Crónica del estallido jujeño

Morales, litio, una constitución reformada, represión salvaje, resistencia, los pueblos originarios, los sindicatos, los movimientos sociales, gauchos a caballos, mineros. Todo confluye en un acontecimiento disruptivo que trastocó la agenda política y preocupó a varios. Una enseñanza que aún no recoge todo lo que sembró.

FUENTE: ANred.

Profeta en su tierra

Gerardo Morales se siente bien, poderoso. Un poco más que fuerte, impune. Goza de una hegemonía casi absoluta en las instituciones provinciales. Es profeta en su tierra y se lo reconocen propios y ajenos. Solo en su despacho de la Gobernación, divaga en pensamientos varios. Encabezar la fórmula presidencial junto a Rodríguez Larreta y si todo va bien por qué no figurarse en un futuro no muy lejano sentado en el mismísimo sillón de Rivadavia. Por momentos, un dejo de nostalgia lo lleva a tiempos pasados. Esos donde solo la perseverancia y la obstinación le permitieron sobreponerse a grandes adversidades. Se pone un poco orgulloso de sus cualidades, no es para menos. No hace mucho, debió invernar su perfil político para sacarse de encima el lastre de haber sido funcionario de la Alianza y las consecuentes pesadillas que le generó la rebelión popular del 2001. No lo atormentan los 38 muertos de diciembre, sí el despliegue del helicóptero. De la comparación al consuelo y se tranquiliza: si todos los de mi estirpe temen a lo mismo.

Logra salir del lapsus. Afirma la cintura contra la silla, estira la espalda y vuelve a respirar hondo. Siente que merece lo que le está pasando. Trabajó duro y nadie se lo puede negar. Un año atrás había metido preso o judicializado a las principales referencias de las organizaciones sociales jujeñas. “Les va a pasar como a Milagro Sala”, vociferaba en reuniones con empresarios y políticos. Daba lo mismo si la dirigencia perseguida tenía algo que ver o no con la Tupac Amaru, organización que empezó a desarticular en 2016, primero encarcelando a su máxima dirigente y luego incorporando al resto de la dirigencia a su estructura de poder. ¿A esta altura de los acontecimientos, quién me puede decir algo?, se pregunta. Para peor, el último 7 de mayo, su candidato, Carlos Sadir, ganó las elecciones por el 49% de los votos con la promesa de reformar la constitución provincial. Sin dudas, la frutilla del postre que Morales cree merecer.

La constitución del litio

¿Qué busca la reforma constitucional en Jujuy? Garantizarse los jugosos negocios del litio y enarbolarse definitivamente como el feudo republicano de Juntos por el Cambio. En contradicción con la constitución nacional y legislación internacional, la papeleta impulsada por Morales (artículo 67) sostiene “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”. Palabras más propias de una editorial de La Nación que de la redacción de una carta magna. En fin, todo justificado en post de alcanzar la “paz social”, ese orden de hierro que abra de par en par las puertas a las multinacionales del litio que exigen gobernabilidad y “leyes claras” para invertir.

Lo que hay en juego es groso, es mucha plata. Jujuy forma parte del triángulo del litio que componen Argentina, Bolivia y Chile. Allí se estima que hay entre el 65% y el 85% de las reservas mundiales de este tipo de metal. Compañías de al menos siete países (China, Japón, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Corea del Sur) pusieron los ojos en la región. Este potencial negocio fue una de las motivaciones centrales detrás de la Constitución de Morales. Así es que se incorporaron de entrada los artículos 36 y 50, que le permite al Estado lanzarse a la caza de vastos territorios, mucho de los cuales pertenecen a las comunidades originarias. Sin mucho preámbulo se ratifica “el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”.

La ecuación del negociado que pensaron desde el ejecutivo provincial concluyó en la necesidad de cubrirse las espaldas. Para ello, el oficialismo desintegró a través de la reforma al Tribunal de Cuentas, el cual pasó a ser reemplazado por un organismo sin autonomía ni injerencia en el control de los manejos de fondos que lleven a cabo los funcionarios jujeños.

