Una elección que presagia un fin de ciclo

A pocos días de la primera vuelta electoral, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, lidera las encuestas sobre Federico Gutiérrez, el heredero del uribismo. Un final de campaña marcado por las revelaciones sobre los delitos de lesa humanidad reconocidos por ex integrantes de las Fuerzas Armadas, el “malestar en los cuarteles” que agita la derecha y la brutal represión de las movilizaciones sociales que comenzaron en 2018 y devinieron en el estallido social de 2021 que sacudió al país y dejó al menos medio centenar de muertos y miles de heridos.

El desencanto con la política tradicional campea. Las protestas y movilizaciones que arrancaron con el paro universitario de 2018, fueron en aumento en 2019-2020 ante la política liberal del gobierno de Iván Duque y devinieron en el estallido social que tuvo como epicentro la ciudad de Cali se reflejan también en el alto nivel de abstencionismo electoral. Nada nuevo. En las cinco elecciones presidenciales realizadas en el nuevo milenio, la mitad de los colombianos en edad de votar decidió no concurrir a las urnas.

Las últimas elecciones legislativas, realizadas en marzo pasado, no fueron una excepción. Las denuncias cruzadas por fraude erosionaron todavía más la poca confianza de la sociedad en el sistema político, pero también en la Registraduría Nacional, la autoridad electoral. Hoy, según los sondeos que manejan los medios colombianos, las tres cuartas partes de los encuestados opina que existen posibilidades de que se cometa un fraude en las próximas presidenciales, cuya primara vuelta está fijada por el 29 de mayo y la segunda para el 19 de julio.

Las mismas encuestas señalan que la falta de empleo y los bajos salarios son el principales problemas económicos, seguidos en un plano más estructural por la corrupción, la pobreza y el hambre. Hoy, 15 por ciento de los colombianos vive en la pobreza extrema y no logra consumir tres comidas al día. En este contexto, más de la mitad considera que estaría bien subirle los impuestos a los más ricos y casi dos tercios se manifiesta a favor de limitar las ganancias de los bancos privados. Temas que han sido los principales ejes de la campaña de Gustavo Petro.

Los números de las encuestas

La encuesta que le da un mayor margen a Petro es la última realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). El sondeo le otorga al candidato del Pacto Histórico el 48 por ciento de las preferencias, 21 puntos por encima de Federico Gutiérrez, que obtiene una intención del 22 por ciento. Según la proyección de votos válidos hecha por la Celag, las preferencias ubicarían hoy a Petro a solo 2 puntos de alcanzar el 50 por ciento necesario para imponerse en primera vuelta.

Muy atrás vienen los candidatos del centro, como Sergio Fajardo (9%), que quedó a solo 250 mil votos de disputar con Duque la segunda vuelta en 2018, e Íngrid Betancourt, que perdió terreno. Otro de los candidatos, el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (12%), si bien ganó un poco de espacio está lejos de terciar. Según los analistas colombianos, el principal interrogante es qué posición adoptarán Farjado, Betancourt y Hernández en el caso de que haya balotaje.

¿Qué dicen otras encuestadoras? Según Massive Caller, Petro lidera con el 34 por ciento contra el 31,6 por ciento de Gutiérrez. Un margen mayor le otorga Percepción País al candidato de Pacto Histórico: 36,4 versus 30,6 por ciento. El último sondeo de Invamer, en cambio, arroja cifras muy parecidas a la encuesta de la Celag: el 43,6 por ciento del electorado se inclinaría por Petro y el 26,7 por ciento por Gutiérrez. Invamer agrega que el 13,9 por ciento lo haría por Hernández, el 6,5 por ciento por Fajardo, el 1,5 por ciento por John Milton Rodríguez, el 1,1 por ciento por Enrique Gómez, el 0,5 por ciento por Íngrid Betancourt y el 0,5 por ciento por Luis Pérez.

El trabajo de la Celag, realizado en los 25 departamentos urbanos y rurales más poblados, pone de relieve que en una hipotética segunda vuelta, Petro se impondría por casi 20 puntos sobre Gutiérrez. La encuesta, además, detecta un dato central: el fuerte deterioro de la imagen de Álvaro Uribe, el principal opositor al proceso de paz y los acuerdos con las FARC. El hombre al que le debe la presidencia Duque y que desde hace años está sospechado de vínculos con grupos paramilitares. Para algunos, la elección marcaría el fin del ciclo uribista.

