La amplia amnistía laboral y la renegociación de los convenios colectivos que impulsa Cambiemos, además del mentado procedimiento de crisis, son algunos de los temas abordados por Socompa con el ex asesor de la CGT. El quietismo de la CGT y los “sapitos” de cara a la posible unidad del PJ cerraron una charla que analiza punto por punto la reforma que alienta el gobierno. Datos claves para no caer en posibles trampas.

Es una costumbre de este gobierno. Lo que no puedan sacar por ley, lo quieren meter por la ventana”, dice Héctor Recalde. El abogado, especializado en derecho laboral y ex asesor de la CGT, además de diputado nacional entre 2005 y 2017, hace referencia a la intención de Cambiemos de avanzar con la reforma laboral integral que naufragó en el Congreso, ahora, mediante la renegociación de los convenios colectivos en las mesas sectoriales que promueve el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Su lectura también apunta a la posible sanción de un amplio blanqueo laboral. “Es la promoción del negreo. Un proyecto injusto que deroga todas las reparaciones que recibe el trabajador que no está registrado y que están prescriptas en la legislación actual. Llegan al colmo de otorgarle al empleador un año para blanquear, que es como decirle que siga negreando. Para peor lo exime de todas las penalidades”, precisa Recalde.

Se sabe. El gobierno está urgido. El FMI puso la reforma laboral al tope de sus “sugerencias”. Apenas un repaso: reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, permitir que se pague fraccionado el aguinaldo y habilitar la creación de un banco de horas con jornadas de hasta doce horas.

-¡Qué más quisiera uno que el trabajador quede blanqueado! ¿Pero por qué le quitan al laburante las reparaciones? Uno podría admitir que eximan al empleador de las multas. Se trataría de una suerte de amnistía; pero amnistía a costa del Estado, nunca a costa del laburante”, dice Recalde.

-¿Puede dar resultado?

-Esas medidas nunca resultaron. Menos en el contexto de la política de Cambiemos. En 2015, el trabajo en negro estaba en el orden del 30 por ciento. Hoy, ronda el 64 por ciento. La razón de esto hay que buscarla la inacción del Estado.

-Que las leyes se cumplan poco y mal, o que directamente no se cumplan, se podría decir que es casi una patología argentina…

-Es cierto. Esa patología existe y se da también con las leyes laborales; pero este gobierno agravó la falta de detección y fiscalización. Nosotros, aunque con deficiencias, siempre mantuvimos la impronta de un Estado que cumple su rol de garantizar los derechos del trabajador. Para Macri, el Estado es el adversario. La mejor política laboral es la que hace cumplir las leyes. Cambiemos no lo hace.

-¿Qué lectura hace del fondo de desempleo que impulsa el gobierno?

-Es inconstitucional. Viola el artículo 14 bis que protege contra el despido arbitrario. ¿Cuál es esa protección? El límite que se pone el empleador al obligarlo a pagar una indemnización. El proyecto quita ese límite porque subvenciona el despido con los aportes patronales a un fondo de desempleo. Da lo mismo despedir que no despedir. Incluso es inequitativo para los empleadores, porque el que no despide contribuye a pagar lo que tendría que pagar el que despide.

-¿Y el banco de horas…? Algunos sectores desarrollan actividades que dependen de la demanda estacional…

-El banco de horas también es inconstitucional. En este caso porque viola la ley que fija la jornada de trabajo. Es una norma de 1929. ¡Qué diría Yrigoyen si viera a estos radicales formar parte de un gobierno que busca pulverizar un derecho básico!

-¿Cómo funcionaría?

-El empleador podría decirle el trabajador que este mes va a cumplir jornadas de cuatro horas, pero el mes que viene de doce y luego, tal vez, de diez horas diarias. Es un sistema aberrante. Termina con al derecho del trabajador a la vida privada. ¿Cómo administra su vida social, cultural, deportiva, cómo organiza su vida familiar? ¿Cómo hace para conseguir otro laburo, si con uno no le alcanza…?

Pasos fallidos

En el Ministerio de Producción y Trabajo admiten que la idea es replicar la negociación de febrero de 2017 por Vaca Muerta entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado y las empresas YPF, Pan American Energy y Total Austral. El que festejó Macri en la Casa Rosada. El acuerdo implicó una flexibilización de las condiciones laborales. A cambio, las petroleras se comprometieron a evitar suspensiones y despidos. Por ahora, la agenda sumó tres fracasos. El último: el rotundo “no” que le hizo llegar Camioneros a la gestión oficial que se orientaba a reducir los costos del transporte de cargas a través de modificaciones al convenio de la actividad.

