Sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra y vástago de un escritor de discursos dictatoriales, el ingeniero Pedro Güiraldes pone su trabajosa prosa al servicio de la política editorial de La Nación.
Es sabido que La Nación cuenta con un nutrido staff de periodistas, de los buenos y de los que se arrastran en el barro de las operaciones de prensa ideadas por la dirección del diario. También que apela a firmas “notables” que son externas a la redacción pero que comulgan con la línea editorial de la “tribuna de doctrina”. Se trata de escritores, historiadores, politólogos, sociólogos y cuanto bicho pensante ande por ahí, siempre y cuando transite por la derecha y sepa desarrollar sus ideas con un mínimo de soltura.
Sin embargo, da la impresión de que la acumulación de todas esas fuerzas no es suficiente para las batallas que libra el ejército de Bartolito Mitre en pro de la instalación de la posverdad. Tal vez por eso –o porque ninguno de sus escribas habituales se atrevió a ponerle su firma a semejante brulote -, en su edición del sábado pasado haya apelado a los servicios de Pedro Güiraldes, presentado como “ingeniero civil”, para sumar poder de fuego contra los organismos de derechos humanos y, de paso, seguir disparando versiones falsas para despegar al gobierno de Mauricio Macri de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Poco se puede decir de la relación de Pedro Güiraldes con el oficio de escribidor, salvo el lustre prestado que pueda darle el avatar de ser sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes, e hijo del comodoro Juan José Güiraldes (a) El Cadete, ex presidente de Aerolíneas Argentinas, apasionado del desarrollo de la aviación civil en el país y, también, redactor en las sombras de muchos de los discursos del brigadier general Omar Graffigna durante la última dictadura.
Tal vez por imperio de esos méritos heredados – o por haber sido partícipe de otras operaciones de prensa en sociedad con tipos que sí son capaces de escribir con corrección aunque sin escrúpulos, como Gabriel Levinas y Marcos Aguinis – se haya despachado el sábado con el artículo titulado “El caso Maldonado y los derechos humanos”, donde dispara con munición grosera contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, El Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria. En fin, toda gente que al presidente Macri le encantaría meter un cohete y estrellarlo en la Luna. Y, ya puesto en la tarea, con balas que atraviesan las fronteras también disparó contra la CIDH, La Acnudh y Amnesty Internacional.
“Era un secreto a voces, pero ya no lo es más”, empieza diciendo el hijo del Cadete sobre la versión que pretende abonar sobre la desaparición de Santiago Maldonado, aunque no queda claro si el secreto ha dejado de ser secreto o ha dejado de ser a voces para transformarse en un secreto silencioso, o mudo tal vez. Lo que sí dice es cómo ha dejado de serlo, aunque todavía el lector no pueda saber cuál es o era el secreto. Para darle una mano en su torpe escritura al pobre Güiraldes y que el lector no se coma las uñas por la intriga, aquí se revelará de qué se trata: lo que realmente ocurrió con Santiago Maldonado.
“A las primeras revelaciones de Julio Blanck en el diario Clarín se sumaron las de Elisa Carrió y las declaraciones del propio juez Lleral, lo que desencadenó un verdadero aluvión de notas, columnas y editoriales en todos los medios de prensa televisiva, oral y escrita, e innumerables mensajes y comentarios en las redes sociales”, escribe. Es interesante la enumeración de las fuentes en las que Güiraldes va a apoyar sus dichos. Las dos primeras son un operador periodístico del multimedio más poderoso de la Argentina y una dirigente política afecta a las profecías, dos manipuladores de la opinión pública que por su precariedad harían morir de vergüenza al talentoso capitán Simonini, aquel a quien Umberto Eco termina adjudicándole la inspiración de Los protocolos de los sabios de Sion en esa exquisita novela que es El Cementerio de Praga. La tercera es el Juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado. Las que siguen son para reírse: versiones en la prensa y comentarios en las redes sociales.
