Los ministros de Finanzas del euro acordaron reestructurar la deuda y poner punto final a los rescates. La decisión incluye una prórroga y está condicionada. Atenas no podrá dar marcha atrás con las reformas. Revisiones trimestrales y el cumplimiento de un estricto programa de gobierno completan el panorama.

Luego de ocho años de un ajuste brutal, que incluyó casi un centenar de reformas que llevaron al país a una crisis social sin precedentes, Grecia quedó en libertad condicional. Bajo “vigilancia reforzada”, según las palabras de Mario Centeno, el presidente del Eurogrupo, la comisión que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro. “La crisis griega se acaba aquí, esta noche en Luxemburgo. Es un momento histórico para Grecia y la eurozona, porque pone fin a la crisis existencial para nuestra moneda única”, remató el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Emmanuel Macron, Alexis Tsipras y Angela Merkel.

La fanfarria y las declaraciones fueron el corolario formal de una larga discusión que insumió diez horas y que enfrentó a Alemania con Francia. La fumata se hizo esperar hasta último momento y tuvo en vilo a los grandes operadores del sistema financiero de Europa. “Una bronca descomunal”, la definieron los diarios europeos. Para muchos observadores, la pulseada fue una síntesis casi perfecta de la pulseada que mantienen desde 2008 los países del norte -liderados por Berlín- con los mediterráneos -encolumnados detrás de París-.  Lo que estaba en juego era la reestructuración de la deuda griega, que equivale hoy al 180 por ciento de su PBI.  Un monto que los técnicos del FMI consideran impagable.

El resultado de la disputa quedó a mitad de camino entre las posturas de Macron y Merkel. Atenas comenzará a pagar el capital y los intereses de los préstamos que recibió del FMI y del Banco Central Europeo (BCE). Será en 2032. Diez años después de lo previsto. Adicionalmente, recibirá 15 mil millones de euros -5 mil millones menos de lo que pedía Atenas- para repagar deuda y ampliar hasta 24 mil millones el llamado “colchón de liquidez”. Una suerte de fondo de emergencia que, según la troika que integran la  Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI, dará mayor confianza a los inversores.

Grecia, sin embargo, sigue sumergida en la crisis. Desde 2010, el PBI cayó un 25 por ciento y la inversión se redujo el 60 por ciento. Hoy, el desempleo sigue por encima del 20 por ciento y el nivel de morosidad del sistema financiero trepa al 50 por ciento. Desde entonces, los recortes presupuestarios en salud alcanzaron el 33 por ciento y el 21 por ciento de la población vive en la pobreza con ingresos por debajo de los 4.500 euros anuales. Un dato más. El año pasado, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades atribuyó 3 mil muertes a la propagación de enfermedades infecciosas en los hospitales públicos.

Pese a todo, Atenas regresará a los mercados. Será en breve. La vuelta tiene fecha: el 20 de agosto. Según Centeno, ese día el país “se graduará en asistencia financiera” y se unirá a Irlanda, Chipre y Portugal. El grupo de países que según el Eurogrupo “han transformado sus economías y ahora se mantienen por sí mismos”. El regreso, no obstante, será formal. El último tramo de la ayuda que acordaron Alemania y Francia le permitirá a Grecia cubrir sus necesidades financieras durante 22 meses sin recurrir a los mercados. Con este último desembolso, Atenas habrá recibido en total 61.900 millones de euros del tercer rescate (2015). Si se agregan los dos procedentes (2010 y 2011), la suma total asciende a 289 mil millones. Dinero que en su totalidad sirvió para el repago de la deuda.

El Eurogrupo impone las condiciones.

Las claves del último acuerdo

El cumplimiento de las 88 medidas exigidas por la troika y la prórroga por una década de los vencimientos del capital y de los intereses producto de los créditos concedidos difícilmente despejen las dudas sobre el futuro del país. Para evitar desvíos, los socios mayores de la Eurozona establecieron reglas que suprimen su soberanía económica. El BCE y los bancos centrales europeos solo devolverán a Grecia los intereses generados por sus bonos -que retuvieron como garantía- en la medida en que Atenas no retroceda con las reformas legisladas y cumpla con los plazos fijados.

La devolución será en pagos semestrales de unos 1.000 millones hasta 2022. Las metas son un superávit primario del 3,5 por ciento del PIB hasta ese año, y después un excedente primario que deberá promediar el 2,2 por ciento hasta 2060. “El final de este programa trae nuevas responsabilidades”, advirtió Centeno. Los socios velarán por el cumplimiento de las condiciones a través del esquema que calificó como de “vigilancia reforzada”. La CE, el BCE y el FMI serán los encargados de darle luz verde a los desembolsos. Revisarán la situación en forma trimestral, en lugar de cada semestre como en los acuerdos precedentes.

Si bien la sucesión de acuerdos que dieron lugar a los diferentes rescates finalizarán legalmente el 20 de agosto, las consecuencias estructurales seguirán presentes. En los últimos ocho años, Grecia fue obligada a concretar profundas reformas regresivas en su sistema laboral, tributario y de seguridad social. Además de recortar pensiones y puestos en la administración pública, desarrolló un profundo programa de privatizaciones y brutales ajustes fiscales. ¿Los resultados? El año pasado, su PBI creció apenas un 1,4 por ciento y consiguió un superávit fiscal primario del 0,8 por ciento. Lejos todavía de las metas exigidas.

Según Lagarde, la nueva reestructuración “reducirá las necesidades financieras de medio plazo”. Algo que consideró como “positivo para Grecia y bueno para la eurozona”. Los aplausos que coronaron el resultado de la última imposición no presagian nada bueno para Grecia. El fin de la odisea está lejos.