Crónica de una lucha histórica

Jueves 15 de junio de 2023. Cuarenta constituyentes radicales y peronistas, encabezados por el gobernador Morales reforman en tiempo expres la constitución de Jujuy. Seis convencionales del frente de izquierda se retiran de la legislatura y denuncian el montaje de un “circo” por parte de las autoridades. La sesión no será televisada, dicen que algunos diputados ni siquiera conocen el texto que van a aprobar.

Afuera miles de manifestantes se oponen. La docencia arrastra 10 días de paro y se encuentra movilizada masivamente por el centro de San Salvador. El básico de una trabajadora de la Educación jujeña no supera los $60 mil y gran parte de su salario está atado a arbitrariedades patronales disfrazadas de “presentismos”. Desde hace días la convocatoria rebalsa las expectativas de los sindicatos del sector. Las organizaciones territoriales también dicen presente y se vuelcan de lleno a la calle levantando sus propias reivindicaciones por trabajo y contra las persecuciones judiciales. Delegaciones de los pueblos originarios bajan al centro y se hacen sentir. Sin proponérselo, Morales logra lo que ni siquiera había ocurrido en la pueblada de 1997: una alianza entre estatales, movimientos sociales y comunidades originarias.

Finalmente, entre gallos y medianoche la reforma se aprueba. En el recinto todo es algarabía. referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) se felicitan, abrazan y sacan fotos. No se ve la grieta. Afuera la desazón no parece ser el sentir generalizado. Hay bronca, amotinamiento y por sobre todo ánimos para luchar.

La llegada del Tercer Malón

La reacción popular no tarda en llegar. El viernes a la mañana llega a San Salvador el Tercer Malón, integrado por las comunidades originarias de Quebrada y Puna. La caravana había comenzado el miércoles desde Abra Pampa. Las familias llegan cansadas. Vienen de recorrer 200 kilómetros. No es para menos, son un pueblo de lucha. Traen consigo la historia de sus ancestros, aquellos que en mayo de 1946 enfilaron desde el mismo lugar, pero esta vez no se detuvieron en la capital jujeña, sino que solo interrumpieron el viaje cuando llegaron a la capital federal. Exigían, al igual que en la actualidad, tener plena potestad sus tierras.

Un grupo de vecinas autoconvocadas se ubican al costado de la ruta por donde pasa la movilización. Reciben a las familias con café, comida y ropa.

“Está todo a favor de (Gerardo) Morales. Sean radicales o justicialistas, votaron en contra de los pueblos originarios (…) Vamos a seguir luchando hasta que se anule todo esto. Es inconstitucional lo que hizo Morales”, aseguró a Página/12, Erica Cañari, integrante de la comunidad kolla Pozo Colorado.

Wipala en mano, centenares rumbean directo a la gobernación. Pretenden ser recibidos por el gobierno y están decididos a cumplir la consigna que se repite en los carteles: “no a la reforma constitucional”.

Gauchos y piquetees

En Jujuy funciona “la intersindical” que agrupa a gremios docentes, estatales, entre otros. Tras la aprobación de la reforma, se muestran a activos y firmes en el sostenimiento del paro. Son acompañados por movimientos sociales y los pueblos originarios. Estos últimos concentran sus fuerzas en decenas de piquetes montados a la vera de las rutas que atraviesan las distintas comunidades.

Con el paso de las horas y el repudio al proceder del gobierno, la relación de fuerzas parece cambiar un poco. La vaca ya no está atada para el gobierno y hasta los gauchos se rebelan.  “En Jujuy nació y se defendió la patria y ahora la historia nos manda a defenderla de vuelta, a las instituciones democráticas, la democracia, y tenemos que defender el Estado de derecho y Estado republicano avasallado desde hace ocho años por este gobierno de Gerardo Morales”, indica a la prensa Silvio Cazón, uno de los gauchos autoconvocados de la zona de Yala que se encuentra participando de uno de los cortes de ruta.

