La tradición de lucha y organización en los diferentes países de América Latina son un sello diferencial que hace que la implementación de las políticas del FMI no sea enfrentada de la misma manera en todos ellos. Ecuador en su estructura social tiene contradicciones mucho más explosivas que otras naciones de la región.

Tras 12 días de profundas luchas populares el gobierno de Ecuador dio marcha atrás con el Decreto 883 que fuera impulsado por el presidente Lenin Moreno a sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario andino firmó compromisos con el FMI para obtener créditos por USD 4200 millones supuestamente destinados a aliviar el pesado déficit fiscal que Moreno achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor Rafael Correa. Argumentaciones bastante conocidas que se repiten como un libreto típico de las derechas continentales.

El pasado domingo 13 el gobierno tuvo su mesa de negociaciones con la principal organización que llevó adelante las movilizaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Esta última pidió expresamente que la reunión fuera televisada para que el gobierno no falte luego a la verdad. El denominado Paquetazo como fuera llamado por el movimiento popular consistía en quitarle todos los subsidios estatales a la gasolina. Esta medida como lo señaló el líder indígena Jaime Vargas “genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para toda la nación”.

Tras el encuentro con la Conaie el gobierno de Moreno tuvo que dar marcha atrás con el paquetazo. La Defensoría del Pueblo contabilizó tras casi 12 días de crisis al menos 7 muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. Moreno tuvo que levantar además el estado de excepción en el que se encontraba el país.

De todas maneras, el paso a retaguardia de Lenin Moreno es poco fiable pues el mandatario ya se encuentra junto a su gabinete trabajando en la modificación del decreto. En primer lugar debía desactivar un conflicto que hizo que su gobierno penda de un hilo. Por todo eso Moreno acusó reiteradamente al ex mandatario Rafael Correa al igual que al presidente venezolano Nicolás Maduro de estar ellos detrás de un movimiento desestabilizador.

Vale señalar que en 2017 Moreno llegó a la presidencia a través de la Alianza País como un sucesor de Correa. Luego hizo todo de manera inesperada al revés de lo que podía preverse: como perseguir a ex funcionarios, quitar a Ecuador de la Unasur aunque en Quito se encuentre la sede de la organización continental, desproteger a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Sus últimas acciones fueron la de acordar con el FMI y reprimir violentamente a los sectores populares movilizados.

Los medios nos muestran los acontecimientos de la crisis ecuatoriana como si fuera una excepción. Muy distinto a Venezuela, a la que la presentan como si fuera la regla. Los que se rebelan en un lugar son sediciosos que intentan derrocar a un gobierno democrático mientras que en el otro caso se trataría de luchadores por la libertad. Las imágenes por sí solas extraídas del contexto histórico muestran hechos de violencia aparentemente inentendibles. En el portal de El Comercio, principal diario de Quito el domingo 13 debajo del nombre del medio, aparece una encuesta significativa: “¿En estos días de protesta usted ha logrado ir a su lugar de trabajo?” Los resultados parciales muestran que los que votaron por No son el doble de los que dijeron que pudieron asistir. La consulta obviamente muestra un carácter sumamente sesgado de lo que ocurre en el país andino. No importa ni las causas de la crisis ni las responsabilidades del gobierno. Para el caso da lo mismo que lo que impide ir a trabajar sea un tornado o la movilización de una parte significativa de la sociedad que por otra parte es noticia en diferentes partes del mundo.

No se dice

Si bien en 1979 se produjo en Ecuador el retorno de la democracia, la misma nunca fue demasiado estable hasta la llegada de Rafael Correa a la presidencia en 2007. Las crisis institucionales, políticas y económicas siempre fueron en el país andino un sello distintivo.

 

Desde el año 1996 al 2005, 3 presidentes constitucionales fueron derrocados (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). En 1997 se produjo La noche de los tres presidentes que ocurrió durante la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de ese año, donde Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón reclamaban la presidencia de la república. En 1998 fue elegido como presidente Jamil Mahuad quien fuera depuesto en enero del año 2000. La crisis política que terminó con el mandato de Mahuad, surgió de un movimiento integrado por un sector rebelde del ejército, junto a la Conaie. Tras el putsch, se constituyó un gobierno provisorio de Salvación Nacional, en el cual confluían el por entonces coronel Lucio Gutiérrez y el líder indígena Antonio Vargas, pero duró menos de un día, ya que a instancia de los diplomáticos de Estados Unidos, los mayores funcionarios militares ecuatorianos colocaron al vicepresidente Gustavo Noboa como presidente, y se arrestó a los líderes de la revuelta. La principal causa de los acontecimientos de enero de 2000 tenía sus causales en la crisis financiera y bancaria que se produjo en Ecuador durante el año 1999. A pesar de que durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa (2007- 2017) se produjo una importante estabilización institucional, hoy se constata que el retorno de las políticas neoliberales no se puede sostener fehacientemente en ese país.

La tradición de lucha y organización en los diferentes países son un sello diferencial que hace que la implementación de determinadas políticas no sea viable en cualquier escenario. Ecuador en su estructura social tiene contradicciones mucho más explosivas que otras naciones de la región.

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