Pueblos originarios, la ley y la trampa

Sebastián Valverde es antropólogo y perito en las causas contra comunidades mapuches. En diálogo con la agencia TSS Unsam analizó las problemáticas de los pueblos originarios en el marco de la judicialización de los conflictos por el territorio. Una mirada que advierte sobre el avance de los desalojos y subraya la aplicación parcial de la norma a catorce años de ser sancionada.

De norte a sur, las comunidades originarias están movilizadas y en conflicto. La semana pasada, una jueza de Junín de los Andes ordenó el desalojo de la Comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y de la familia Melo de las orillas del lago Nahuel Huapi en Neuquén. Casi en paralelo, terratenientes de Salta intentaron avanzar sobre territorio de la comunidad diaguita Kallchakí Las Pailas. Esta semana, las órdenes de desalojo alcanzaron a pobladores de la comunidad Qom en la provincia de Chaco.

Sebastián Valverde se especializa en el estudio de estas historias, atravesadas por una gran diversidad de valores culturales, prejuicios, desigualdades y siglos de racismo. Desde 2007 – el mismo año en que se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena -, se desempeña como perito en causas contra las comunidades mapuche de la Patagonia, entre ellas la iniciada contra la comunidad de Quintriqueo. También colabora en algunas causas radicadas en Salta y, desde la semana pasada, integra el Consejo Interno de Dirección del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ámbito donde desarrolla sus tareas de investigación.

-¿Cuáles son las diferencias principales entre los conflictos que pueden afectar a las comunidades del norte y sur del país?

-La presencia de la población indígena es mucho más fuerte en el norte. Es la región de mayor interculturalidad. Hay casi veinte pueblos originarios. Se trata, además, de una de las zonas más pobres del país, en especial el área que limita con Formosa y Bolivia. También existe una tensión mayor. El criollo es un actor muy constituido, que no está presente en el sur. Otro agente con mayor presencia que en el sur es la Iglesia Católica. Todos estos factores dan como resultado un contexto muy distinto al sur, donde están los pueblos mapuche y tehuelche. Las provincias patagónicas fueron territorios nacionales, mientras que Salta fue provincia desde que se conformó el Estado nacional. Son zonas muy diferentes, pero con un patrón en común: el incumplimiento de la legislación y la demora en la implementación de la de Emergencia Territorial Indígena. Esto conforma un escenario de relaciones muy complejas con los gobiernos provinciales, que siempre están entrelazados con los poderes fácticos locales.

-¿Qué establece la ley?

-Declara la emergencia en materia de corrección y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspende los desalojos hasta que se hagan los relevamientos correspondientes. Además, ordena la realización de un estudio histórico-antropológico y otro jurídico catastral de las áreas ocupadas. Sin embargo, a casi catorce años de su sanción, hay comunidades, como la de Quintriqueo, que están amenazadas por el desalojo. Quienes ocupan un territorio desde siempre no tienen papeles.

-¿En qué estado se encuentra la instrumentación de esa ley?

-Un cuarenta por ciento de las comunidades ya obtuvo el reconocimiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, un veinte por ciento está en trámite y el resto de las comunidades no ha sido relevado, como la comunidad de Quintriqueo que quieren desalojar. En este caso ni siquiera estamos hablando de que se les entregue la tierra, sino de que se haga el relevamiento.

-¿Por qué el Instituto de Ciencias Antropológicas repudió el fallo de la jueza de Junín de los Andes?

-El conflicto está abierto y no puedo hablar porque fui el perito antropológico. Lo que detallamos en un reciente comunicado es que el fallo desconoce la pericia que hicimos, así como los derechos del pueblo mapuche en un territorio donde se cruzan fuertes intereses inmobiliarios. Son terrenos que valen una fortuna para posibles inversores, mientras que para la comunidad tienen un valor histórico y cultural, además de que para ellos es una zona de pastoreo.

-¿El trabajo que están haciendo en Salta se relaciona con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado argentino?

-Sí. Surge en gran medida de esa causa, que comenzó hace más de dos décadas en el Departamento de Rivadavia. A principios de este año, la Corte Interamericana falló en favor de la asociación indígena Lhaka Honhat y en contra del Estado nacional, que ahora deberá responder a diversas cuestiones, que incluso se han agravado en estos últimos años.

-¿Qué tipo de cuestiones?

-Por un lado, está el tema del territorio, pero también del acceso al agua, a la salud y a un ambiente sano. Todas esas cuestiones se han deteriorado en los últimos tiempos por las transformaciones territoriales que afectan a las poblaciones indígenas de la región. La legislación no se aplica y no hay recursos básicos para poder sobrevivir.

