La participación electoral se ubicó en un 71,7 por ciento, el nivel más bajo desde 1983. Habrá que ver si la pérdida de legitimidad del sistema político se profundiza o no. En principio, parte de la respuesta podemos encontrarla en el declive económico y social de los últimos cuarenta y cinco años. Sin embargo, resulta prácticamente imposible de sostener el cuestionamiento exclusivo a los actores económicos dominantes (Foto: Claudia Conteris)

Declive económico y social de los últimos cuarante y cinco años está asociado a la puesta en marcha de una profunda reforma estructural del capitalismo argentino que descargó sobre el conjunto de la sociedad una verdadera estrategia de desigualdad. La experiencia histórica genera condiciones para que ya resulte limitada cualquier consideración sobre lo que ocurre que no cuestione la complicidad, el vínculo o la ineficacia del sistema político frente a la voracidad del poder económico.

Resulta prácticamente imposible de sostener el cuestionamiento exclusivo a los actores económicos dominantes. El sistema político, que además demuestra acumular privilegios mientras la población mayoritariamente pierde derechos, ha sembrado las condiciones para los discursos disparatados y cargados de bronca de los Milei o los Espert, que colocan el problema, de manera excluyente, en la denominada casta política.

Esta preocupación se agiganta cuando se escuchan discursos que no parecen comprender que el comportamiento popular haya sido el que fue cuando se afirma que terminaremos el año recuperando prácticamente los diez puntos de caída del PIB registrados en 2020. Por un lado, se reconoce que la reactivación no les llega a todos, pero a la vez no se profundiza la causa de que tal cosa haya ocurrido. Parece mentira, pero se ha perdido la capacidad de pensar, no sólo en términos de puntos del PIB, sino también en términos del patrón de crecimiento y distribución que todo momento económico conlleva.

Extrañamente la experiencia histórica y popular más importante de la Argentina, el peronismo, parece haber olvidado la problemática de la distribución del ingreso. A efectos de arrojar luz sobre este punto presentamos los resultados que surgen de la Cuenta de Generación y Distribución del Ingreso que publica el Indec y que nos permite ver la evolución de la distribución desde el primer trimestre del 2020 hasta el segundo trimestre del 2021.

A partir de la información anterior, se realiza un ejercicio que permite cuantificar la transferencia de ingresos entre los distintos factores que componen la cuenta durante el período en cuestión. Para ello, se realiza una reestimación del cuadro de distribución del ingreso del último dato disponible (2do trimestre 2021) en función del patrón, o estructura distributiva, del 1er trimestre 2020. El objetivo: evaluar cuáles deberían haber sido los flujos de ingresos nominales del período si se hubiera mantenido inalterada la pauta distributiva. Al compararlo con la situación efectiva se obtienen las transferencias de recursos entre los distintos componentes de la cuenta generación de ingresos, que presentamos en el siguiente cuadro.

Se observa entonces que durante los últimos 15 meses, los asalariados transfirieron a favor del excedente empresario en manos de los principales conglomerados 3,9 billones de pesos, que equivalen a unos 41 mil millones de dólares. Si consideramos al conjunto de la fuerza de trabajo, inclusive por fuera de la relación salarial, la transferencia de ingresos es aún mayor: 5,3 billones de pesos, unos 56 mil millones de dólares.

En definitiva: el capital le arrebató al trabajo nada menos que 11,3 p.p. del PIB. Es decir, los grupos locales que concentran la riqueza se apropiaron, a través del festival de los precios, nada menos que del monto total de la deuda que contrajo Macri durante su presidencia. Sin embargo, la apropiación de recursos por parte del excedente de explotación fue aún mayor porque también lograron concentrar los recursos transferidos por el Estado nacional para contener la pandemia. En total, unos 6,2 billones de pesos, algo así como 66 mil millones de dólares; el 13,4 por ciento del PIB.

Queda claro que si los trabajadores, los jubilados y los planes sociales insumieron recursos del Estado nacional, la cuantía de esos recursos no tiene parangón con los recursos que las grandes firmas expropiaron a los grupos del campo popular. Además, el poder de compra de la masa de salarial perdió un 5,4 por ciento durante el período bajo estudio. Pérdida que trepó al 8 por ciento en el caso de las formas de trabajo no salariales. Los precios, que jugaron en contra de la gente y a favor de la ganancia empresaria, permitieron ampliar en un 70,7 por ciento el excedente bruto explotación en este período.

Lo expuesto evidencia con toda claridad que la recuperación de la economía -que efectivamente existió- se dio en condiciones de ampliación de la desigualdad. Este hecho limitó la recuperación del empleo y de los ingresos, e impidió que la pobreza y la indigencia se redujeran de manera significativa respecto al aumento que tuvieron en el peor momento de la pandemia y la cuarentena.

El fracaso gubernamental en materia de control de precios, el déficit en materia de política de ingresos -ausencia de universalización para la población en situación de informalidad y desempleo- y el marco de ajuste fiscal en que se desarrolló la recuperación, disociaron la batalla contra la desigualdad y la ampliación del mercado interno, batalla que será la única que, en tanto se asuma, permitirá al Frente de Todos recuperar la legitimidad perdida y amenazada de cara a las condicionalidades que puede plantear el acuerdo con el FMI.

 

Acceder a la versión completa del artículo publicado en el sitio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).