El empoderamiento de niñas y mujeres multiplica el desarrollo económico y social.
*Las sociedades desiguales no pueden garantizar la estabilidad política y social a largo plazo.
*Las grandes desigualdades y las intensas tensiones sociales aumentan el riesgo de conflictos violentos y, a la vez, hacen a las sociedades más permeables a la criminalidad compleja.
El definitiva, el fracaso del ensueño del “efecto goteo” o trickle down – crecimiento como pre condición, imperio del mercado, flexibilidad laboral, cero políticas sociales -, y de su versión “sensible” o trickle down plus – sumando algunas políticas sociales de emergencia y servicios educativos gratuitos para mejorar la mano de obra – permitió el surgimiento, o más bien el reingreso, a los espacios académicos y políticos, de las teorías basadas en la justicia, la inclusión y la finalidad social.
Los ejes estratégicos con que se fueron enunciando y planificando las agendas mundiales de desarrollo a partir de mediados de la década de 1990, en especial en dentro del sistema de las Naciones Unidas, son también marcos éticos: no hay desarrollo económico sin desarrollo humano, no hay política económica sin la gente.
La pereza mental – o el cinismo – postulan un supuesto equilibrio compensado entre libertad e igualdad; más de una, menos de la otra.
Es una falacia a dos puntas. No sólo porque la reducción de la desigualdad acrecienta y consolida la libertad, sino también porque el espíritu revolucionario de fines del S XVIII postulaba un refuerzo positivo entre libertad, igualdad y fraternidad, punto de partida de la evolución del pensamiento democrático “real” o radical de los dos siglos siguientes.
Así lo reflexiona Amartya Sen en Desarrollo y Libertad (2000): “El desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de la ausencia de libertad como son: pobreza y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de estados represivos. A pesar del incremento sin precedentes de la opulencia global, el mundo contemporáneo niega libertades elementales a enormes cantidades de personas, si no es que a la mayoría. Unas veces la falta de libertades reales se relaciona directamente con la pobreza económica, que priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una nutrición adecuada, obtener remedios para enfermedades curables, contar con techo y abrigo, agua limpia e instalaciones sanitarias. En otros casos esta ausencia de libertad se une estrechamente a la falta de servicios públicos y asistencia social, tales como la inexistencia de programas epidemiológicos, medidas organizadas para el cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas en la preservación de la paz y el orden locales.”
El actual desastre de la Argentina no es sólo económico y social, sino también ético y político. Cada familia empobrecida y desamparada sólo tiene la “libertad republicana” de elegir en qué calle dormir antes de morir.
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