Hay un parecido no tan asombroso entre lo que está sucediendo en Francia y España con las protestas por el desmantelamiento del sistema jubilatorio y las presiones al respecto del FMI en Argentina. No se trata solo de déficit, sino de hacer de los dineros públicos nuevos negocios financieros.
Estos días los sistemas públicos de pensiones español y francés ocupan espacios importantes en todos los medios de comunicación. Más en Francia, pues allí este asunto está ocasionando una grave crisis política, menos en España, donde el Gobierno está respirando aliviado por sacar adelante -sin consenso empresarial, pero sí sindical y de la UE- la segunda parte de su reforma del sistema. Sin embargo, más allá de la situación puntual inmediata, todo lo atinente a este pilar fundamental del llamado estado de bienestar occidental lleva ya tiempo, en España y Francia, siendo central. Central por cuanto ambos gobiernos comparten la intención de debilitar sus respectivos sistemas públicos de pensiones y por la respuesta popular en defensa de los mismos.
Pero para mejor comprender lo que está ocurriendo conviene que detallemos las similitudes y las diferencias que hay entre las dos situaciones. Sólo así entenderemos cómo en un lugar -Francia- esto se ha convertido en la crisis que citábamos y en otro -España- el Gobierno parece que se sale con la suya con un mínimo disenso. Y decimos que parece, ya que realmente también aquí está afrontando serios problemas, aunque no sean tan graves, por el momento al menos.
La semejanza mayor proviene de la naturaleza de las causas y justificaciones de ambos ataques a las pensiones públicas, así como sobre los objetivos finales perseguidos. El ataque desencadenado por los gobiernos europeos de turno, en estos y otros países, está encabezado por la Comisión Europea, pero no está motivado por ninguna conjura u odio contra los pensionistas (N del E: jubilados). Como decía cierto personaje: no es nada personal, son sólo negocios. Y es que son los negocios del capital los que han lanzado a los espadachines que tiene a su servicio en la burocracia europea a esta agresión constante contra los derechos de los trabajadores.
Vayamos por esos capitales
En efecto, la reducción de la tasa de beneficio del capital ha profundizado la financiarización de este. Esto ha llevado a que cualquier nicho de acumulación de ahorro público sea visto como una presa propicia por los grandes fondos privados de capital, para obtener los beneficios que ya no consiguen por los medios tradicionales. De aquí procede la externalización y privatización de la sanidad y el objetivo es hacer lo mismo con las pensiones públicas. Estas son, en los países de Europa Occidental, la mayor fuente de ahorro público y traspasarlas al sector privado sería el mayor botín que podrían lograr. En consecuencia, los pretextos aducidos para lanzar el ataque son siempre los mismos en todos los países, e idénticos son los daños que producen a todas las personas humildes.
Igual en Francia que en España, se dice, sin presentar jamás pruebas reales, que el sistema público de pensiones está abocado al desastre, pues no se puede sostener cuando el número de beneficiarios crece, mientras mengua el de cotizantes activos. Una de las cosas que se oculta con esta falsedad es que el aumento constante de la productividad del trabajo en los últimos decenios hace que el rendimiento de un trabajador en activo se haya multiplicado por mucho. También se dice que la mejor solución para garantizar un retiro digno y suficiente a los trabajadores es el ahorro particular, en forma de pensiones privadas de capitalización, manejadas por los bancos. Se trata de otra mentira flagrante como demuestran las constantes pérdidas de valor de esos fondos de pensiones o, lo que es aún peor, su desaparición de la noche a la mañana, como han experimentado tantos trabajadores estos últimos años en EE.UU. O como prueban los 8.000 millones €, pertenecientes a pensionistas suecos, manejados por los fondos privados de pensiones del Silicon Valley Bank y que se han esfumado por la quiebra de este banco. Y es que conviene recordar que esos fondos no están garantizados en absoluto por el Estado, como dice claramente la vigente legislación aprobada en España por el actual Gobierno “social y de progreso”.
