El Gobierno de Bolivia brindó nuevos detalles del envío efectuado desde Argentina por la gestión de Mauricio Macri durante el golpe de Estado de 2019 que derrocó a Evo Morales. Su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exhibió parte del arsenal secuestrado. Una investigación que también pone en apuros a los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro. (Fotos: Telam).
Difícil será para Mauricio Macri y los funcionarios involucrados desmentir lo que cada día es más evidente: el envío ilegal de municiones y armas para apoyar el golpe de Estado cívico-militar de 2019 que derrocó a Evo Morales mediante una violenta represión, que alcanzó sus capítulos más dramáticos con las masacres de Sacaba y Senkata en Cochabamba y El Alto de La Paz, cuando integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas.
La investigación, luego de la denuncia penal realizada ante la justicia argentina por el gobierno de Alberto Fernández, tiene un nuevo capítulo. La exhibición de las municiones encontradas en un depósito de la policía boliviana que efectuó – conferencia de prensa mediante – el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Según el funcionario, todo indica que se corresponden al envío de material represivo durante la presidencia de Mauricio Macri. “Se trata de tráfico ilícito de municiones, un crimen penado con hasta treinta años de prisión en nuestro país. Los pertrechos ingresaron desde la Argentina de manera ilegal, sin registros”, afirmó Castillo.
El listado hecho público consigna “26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la policía”, municiones que son parte de las 70 mil balas de gomas que la Gendarmería Nacional pidió sacar del país con la excusa de defender la embajada argentina en La Paz y que, para ocultar su faltante durante el reingreso del material a nuestro país, se consignó oficialmente como usado en prácticas de tiro. Una maniobra que habría tenido como objeto ocultar su destino final.
Castillo, además, precisó que en el depósito se hallaron “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”. El funcionario agregó que el material llegó en “un Hércules c130” y que – camufladas entre municiones y armamentos autorizados – se transportaron “municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”. Los funcionarios bolivianos destacan un hecho que haba de la intención de ocultar al menos una parte sustancial del cargamento: en las fotografías se puede ver cómo parte de las municiones se escondieron en una bolsa de cuero bajo el rótulo “guantes”.
Según la reconstrucción realizada en Bolivia, el material se trasladó a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la embajada argentina para que, una vez allí, personal uniformado argentino realizara la entrega a la policía boliviana. “Esos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas con municiones y proyectiles de granadas para la policía y la fuerza aérea. Sin embargo, hay un faltante que estamos investigando y que vamos a determinar si fueron utilizados en las masacres de Sacaba y Senkata”, completó Del Castillo.
“Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado con presidio sin derecho a indulto”, destalló Castillo. Además, precisó que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferente al detallado por Gonzalo Terceros en su nota de agradecimiento al ex embajador Normando Álvarez García. “Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material. Queremos determinar qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal”, completó Castillo.
La causa y sus ramificaciones
Mientras tanto, en nuestro país, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó la feria judicial y ordenó medidas de prueba. De esta forma hizo lugar al pedido del fiscal Claudio Navas Rial, tras la imputación al ex presidente Macri, a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad. López Biscayart, además, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como recibida en la embajada Argentina, identificada con el número 184 AB y fechada el 15 de noviembre de 2019. También le ordenó a la Cancillería que “remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019” y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.
No es la única medida de prueba. También solicitó los “registros fílmicos de los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”, y requirió “al responsable de la I° Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas” aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130 del 12 de noviembre del 2019, y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave. El juez, además, requirió los datos personales de los encargados de carga y descarga.
El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.
Resta por saber si López Biscayart hará lugar al requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) para constituirse como querellante y acceder a la causa. El motivo: evaluar si pudo haber algún delito por parte de los funcionarios de la Aduana Nacional. Por otra parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien estuvo presente en la conferencia de prensa de Castillo, dijo que en el lote que el gobierno de Macri envió “había granadas de gases de Estados Unidos que no se sabe si estaban antes, o llegaron junto con lo que envió Argentina”.
Basteiro, aunque lo estima improbable, no descarta una triangulación: “Me sorprendió cuando encontré la nota y confirmamos que Argentina había enviado el armamento. Pero si hicieron una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería todavía más por lo arriesgado e impune que podría ser una acción como ésta”. Lo improbable, no obstante, no es imposible. En Estados Unidos está preso el ex ministro de Gobierno de Jeanine Áñez por haber ingresado a Bolivia una compra irregular gases lacrimógenos mediante una triangulación con Brasil.
Basteiro, además, arrima dos datos sugestivos que evalúa como importantes. Al momento del golpe había dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), uno en Santa Cruz y otro en la Paz; además de personal de la CIA, “que no estaba en el país desde hacía años”. Por lo pronto, Bullrich ya designó abogado defensor, Julián Curi. Seguramente, en las próximas horas lo harán Macri, Aguad y Álvarez García en el marco de una investigación que augura noticias a escala regional. El gobierno boliviano también investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna participación en las protestas que sirvieron de antesala para el golpe de Estado contra Morales.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibe las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Macri. (Foto: Jorge Mamani Karita/Télam/CBR).
“Se está observando, se va a investigar cuáles son las relaciones que hayan podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones desde Chile y desde Brasil”, explicó el vocero presidencial, Jorge Richter, en referencia a los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro durante una entrevista realizada por una radio de los sindicatos de cocaleros. La posición del actual gobierno de Bolivia es clara. Su presidente, Luis Arce, afirmó que el golpe contó entre octubre y noviembre de 2019 con un activo apoyo de varios gobiernos regionales y organizaciones no gubernamentales de origen estadounidense.
Ahora, Richter afirma que el gobierno de Arce espera que la Justicia argentina ayudé a esclarecer el rol de Macri y los funcionarios que participaron del hecho. Recuerda, además, que también el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno despachó a Bolivia munición de guerra y equipos antimotines. Se verá. Por lo pronto, la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que en las protestas de fines de 2019 se registraron al menos 35 muertos, la mayoría en las masacres de Sacaba y Senkata.
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