En la licitación convocada por el Gobierno porteño para contratar el servicio de desayuno, merienda y refrigerio que se brinda en las escuelas de la ciudad se presentaron las mismas 19 empresas que capturan el negocio desde hace veinte años. Lo insólito en esta ocasión es que todas ofertaron los mismos precios.

La frase de Adam Smith es conocida. “Los comerciantes del mismo gremio rara vez se reúnen, siquiera para pasar un buen rato, sin que terminen conspirando contra el público o para concertar una suba de precios”. Lo malo deviene en peor si nadie los controla o si el poder político los apaña. Ni qué decir en el caso de una licitación. Por lo pronto algo huele muy mal en el asunto de los comedores de las escuelas públicas porteñas.

Finalmente, se conocieron las empresas que se presentaron a la licitación (N°7192-1818-LPU21) para brindar el servicios de desayuno, merienda y refrigerio a casi 291 mil estudiantes hasta finales de 2025. Se confirmaron las peores sospechas. No solo se trata de las mismas 19 concesionarias que desde hace dos décadas se ocupan del servicio, aunque fueron denunciadas en múltiples ocasiones por la mala calidad de los alimentos -incluso por casos de intoxicación-, sino que, además, sucedió algo nunca veces visto en una licitación.

Todas las firmas ofertaron exactamente el mismo precio por cada desayuno, almuerzo y refrigerio. ¿Cartelización? ¿Acuerdos previos entre el gobierno y las concesionarias para dibujar una licitación pública?

En febrero pasado, cuando el Ministerio de Educación publicó el llamado a licitación para definir las empresas que se ocuparán del servicio, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) advirtió que se trataba de “un negocio de más de 50 mil millones de pesos que, por los antecedentes, ya tendría ganadores anticipados”.

Ahora, que se conocieron las ofertas, las sospechas se confirman. Son las mismas empresas que mantienen desde hace dos décadas mantienen capturado el lucrativo negocio y que durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva “cobrando sobreprecios de hasta el 50 por ciento”, según denunciaron en su momento el ODC y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

“La diferencia es que este año van a embolsar más de 12 mil millones de pesos para que seguir ofreciendo medallones y comida ultraprocesada, productos prohibidos por la Ley de Etiquetado Frontal aprobada recientemente en el Congreso Nacional”, advirtieron desde el ODC.

¿Licitación o blanqueo?

Que una licitación pública es un mecanismo legal por el cual el estado selecciona oferentes para contratar o comprar bienes y/o servicios es sabido. Tanto como que los interesados deben formular sus propuestas cumpliendo con las bases y condiciones del pliego de licitación. Luego, el estado elige las mejores ofertas. El mecanismo supone la libre competencia entre las empresas en un mix que incluye precio y calidad, entre otras cuestiones.

“Sin embargo, en esta licitación sucedió algo nunca visto. Las diecinueve empresas que fueron creadas hace dos décadas exclusivamente para quedarse con este negocio ofertaron exactamente los mismos precios para cada uno de los servicios. Todas cotizaron cada desayuno a $35,57, cada almuerzo a $302,95 y cada refrigerio a $105,17. Sí, con los mismos centavos”, puntualiza el informe elaborado por el ODC.

La sospecha es obvia. Los pliegos parecen haber sido redactados para brindar una cobertura legal a una licitación simulada. ¿La razón? Está explicada en el informe que elaboraron María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind.

El documento puntualiza que “el art. 74 del pliego estableció que no se admitirán ofertas cuyos precios superen unos valores determinados”. Hasta allí, todo muy razonable. Sin embargo, renglón seguido dispone que se descartarán las ofertas con precios cotizados que se encuentren por debajo de los precios máximos estipulados en más de un 5 por ciento.

Inaudito. El gobierno estableció un precio mínimo. Minga de competencia. Más asombroso. Las empresas ofertaron dichos precios.

El informe señala dos posibilidades. Primera. Que los valores están mal calculados, porque alguna de las empresas podría haber ofertado un precio más bajo y, en ese caso, el gobierno perdió recursos al garantizarles una mayor rentabilidad. Segunda. Que el gobierno acordó con las empresas un valor y luego elaboró el pliego para justificar legalmente dichos valores mínimos.

En cualquier caso, no se cumplieron con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones que establece libre competencia, eficiencia y simplicidad, además austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos. La norma también establece que los procedimientos de selección se realizan de acuerdo a las siguientes modalidades o combinaciones entre ellas: I) Con orden de compra abierta; II) Compra diferida; III) Compra unificada; IV) Con precio máximo; V) Llave en mano; VI) Convenio Marco de Compras; VII) Subasta Inversa.

En ninguna de las modalidades, la normativa autoriza establecer precios mínimos.

“De seguir en curso esta licitación, van a volver a ganar los de siempre. Y nos preguntamos: ¿Cómo es posible que no se haya presentado ni una sola empresa nueva? ¿Por qué el gobierno impone un precio mínimo, algo nunca visto en licitaciones y que no está autorizado en la ley de contrataciones? ¿Es para dar un marco legal al valor que ya está acordado de antemano entre las empresas y el gobierno? ¿Todas las empresas cotizan lo mismo porque son una sola empresa o pocas empresas? ¿O todas cotizan lo mismo porque ya está todo previamente acordado?”, se preguntan los autores del informe.

Una cosa es segura. Los interrogantes son muchos, pero la certeza una: algo huele mal en la licitación de los comedores porteño, y no es solo la comida que le brindan las empresas a los alumnos.