Toda esta pseudoargumentación es común en Francia y en España, aunque naturalmente ambos sistemas de pensiones tienen diferencias producidas por su diferente formación histórica. El sistema francés está más diversificado y ni siquiera está controlado por un único organismo ministerial. El sistema español es más racional y contiene ciertos regímenes especiales, como el de la Minería o el del Mar, pero todos funcionan sometidos a los mismos controles y organismos. El sistema francés siempre ha sido más favorable a las jubilaciones tempranas cuando hay un gran número de años cotizados. En cambio el sistema español es más mezquino y, si bien nunca ha exigido tantos años de cotización para conseguir alcanzar el cien por cien de la pensión, siempre ha dilatado algunos años más la edad precisa para jubilarse. Esto ha determinado que los trabajadores con una carrera larga de cotizaciones no tengan ninguna ventaja en España, algo que no sucede así en Francia.
La democracia también se recorta
En Francia se ha desencadenado una seria crisis política que no se va a detener por el fracaso de las mociones de censura en la Asamblea Nacional. En realidad ese fracaso sólo supone una victoria pírrica para Macron, pues la lucha popular no se va a detener. El uso del antidemocrático sistema elegido para sacar adelante una legislación que no iba a ser aprobada en la Asamblea Nacional, ha puesto de relieve la quiebra absoluta de los valores, presuntamente democráticos, que representa idealmente la República Francesa. Ya no son sólo los trabajadores y los jóvenes, con sus organizaciones sindicales y políticas, los opositores a esta deriva autoritaria. Millones de ciudadanos franceses han declarado su disconformidad con ella y las consecuencias políticas para las formaciones que lo están aceptando van a ser muy graves, empezando por la segura quiebra del partido macronista.
La decisión presidencial de emprender esta reforma en su primer año de mandato, cuando las elecciones legislativas y presidenciales están lejos, seguramente les pareció muy astuta a quienes la tomaron. Pero cometieron el error de no advertir algunas cosas, tres principalmente.
A diferencia de España, en Francia los jóvenes se incorporaron masivamente a las protestas.
Primero, no han tenido en cuenta algunas disposiciones constitucionales de la V República que aún pueden ser usadas para defender a los trabajadores; aunque lo más seguro es que, personas que ya han atropellado algunas de esas disposiciones, no tengan mucho reparo en estas naderías, que tampoco van a ser la piedra angular de los opositores a la deriva antidemocrática macronista. En segundo lugar está la continuación de las movilizaciones, con las huelgas y manifestaciones unitarias que se van a seguir sucediendo. Contra ellas Macron y los suyos han comenzado por acusarlas -el propio Macron el miércoles 22 en la TV francesa- de violentas y antidemocráticas (piensa el ladrón…), lo que significa que seguirán usando la represión policial contra los manifestantes y huelguistas, pues piensan que inducir el miedo, cuando se carece de argumentos, es la mejor “medicina”, algo en lo que se equivocan, ya que el resultado será reforzar la crisis política francesa y la unidad de los opositores populares. Por último, y muy importante, no han calculado que en Francia, al igual que en otros países occidentales, hay un mar de fondo de descontento social muy importante que se viene arrastrando desde hace años y que ha sido reforzado por las actuaciones de los poderes establecidos durante la pandemia y por el entreguismo a la política belicista de Washington, que está ocasionando un desastre en las economías europeas. No es fácil que el desenlace esté próximo, máxime cuando se ha producido una unidad sindical con los jóvenes de indudable importancia y, más decisivo, en Francia existe una fuerza política democrática que no ha sido cómplice, sino todo lo contrario, en todas las medidas de corte neoliberal que Macron y sus antecesores han venido tomando en los pasados lustros.
España: ¿con vaselina?
En España, donde este Gobierno y los anteriores -orientados por los burócratas bruselenses- llevan ya años debilitando el sistema público de pensiones (recordemos que ya el lejano 20 de junio de 1985 CC.OO. (N del E: Comisiones Obreras, la central sindical ligada en su origen al Partido Comunista Español) realizó en solitario una huelga general contra las primeras medidas tomadas por el Gobierno de González), aparentemente se da un escenario casi idílico.