A esta altura el oficialismo olfatea problemas mayores a los pensados en la previa. Veinticuatro horas antes de la reforma, el mandatario provincial había derogado el decreto 8464/2023 por el que se multaba a quienes participaran de movilizaciones callejeras. Una aspirina para el cáncer. La bronca no bajaba.  Ya no son solo “los piqueteros” los generadores del caos. La docencia, trabajadores y trabajadoras de la Salud, municipales, gauchos, mineros y pueblos originarios se radicalizan en sus posiciones y métodos.

La jura de la nueva constitución, programada para el 20 de junio, parece correr serios riesgos. Todo el mundo se convoca a la capital jujeña para ese día. Morales se la ve venir. Horas antes de la ceremonia, y desconociendo el proceso constituyente, se sienta frente a una cámara y anuncia la derogación de los artículos 36 y 50 que ya habían sido aprobados por sus convencionales: “No queremos un artículo con el que no estén de acuerdo todas las comunidades. Si las comunidades tienen alguna duda, no tocamos nada y volvemos al texto anterior”.

Es demasiado tarde para gestos. Los pueblos originarios se encuentran en la guerra propuesta por el gobierno y no parecen dispuestos a bajarse por concesiones de último momento. El escenario se torna caótico y las cartas están echadas. De un lado Morales y sus aliados del PJ jujeño, y del otro, gremios, movimientos, pueblos originarios, entre otros.

Martes 20 de junio. 8.00 horas, San Salvador de Jujuy.

Sobre los laterales del río Xibi Xibi se concentran dos columnas masivas de manifestantes. Sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, lo hacen las organizaciones sociales, piqueteras o de la economía popular. Una multiplicidad de banderas denota la conjunción de expresiones que van desde la izquierda hasta el peronismo, desde la Unidad Piquetera hasta la UTEP. Todas se dan cita en una congregación que convoca cerca de 10 mil personas. La cabecera se ubica en la intersección con el puente Gorriti en dirección a la Legislatura provincial, a unos 40 metros del primer cordón policial ubicado en la zona.

Del otro lado y sobre la Avenida 19 de abril, se encuentra la docencia jujeña, acompañada por el resto de gremios de la intersindical. En número similar o incluso superior al de los movimientos, el grueso de las personas se encolumna detrás de las banderas del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). Proliferan banderas argentinas y carteles con consignas como “Abajo la reforma, arriba los salarios”, “Chau Morales” o “Morales gato”.

Ambas columnas inician su recorrido hacia las puertas de la Legislatura, donde convencionales constituyentes de la UCR y el PJ realizan los retoques a la reforma que solicitó el gobernador horas atrás. Los pueblos originarios no participan en masa de las movilizaciones, conservan sus fuerzas en importantes cortes de ruta que hacen intransitable la provincia. Su radicalidad no deja nada que desear, usan los rieles de las vías del tren para cortar las rutas, arrinconan policías infiltrados y los entregan frente a las cámaras. Se bancan represiones y vuelven con más fuerzas.

A las 10 de la mañana se producen los primeros choques de la policía con las columnas. Las organizaciones sociales intentan cruzar el puente y son reprimidas por los efectivos provinciales que logran sostener su posición unos diez minutos y deben retroceder hacia la legislatura donde se acoplan detrás del vallado que custodia el edificio. Miles de personas atraviesan el pasadero sobre el Xibi Xibi y se detienen a la altura de la avenida 19 de Abril, en diagonal a la columna docente y de frente a las líneas de uniformados que se encuentran reagrupados en una única zona.

El impasse dura pocos minutos y la represión se reinicia. El primer objetivo policial es alejar las columnas de los pocos metros que la separan del edificio donde se encuentran los convencionales. La docencia logra dar pelea unos minutos pero va cediendo posiciones y la dispersión se generaliza, no sin detenciones y varias personas heridas.

