Nueva legislación, más derechos

Con sesenta votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención, se aprobó la Ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y Tuberculosis. La medida, que fue impulsada por la sociedad civil, actualiza la regulación vigente con un enfoque de género y de derechos humanos. Además, promueve la investigación y el desarrollo local de vacunas y medicamentos. Aquí, los detalles.

Esta ley, en el Artículo 1, declara de interés público nacional la investigación y el desarrollo, y pone en cabeza del Estado y los gobiernos la obligación de poner financiamiento para que tengamos una cura, de una vez por toda. Esta ley tiene que ser el comienzo para que tengamos la cura y una vacuna, para que nadie más se agarre el VIH”, destacó Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de Fundación GEP, al cierre de los festejos tras la aprobación de la nueva Ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y Tuberculosis, ante decenas de manifestantes que permanecieron frente al Congreso de la Nación desde la mañana. Era la primera vez que el proyecto llegaba tan lejos, luego de haber perdido estado parlamentario tres veces.

La nueva ley actualiza la regulación vigente, que fue sancionada hace más de treinta años y tiene un enfoque biomédico que, si bien fue efectivo para la provisión de medicamentos, no contempla los determinantes sociales que condicionan la calidad de vida de las personas con estas enfermedades.

La regulación aprobada, en cambio, tiene un enfoque de género y de derechos humanos que busca evitar el estigma y la discriminación y promueve la participación activa de la sociedad civil. Por ejemplo, prohíbe la exigencia de mostrar test de VIH, hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo; establece pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas y permite optar por jubilaciones anticipadas a personas de 50 años que tienen VIH desde hace más 10 años y que hayan hecho aportes por al menos 20 años.

“El VIH no mata, lo que mata es la discriminación, la pobreza y la falta de trabajo, y esta ley viene a decirle al Estado que hace falta un enfoque de derechos humanos”, dijo Fabio Nuñez, uno de los impulsores de la participación de las personas afectadas en la redacción de esta ley y quien las convocó al inicio de este proceso, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en el que se desempeñó como coordinador de Derechos Humanos de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, entre otras funciones.

Además, la nueva norma prevé la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y personas no binaries. Además, extiende la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses (antes llegaba sólo a los 6 meses) para bebés de madres positivas.

“Para nosotras es muy importante tener un capítulo de mujeres. Hay muchas cosas dentro de esta ley que a las mujeres nos van a cambiar verdaderamente la calidad de vida: poder garantizarle a nuestros hijos o hijas que tengan leche de fórmula, que nuestras compañeras puedan tener un parto respetado, y que las palabras parir y parto vaginal no sean algo negado para las mujeres viviendo con VIH, como lo ha sido durante muchos años”, le dijo a TSS Andrea Rotella, integrante de ICW Argentina, la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH en el país.

Otra de las diferencias de esta ley, con respecto a la anterior, es que también incluye a otras infecciones de transmisión sexual, las Hepatitis virales y la Tuberculosis, que no son cosas del pasado, como suele considerarse. Por el contrario, actualmente, en la Argentina, entre 4 y 6 personas mueren a diario por enfermedades relacionadas con el Sida y todos los años se notifican, en promedio, 11.000 casos de tuberculosis, 4.500 de VIH y 2.500 de hepatitis virales.

Además, todas estas patologías están subdiagnosticadas: se estima que 7 de cada 10 personas que tienen hepatitis lo desconocen y que 1 de cada 5 personas con VIH todavía no lo sabe. Y las personas con VIH tienen 18 veces más posibilidades de enfermar de tuberculosis que una persona que no lo tiene. Una de cada tres muertes relacionadas con el Sida se debe a esa enfermedad, que continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas con VIH.

La ley también contempla la creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema, y la creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para evitar que se utilice a la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier otra ITS para impedir el ejercicio de los derechos.

“Es una ley muy superadora de la anterior, que era una buena ley pero se limitaba al abordaje pensado desde el tratamiento biomédico de la salud, y para que la persona con VIH tenga un tratamiento bueno tiene que tener un montón de otras cuestiones garantizadas, y es lo que las organizaciones han planteado con este proyecto”, le dijo a TSS la diputada Carolina Gaillard (FdT), que presentó el proyecto en la Cámara de Diputados en mayo pasado, con el apoyo de casi 60 legisladoras y legisladoras, y más de 180 organizaciones, sindicatos y redes de personas que viven con el virus. Era la cuarta vez que esta iniciativa ingresaba al recinto para su tratamiento.

La primera presentación había sido en el año 2016, por el diputado Jorge Barreto (FPV); la segunda en 2018, por la por entonces diputada Fernanda Raverta (PJ), y la tercera fue en 2020, con el mismo texto que acaba de aprobarse, que es el resultado de un trabajo colectivo y la participación activa de referentes de las asociaciones y redes de personas con VIH y Hepatitis Virales, de las organizaciones académicas y científicas, ONUSIDA, OPS y el Ministerio de Salud de la Nación, que además contó con la revisión del INADI y el ANSES.

“Desde el INADI nos parecía oportuno y que, a casi diez años de presentada la ley, era necesario tener un debate serio e ir por los derechos que las compañeras y compañeros estaban reclamando”, afirmó Reina Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, que dialogó con TSS durante las actividades frente al Congreso, mientras se sesionaba la ley.

Alberto Stella, director de país de ONUSIDA, destacó que esta es una ley modelo en derechos humanos para la región y el mundo. “Una vez más, la Argentina desde el sur le dice al norte cómo se hace el derecho. Es una ley emblemática por su contenido, su marco de protección social y porque fue esta ciudadanía la que la escribió, con su sufrimiento, con esperanza y conociendo lo que es el derecho”, afirmó el funcionario.

“Tenemos una ley que finalmente es por la igualdad, es una ley fundamental y va a salvar la vida de quienes se encuentran en una situación clara de exclusión y discriminación, como las compañeras travestis, les compañeres no binaries y las personas trabajadoras sexuales, porque somos los últimos de los últimos de la fila, y esta ley vino a adelantarnos, a reconocernos el derecho mínimo de tener algo en el estómago para tomarnos las pastillas que nos tenemos que tomar todos los días de nuestras vidas para mantenernos sanos”, dijo el activista José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, al cierre del evento.