La ley que impulsó el boom exportador venció y la definición del nuevo marco regulatorio ya tiene dictamen de comisión en Diputados. Lo que está en juego: los porcentajes de bioetanol y biodiesel para las naftas y el gasoil. Un negocio de 2.700 millones de dólares anuales en donde pugnan las grandes productoras ligadas al agronegocio exportador, las pymes que producen para el mercado local y las petroleras. Un tema que también divide aguas hacia el interior del oficialismo.

Los biocombustibles provienen de la biomasa y en nuestro país son dos las matrices más desarrolladas: el bioetanol y el biodiesel. El primero proviene de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente de la caña de azúcar y el maíz. El segundo se extrae de la soja. El sector eran prácticamente inexistente en 2006. Hoy, existen más de 50 plantas productoras esparcidas en ocho provincias. La norma permitió darle un uso alternativo a la producción de caña de azúcar y ayudó a desplazar los combustibles que se importaban, como el gasoil, cuando los precios del crudo tendieron a moverse en niveles altos.

La industria del biocombustible registró un crecimiento exponencial en los últimos quince años. De tener una participación marginal en el comercio internacional pasó a convertirse en el primer exportador mundial de biodiesel en base a soja. La producción saltó de 2006 a 2020 de 600 mil a cerca de 3 millones de toneladas. En el caso del bioetanol – que se produce con caña de azúcar -, los volúmenes saltaron de 10 mil a 500 mil metros cúbicos en 2019, con una caída 350 mil metros cúbicos durante el año pasado a raíz de la pandemia.

El boom está asociados al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles sancionado en 2006. La norma, que venció en mayo último, dispuso que el biodiesel y el bioetanol quedaran desgravados del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. A su vez, estableció un corte obligatorio para los combustibles fósiles utilizados en el transporte: del 5 por ciento de bioetanol para la nafta, y del 7 por ciento de biodiesel para el gasoil. Cortes que se incrementaron desde 2010 hasta alcanzar el 12 por ciento en el primero de los casos y 10 por ciento en el segundo.

Hoy, prácticamente la totalidad de las exportaciones de biodiesel tienen como destino la Unión Europea y corresponden a lo producido en la provincia de Santa Fe. Allí están las plantas de mayor tamaño: Renova, propiedad de Glencore; T6 Industrial, de Aceitera General Deheza y Bunge; LDC Argentina, de Louis Dreyfus; COFCO, integrante del holding estatal chino de procesamiento de alimentos; y Molino Agro, del grupo Perez Compac, entre otras de menor tamaño.

La renta petrolera y el negocio de los biocombustibles

Antes de analizar el alcance del proyecto oficial que tuvo dictamen de comisión esta semana en Diputados y de revisar quiénes son los jugadores y qué intereses cruzados los mueve es imprescindible subrayar una cuestión central: en nuestro país no se conoce de manera oficial y pública cuáles son los costos de producción de los biocombustibles, ni los de extracción de los combustibles fósiles. Se trata de una cuestión central.

Las empresas los guardan bajo siete llaves. La opacidad manda. Tanto como la negativa de las compañías a blanquear sus estructuras de costos. La anécdota es conocida, pero vale recordarla. Cuando en una interpelación en el Congreso se le preguntó el entonces ministro de Energía José Aranguren cuál era el costo promedio de extracción de los hidrocarburos dijo desconocerlo. Imposible en su caso. Trabajó más de treinta años en Shell y reconoce tener participación accionaria en la Royal Dutch Shell. Es obvio, no lo quiso revelar. ¿Por qué? Sencillo: no es lo mismo extraer petróleo en el Mar del Norte – el que fija el precio mundial del barril – que en Vaca Muerta. En la Argentina, la renta – que surge de la diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y su precio internacional – es seguramente abismal.

Dicho esto, el problema es que los principales productores y comercializadores de biocombustibles son los mismos que concentran el grueso del total de las exportaciones de biodiesel y bioetanol. Un puñado de 17 empresas, en su mayoría insertas en el agronegocio. Son las que a su vez representan el 40 por ciento de las exportaciones, generan la “oferta” local de dólares y, al mismo tiempo, las primeras en demandar divisas para atesorarlas dentro o fuera del país. La famosa fuga de capitales. Adicionalmente, esas mismas firmas, por la tecnificación del agronegocio, cada vez demandan más dólares para adquirir máquinas e insumos que no se producen en el país.

¿Quiénes son los otros principales actores del negocio? Las mezcladoras: YPF, Pan American Energy y Refinor, esta última una sociedad constituida por YPF, Pampa Energía y Pluspetrol. Son las que tienen intereses encontrados con los productores de biocombustibles. No es lo mismo el pool del agronegocio que la industria extractiva de las cuencas hidrocarburíferas. En el primer sector juega un rol determinante el capital financiero y una organización empresaria que controla la producción agropecuaria mediante el arrendamiento de grandes extensiones de tierra y la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte.

