Al desamparo del desarrollo

Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en el Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local pero genera beneficios para pocos. Un análisis sobre las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.

Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en antropología Malena Castilla, coautora junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC).

Se trata de un análisis sobre las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región. “Las líneas de investigación presentadas tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos que venimos llevando adelante en los distintos institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Uno de los ejes centrales da cuenta del acaparamiento de tierras y de la deforestación. Dos dinámisas que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, entre 1998 y 2018, se perdieron en el país unas 6.500.000 hectáreas (ha). El 43 por ciento de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331/2007). El 87 por ciento de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). Entre 2019-2020, en plena pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha. en Chaco y 35.606 ha. en Salta.

“Tampoco se cumple la Ley de biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones. Las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo. Sin embargo, muchas veces no se cumplen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado, o directamente esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.

El otro eje central de trabajo refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias. No solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares en los que no hay otra fuente potable, sea por el alto contenido de arsénico o porque son salobres.

Sobre este punto, las autoras del artículos advierten que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.

La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales, que muchas veces acompañan estos procesos con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios en detrimento de las comunidades rurales y campesinas. Al respecto, por ejemplo, Schmidt y Castilla mencionan un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano. Se anunció en 2015 con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones. Con los fondos se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos, hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias. Las obras, no obstante, no alcanzaron a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.

Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA), menciona otro caso: la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Se trata de un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en 2000 para alcanzar la integración y el desarrollo en el Gran Chaco. La iniciativa abarca a cinco países. Su contracara: una distribución absolutamente inequitativa para las indígenas y los pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario sino también imposibilitados de desarrollo sus actividades productivas tradicionales.

“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla. La investigado agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias del modelo. Entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7 y 40,2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, mientras que la población urbana aumentó 55 por ciento en Chaco y un 54,6 por ciento en Salta, en los ámbitos rurales descendió: un 62,2 por ciento en Chaco y un 16,3 por ciento en Salta.

“Lo interesante de esta publicación es que permite ver las múltiples dimensiones involucradas en el avance de la frontera agropecuaria y del agronegocio hacia el norte argentino porque, a partir de los relevamientos y nuestras investigaciones, damos cuenta no solo de las consecuencias vinculadas con el proceso de acaparamiento de tierras, desalojos y despojos territoriales de indígenas y campesinos, sino también a otras consecuencias, como los impactos sanitarios, ambientales y sociales”, destaca Schmidt.

Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo; de la mano de los incendios, por ejemplo; o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de la falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.