¿Quién salvará a los glaciares?

Con el aval de la mayor parte de las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (Cofemin), Cambiemos ultima los detalles para reflotar y consolidar el marco jurídico que reguló la actividad durante la década del ‘90. La movida se completaría con un decreto reglamentario de la Ley de glaciares, que en la práctica flexibilizaría los estudios tendientes a delimitar las zonas prohibidas para la actividad. La razón de esto último es sencilla: las dos terceras partes de los proyectos se concentran en zonas periglaciares que deberían estar protegidas. El decreto evitaría una discusión que seguramente ganaría espacio en los medios y pondría reparos a una actividad fuertemente cuestionada que deja escasos beneficios a las provincias.

Durante el menemismo, cuando los precios internacionales de los productos mineros eran bajos, las empresas del sector recibieron fuertes incentivos para ampliar o radicar sus inversiones. A su vez, distintas provincias interesadas en fomentar la radicación de las mineras establecieron cuantiosas exenciones fiscales específicas en una carrera por captar inversiones. Desde la Secretaría de Minería que conduce Daniel Meilán -quien ocupó el cargo entre 1995 y 1999- sostienen que ahora el objetivo es hacer homogéneas las legislaciones provinciales y nacional; además de otorgarles estabilidad impositiva a los inversores. A cambio, las empresas prometen que protegerán el ambiente y que las inversiones traerán beneficios económicos; entre ellos: que multiplicarán los 80.000 empleos directos e indirectos que genera la extracción de minerales. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), se podrían alcanzar los 130.000 puestos de trabajo en 2021.

Promesas al margen, el año pasado cerró con exportaciones mineras por un total de 4.000 millones de dólares. El resultado fue consecuencia del efecto combinado de una reducción del 1 por ciento en los volúmenes vendidos al exterior y de un incremento del 4,5 por ciento en los precios internacionales. Un escenario que tuvo como telón de fondo el incentivo que significó la decisión del oficialismo de eliminar las retenciones que pagaba el sector. Un dato interesante. Cuando se tiene en cuenta el destino de esas exportaciones surge que el principal fue Suiza, con el 28 por ciento del total; seguido por Canadá con el 24 por ciento y Estados Unidos con el 11 por ciento. Un negocio que vale oro.

Lo que silencian.

Lo que oculta la iniciativa oficial es que las mineras ya gozan de excepciones extraordinarias. La principal: el llamado modelo de estabilidad fiscal que las libera, a partir de la presentación de los estudios de factibilidad, de la posibilidad de que el Estado nacional o las provincias incrementen la carga tributaria total durante tres décadas. Esto implica quedar al margen de la creación de nuevos impuestos, pero también del aumento en los porcentajes, o en los montos de los ya existentes. Incluso las deja al margen de cualquier modificación en el cálculo de la base imponible, siempre que signifique un aumento.

La iniciativa, que circula en los despachos de algunos legisladores del oficialismo, ratifica la exención a la propiedad de la mina “de todo gravamen o impuesto” aplicable a la producción y comercialización durante los primeros cinco años de concesión. Las excepciones son tan amplias que incluyen impuestos directos, tasas y contribuciones municipales. Un ejemplo: las deducciones del Impuesto a las ganancias, que incluyen el 100 por ciento de los montos en exploración y en estudios de viabilidad; además de la exención de aranceles de importación para bienes de capital, equipos especiales y de las partes o elementos que componentes de esos bienes.

Otro beneficio es el tope a las regalías que pueden cobrar las provincias, nunca superiores al 3 por ciento sobre el valor en boca mina del mineral extraído, definido como el que tiene en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llegar a esa etapa. En este punto, cabe recordar que las regalías mineras ya son menores al 12 por ciento que paga la extracción de petróleo y gas.

El objetivo del Gobierno, sin embargo, se enfrenta con algunos escollos. No muchos. El principal: que algunas provincias todavía no dieron su aval. Una de las pocas es Chubut, donde el gobernador Mario Das Neves anticipó que para liberar la actividad en su distrito se debería convocar a un nuevo  plebiscito que revoque el anterior, donde el pueblo dijo que no a la minería a cielo abierto. Otro caso es Santa Cruz. Sus autoridades no están convencidas de lo planteado en el borrador que circula en el Congreso. El motivo es que elimina puntos sustanciales para la provincia, como la posibilidad de hacer acuerdos de responsabilidad social empresaria, como los ya vigentes en el distrito.

Con la intención de cerrar la discusión, desde el Ministerio de Energía y Minería aseguran que el acuerdo ya superó la instancia del Cofemin y que de ahora en más sólo resta su remisión formal al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores para su consideración final y firma. Una vez superada esta etapa, la iniciativa deberá ser enviada al Congreso. El entusiasmo entre las minerías es claro. Aseguran que la legislación permitiría, por ejemplo, triplicar la producción de carbonato de litio hacia 2019. En los hechos, varios de esos actores dan por descontado el visto bueno de los legisladores de las provincias involucradas. Por esa razón ya avanzan en procura de financiamiento para varios proyectos que están a punto de ponerse en marcha.

El litio, un ejemplo

La extracción de litio, usado para baterías de autos eléctricos y teléfonos móviles, se ha constituido en un negocio sumamente atractivo a nivel global. Argentina se ubica como tercer proveedor mundial. La mayor parte de la producción de carbonato de litio es producida en Australia y Chile, pero más de la mitad de las reservas globales están en salares localizados en nuestro país, Bolivia y Chile. De allí la importancia estratégica que cobra la región de la Puna.

La canadiense Lithium Americas se asoció hace menos de mes con Ganfeng Lithium para construir una planta que comenzaría a operar a mediados del 2019 y producirá según las empresas unas 25.000 toneladas por año. Otras firmas extranjeras tienen planes avanzados. La australiana Orocobre es una de ellas. La multinacional planea expandir su producción en el Salar de Olaroz a 17.500 toneladas anuales, para alcanzar las 35.000 toneladas a fines de 2018.

Otros proyectos avanzados y bendecidos por los gobernadores andinos son el de Galaxy Resource en Minera Sal de Vida, que planea para producir 25.000 toneladas; el de la francesa Eramet en el Salar de Centenario-Ratones, para producir 20.000 toneladas; y el de la canadiense Enirgi Group Corporation junto a la australiana ADY Resources, en este caso para producir 50.000 toneladas.

El discurso de las mineras es conocido. El mismo que esgrimieron en la década del ’90. Afirman que la postura de Cambiemos y las medidas adoptadas por el Gobierno le devolieron competitividad, previsibilidad y reglas de juego claras al sector. En la actualidad, sólo la explotación del litio concentra más de 30 proyectos en los salares del norte del país. El tablero es complejo y los intereses en juego muy importantes. Las compañías de litio de todo el mundo buscan asegurar un insumo clave ante el creciente valor de un mineral estratégico.