Idéntica suerte corrieron las dos primeras mesas sectoriales del año para flexibilizar los convenios de metalúrgicos y textiles. Ambas concluyeron en forma abrupta. La pérdida de puestos laborales, el cierre de fábricas y las suspensiones obraron más que el vínculo histórico que une a Sica con el metalúrgico Caló. Los sindicalistas fueron contundentes: cualquier reforma tendrá que pasar por el Congreso y analizada por la CGT. De última sería materia de discusión en las paritarias de cada sector. En el caso de los textiles, Sica consiguió lo imposible: empresarios y sindicalistas aunaron posiciones.

-Para muchos empresarios la flexibilización cambia poco y nada el panorama. Dicen que ahorrar monedas es seguir matando el mercado interno. No quieren sumar trabajadores, ni tan siquiera regalados…

-No es que no quieran bajar el costo laboral. El tema es que tienen problemas más elementales. Cuando hablo con empresarios me queda claro que sus preocupaciones pasan por las importaciones, la política tributaria, la falta de mercado interno y el costo financiero. Hoy, para ellos, el costo laboral es secundario. Pero ojo, no tenga duda que solucionado lo urgente, hay un sector empresario que irá por una drástica reducción del costo laboral.

-Otro tema que empuja el gobierno es una sostenida rebaja de las contribuciones patronales…

-Baja el costo laboral, pero desfinancia a la seguridad social. La contribución patronal tiene un sentido, y es sustentar el régimen previsional. El oficialismo intenta subrepticiamente privatizar todo o una parte del sistema, volver a las AFJP. No hay mala praxis. Es un gobierno neoliberal. Puede que incurra en algunos errores, pero la concepción que tiene es clara.

-Hay una cuestión que está dando vueltas hace rato. Es el tema de la irrenunciabilidad a los derechos laborales que desde el gobierno y la UIA intentan relativizar.

-Lo que está en juego ahí es el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la irrenunciabilidad a los derechos laborales. En otras palabras: nadie puede renunciar a los derechos que establece la ley o el convenio. ¿Quién puede pensar que alguien renuncia graciosamente a su derecho? Si alguien lo hace es porque está apretado. Muchas mejoras no están en la ley ni en el convenio porque surgen de las luchas de las comisiones internas más combativas… ¿Son también renunciables esos derechos? Es un disparate.

Venga a discutir y explique

Durante los últimos doce meses se destruyeron 130 mil puestos de trabajo. El peor registro desde 2002. Los datos negativos se verifican en casi todas las provincias, motorizados por los pésimos resultados que exhiben el comercio, la industria y la construcción. Sobran ejemplos. Las expectativas de los empresarios sugieren que la crisis continuará. La búsqueda de personal por parte de las empresas se encuentra en el punto más bajo de los últimos dos años. Los cierres de fábricas están a la orden del día y los pedidos de procedimiento de crisis se multiplican.

“Es un tema que está muy mal informado. El procedimiento de crisis está en la ley de empleo. Lo que estipula la norma es que si una empresa tiene en sus planes despedir a más del diez por ciento de su dotación debe concurrir a la Secretaría de Trabajo. ¿Qué le dice…? Qué pare la mano, venga a discutir y explique. ¿Para qué? Para ver si en ese ámbito se puede llegar a un acuerdo entre el empleador y el sindicato”, explica Recalde.

-Sería como un período de conciliación obligatoria…

-Ni más ni menos. Que la empresa cumpla con el procedimiento no le consagra el derecho a pagar media indemnización. Seguramente lo hará, no quiero escapar a la realidad, puede hacerlo, pero corre el riesgo de afrontar un juicio. Va a tener que acreditar que hubo un hecho de fuerza mayor. Ahora, claro, el trabajador debe cuidarse de no renunciar al derecho a una indemnización plena. Si el sindicato acepta un acuerdo con la empresa y ese acuerdo figura como una conciliación, entonces hay cosa juzgada y no hay derecho a reclamo. Si no hay conciliación hay posibilidad de hacer juicio…

-Lo van a acusar de fomentar otra industria… la del juicio…

-¡Otra industria que está en crisis! No, de verdad, fuera de broma. Los juicios por accidentes de trabajo bajaron a la mitad porque hay miedo a reclamar. Y esto vale para el que está trabajando, pero también para el que fue despido. En este último caso por el temor al que el anterior empleador informe que hizo juicio. Pero hay otra cuestión: la obligación de ir antes del reclamo judicial a la comisión médica que debería resolver las diferencias entre la aseguradora y el trabajador.