-Los conflictos suelen estar vinculados con intereses inmobiliarios y el corrimiento de la frontera agraria, ¿no?

-Hay muchas situaciones complicadas. En algunos casos, los privados avanzan sobre el territorio de la comunidad. En otros se apropian de la costa de un lago y no permiten que la comunidad acceda y utilice el área para pastoreo. La ley ni siquiera establece que se les entregue la tierra. Solo ordena que se suspendan los desalojos y que se hagan estudios para tener una mayor información respecto de la zona que ocupan los pueblos originarios y el uso histórico que de ella hacen. Ley reconoce la situación de precariedad y trata de revertirla.

-Los juicios que se inician suelen estar vinculados con la propiedad de la tierra…

-Los inician los particulares por el delito de usurpación, como en el caso de Quintriqueo. Muchas veces inventan causas penales por el presunto robo de animales. Para tener una idea y entender estos problemas hay que pensar en que, según la Auditoría General de la Nación, el sesenta por ciento de los trámites iniciados por las comunidades tiene algún tipo de conflicto y el veinticuatro por ciento alguna judicialización. Apenas el diez por ciento de las comunidades tienen lo que deberían tener todas: la propiedad comunitaria.

-¿Eso significa que apenas se ha relevado el cuarenta por ciento de los casos?

-En nueve de cada diez se registran distintos niveles de precariedad, que pueden llegar incluso a la precariedad absoluta, como cuando un poblador solo tiene algunos papeles para demostrar que su abuelo hacia pastar a sus animales en la zona, y no más que eso. Falta hacer el sesenta por ciento de todo el proceso.

-¿Por qué cuesta tanto revertir estas situaciones e implementar la ley?

-Están los privados que desean avanzar sobre esos territorios y cuyos intereses muchas veces están entrelazados con sectores del poder estatal. Por otro lado, hay un desconocimiento absoluto de la cuestión indígena y un nivel de ignorancia y prejuicios muy difíciles de revertir y que actúan como un freno para la instrumentación de los derechos. Hay medidas muy positivas que está buscando aplicar el Gobierno, como la obligatoriedad de enseñar aspectos de los pueblos indígenas en el Poder Judicial y en todos los niveles del Estado. Pero es muy difícil. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene un montón de problemas, no solo de financiamiento. También hay conflictos con los gobiernos provinciales y los poderes locales.

-¿Por qué muchas veces se desconoce la ley vigente?

-Porque muy frecuentemente no se reconoce que el sujeto de derecho es una comunidad. Se trata a sus integrantes en forma individual. Es una de las cuestiones que manifestamos en el comunicado sobre el fallo de la jueza de Junín de los Andes. La sentencia desconoce la existencia de la comunidad. Considera a los miembros de Quintriqueo como individuos que tienen un problema con la familia Broers, la que tiene el título del lugar. El análisis judicial, en general, no se retrotrae al proceso histórico, no se pregunta por qué ciertos sectores consiguieron títulos mientras que los pobladores históricos no pudieron.

-¿A qué se debe?

-Cuando se analiza el origen de cómo ciertos actores consiguen escriturar, mientras que otros que están en el lugar y reclaman durante años una regularización no pueden hacerlo, se hace evidente que el racismo es un factor de peso. Ese racismo, incluso, aparece en los documentos oficiales. En la pericia de Quintriqueo/Melo, por ejemplo, hay un hostigamiento evidente de Parques Nacionales. El organismo acusa a la comunidad de dañar el ambiente. Sin embargo, la comunidad tiene apenas entre el dos y el cinco por ciento de todo el ganado que hay en la zona, mientras que los propietarios norteamericanos, a los que en los documentos se los nombra como “un propietario laborioso o emprendedor”, tienen más del noventa por ciento. El seguimiento del caso a través de los años evidencia un constante avance de los privados sobre esos territorios. En el expediente Quintriqueo analicé alrededor de mil fotos del archivo de Parques Nacionales de los últimos sesenta años y es evidente el racismo y el hostigamiento, además del avance sobre el territorio de los Quintriqueo.

-El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas elaboró un informe sobre el Covid y los pueblos originarios. El documento destaca que estas comunidades son particularmente vulnerables a la pandemia. ¿Esto se debe solo a cuestiones de salud pública e infraestructura, o también a la segregación social?

-La pandemia profundiza las desigualdades estructurales. Pasa lo mismo con los migrantes y las mujeres. La pandemia agravó las históricas dificultades de los miembros de las comunidades para acceder a un trabajo formal. Creció la informalidad, bajaron las remuneraciones y el poder adquisitivo disminuyó. Los pueblos originarios integran el último quintil en términos de distribución del ingreso. La pandemia agravó la situación y la desigualdad histórica se agrandó.

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