Piedras contra disparos a la cabeza

Por su parte, la expresión de las barriadas populares jujeñas se encuentra sobre el puente Gorriti donde cientos de personas se defienden con piedras y lo que tienen a mano. La izquierda argentina se hace presente en el lugar, tanto la que dispone de representación parlamentaria como la que concentra la totalidad de sus fuerzas en la lucha callejera. Los constituyentes y dirigentes nacionales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) permanecen varias horas junto a quienes vienen sosteniendo la avanzada de las fuerzas de seguridad. Su candidato a gobernador, Alejandro Vilca, que obtuvo el 13% de los votos en las últimas elecciones, se encuentra en el lugar y mira con preocupación el recrudecimiento de la represión.

Por momentos, la policía se ve desbordada. La tenacidad del pueblo jujeño parece crecer minuto a minuto. Se nota la bronca acumulada. Los efectivos empiezan a arrojar piedras contra los manifestantes. No solo eso. Disparan a la altura de la cabeza. A los pocos minutos, Nelson Mamani, militante del MAR, cae desplomado al suelo tras ser impactado por un gas lacrimógeno sobre uno de sus parietales. Su cuerpo queda tendido en el suelo, rodeado por un charco de sangre. Casi en simultáneo, varios manifestantes auxilian a otro activista con un impacto de bala de goma en el ojo.

La escena se vuelve trágica y rememora imágenes de masacres pasadas como las de Kosteki y Santillán en Avellaneda o la de Carlos Fuentealba en Neuquén. Las ambulancias empiezan a llevarse a decena de heridos. Todo cobra más densidad. Más allá de alguna que otra corrida, la gente no se atemoriza y parece decidida a ir hasta las últimas consecuencias. La sangre en el lugar, el aire irrespirable de los gases y magullados de todo tipo no fuerzan el repliegue sino que incluso parecieran fortificar la moral de quienes van y vienen a la primera línea.

Recién después de dos horas, las fuerzas de seguridad logran hacer retroceder a la multitud piquetera que debe abandonar el puente. En su retirada por las calles, se van armando barricadas que retrasan la cacería policial. El operativo arremete con la caballería sobre la avenida Irigoyen. Un uniformado le pega con un rebenque a dos doñas que se encontraban sentadas en un costado de la calle. La gente se enloquece y con piedras en manos encaran a los represores a caballo haciéndolos retroceder y hasta derriban a uno de ellos. Aparece la motorizada pero no rompe las líneas y solo se muestra como potencial amenaza. Al grito de “Morales hijo de puta”, un vendedor ambulante intenta levantar su puesto y es asistido por militantes territoriales para que no pierda sus mercancías.

Los pibes de los barrios

Junto a las banderas y los manifestantes se mezclan integrantes de la Agencia de Noticias Redacción (Anred) que van capturando lo sucedido en el frente de la columna. Con las banderas flameando, la columna retrocede hasta la avenida Dorrego donde se reagrupan y sostienen nuevos enfrentamientos. La composición de la protesta es marcadamente juvenil, con pibes y pibas de los barrios que marcan la dinámica de lo que allí sucede, más allá de lo que se dispongan a hacer las organizaciones.

Quienes no participan de los hechos miran con atención desde balcones o comercios. Unos albañiles en obra, rompen piedras en un primer piso y las alcanzan a quienes se encuentran en la primera línea disputando metro a metro con la policía. Los bomberos voluntarios se mezclan entre la multitud, asisten a heridos y sufren varios impactos de balas de gomas. También putean a Morales.