El dos veces presidente (2002-2010), ex senador y candidato más votado en las legislativas de 2018, hoy enfrenta una causa por sobornos, zafó de ir a prisión y no ha dejado durante la campaña de agitar a la opinión pública en las redes sociales. Tampoco ha dejado de guiar a Duque. Su mano dura frente a la guerrilla y la investigación judicial por los llamados “falsos positivos” lo han puesto bajo la lupa. Solo el 14 por ciento considera que Uribe debería seguir en la política, el 41 por ciento que debería retirarse y el 30 por ciento que tendría que ir preso. Duque, su delfín, registra una imagen negativa del 83 por ciento, según la Celag.

Una empresa criminal que apunta al uribismo

Ocurrió hace poco más de tres semanas, en plena campaña electoral. La intervención fue calificada como “impactante” por la prensa colombiana. Ante una sala llena de víctimas, el general retirado Paulino Coronado Gámez, uno de los máximos responsables de lo que se conoce como Macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investiga los “falsos positivos”, reconoció su responsabilidad por omisión en crímenes de guerra, como el fusilamiento y la desaparición forzada de personas. La audiencia se concretó en Ocaña, un municipio emblemático si de trata de crímenes de lesa humanidad.

Gámez es el militar de más alto rango de los 11 efectivos del Ejército y un civil imputados por la JEP de ser responsables de al menos 120 asesinatos. Las víctimas eran jóvenes de muy bajos recursos de la zona, o traídos desde Soacha -una ciudad aledaña a Bogotá- hasta Ocaña, en el departamento Norte de Santander, donde entre 2007 y 2008 los militares de tres unidades que operaban en la región del Catatumbo los asesinaron y presentaron como bajas guerrilleras. Gámez era brigadier general cuando ocurrieron los hechos y reconoció su papel “como máximo responsable de la Brigada 30” en la audiencia que se prolongó por más de diez horas.

Gámez, sin embargo, argumentó que solo conoció los crímenes cuando fueron revelados por el Ministerio de Defensa. Las declaraciones, necesarias como paso previo en el proceso de justicia restaurativa y para que se les pueda aplicar una sanción que no es privativa de libertad, causaron estupefacción ante la audiencia, compuesta por los familiares de algunas de las víctimas. Según la JEP, al menos 6.402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos y ejecutados por miembros del Ejército para mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.

El testimonio de Gámez, que era el más esperado, siguió al del resto de militares, que también admitieron sus crímenes frente a las víctimas, a las que explicaron cómo maquinaron para llevarse y matar a sus familiares. Uno a uno, en el cierre de la audiencia, dijeron los nombres y apellidos de aquellos a los que mataron o contribuyeron a ejecutar. No así Gámez, quien insistió en que su responsabilidad fue por “omisión” y por “no avizorar que la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya Uribe”, el comandante del Ejército en esa época.

“Sabemos que esto venía de los altos mandos y muchos de ellos así lo confirmaron en las versiones de la JEP cuando decían que Mario Montoya pedía ríos de sangre”, asegura la presidenta de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), Jaqueline Castillo. La audiencia fue la primera que estudia los “falsos positivos”. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos quieren ir a fondo: conocer quiénes dieron las órdenes, presionando a toda costa por resultados. Una investigación que Petro prometió impulsar y que puso en pie de guerra al uribismo y al jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro.

El fantasma del golpe institucional

Zapateiro es el líder del ala más dura y conservadora de los militares. Hace unos días, en plena recta final de la campaña, quebró la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Atacó a Petro. Lo hizo a través de Twitter. Un hecho inusual que tensó todavía más la ya tensa relación de Petro con los uniformados por su pasado guerrillero en el M19 y por tener una postura sumamente crítica de cara a las operaciones militares en la que suelen morir civiles y líderes sociales de las comunidades campesinas en circunstancias sospechosas.

Zapateiro, sin embargo, fue por más. Tuiteó además un sentido mensaje por la muerte de seis soldados en un atentado cometido por el Clan del Golfo. Petro se montó en el mensaje y afirmó que algunos generales “están en la nómina” de la organización narcoterrorista. “La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a generales”, dijo Petro. Zapateiro respondió acusando a Petro de aprovechar la muerte de los soldados para hacer campaña y le recordó que desde 2001 suman más de medio millar los militares asesinados o heridos en operaciones. Además, lo invitó a dar nombres.

