La culpa no es del chancho

Cancillería anunció sin precisiones un posible acuerdo con China para construir 25 megafactorias de 125 mil hembras cada una para exportar al país asiático. Referentes del sector productivo y diversas organizaciones debatieron el polémico proyecto. La contrapropuesta: diversificación, granjas mixtas, más intervención pública y mayor vinculación con el sistema científico-tecnológico.

Antes de la última dictadura militar, trabajadores del Inta y de las universidades, junto con productores de comunidades campesino-indígenas de Chaco, lograron mejorar gallinas ponedoras adaptadas al alimento disponible, principalmente sorgo “antipájaros”. Sin embargo, intereses comerciales y políticos más fuertes, de la mano de las farmacéuticas, interrumpieron el avance. El relato, según las memorias de Sigfrido Krakt, lo rescata el ingeniero agrónomo Fernando Frank, quien en diálogo con TSS destacó que pese a los vaivenes del sector, y más allá del avance de la revolución verde que transformó al campo argentino, el sistema de ciencia y tecnología en agricultura “es fuerte y tiene mucha experiencia en cada una de las cadenas de valor de la carne”.

El ingreso de la soja transgénica y del paquete tecnológico asociado, que utiliza químicos y agrotóxicos, se habilitó a mediados de los noventa. Fue a puertas cerradas. Sin debate ni participación de los distintos sectores involucrados. Tampoco de la sociedad. Por entonces, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, ocupaba el cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. El cambio de modelo se celebró bajo la promesa de más desarrollo y más ingreso de divisas.

Casi veinticinco años después, los resultados demuestran lo contrario: la soja ocupa el sesenta por ciento de la tierra cultivada, superficie que está concentrada en grandes empresas. Según el último Censo Nacional Agropecuario hubo un retroceso de cien mil unidades productivas familiares en todo el territorio. Las consecuencias: el aumento en el uso de agrotóxicos, el desplazamiento territorial y la expulsión de campesinos a las ciudades, además de un desmonte en las provincias del norte que ubica a la Argentina entre los diez países con más deforestación del mundo.

Los temas en debate

El 6 de julio se conoció el comunicado de Cancillería sobre un posible acuerdo con China para la construcción de megafactorias de cerdos para exportarlos al país asiático. Las voces de alerta no tardaron en multiplicarse, generando controversias en distintos sectores y un rechazo no solo desde las organizaciones sociales, civiles y ambientalistas, sino también de ciudadanos de manera individual, que al 20 de agosto sumaba más de 123 mil firmas. La polémica y las alternativas quedaron expuestas en el conversatorio convocado por el Foro Agrario.

“No sé si hay muchos antecedentes de un tema agroalimentario que haya tenido este nivel de rechazo”, destacó Frank, quien participó en la elaboración del Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. “Hay expertos en todas las facultades de Agronomía, Veterinaria y en el INTA, algunos con más de treinta años trabajando en producciones animal. Que ninguno haya sido consultado quiere decir que unos pocos funcionarios están comprando a carpeta cerrada una propuesta que no tiene en cuenta la situación argentina y la experiencia local”, advierte Frank.

Más de un mes después de que Cancillería difundiera el comunicado, Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, anunciaban la “asociación estratégica” para la producción de carne porcina y una “inversión mixta entre empresas chinas y argentinas”. Todavía no se conocen los detalles, quiénes participarán de estos emprendimientos, ni cómo se desarrollarán. Por esta razón, y por los riesgos sociales, ambientales y productivos que podrían generar el acuerdo, diversos sectores reclaman mayor transparencia y que se abra un debate en el que puedan participar todos los involucrados.

“No motivo para hacer cerdo a lo loco. Está demostrado que si se hace mal se generan un montón de problemas. La producción de cerdos en un esquema de diversificación puede funcionar perfectamente. Hay que pensar esa producción integrada con las necesidades de los territorios y con las necesidades alimentarias. Tenemos mucha experiencia y conocimiento para hacerlo así”, sostuvo Frank, quien se desempeña en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena desde hace más de diez años.

“La Argentina tiene espacios institucionales y gubernamentales muy importantes, como el Ministerio de ciencia y tecnología, el Inta, el Conicet, el Inti y las universidades. Esos espacios generan un sistema de innovación y desarrollo. Son los que deben, y en muchos casos lo hacen, abordar soluciones tecnológicas para los problemas que plantea el desarrollo productivo”, coincidió el médico veterinario Sergio Dunrauf del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana del Inta e integrante de la Corriente Agraria Nacional y Popular.

Dunrauf esta de acuerdo con generar divisas y valor agregado a partir de las exportaciones. También con la importancia de la relación con China. “Sin embargo, nos parece que un proyecto llave en mano, como el que se ha planteando, con veinticinco granjas de doce mil quinientas hembras cada una, no está pensado en este sentido. Viene con toda la tecnología. Ahí hay genética, instalaciones y formas de producción que no sabemos cómo serán. Esto genera grandes dudas en cuanto al desarrollo nacional. No sabemos cuánto aporta a solucionar los problemas que tiene nuestro país”, agregó.