Una cosa es vender un producto en bruto – semillas y granos – y otro muy diferente producir petróleo y gas natural, o refinar combustibles. Las grandes productoras de biocombustibles, ligadas estrechamente al sector agroexportador, pretenden que la distribución de la renta del combustible se mantenga como está y, de ser posible, que se amplíe la participación del sector en los mercados local e internacional. Argumentan que los biocombustibles son el futuro y que se debe reemplazar todo lo que se pueda el uso de combustibles fósiles.

El escenario, complicado de por sí, se complejiza todavía más. También juegan en el negocio las pymes que producen biodiesel y bioetanol solo para el mercado local. Buscan obtener mayores cuotas de participación, además de mayores precios y tasas de corte.

A las petroleras, en cambio, les interesa que la participación del sector de la bioenergía – en términos de tasas de corte – sea el menor posible. De esta forma retienen una mayor parte de una renta, que actualmente deben compartir con las productoras de biocombustibles. En los márgenes de la pugna aparecen además las automotrices, preocupadas por la inversión adicional que significaría para las fábricas adaptar los motores a las nuevas exigencias emergentes de un cambio de régimen.

Hoy, la ley que impulsó el boom de los biocombustibles y la llamada “industria verde” está cuestionada por los refinadores de petróleo. No están dispuestos a que continúe el porcentaje de corte. Aducen que se encarece de sobremanera el bien final: los combustibles que se usan para el transporte. Una reducción de los porcentajes de corte también beneficiaría al Estado. El motivo: se ampliaría el volumen alcanzado por el pago de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Qué dice la iniciativa oficial

Por lo pronto, el dictamen de las Comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados tiene chances de convertirse en ley. Las grandes productoras de biodiesel en base a soja aceptaron que se reduzca el corte del 10 al 5 por ciento para el gasoil. En el caso de la nafta, el corte quedaría en el 12 por ciento y el abastecimiento lo realizarían las elaboradoras de bioetanol: un 6 por ciento en base a caña de azúcar y el resto en base a maíz.

Conclusión: las grandes empresas que producen biodiesel ceden en la soja, pero mantienen su participación en el negocio con el corte a partir del maíz. En el caso del bioteanol de caña de azúcar, el principal beneficiado sería el Centro Azucarero Argentino. En especial sus dos principales socios. Uno es el Ingenio Ledesma de los Arrieta-Blaquier. El otro es el Ingenio Concepción del Grupo Luque, que en marzo último declaró en quiebra su negocio supermercadista: cerró 20 sucursales en cuatro provincias y dejó un tendal de 1.200 despidos. Su principal accionista, Emilio Luque, adquirió a título personal casi 18 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos.

Finalmente, el dictamen extiende el plazo de la promoción hasta 2030 y faculta a la Secretaria de Energía para subir o bajar los porcentajes de corte en función del abastecimiento de la demanda, el resultado de la balanza comercial, la necesidad promover las inversiones en economías regionales o por cuestiones ambientales y técnicas. Además, los cortes podrían reducirse hasta el 3 por ciento si el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudieran distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor.

Un balance complejo

Si bien la quema de biocombustibles por un motor genera menos gases contaminantes que la quema de combustibles fósiles – libera a la atmósfera carbono que fue previamente captado por el vegetal vivo -, no menos cierto es que para producir caña de azúcar, maíz y soja también se consumen hidrocarburos para plantar, cosechar y convertir esos insumos en biocombustibles. Además, la producción biodiesel y bioetanol también afecta al medio ambiente por la vía de la deforestación – en los casos de la soja y el maíz – y los residuos – en el caso de la caña de azúcar -.

Un análisis de la situación lleva a pensar que los biocombustibles que generan las grandes empresas ya forman parte de sus capacidades productivas y serán volcados al mercado de todas maneras, ya sea al interno o al externo, aunque esto dependerá de una compleja ecuación económica en la que juegan los precios relativos entre el petróleo, los propios biocombustibles y los que se registran en los mercado de granos y del azúcar; además de los precios sostén, los subsidios, los impuestos a la exportación e importación y los tipos de cambio especiales que pudiera tener cada producto.

Por lo pronto, queda claro que el precio final de los combustibles en nuestro país tiene un amplio margen de ganancia y renta. A las grandes empresas la ecuación les cierra incluso sin el apoyo estatal. De allí que sea totalmente razonable disminuir los subsidios, como es el caso de llevar del 10 al 5 por ciento el corte de biodiesel en la nafta, aunque se haya tenido que aceptar continuar subsidiando el corte del 12 por ciento con bioetanol para el gasoil.