¿Qué pasa en Nicaragua?

Desde Managua. La crisis de Nicaragua parece no tener solución seis meses después de su estallido. La oposición insiste en mantener la protesta pacífica en las calles para obligar al Gobierno a retornar a la mesa de diálogo y discutir un adelanto de elecciones, pero hasta el momento la presión ha sido infructuosa.

Cumplidos seis meses del estallido de una rebelión cívica en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se esfuerza por controlar con las armas la protesta social, que no ha cesado, en medio de un creciente aislamiento internacional. Según sus detractores, su salida “sólo es cuestión de tiempo”.

“Ortega está completamente aislado dentro y fuera del país. Es una situación de deterioro total que llevará al colapso… viene en picada”, dice la ex comandante guerrillera Dora María Téllez, fundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Téllez, quien permanece oculta por amenazas de muerte, sólo puede dar declaraciones por teléfono. El MRS, proscrito y minoritario, forma parte de la recién creada coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y es sindicado como el artífice de “un complot terrorista” para derrocar a Ortega, de casi 73 años y en el poder desde hace 11.

“Aquí no hubo complot sino una crisis gravísima resultado de fraudes electorales, corrupción y autoritarismo. Ortega no ha podido revertir los factores estructurales de esta crisis y se mantiene en control solamente vía represión, utilizando policías, paramilitares y unos pocos jueces que hacen las veces de pelotón de fusilamiento”, sostuvo.

Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, el país vio caer cientos de estudiantes universitarios bajo las balas disparadas por policías y paramilitares. Según ONG de derechos humanos, casi 400 personas han muerto, más de 2.000 resultaron heridas y hay más de 300 detenidas. El Gobierno reconoce 200 víctimas.

A los 23 años, Téllez fue parte de un comando guerrillero que en 1978 asaltó el Palacio Nacional de Managua, sede del Congreso leal al dictador Anastasio Somoza, derrocado un año después por los sandinistas, entre quienes estaban Ortega y la propia Téllez. Jamás pensó vivir lo de hoy.

“Nadie tiene imaginación para semejantes niveles de brutalidad. Nosotros que vivimos otra dictadura, nunca pensamos que Ortega iba a llegar a los extremos de los Somoza. Pero llegó y esa es la desgracia”, dijo.

A su juicio, esa “fuerza de represión” siempre estuvo ahí, en silencio: “Los paramilitares, los torturadores, los delatores en los barrios, son los mismos que cometían fraudes en las mesas electorales, los que nos atacaban en las marchas. Pero ahora Ortega tocó un botón y los hizo actuar a nivel masivo y dirigidos”.

Los incidentes más recientes ocurrieron el fin de semana, cuando la Policía detuvo a 40 manifestantes, entre ellos varias dirigentes del MRS, que se disponían a realizar una marcha cívica en Managua. La presión interna e internacional provocó su excarcelación al día siguiente, pero las protestas siguen prohibidas.

Según la opositora, el veto policial a las manifestaciones, anunciado hace dos semanas, agravó el conflicto. “Ahora estamos bajo un estado de excepción real, de facto, que violenta la Constitución Política, en la que se consigna claramente el derecho de reunión y libre movilización”, observó.

Opinó que tales medidas no revelan fortaleza sino “un proceso de asfixia del régimen, porque la economía también va en caída libre” a causa de la paralización del turismo, el desplome de la inversión y las recaudaciones, con pérdidas estimadas en más de 2.500 millones de dólares según economistas.

“Somoza llegó hasta el último momento con la Guardia Nacional intacta y la represión era tremenda. Ortega tampoco gobierna, manda. Él manda sobre su aparato represivo, no hay políticas públicas, el Estado apenas funciona, y eso no es gobernar”, dijo.

Para Téllez, la solución a la crisis nacional es que Ortega “agarre un avión y se vaya” o que acceda a volver al diálogo. Y ambas opciones suponen su salida del poder.

“El diálogo debe reinstalarse para fijar los términos de un regreso a la democracia en Nicaragua, que incluyen por supuesto elecciones adelantadas y condiciones mínimas sobre las cuales se va a hacer justicia”, puntualizó.

Seis claves tras seis meses de la crisis

A continuación algunas claves para entender el conflicto:

¿Cuándo comenzó la crisis?

Se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes en Managua contra una impopular reforma al Seguro Social. Las manifestaciones se extendieron rápidamente a otras ciudades del país debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, que se cobró la vida de decenas de manifestantes, la mayoría jóvenes.

¿Cómo ha enfrentado el Gobierno la revuelta social?

Forzado por las protestas, el presidente Daniel Ortega pidió en mayo a la Iglesia católica que mediara en un diálogo nacional, el cual quedó interrumpido en julio cuando sus adversarios exigieron adelantar las elecciones de 2021. El mandatario acusó entonces a la oposición y a los obispos de “formar parte de un plan golpista” y descartó seguir negociando.

Simultáneamente, el Gobierno sofocó a sangre y fuego las manifestaciones mediante operativos conjuntos de policías y paramilitares, a lo que siguieron capturas selectivas de dirigentes sociales, estudiantes, docentes y campesinos, varios de ellos ya procesados judicialmente por terrorismo.

¿Quiénes conforman la oposición a Ortega?

Varias organizaciones sociales, incluyendo algunas surgidas al calor de las protestas, se agruparon a inicios de octubre en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En esta coalición figuran, entre otros, la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales, la Coordinadora Universitaria, movimientos feministas y de campesinos, empresarios, profesionales y defensores de derechos humanos. Afirman que su objetivo es buscar “la pronta salida del poder” de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y construir un proyecto de nación sobre bases democráticas, de respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

¿Será posible reanudar el diálogo?

Por el momento no se vislumbra esa posibilidad, ya que el Gobierno lo ha descartado y ofrece a cambio un “diálogo en la base” del gobernante Frente Sandinista, con el que procura restablecer la normalidad en el país. Al defender esa posición, Ortega se ha distanciado de países y organismos internacionales que han cuestionado su actuación, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). El Gobierno también suspendió su comunicación incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

¿Qué repercusión económica ha tenido esta crisis?

El Banco Mundial ha pronosticado que la economía de Nicaragua caerá este año un 3,8 por ciento, frente al crecimiento del 4,9 por ciento que registró en 2017, debido al impacto del conflicto sobre sectores sensibles como el turismo, la inversión extranjera, la construcción, la infraestructura y el empleo.

Expertos independientes calculan las pérdidas económicas en más de 2.000 millones de dólares y estiman que el 28 por ciento de la Población Económica Activa (es decir, más de un millón de personas) no generará ingresos este año porque perdió su empleo con la crisis. A ello se suma una severa caída en las reservas internacionales y el riesgo de que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra el Gobierno.

¿Cuál ha sido el costo del conflicto en vidas humanas?

La represión de las protestas sociales ha dejado en seis meses al menos 325 muertos, según información documentada por la CIDH, aunque ONGs de derechos humanos elevan la cifra hasta 512 fallecidos, más de 4.000 heridos y cientos de arrestados. El Gobierno reconoce 200 muertos y asegura que una mínima parte de las víctimas eran estudiantes universitarios.

Sumado a eso, cerca de 30.000 nicaragüenses han abandonado el país desde abril huyendo de la represión y la falta de trabajo. De ellos, al menos 25.000 han solicitado refugio en Costa Rica.