Por el momento, ahí quedó la cuestión. Sin embargo, la prensa colombiana destaca que se trata de la primera vez desde la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) que se registra un cruce de esa naturaleza. En su momento, Samper terminó destituyendo al entonces jefe de las Fuerzas Armadas Harold Bedoya. Ahora, el cruce entre Petro y Zapateiro revivió temores. Hoy, como entonces, comenzaron a difundirse rumores sobre un posible golpe de estado si Petro gana las elecciones. El episodio Samper-Bedoya suele recordarse en Colombia como el hecho que consolidó la definitiva separación del Ejército de la política, un proceso que había comenzado en 1991, cuando los ministros de Defensa dejaron de ser militares.

La paranoia golpista tiene asidero. En Colombia, un país azotado durante décadas por la insurgencia armada, el narcotráfico y los paramilitares, el poder de las Fuerzas Armadas sigue siendo inmenso. Poder que las protestas sociales del año pasado pusieron en tela de juicio. El propio Zapateiro quedó en la mira de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos por su actuación en Cali, epicentro de la protesta donde fueron asesinadas al menos cincuenta personas. Aunque formalmente el alcalde de la ciudad, Iván Ospina, estuvo a cargo del operativo de seguridad, los medios independientes aportaron pruebas que señalan a Zapateiro como el ejecutor de la represión.

En los últimos días, además, los medios colombianos recordaron que no es la primera vez que Zapateiro se hace eco en público del liderazgo del ala más dura de las Fuerzas Armadas. El año pasado, ante las cámaras de la televisión, pronunció un breve discurso en el que le habló “al pueblo colombiano” con un claro tono político. En realidad, en ambas ocasiones no hizo otra cosa que ponerle voz al “malestar en los cuarteles” que esgrimió en los últimos días en un extenso artículo la revista Semana, alineada con el uribismo.

En este contexto, Petro anunció la suspensión temporaria de su campaña luego de denunciar un plan para asesinarlo orquestado por políticos de derecha y sicarios que responden a las milicias paraestatales. Lo hizo después de criticar la decisión de Duque de extraditar a Estados Unidos al jefe del clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga. Petro afirmó que “las diligencias de extradición deberían priorizar las confesiones que las víctimas necesitan” y que “no hay ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia”. Una posición que preocupa a un sector del sistema político-empresario colombiano. El clan, en respuesta a Duque, lanzó un “paro armado” que reavivó la violencia en varias regiones y que se suma a la amenaza que representa para un sector de las Fuerzas Armadas los crímenes de lesa humanidad que están saliendo a la luz en las audiencias de la Junta Especial para la Paz.

Gutiérrez, sucesor de Duque y representante del uribismo, ha mantenido hasta ahora una postura ambigua. Sin embargo, según las encuestas y los analistas políticos, de no mediar sorpresa, la contienda electoral para definir al sucesor en la Casa de Nariño estará entre Gutiérrez y Petro. Sus adversarios casi han desaparecido del debate público. En otras palabras, todo indica que el electorado se encamina a profundizar la polarización que se inició en las presidenciales de 2018, cuando el candidato de Pacto Histórico perdió ante la derecha representada por Duque.

¿Será esta la vencida y logrará Petro llegar a la presidencia? Aquí valen un par de aclaración. La primera: que todos los sondeos se hacen sobre las preferencias que expresan quienes dicen que acudirán a las urnas en un contexto donde el abstencionismo ronda el 50 por ciento. Dicho de otra forma: sobrestimar o subestimar la base electoral de los candidatos arroja resultados muy diferentes. La segunda aclaración: para pasar a la segunda vuelta, los candidatos necesitan reunir 5,6 millones de votos. Hasta el momento, el único que lo consigue es Petro.

Pese al optimismo de la dirigencia de Pacto Histórico, hasta el momento nada anticipa una victoria de Petro en primera vuelta. Algunos señalan incluso que podría no superar el 42 por ciento con el que cerró la segunda vuelta de 2018. De allí el interrogante sobre la postura que tomarían Farjado, Betancourt y Hernández si hay balotaje.

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