“Debatamos, pongamos sobre la mesa la cuestión del cerdo, con quiénes y cómo producirlo”, agregó el productor de porcinos José Luis Ivolti del Movimiento Campesino Liberación. Su propuesta: la creación de una mesa nacional. Similar a lo que fue el plan ovino y otros planes de desarrollo. Ivolti destacó que la convocatoria debe incluir a todas las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, y a los pequeños y medianos productores. “Sería la posibilidad de intercambiar opiniones sobre cómo no perder esta oportunidad de producir alimentos sanos, seguros y soberanos para garantizar el mercado interno y que los pequeños productores también puedan exportar”.

Durante el conversatorio, la socióloga especialista en economía social y agricultura familiar Mercedes Caracciolo, de la Cooperativa La Yumba, apeló a los consumidores y propuso abrir un debate “amplio y profundo” sobre los modelos de producción, comercialización y consumo: “Las y los consumidores, organizados en cooperativas y otras formas asociativas, podríamos traccionar a los productores y al Estado para que los proyectos que surjan se diseñen priorizando las necesidades de los seres humanos por alimentos sanos, seguros y elaborados en forma sustentable”, subrayó.

Repensar el modelo

“¿Estamos en condiciones de producir la cantidad de cerdos que supone el acuerdo con China? Sí. ¿Tenemos producción de granos suficiente para alimentarlos? Sí. ¿Frigoríficos? Sí. ¿Puertos y lugares para facilitar exportación? También. El tema es con quién y cómo lo hacemos, si es que lo hacemos”, planteó Ivolti. En la Argentina, más del noventa y cinco por ciento de los productores tienen menos de doscientas madres. La agricultura familiar y las pymes explican más de la mitad de la producción nacional. Otro treinta por ciento lo producen apenas cien productores.

“Si se piensa en el ingreso de divisas, según lo planteado, podría haber una inversión de dos mil doscientos millones de dólares a corto plazo. Sin embargo, a mediano plazo habrá que comprar genética, químicos, sanidad e instalaciones. Si la tecnología es llave en mano, difícilmente se generen en nuestro país. Habrá que comprar en el exterior. Es lo que pasa con la maquinaria agrícola, con las semillas importadas, los agrotóxicos y los insumos químicos”, advirtió Ivolti.

De manera similar, Frank alertó que no es lo mismo la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear para la instalación de las granjas que la necesaria a largo plazo. Será menor. Afirmó además que “si se generaran quince mil puestos de trabajo, que es lo que se escuchó, no es un número significativo para un país grande, y mucho menos en comparación con otros sectores, como la construcción, el empleo público o la educación”.

Frente al riesgo de mayor concentración, durante el conversatorio se expusieron distintas alternativas. A la creación de veinticinco granjas de doce mil quinientas madres, Ivolti contrapuso una idea compartida por varios participantes: crear cinco mil granjas con cincuenta madres cada una. “Hay infinidad de productores que desaparecieron, pero si tuvieran subsidios o créditos blandos podrían reincorporarse y producir según la extensión de tierra que tiene cada granja”, destacó.

Carlos Ramos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, advirtió que el acuerdo que se está negociando no es sustentable ni sostenible desde lo sanitario. ambiental y socioeconómico. “Otro modelo agroecológico más inclusivo es posible. El setenta por ciento de los productores solo tiene acceso al tres por ciento de las ventas. Queremos que los actores centrales sean muchos pequeños campesinos distribuidos en el territorio, con proyectos más chicos y diversificados, no dependiendo de una sola producción, y que sean seguros desde lo ambiental”, sostuvo.

Dunrauf recordó que en nuestro país funcionaron con diversos grados de éxito y fracaso las sociedades anónimas con participación estatal. Una alternativa que puede articular la participación del Estado con las cooperativas. “Tal vez haya que pensar modelos organizacionales diferentes, así como repensar la exportación desde el modelo de la producción agroecológica, posiblemente reorganizando la cuestión de la escala, pero involucrando a las pymes y a los pequeños productores campesinos, indígenas y de la agricultura familiar”, sostuvo.

“El Estado debe articular. Debe seguir invirtiendo en el Senasa, en el Inta y en las universidades, que son los ámbitos para discutir los modelos productivos”, señaló Isaías Ghio, vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas. “Compartimos además las preocupaciones sanitarias. Las grandes granjas que quedaron en la Argentina funcionan como las chinas”, afirmó Ghio, quien además es administrador de la Cooperativa Camilo Aldao, al sudeste de Córdoba. De los trescientos sesenta productores que reunía la cooperativa en los años setenta, hoy quedan ochenta. “En 2011, cuarenta eran productores porcinos. En la actualidad solo existen tres. El desafío es recuperar a esos productores que se tuvieron que ir porque se fundían. Donde el Estado no estuvo presente, ganaron la revolución verde y la soja”, recordó Ghio.

Publicado por la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín.