La obra se demora, los subsidios energéticos crecen y la importación de combustibles se devora el superávit comercial. La sintonía fina nunca termina de llegar. Ayer y hoy, la misma piedra.

Solo se trata de sobrevivir. Esa parece la historia y no otra. El gobierno ya casi no gobierna, se diría que solo administra. La interna a cielo abierto deshilachó las mejores intensiones. También la pandemia, el contexto internacional, la deuda heredada y la no menos recalcitrante postura del núcleo duro del empresariado que se expresa políticamente desde la Asociación de Empresarios Argentinos.

En medio de la tormenta económica y política, Alberto Fernández perdió al ministro que realizó la más aguda crítica sobre los límites estructurales con los que se topó el modelo que pusieron en marcha Néstor y Cristina Kirchner. La famosa lapicera -que con regocijo La Nación afirmó que Alberto “usó en su propia contra”- le ganó al lápiz fino que proponía Matías Kulfas. La sintonía fina que prometía Cristina al final de su primer mandato y que nunca termina de llegar.

Hoy, la crisis energética, que se traducirá en importaciones que como mínimo treparán a unos 8 mil millones de dólares este año, amenaza con devorarse el superávit comercial. El corto plazo manda. La dinámica pone en jaque a las reservas del BCRA y redobla la presión que implican las de por sí súper exigentes metas que reclama el FMI. El mismo problema que estranguló las cuentas públicas entre 2009 y 2015, obligó a incrementar las regulaciones sobre la cuenta de capital, instrumentar el llamado cepo cambiario y endurecer el discurso político. Ayer y hoy, la misma piedra.

La larga y tediosa tragedia de enredos que cultiva la coalición de gobierno desde las últimas legislativas, la que caracterizó Kulfas en su renuncia como un “internismo dentro del internismo” que “paraliza la gestión racional del sector de energético”. También otros, por cierto. Kulfas, sin embargo, le apuntó al corazón del cristinismo energético cuando señaló como un desafío no resuelto “salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige desde hace dos décadas, tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico”.

Lo que escribió en “Los tres kirchnerismos”. El libro es de 2016. Nada nuevo. Cristina dicen que nunca se lo perdonó. Concretamente, Kulfas acusó a los funcionarios del área energética de tener como único objetivo atrasar las tarifas. También de no poder siquiera diseñar “un sistema de segmentación de tarifas para cobrarle a los ricos y sectores de ingresos medio altos una boleta de luz y gas sin subsidios”.

Desde Enersa le respondieron vía twitter que “es miópico afirmar que las importaciones de energía atentan contra las reservas”. Extraño argumento. Fueron por más. Ya no contra Kulfas. Señalaron que “una familia de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy pagan el pan por encima de $300 el kilo, la carne por encima de los $1.000 el kilo y la leche por encima de los $150 por litro”. Munición gruesa que acompañaron con un “no satisfecho con los pésimos resultados de la gestión, se muestra preocupado por los subsidios a la energía (…) ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de $50.000 de luz y gas?”. Un tiro por elevación para Alberto Fernández y Martín Guzmán. Alimento para la oposición. Esperanzas que se esfuman.

Como sea, la urgencia es por demás evidente. Solo en el primer cuatrimestre de este año, los subsidios a la energía alcanzaron los 3 mil 800 millones de dólares. Cuatro veces más que en el mismo período de 2019, según la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Una situación disparatada de cara a un potencial exportador de Vaca Muerta que se calculan en 30 mil millones en un mundo sediento de energía.

En lo inmediato, la concreción de la mayor obra pública en carpeta sigue en veremos. Lo mismo que la licitación larga de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por si fuera poco, el supuesto direccionamiento denunciado por Kulfas pone en zona de riesgo la construcción del gasoducto diseñado en tres tramos por Enarsa y que incluye cuatro pliegos.

El primero implica el tendido de 220 kilómetros con un caño de 36 pulgadas desde Tratayén hasta la zona centro del país, contempla el paso por debajo del río Colorado y la instalación de una planta compresora en la cabecera de Transportadora Gas del Sur (TGS). Es el más complejo. El segundo supone 133 kilómetros de tendido por la Provincia de Buenos Aires y -según lo especialistas- no presenta grandes dificultades. El tercero, al igual que el primero, es de alta complejidad. Atraviesa una zona inundable y la construcción de instalaciones en el punto que conectará con el gasoducto Neuba II. El cuarto pliego establece la construcción del gasoducto Mercedes-Cardales en 30 pulgadas y la extensión del gasoducto Neuba II. Unos 70 kilómetros.

Aunque la licitación esta diseñada para que cada oferente solo pueda adjudicarse un tramo, existe una salvedad. Dos compañías podrían participar mediante una Unión Transitoria de Empresas en diferentes tramos, tanto en el tenido como en las obras complementarias. Si no se pelean entre ellas es probable que cada una de las que participe termine como adjudicataria de al menos una parte del proyecto. Hay para todos y son pocos los jugadores que pueden tallar. El principal es archiconocido: Techint Ingeniería y Construcción.

¿Los otros? Según el sector empresario, un es Sacde S.A., empresa del rubro petrolero-energético que pertenece a un grupo de inversores controlado por Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, quienes en conjunto cuentan con el 76,8 por ciento de las acciones. Los dueños de Pampa Energía, que antes pertenecía a Ángelo Calcaterra, el alter ego empresario de Mauricio Macri. Otro jugador de peso es Víctor Contreras S.A., también anclada en el negocio del petróleo y la energía. Tal vez, después de Techint, la firma más importante dedicada a la construcción y tendido de ductos de gran diámetro. El lote de oferentes se cerraría con BTU S.A., de Carlos Mundín, otra compañía con larga experiencia en el tendido de gasoductos de alta presión.

Quienes conocen el paño estiman que son las únicas que pueden cumplir con los requisitos en la construcción y tendido de 75 kilómetros de caños de 30 o más pulgadas con posterioridad al primero de enero de 2016. La exigencia técnica no estaba en el borrador que confeccionó Antonio Pronsato desde la Unidad Ejecutora hasta su sorpresiva salida de Enersa, la empresa pública del sector petrolero y energético encargada de la licitación y que comandan Agustín Gerez y Gastón Leydet, dos hombres que responden a Cristina. Los pliegos los terminó de redactar Gastón Dalla Cia, un ingeniero que asumió en agosto de 2020 como director de Construcciones.

Por lo pronto, la licitación seguirá parada. Al menos hasta que el juez federal Daniel Rafecas se expida sobre la denuncia de Kulfas sobre el supuesto armado de un pliego a la medida de Techint por requerir una chapa con 33 milímetros de espesor y no de 31. Antes habrá un verdadero desfile por el juzgado. La semana que viene será el turno de especialistas de las empresas de TGN y TGS, Enargas y la Facultad de Ingeniería de la UBA. Servirá, según el juzgado, para obtener un “mejor acercamiento técnico” al tema y obtener precisiones sobre “las necesidades de volúmenes de transporte” y “las exigencias técnicas para concretar dicho transporte”. También deberán declarar Pronsato y especialistas de Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral -cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta- para que expliquen los “requerimientos técnicos” necesarios para la construcción del gasoducto. Un verdadero engorro.