El sobrino nieto de Don Ricardo intenta armar su trampita al nombrar al juez Lleral. Como se sabe, el magistrado se despachó, muy oportunamente horas antes de las elecciones, diciendo que el cuerpo de Maldonado no tenía heridas visibles. Dijo eso y nada más, pero al ponerlo entremezclado con el resto de las “fuentes”, el astuto hijo del Cadete pretende que ese nombre tribunalicio sostenga todo lo que él escribe a continuación: “Todo indica que los usurpadores del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y algunas de las organizaciones de derechos humanos locales supieron, desde el primer día, que Santiago Maldonado había perdido la vida el 1° de agosto, mientras cruzaba el río Chubut y luego de que el invisible ‘testigo E’ le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado”.
Todo indica – para parafrasear al hijo del Cadete – que en ese párrafo eslabona una sarta de mentiras. No hay una sola prueba ni testimonio creíble que sostenga que los mapuche de la Pu Lof o los organismos de derechos humanos supieran –en caso de haber ocurrido, lo cual todavía no se sabe – que Santiago Maldonado se hubiera ahogado el 1° de agosto en los 30 centímetros de profundidad que para esa fecha tenía el Río Chubut en el lugar donde su cadáver fue encontrado 78 días después; el propio juez Lleral aclaró que el famoso testimonio de –valga la redundancia – el “Testigo E” nunca existió,; y por último tampoco hay pruebas ciertas de la existencia de una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) aunque bien podría sospecharse que, de existir, su comando general podría funcionar en alguna oscura oficina de la Agencia Federal de Inteligencia o del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Va quedando claro que el sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra no sólo intenta despegar al gobierno del Caso Maldonado sino que busca señalar a otros culpables. Lo dice clarito un par de párrafos después: “Desde el 1º de agosto pasado, la célula terrorista pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y las organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la cabeza- parecen no haber hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada, como si se tratara de la soberanía de un estado independiente sobre su territorio nacional, sosteniendo para eso el pretendido carácter de ‘tierra y aguas sagradas’ de las muchas hectáreas ocupadas y del río Chubut, disparate que fuera lamentablemente admitido y tolerado por el coro de los políticamente correctos, que actuaron a la manera de idiotas útiles al servicio de los objetivos e intereses de aquellos”, escribe el pequeño Güiraldes.
En esta operación, insiste el hijo del Cadete, a los organismos de derechos humanos, a los que “los sucesivos gobiernos kirchneristas corrompieron profundamente”, se suman agencias y organizaciones internacionales como la CIDH y Amnesty, que evidentemente también han sido cooptadas por el kirchnerismo. Y la cabeza de semejante conspiración es ni más ni menos que el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quién el hijo del Cadete le profesa una singular inquina, tal vez porque su propio padre – es decir, el Cadete Güiraldes, para que quede claro – consideraba que “Horacito”, como llamaba a Verbitsky, era más inteligente que él, su hijo. Un psicólogo ahí.
Cualquier lector de las novelas de piratas de Emilio Salgari sabe que un brulote es una embarcación vieja, cargada de material inflamable y explosivos que se utilizaba para, mediante un ardid, incendiar a los barcos enemigos que intentaran abordarla. En periodismo es más o menos lo mismo, un brulote es un artículo cargado de falsedades que se utiliza para atacar y desacreditar.
En ese sentido, el brulote del hijo del Cadete lleva una carga pesada: da por ciertas operaciones de falsa bandera, criminaliza a pueblos originarios para transformarlos en enemigos de la patria y pretende instalar a los organismos de derechos humanos como protagonistas de una conspiración siniestra.
Un verdadero brulote, sí, pero piloteado por un escriba de extraordinaria torpeza. La Nación los tiene mucho mejores, pero quizás haya querido darle un lugar a las pretensiones periodísticas del heredero mediocre de un apellido notable.