El jefe del gobierno español debió abandonar su cargo por una larga historia de corrupción en su agrupación, el Partido Popular. Hasta las próximas elecciones quedará a cargo el líder del PSOE, Pedro Sánchez. ¿Qué es el caso Gürtel, que determinó el fin del gobierno del PP?
Se terminó la era de Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, en España. El líder del Partido socialista Obrero Español (PSOE) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, logró ayer sellar el destierro del todavía jefe del Ejecutivo del Palacio de La Moncloa.
Rajoy se había impuesto a Sánchez en las dos elecciones generales en las que se han batido hasta la fecha y hace apenas nueve días nadie habría podido anticipar este desenlace. Pero la sentencia condenatoria al PP por la trama Gürtel, sumada al hábil y arriesgado movimiento del líder del PSOE, le han permitido poner el primer pie en la sede de la Presidencia.
El tiempo del Gobierno ha terminado prematuramente. En pocos días, Sánchez deberá haber formado un gabinete que trabaje en su agenda reformista; teóricamente tendrá un marcado carácter social, aunque el candidato no ha entrado en detalle.
La segunda jornada de debate ha tenido tintes de trámite. Tras casi diez horas de pleno, el jueves, hoy fue el turno de la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y de su homólogo en el PP, Rafael Hernando -que, como era previsiblemente, cargó al máximo las tintas para esta ocasión-.
La incógnita del PNV
No se esperaban sobresaltos hoy. La cuarta moción de censura en la historia de la democracia española fue aprobada tras las horas de tensión e incertidumbre generadas por la incógnita sobre el voto del Partido Nacionalista Vasco, clave para decantar la balanza.
Despejada esta bruma, quedan para el recuerdo la exhibición de parlamentarismo de Rajoy, sus ataques a Sánchez y su ‘amnesia’ sobre Gürtel, así como su total ausencia de autocrítica por la corrupción que carcome a su partido. Y su ausencia física, después de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decidiese retomar la sesión a las 15.00 horas, con el bolso de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como único ocupante del escaño del presidente.
Con una convocatoria de elecciones en el horizonte, pero sin concretar, se abre una nueva etapa en la política española, con PSOE y Unidos Podemos retomando relaciones -con recelo-, y con PP y su socio de investidura -y de Presupuestos-, Ciudadanos, en guerra abierta.
Fuentes del PP aseguraban a última hora del jueves que Ciudadanos ha sido “el pegamento” de esta moción, y desde el Gobierno señalaban también “la corresponsabilidad” del PNV sobre lo que ocurra en esta próxima etapa. En el PP se muestran desorientados, confusos, y sólo anticipan que Sánchez se encontrará con una oposición dura, muy dura, desde el momento en que el nuevo Gobierno se siente por primera vez en la bancada azul.
Desaparecido y sin voluntad de dimitir
En otro orden de cosas, fuentes del Gobierno no han querido aclarar si Rajoy se convertirá en líder de la oposición. Durante la tarde, y con informaciones apuntando al atrincheramiento del jefe del Ejecutivo en un céntrico restaurante, despreciando el debate en el Congreso, desde Moncloa han optado por dar la callada por respuesta.
Lo único que aclararon desde el Ejecutivo es que Rajoy no iba a dimitir “porque no ha hecho nada malo”. En el PP hay quien reconoce que dejar el cargo podría leerse como la asunción de la responsabilidad por la corrupción que Rajoy lleva nueve años intentando sacudirse, y esto no entraba en sus cálculos. “Lo único que ha hecho es sacar a España de la ruina”, apuntan desde Moncloa.
“La dimisión de Rajoy no evita un gobierno de Sánchez, más aún, lo facilita porque no necesitaría mayoría absoluta”. “Esta polémica responde solo a una cuestión: el intento de los socios de Sánchez de disimular y eludir sus responsabilidades en la decisión de hacer presidente a una persona que sistemáticamente ha perdido en las urnas”, sentenciaban.
El Gobierno ha construido así su relato, mientras el presidente seguía en paradero desconocido en la que fue su última noche en La Moncloa. En la larga semana tras la publicación de la sentencia de la Audiencia Nacional, la consigna más repetida por el PP fue que la corrupción juzgada en Gürtel forma parte del “pasado”. Ese “pasado” se resiste a dejarse enterrar, y hoy ha vuelto para arrebatarles el poder.
¿Qué es el caso Gürtel?
En un fallo histórico, la semana pasada la Justicia española condenó al Partido Popular (PP), a su ex tesorero, y a varios ex funcionarios nacionales y regionales por beneficiarse de una trama corrupta. Por primera vez, un partido político fue condenado desde el regreso de la democracia a España.
El caso Gürtel lleva más de una década convertido en una pesadilla para el partido de Mariano Rajoy, quien llegó a admitir más de una vez que la corrupción es lo que más daño hizo a su formación.
La investigación central comenzó en 2007, tras una denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Majadahonda, en la región de Madrid, que había recibido más de 260 mil euros como parte de la red de corrupción.
El sistema era comandado por una red de empresarios encabezados por Francisco Correa (por un juego de su apellido con la palabra gürtel, “cinturón” en alemán, la policía bautizó así el caso) que mediante sobornos y dádivas a funcionarios conseguían excepciones a los códigos urbanísticos y medioambientales para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. Diversos funcionarios y el propio Partido Popular se beneficiaron de esas dádivas y retornos por los beneficios empresariales.
En un inicio, la investigación fue instruida por el juez Baltasar Garzón, condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por haber ordenado grabar en la cárcel conversaciones entre los imputados en la causa y sus abogados.
Tras una larga investigación que se extendió por diversas regiones de España, la Audiencia Nacional anunció el último 24 de mayo condenas a una decena de empresarios y ex funcionarios que incluyeron, entre otros, 51 años y 11 meses de prisión para Correa, 33 años y 44 millones de euros de multa para el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y 15 años para su esposa.
El fallo también penalizó al Partido Popular con una multa de 245.492 euros por haberse beneficiado económicamente del caso Gürtel. Y a la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, que se benefició con regalos, se la sentenció a pagar 27.857 euros.
El PP siempre negó conocimiento sobre la trama pero el tribunal que había juzgado la primera etapa del caso Gürtel, entre los años 1999 y 2005, consideró que el PP tejió con el grupo empresarial de Correa “una estructura de colaboración estable” y, simultáneamente, un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”.
En ese tiempo, el Partido Popular estuvo presidido, primero, por el ex presidente del Gobierno español José María Aznar y, luego, por Rajoy, que sigue al frente de la formación.
El sistema funcionaba con la manipulación de la contratación pública central, regional y local a través de una relación estrecha y continua de Correa con influyentes militantes del partido que han sido juzgados en la causa.
Según el tribunal, formado por tres jueces, parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción “sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B”.
En ella, según la sentencia, las partidas “se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas”, como las atribuidas a Luis Bárcenas.
Se hacían constar en esa contabilidad paralela “ingresos y gastos del partido” o en otros casos “cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.
Los magistrados matizan que estos últimos aspectos se incluyen en la sentencia “únicamente” para “precisar el contexto” de los hechos enjuiciados, pues la caja B se juzgará en un procedimiento distinto.
El juicio, que empezó a finales de 2016 y duró trece meses, fue ampliamente seguido por los medios españoles y contó con la presencia como testigos de destacados políticos, entre ellos, el propio Rajoy.
La condena anunciada la semana pasada fue la primera a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia, se produjo “un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado”, en tanto que los actos delictivos de la trama “produjeron beneficios económicos cuantificables al PP”.