-¿Esa comisión es la que dictamina sobre el accidente laboral o la enfermedad profesional?

-Determina la naturaleza del accidente o la enfermedad, el grado de incapacidad y el tratamiento. La concurrencia obligatoria no respeta la constitución porque veda el acceso a la justicia. Hay provincias enormes donde existe una sola comisión. ¿Qué razón hay para que el trabajador se vea obligado a recorrer cientos de kilómetros? Además, habría que investigar quiénes son los médicos que las integran. A nadie escapa que existe un enorme negocio alrededor de las aseguradoras de riesgos de trabajo.

De unidades y sapitos

Pese a que ya no se desempeña como asesor de la CGT, Recalde mantiene una sensibilidad especial para auscultar al movimiento obrero. Se diría que sus vínculos están intactos. “Son muchos años de trabajar codo a codo con muchos gremios. Con Hugo Moyano, por ejemplo, estuvimos distanciados por cuestiones políticas, pero retomamos el diálogo. Hablamos cada tanto. Además, con muchos dirigentes sindicales me cruzo en actos partidarios y en las marchas convocadas por la Corriente Federal, que es mi actual ámbito de militancia”, explica ya sobre el final de la entrevista.

En noviembre de 2017 se despidió de su banca en diputados. Lo hizo con un conjunto de legisladores históricos de la etapa kirchnerista, como Juliana Di Tullio, Carlos Kúnkel, Carlos “Cuto” Moreno, Edgardo Depetri, Teresa García y Diana Conti. “Fueron muchos años. Luego de las elecciones de 2015, desde la presidencia del bloque me tocó administrar pobreza y derrota. Fueron dos años muy duros en los que pasamos momentos terribles, como el desafuero de Julio De Vido”, recuerda. A la pregunta sobre si hubo cómplices prefiere no responder. Dice que, ahora, lo que cuenta es la unidad y no la revisión objetiva de quiénes votaron qué.

-¿Cómo ve a los gremios parados frente a toda esta discusión que plantea el gobierno en torno a la flexibilización laboral?

-Parados… La debilidad individual del trabajador se expresa también en el orden colectivo. Marx hablaba del ejército de reservas. El temor a la desocupación paraliza. Esto más allá de que en el movimiento obrero haya sectores más combativos que otros. También hay un juego de poder que debilita a las estructuras. Me parece, sin embargo, que se viene una reacción de la CGT. De cualquier modo, creo que hay omisiones inentendibles…

-Por ejemplo…

-El salario mínimo vital y móvil se estableció por última vez en agosto del año pasado. Luego vino una brutal devaluación y la espiralización inflacionaria. La CGT debería haber reaccionado de inmediato exigiendo la convocatoria al Consejo del Salario.

-¿Según su experiencia, se puede pensar en la unidad del movimiento sindical?

-Difícil. Se puede pensar en una convergencia, pero no en una sola central. El movimiento obrero argentino se caracteriza por resistir. Ha garantizado un piso a los derechos sociales y laborales. Se ve con mucha claridad cuando se compara lo que sucede aquí con el resto de América latina. Hay una enorme cantidad de centrales, organizaciones y corrientes. A esto se suman Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita, que tienen mucha gravitación social. La unidad se dio en algunos momentos históricos, pero esas experiencias duraron poco. Lo que hay que buscar es la unidad en la acción. Y tiene que venir desde abajo.

-¿Y la otra unidad, la del peronismo?

-Aspiro a que Cristina sea candidata. En este momento no hay una persona con su capacidad y experiencia. Pero bueno, es mi deseo. Está claro que de una crisis como a la actual no se sale sin una coalición muy amplia. Habrá que tragarse algunos sapitos si queremos ponerle límite a Macri. Obviamente, primero debe haber un programa; luego vendrán los nombres. Lo importante es que no aparezca un Julio Cobos.

-¿Quiénes serían los impresentables?

-No, no quiero hacer nombres. Evita decía que bienvenido los rezagados. Me animaría a agregarle que bienvenidos, pero a la cola.

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