Representantes del mundo académico y de la sociedad civil cuestionan un anteproyecto oficial consensuado entre Nación y provincias que reducirá el alcance territorial de la ley, flexibilizará la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limitará la participación ciudadana. Mientras tanto, en el Congreso se acumulan más de diez proyectos; entre ellos uno ya debatido que unificada diversas iniciativas.

Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, con lo que atenúan los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención hídrica disminuye los impactos de crecidas y reduce los riesgos de inundaciones; son reservorios y purificadores de agua dulces, y constituyen el hogar de más del 40% de la biodiversidad mundial.

En la Argentina, se estima que hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo esto, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.

Sin embargo, a pesar de que hace alrededor de una década que se presentan proyectos, estos terminan perdiendo estado parlamentario, sin llegar a convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos a la espera de ser tratados: tres han sido presentados en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho fueron presentados en la cámara de diputados y todavía esperan ser girados a las comisiones correspondientes para su debate.

“Si no se les da el giro a las comisiones no se puede iniciar el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso, lo más urgente es que se hagan los giros y un plenario de comisiones, que todas en conjunto den dictamen, porque ya se ha discutido la ley, para así bajar al recinto y que obtenga media sanción”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entidad que esta semana presentó un pedido de informe, acorde a la Ley de Acceso a la Información, en el cual solicitan que se responda a dos preguntas puntuales: ¿por qué todavía no se hicieron los giros correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos? y ¿cuál es la fecha estimativa en que piensan hacerlo?

“Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, como organizaciones de sociedad civil, seguiremos presionando ante distintos organismos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para generar conciencia de que necesitamos urgentemente una ley de humedades”, subrayó Di Pangracio. Abogada especializada en Derecho Ambiental, Pangracio advierte que todavía continúan los incendios: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales, y ahora también se recrudece en el Delta”, puntualiza.

El proyecto “consensuado”

Mientras tanto, un anteproyecto recientemente acordado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamiento y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.

El 11 de julio pasado, durante una asamblea del COFEMA en la sede del MAyDS, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado entre ambos organismos. Según comunicaron desde ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados”.

El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perdiera estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de una iniciativa que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos.

Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que todavía no ha sido girado a comisiones para su tratamiento.
“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la de que se busca garantizar la continuidad del modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, a lo largo y ancho del país”, Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).

Una de las modificaciones propuestas en el proyecto cuestionado está vinculada al ordenamiento territorial: desaparecería la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio.

Uno de los aspectos más cuestionados del anteproyecto es que modifica la definición de humedales que había sido acordada por la comunidad científica nacional -e incluso adoptada por el mismo COFEMA, en el año 2016-, reduciendo el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos. Específicamente, esa definición entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas porque el ordenamiento ambiental queda sujeto a que primero se termine el inventario, lo cual puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales se siguen degradando y destruyendo. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto consensuado”, agrega Di Pangracio. Su análisis advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que le bajan el perfil al involucramiento que el Ministerio de Ambiente de Nación tendría en la implementación de la norma.

Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. De ese modo, se vulneran los principios preventivo y precautorio.

“Su eliminación es como una invitación a dar continuidad al festival de transformación de ecosistemas de humedales que se viene llevando adelante por parte de muchas actividades que son propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.

Además, en el texto desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales.

También desaparecen objetivos generales fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, el reconocimiento y el apoyo a los medios de vida y producción tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.

“Estos anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el COFEMA, no son otra cosa que una máscara para dar una señal de que se está avanzando en el tratamiento de un proyecto de ley que es altísimamente demandado desde las organizaciones sociomabientales y también de la ciudadanía, pero que oculta la continuidad de un modelo que es altamente exfoliador y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.