El proyecto de ley sobre etiquetado de alimentos tiene ya media sanción en el Senado y se discute ahora en Diputados. En qué consiste la iniciativa, por qué la experiencia de otros países la justifica y quiénes se oponen a la medida. Algunas claves de una iniciativa que busca garantizar el derecho a la salud y a la información.

En la Argentina, siete de cada diez personas adultas y cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes tiene exceso de peso. De ese grupo, alrededor de la mitad tiene obesidad y la otra mitad sobrepeso. Los datos son de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se trata de una de las cifras más altas de la región y viene en aumento en los últimos años. La tendencia preocupa: la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Una de las principales recomendaciones de política pública basada en evidencia que impulsan desde hace años entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) es implementar un sistema de etiquetado frontal en alimentos envasados y bebidas sin alcohol donde se consigne información nutricional de forma simple y visible. Esta discusión llegó finalmente al Congreso y el 29 de octubre el proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos obtuvo media sanción en el Senado por amplia mayoría – 64 votos a favor y 3 en contra -. Ahora, se está discutiendo en cuatro comisiones de la Cámara de Diputados – Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor -, pero todavía no hay fecha estipulada para su tratamiento en el recinto.

“Los envases de alimentos presentan información confusa y engañosa. La regulación actual del rotulado de alimentos, que es el Código Alimentario Argentino, no tiene un enfoque de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y se producen vacíos legales. Por ejemplo, las empresas no están obligadas a declarar el contenido de azúcares que presentan los productos. Es por eso que necesitamos de manera urgente contar con una ley de etiquetado que funcione como puerta de entrada para un paquete de políticas que en conjunto permitirán mejorar los entornos alimentarios y prevenir dichas enfermedades”, le dijo a TSS la nutricionista Leila Guarnieri, investigadora del equipo de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

La iniciativa que se discute en el Congreso busca garantizar el derecho a la salud y a la información, y es el resultado de varios proyectos presentados por legisladores de distintos partidos. El objetivo es implementar sellos negros octogonales con letras blancas mayúsculas que adviertan si el alimento contiene exceso de sodio, azúcares, grasas y/o calorías. Según el proyecto, el tamaño de cada sello no puede ser inferior al 5 por ciento de la superficie de la cara principal del envase. Además, si el producto contiene edulcorantes o cafeína, el envase debe exhibir también una leyenda que advierta que no es recomendable en niños.

La FIC Argentina y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes conforman una red que nuclea a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y que cuenta con el apoyo de UNICEF. Las dos entidades vienen impulsando el proyecto de etiquetado y aportando evidencia científica para respaldar el reclamo. En octubre, publicaron el informe Mitos y realidades del etiquetado frontal de advertencia, en el que explican las razones por las que la Argentina debería implementar un etiquetado de octógonos negros basado en el Modelo de Nutrientes de la OPS y desmitifican los argumentos que esgrimen ciertos sectores de la industria para oponerse a esta política de salud.

“Uno de los mitos es que existen trabas legales para avanzar con un sistema de etiquetado frontal de advertencia y que la Argentina debe promover un sistema que se encuentre armonizado con Mercosur. Sin embargo, los países son soberanos para poder avanzar en aquellas medidas que brinden protección a la salud y que garanticen la seguridad alimentaria. De todas maneras, es importante destacar que los argumentos que suelen manifestar los representantes de la industria para oponerse han sido refutados con evidencia científica en distintas publicaciones que venimos realizado”, explicó Guarnieri.

Según lo que pudo verse durante el tratamiento del proyecto, tanto en el Senado como ahora en Diputados, algunas entidades que manifestaron su oposición – en general o en particular – fueron la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), el Centro Azucarero Argentino (CAA), la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, (CEPEA).

Evidencia regional

A nivel regional, la Argentina viene rezagada en la implementación de una política de etiquetado, a diferencia de Chile, México, Perú, Ecuador y Uruguay, que ya tienen legislación al respecto. A partir de la evidencia generada en estos años y de la experiencia de esos países, la OPS presentó esta semana el informe El etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas. El trabajo compila los resultados obtenidos con los sistemas de etiquetado ya implementados y expone diversas consideraciones legales y económicas relacionadas con la medida.

Durante su presentación virtual, el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, hizo hincapié en la intención de la cartera en avanzar hacia este tipo de medidas. “Hay una firme convicción del Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, en llevar adelante esta política de etiquetado frontal en los alimentos como una herramienta para poder combatir esta epidemia silenciosa de la obesidad y el sobrepeso que azota al mundo entero, y que en nuestro país ha crecido en los últimos años”, aseguró.

Según la OPS, el uso del sistema de semáforo, que combinación de colores y palabras – rojo para alto, amarillo para medio y verde para bajo – “ha resultado menos eficaz para informar a los consumidores cuándo los productos contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas o sodio, en comparación con el sistema de advertencias nutricionales adoptado en Chile, México, Perú y Uruguay”, que es el de los octógonos negros. Además, el sistema de colores demostró influir menos en la intención y decisión de compra de los consumidores porque genera confusión y demanda más tiempo para determinar si el producto tiene exceso o no de determinado nutriente.

“Las evaluaciones realizadas en los países en que los que ya se utiliza un sistema de etiquetado indican que la estrategia permite disminuir el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos, lo que demuestra la efectividad de la herramienta para hacer política de salud pública”, explica Guarnieri. En Chile, donde la norma se implementa desde 2016, la población redujo en un 25 por ciento la compra de bebidas azucaradas, en un 14 por ciento la de cereales azucarados y en un 17 por ciento la de postres envasados. La experiencia chilena indica además que el 68 por ciento de las personas modificaron sus hábitos alimentarios a partir de la implementación de la ley.

Pese a que la evidencia sobre los beneficios del etiquetado es contundente, la presión ejercida por el lobby industrial es un obstáculo importante para que la Argentina también pueda tener su ley. Por eso, en un principio el proyecto fue girado a seis comisiones, con la intención de demorar su salida. El reclamo de las organizaciones logró que se redujeran a cuatro y actualmente se están realizando reuniones informativas, pero no se sabe si llegará a tratarse en el recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias. “Esperamos que las y los diputados, al igual que las y los senadores, no cedan a la presión de la industria y prioricen el derecho a la salud por sobre cualquier tipo de interés privado”, finalizó Guarnieri.

(Agencia TSS / Noticias Universidad Nacional de San Martín)

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