En la barricada apostada a la altura de la terminal vieja, un manifestante excitado agita: “Vayamos a quemar el canal 7, por mentirosos”. La bronca aborda a los presentes en el lugar que se dan vuelta y enfilan a subir por el alto en dirección al medio de comunicación provincial. Una cartonera con el buzo del MTE da un grito y pide cordura, ya que la retirada abrupta deja en soledad a quienes siguen peleándose con las fuerzas de seguridad. Los potenciales escrachadores entran en razón y desisten de su retirada. Pasaron cuatro horas de iniciados los enfrentamientos. Ya no se ven banderas de organizaciones, aunque si militantes sueltos. La represión se prolonga cuadras arriba sobre la avenida Dorrego. No hay una dirección definida de quienes resisten y todo se va dando a través de una deliberación efímera y espontánea entre los presentes.

Las últimas escaramuzas ocurren en la subida a la altura del puente caracol. Allí la caballería vuelve a avanzar sobre una decena de manifestantes. El barrio pegado a la avenida no recibe con gratitud a las fuerzas del orden. Desde algunos balcones se arrojan piedras contra los efectivos policiales. Los últimos militantes intentan sin éxito ir a escrachar al canal 7 y finalmente terminan por dispersarse las acciones que ya llevan cerca de seis horas.

Hay clima de pueblada, aunque el fuego del enfrentamiento callejero se empieza a apagar pasadas las 16. Tras ello, algunos sectores se concentraron en la plaza Belgrano, frente a la Gobernación, mientras que otros se dirigieron a la penitenciaría de Alto Comedero a exigir la liberación de las 68 personas detenidas.

Durante las horas siguientes a la represión, las calles de San Salvador se constituyen en una escena digna del terrorismo de Estado. Camionetas 4×4 con vidrios polarizados, en su mayoría sin patente y con policías portando armas largas en la caja, recorren el centro y varios barrios. En ellas se ejecutaron varias de las detenciones y hostigamientos tras los enfrentamientos callejeros. Horas después se conoce, a través de los medios de comunicación, que los vehículos pertenecen a varias empresas privadas, entre las que se encuentra Hormixa, una de las adjudicatarias beneficiadas por la obra pública jujeña desde el 2015.

Pese a los heridos y detenidos, el conflicto salta a la escena nacional y hace volar por los aires el cerco mediático que desde hace años cubre a Jujuy, más precisamente a Morales. Los principales dirigentes de “la grieta” argentina, herméticos durante meses, se expresan con los hechos consumados y se propinan todo tipo de ataques por twitter y redes sociales. Opinan, se aconsejan y chicanean sobre un conflicto que lejos está de pertenecerles.

Antorchas y celulares

Mientras Morales no para de dar entrevistas en medios nacionales acusando al gobierno nacional por lo sucedido. Las organizaciones jujeñas preparan nuevas acciones. Llaman a una marcha de antorchas para el miércoles. Hay dudas sobre la masividad de la convocatoria.

El 21 a la mañana los grupos de watsapp de la docencia jujeña explotan de mensajes con agitaciones contra el gobierno provincial y denotan una moral alta que hace pensar que la participación se mantendrá activa. El diálogo entre los sectores en lucha se vuelve difícil, de hecho, nunca fue fácil. Se hace difícil congeniar una identidad y coordinación común entre los distintos sectores. Si bien la respuesta de las barriadas a la represión policial garantizó una nacionalización generalizada del conflicto, existe mucha preocupación en la docencia por despegarse de los desmanes del día anterior, incluso sobre aquellos que se dieron en legítima defensa ante la violencia ejercida de arriba. Se habla constantemente infiltrados que atacaron la Legislatura, quemaron autos o tiraron piedras.

Más allá de la existencia real de efectivos policiales camuflados en el grueso de las manifestaciones, se vuelve un problema que se niegue la resistencia, piedra en manos, de quienes decidieron dejar de tragar bronca. Representa un problema que trasciende a Jujuy. La estigmatización de décadas contra “los piqueteros” no solo ataca a las organizaciones sociales sino que la distancia de sus aliados de clase.

