Un proyecto que cuenta sus días en el Congreso

En diciembre próximo perderá estado legislativo el proyecto de ley que busca garantizar el cuidado de los humedales. En qué estado se encuentra la iniciativa, quiénes la frenan y cuáles son las razones por las que no se sanciona.

El proyecto de ley destinado a la protección de los humedales perderá estado legislativo en diciembre. Si sucede, el proceso para la sanción de un marco normativo que garantice el cuidado de estos ecosistemas fundamentales volverá a foja cero. La iniciativa, que unificó en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados diez proyectos presentados tras los incendios de 2021 en el Delta del Paraná, tiene todavía que transitar las comisiones de Intereses Marítimos, Presupuesto y Agricultura.

“Desde que empezó el año, el proyecto está trabado. Lo que estamos pidiendo es una sesión plenaria, que que las comisiones que restan se reúnan y puedan aprobarlo en conjunto para que el proyecto baje al recinto y se vote”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Al igual que otros impulsores de la norma, asegura que falta voluntad política de los bloques mayoritarios, pero también del Poder Ejecutivo.

En los hechos, no sería la primera vez que fracasa una iniciativa para proteger los humedales y regular las actividades productivas que allí se desarrollan. En 2013 y en 2016, un proyecto logró media sanción en Senadores, pero naufragó en Diputados. “Hay lobbies muy fuertes que se oponen, como el minero, el agropecuario y el de los desarrolladores inmobiliarios”, advierte Di Pangracio.

A nivel mundial, las pérdidas de humedales avanzan a un ritmo acelerado por los incendios, los cambios en los usos del suelo y los desarrollos inmobiliarios. El consenso señala que durante el siglo XX se degradaron entre un 65 y un 70 por ciento de la superficie mundial de estos ecosistemas. Según Ramsar -la convención internacional destinada a proteger los humedales y a la que nuestro país adhirió en 1992-, cada año se pierde el uno y medio por ciento de la superficie restante. Desde entonces, Argentina adeuda un marco normativo y un inventario para saber cuáles son, dónde están y en qué estado se encuentran.

 

Patricia Kandus es bióloga y formó parte del inventario Regiones de Humedales de la Argentina, una de las cuatro etapas del proyectado Inventario Nacional de Humedales. El proceso inconcluso es el resultado del trabajo de conceptualización iniciado a principios de 2000 por académicos, investigadores y técnicos, tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como de organizaciones no gubernamentales. “Muchos de los avances fueron a pulmón -explica Kandus-. Actualmente, lo que se están haciendo son ejercicios, iniciativas de capacitación, pero no se está avanzando formalmente en los niveles que le siguen a la primera etapa”.

Las cuatro etapas que conforman el inventario son Regiones de Humedales, Sistema de Paisajes de Humedales, Unidades de Paisajes de Humedales y Unidades de Humedales. Kandus explica que para finalizar cada una de las etapas hace falta la participación de las provincias y los municipios, pero también recursos humanos, capacitaciones y partidas presupuestarias concretas. “Para concretar el inventario e institucionalizarlo hace falta voluntad política y entender que no es un instrumento para coartar a la producción, sino para saber qué es lo que tenemos, poder gestionarlo y desarrollar la producción en forma armónica con la naturaleza y aportar así insumos a un ordenamiento ambiental del territorio”, señala la especialista.

Ya en 2019, la Auditoría General de la Nación publicó un informe en el que destacaba que las acciones para inventariar la totalidad de los humedales llevaban más de una década y media de desarrollo. Rubén Quintana, especialista en humedales y director del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, destaca como positivo la creación a comienzos de este año del Programa Nacional de Humedales. “La buena noticia es que su prioridad es avanzar en el inventario. Hay cinco provincias interesadas en articular con el gobierno nacional. Pero con eso no alcanza. También hay que articular con los municipios, ya que cada nivel de avance tienen mayores niveles de detalle y trabajo. Hoy, capacitaciones y recursos son los dos factores más necesarios”, destaca Quintana.

Las estadísticas señalan que la tasa de pérdida de humedales es tres veces más alta que la de bosques y que la región más afectada son América latina y el Caribe con una disminución del 59 por ciento desde 1970 a 2015, según un informe publicado por Ramsar en 2018. “Las agresiones sobre las zonas de humedales son cada vez mayores. La ley es urgente”, afirma Adonis Giorgi, biólogo e investigador del Conicet. Pero no solo los proyectos inmobiliarios, la ganadería intensiva, los cambios en los usos del suelo y los incendios atentan contra los ecosistemas. También lo hace la minería. “Las lagunas de altura, como las de Catamarca que tienen litio, se están comenzando a explotar sin ningún tipo de legislación específica. Se está mirando para el costado y esto es muy malo porque se explota el recurso de una manera no sustentable”, puntualiza Giorgi.

Incendios y ganadería muchas veces van de la mano. “Prenden fuego para que haya más pasturas. Estos incendios son difíciles de parar y generan grandes pérdidas. El tema se podría solucionar con rotaciones de ganado. Es posible tener desarrollos productivos dentro de los humedales, aunque controlados. Los humedales son frágiles. Si se destruyen es muy difícil recuperarlos. Se pueden hacer actividades, pero tiene que estar reguladas”, dice Giorgi. Diferentes son las consecuencias de los desarrollos inmobiliarios. “En estos casos, la destrucción es muy profunda. Compran barato terrenos bajos inundables, los rellenan y de esta manera eliminan el humedal. Esto causa inundaciones en lugares donde antes no se inundaba y, además, se expulsa a la fauna autóctona”, subraya Giorgi.

“La mayor parte de la superficie que se podía quemar se quemó”, se lamenta Román Murzyla, director de Turismo del municipio santafesino Villa Ocampo. Allí se encuentra uno de los 23 sitios Ramsar de Argentina: Jaaukanigás. Entre marzo y octubre del año pasado se incendió gran parte del humedal. “Acá nunca se vio acá algo así. La imagen era muy triste. Lo más preocupante es que el fuego ingresó a las selvas en galería y se quemaron árboles históricos. Mucha fauna murió y el resto se fue porque se perdieron especies”, detalla Murzyla. Los incendios afectaron al ecosistema y también al ecoturismo, que se desarrolla en la zona desde hace una década. “Es fundamental trabajar con productores y generar conciencia sobre un buen manejo del humedal, porque la degradación se vuelve en contra de todos. Todo este daño tiene consecuencias. Se pierde el equilibrio y esto afecta el medio ambiente, pero también a la producción local”, reflexiona Murzyla.

Según el Registro de Incendios del Plan de Manejo del Fuego, solo en 2020 se perdieron 350 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná. Sin embargo, se estima que la superficie afectada es mucho mayor. “Se estima que unas 600 mil hectáreas fueron afectadas por los incendios que se produjeron en la zona. La razón de la diferencia es que hay provincias que no cargan los datos”, asegura Sebastián Martínez, de la Multisectorial de Humedales, el colectivo que realizó la travesía de 300 kilómetros en kayak y que hace unos quince días llegó al Congreso para reclamar por la sanción de la ley. “En el camino vimos campos afectados por las quemas, focos activos, observamos cómo se vierten desechos industriales que terminan desembocando en el Río de la Plata. Hay que cambiar la mirada, ver las ciudades desde el río”, plantea Martínez.