El reciente Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, analizado únicamente por su título y su exposición de motivos, haría pensar que, lejos de perseguir esos objetivos antipopulares que mencionamos antes, lo que se busca es todo lo contrario. Claro que si analizamos el texto y la normativa precedente la conclusión es otra. Es cierto que este nuevo Real Decreto-ley permitirá aumentar los ingresos del sistema, pues ha destopado las cotizaciones de los salarios más altos, pero otras medidas publicitadas como maravillosas mejoras, no son más que humo. Por ejemplo el cómputo de años para calcular la pensión -ahora son 25, pero en épocas no muy lejanas fueron 8- se pasa a 29, aunque se contarán los 27 mejores, y se podrá optar por mantener los 25 si el resultado fuere más favorable para el trabajador. La trampa está en que dentro de tres años un “comité de expertos” designado por el Gobierno de turno (no el Congreso para que los diputados no tengan que señalarse) podrá eliminar esta disposición.
Otro brindis al sol es la promesa de aumentar la pensión mínima hasta 1.200 € dentro de cuatro años (además este aumento no afectaría a las pensiones de viudedad, con lo que la brecha de género seguirá creciendo, en contra de lo que dice la justificación oficial del Real Decreto-ley). Junto a esto no podemos olvidar las anteriores medidas para ir eliminando las normas que permitían anticipar la jubilación, como las jubilaciones parciales, todo encaminado a que dentro de tres años sea efectiva la jubilación a los 67 años que estableció el Gobierno de Rodríguez.
¿Podría ser peor? Por supuesto, de hecho siguen abundando los voceros del capital que proclaman que las pensiones públicas no se pueden sostener y que hay que proceder con toda dureza contra ellas. El propio Gobierno omite enfrentarse a esa sarta de mentiras cuando incumple la legislación aprobada hace poco más de un año y que obliga a realizar una auditoría sobre la situación del sistema. Y lo omite en razón de que esa auditoría demostraría la falsedad de esa presunta quiebra. En realidad estas medidas recientes no satisfacen totalmente a la banca y a la Comisión Europea, pero aquí, a diferencia de Francia, las elecciones están próximas y eso induce a la prudencia y a aplicar la técnica del “salchichón” (cortar las rodajas poco a poco y de una en una, para no alarmar demasiado). Sin embargo, la diferencia más llamativa con Francia es la concertación que existe entre los sindicatos representativos de la mayor parte de los trabajadores, trabajadores cuyos derechos futuros se están poniendo en subasta.
En España no existe una fuerza política democrática importante que se oponga a este atropello. Aquí lo que hay son fuerzas cómplices del desaguisado (basta leer el fútil comunicado del PCE sobre la cuestión). Este concierto que tanto daño causa se debe probablemente a dos motivos: primero a esa táctica que decíamos de ir debilitando el sistema poco a poco que lleva años produciéndose en España, de este modo cuando ya se han hecho las primeras cesiones es más difícil oponerse a las siguientes. Segundo al convencimiento de que todo esto es un “mal menor”, frente a lo que puede estar por llegar.
Por todo ello la defensa del sistema público de pensiones en España está en las manos de un movimiento social de pensionistas, extendido a todo lo largo y ancho del país, que lleva años luchando en las calles por medio de plantones de regularidad semanal en muchas plazas y que es el único movimiento con capacidad para movilizar a decenas de miles de personas (como demostró el pasado 15 de octubre, en Madrid) sin contar con el apoyo de ningún medio de comunicación de masas o grupo de poder. Ciertamente este movimiento abarca únicamente a los trabajadores pasivos (los jubilados) y eso es una debilidad, pues son las pensiones de los trabajadores activos las que corren más peligro, y estos, y los jóvenes, al contrario que en Francia, todavía no se movilizan. Esta es la razón principal de que en España el ataque a las pensiones públicas no haya desembocado en una crisis política.
Pero esto no quiere decir que no pueda suceder, ya que otras condiciones, como el creciente malestar social, existen en ambos países. Además, el movimiento pensionista ha tenido éxitos concretos, como lograr la subida del 8,5% para las pensiones este último año u obligar al Gobierno y a la Comisión Europea a aplazar algunas de las medidas que tenían previstas.
En suma, ni el movimiento pensionista español ha dicho su última palabra, lo que indica que la lucha seguirá, ni en Francia cederá la crisis política. La causa de la defensa de los sistemas públicos de pensiones es una causa democrática y mientras haya personas unidas y organizadas para esta defensa esta causa seguirá viva.