Finalmente, la convocatoria se realiza disociada, incluso entre algunas organizaciones gremiales. Los espacios van concentrándose frente a la gobernación en distintos horarios y lugares. ADEP se moviliza a partir de las 17 y enciende las antorchas antes de que caiga el sol. Recorren por su cuenta el centro de San Salvador. A la misma hora, las organizaciones de la Unidad Piquetera, junto a otros grupos locales, se concentran sobre la avenida Rivadavia en el mismo punto donde fueron reprimidas veinticuatro horas antes y de allí se dirigen hacia la plaza principal, donde cerca de las 18 realizan un acto denunciando la represión y la decena de heridos y detenidos que ostentan los diferentes espacios. Casi al terminar las oratorias irrumpe la columna de Cedens y los movimientos se encolumnan detrás de ella.

La convocatoria es lo suficientemente grande para disipar las dudas de la mañana.  Miles de trabajadores y trabajadoras salen a recorrer el centro de la ciudad. Los transeúntes no se muestran indiferentes. Se frenan en las esquinas y aplauden. En la esquina de San Martín y Necochea un grupo de vecinas con banderas no paran de arengan en favor de la docencia. Comerciantes se arriman a la vereda a ver las antorchas de cerca y no pocos gritan las consignas de la marcha o suman nuevos insultos a Morales. Poco más de una hora dura la procesión en rechazo a la reforma, llegan a la plaza y con la garúa encima se realizan un acto docente sobre la glorieta. Miles se quedan. Cantan y agitan consignas desde abajo. Expulsan a periodistas de Todo Noticias de la plaza. Algunos intervienen y piden no “agarrárselas” con los trabajadores de prensa. La bronca es demasiada, no se distingue empresa de empleado.

La movida se desconcentra tras las palabras de cierre de Mercedes “mecha” Sosa, secretaria general de Cedems y una de las referentas del “jujeñazo”. La responsabilidad sobre sus espaldas no es poca. Asumió la conducción del gremio en los primeros días de abril a partir del triunfo de la combativa lista Violeta por sobre la Celeste. Su primer gran reto fue de magnitudes no esperadas. El diario La Nación le dedicó una nota con foto caracterizándola de dirigente de izquierda y crítica a la CTERA, la confederación nacional docente referenciada en el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Gobernador en recule

En las primeras horas del jueves 22, se conoce la convocatoria del gobierno a una nueva paritaria para el grueso de los gremios estatales. Morales, que había anunciado el cierre definitivo de las negociaciones días atrás, vuelve sobre sus pasos (una vez más) y cita a la docencia a una instancia formal para la tarde en el Ministerio de Educación. Previo a la reunión, las organizaciones definen una nueva movilización por el centro. Es gigante. Las columnas de ADEP y Cedems son imponentes y se cuentan en más de diez cuadras de largo. El color abunda, con banderas, carteles y una decena de profesores de música que, a través de unos micrófonos conectados a unos parlantes montados en una de las camionetas de la cabecera, van tocando sus quenas, flautas y bombos, dando ritmo y melodía a un carnavalito que es acompañado por una canción que corean a lo largo de la marcha:

Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación.

Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación.

Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo.

Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo.

Morales gato grita todo el pueblo.

La escena se repite. Comerciantes, vecinos y transeúntes se unen con cánticos y aplausos. Concluida la recorrida, la manifestación se traslada a la cartera educativa, ubicada en el barrio Malvinas, al sur de la capital. De a poco va llegando la docencia. Una profesora de educación física con su silbato colgado al cuello se ríe sarcásticamente mientras observa de frente el megaedificio ministerial  y comenta: “Mirá la plata que gastaron acá y las escuelas se caen a pedazos”. Para ser más precisos, la provincia desembolsó en 2021 unos $600 millones para la construcción de lo que parece un shopping y que tiene unos 9000 m2.

Llega la noticia que Nelson Mamami respondió bien a la intervención quirúrgica. Tiene uno de sus ojos comprometidos pero empieza a salir del cuadro delicado que casi le cuesta la vida.

La reunión entre los gremios y los funcionarios dura varias horas. Alrededor de las 20, las representaciones gremiales salen del edificio y anuncian la oferta del gobierno. Una vez más, Morales vuelve a ceder. Declina las multas a los sindicatos, por cuatro meses no aplica el presentismo, la hora cátedra pasa a valuarse en $4000 y el salario básico se duplica a $60 mil y ningún docente cobra menos de $200 mil de bolsillo. En caso de no aceptar, el ejecutivo asegura que se aplicará la propuesta anterior de $179 mil y se descontarán los días de paro.

“No traicionen, no se vendan”, gritan desde la multitud presente. La dirigencia sindical se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el aumento logrado es por demás considerable desde la óptica reivindicativa pero queda chico para la dimensión que ha tomado la lucha contra la reforma constitucional. A su vez, empieza a sentirse el desgaste. La resolución queda atada a lo que definan las asambleas docentes que cada gremio convocará para los días siguientes en distintos puntos de la provincia.

Alto Comedero, los encarcelados

Mientras la docencia se desconcentra, cientos de personas se congregan frente a la cárcel de Alto Comedero donde aún retienen a los detenidos y detenidas, incumpliendo todo tipo de garantías procesales. La incomunicación de los abogados con sus defendidos se mantiene por más de 24 horas. Ingresan al penal camionetas 4×4 con personas esposadas en sus cajas. Del otro lado de la reja, militantes les gritan que se identifiquen, quienes lo hacen son pisoteados y golpeados por los uniformados.

La gente se impacienta. Hay familiares, parejas, amigos y amigas que pretenden la liberación inmediata. Por momentos todo parece crisparse. Hay quienes empiezan a presionar sobre el portón de ingreso. Todo se tensa. Al rato, circula la información: está llegando la orden del juzgado que da por finalizados los arrestos, por lo menos para las personas que no tengan causas previas.

Del predio salen camionetas con los policías que ya concluyeron su jornada, muchos de ellos van en las cajas de atrás. Las familias empiezan a insultar: “traidores”, “basuras”, “que se hacen si son como nosotros”. Entre los efectivos que se alejan del lugar, algunos se ríen provocativamente, pero la mayoría agacha la cabeza, mira al piso y no dicen nada. Parecen avergonzados.

La lucha continúa

Al cierre de esta nota, ya habían finalizado las asambleas docentes. En un debate reñido, el Cedems terminó aceptando la oferta salarial, mientras que las asambleas de ADEP rechazaron la propuesta. Otros gremios estatales como ATE y el SEOM continuaban sin llegar a un acuerdo en las negociaciones. En las últimas horas, allanamientos contra docentes y todo tipo de arbitrariedades policiales llevó al Cedems a convocar a una nueva huelga.

Las organizaciones sociales continúan debatiendo como acompasar los tiempos y diferencias de los distintos sectores. En paralelo, los pueblos originarios empezaron a ser reprimidos nuevamente en varios de los cortes de ruta. La lucha contra la reforma continúa y la inestabilidad sigue siendo, en mayor o menor medida, la característica central de lo que acontece hoy en Jujuy.

A modo de cierre, podemos decir que el “jujeñazo 2023” pone sobre la agenda nacional dos datos políticos centrales. El primero es el avance del enarbolamiento de un Estado con mayor amplitud represiva montado sobre la base de una violación sistemática de las garantías y libertades democráticas. En la resistencia a esta perspectiva se configura el segundo dato que está determinado por las luchas de las últimas semanas. Un pueblo que parecía desarmado y dócil ante la estrategia inaugurada por Morales en 2015, resurge con una fuerza y empuje sorprendente, planteando un tipo de oposición muy distinta a la declamativa o institucional que se pregona desde la “política profesional”. El laboratorio represivo y extractivista que se pretende hacer en el norte del país tuvo su primer gran escollo en la oposición misma de las masas que, en unidad y a través de su participación directa en las acciones, muestra el camino a seguir a millones que sufren penurias similares en este país.