Recalibrando

Devaluado por la falta de resultados, Sturzenegger quedó desplazado del centro de la escena. De ahora en más, las metas de inflación las fijará el Ejecutivo y no el BCRA. Peña y Dujovne, los ganadores de una interna que viene de lejos. Dos de años de gestión y un futuro incierto.

Cuando Federico Sturzenegger presentó a fines de septiembre del año pasado el Régimen de Metas de Inflación quedó en claro que Cambiemos buscaría subordinar el nivel de actividad de la economía, el mercado laboral y la distribución de la riqueza al combate contra la inflación. La madre de todas las batallas, según el gobierno. En aquella ocasión, el titular del Banco Central (BCRA) se comprometió a alcanzar un inflación de entre el 12 y el 17 por ciento anual en 2017. Dijo, incluso, que se trataría de un combate sin mucha complejidad. De allí en más, en cuanta oportunidad tuvo, insistió en que “modificar la meta sería carecer de meta”. La realidad, sin embargo, lo desbordó y dejó en evidencia que la tasa de interés no es la única ni la principal herramienta para bajar la inflación.

La sacrosanta independencia del BCRA quedó desdibujada. Trago amargo para el gobierno. Ni qué decir para Sturzenegger, que se veía a sí mismo como una réplica a pequeña escala del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin muchas vueltas, Nicolás Dujovne tomó la posta y, respaldado por Marcos Peña, apeló al eufemismo de “recalibrar las metas” y definió el golpe de timón como “un sendero alternativo”. La idea de alcanzar una inflación anual del 5 por ciento quedó para 2020. Dujovne justificó: “No teníamos la información que tenemos hoy”. En un intento por despejar dudas, Peña abundó: “Queremos transmitirle a los argentinos la tranquilidad de tener un equipo de excelentes profesionales”.

Por el momento, los resultados no avalan la afirmación de Peña y, como mínimo, hacen difícil de creer lo dicho por Dujovne. Algunos, con el diario del lunes, aseguran que la decisión de Macri de recortarle grados de libertad a Sturzenegger era cuestión de tiempo. Sostienen que la determinación estaba tomada. Que solo se retrasó para que no entorpeciera la aprobación del Presupuesto 2018. Lo cierto es que la desavenencias entre el BCRA y el ala política de Cambiemos vienen de lejos. Se remontan a la salida de Alfonso Prat Gay. En su momento, Macri arbitró en favor de Sturzenegger. Hoy, casi le soltó la mano.

Para bajarle el tono a la polémica, en el gobierno aseguran que las metas recalibradas son consistentes con el resto del programa macroeconómico y que simplemente implican retrasar un año el objetivo. Lo concreto es que el año cerró con un avance de los precios del orden del 25 por ciento y que la inflación tomará un nuevo impulso en los primeros meses de 2018 de la mano de los nuevos aumentos en las de tarifas.

Interrogantes, muchos; resultados, pobres

El gobierno tardó varios meses en reconocer lo que propios y extraños vienen señalando desde hace tiempo. Por un lado, que la tasa de interés no alcanza para frenar la inflación. Por el otro, que la falta de coordinación entre el BCRA y una conducción económica atomizada y obsesionada por reducir el déficit fiscal generó gruesos desbalances en el comercio exterior y un creciente saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Dos caras de una misma moneda que, hasta ahora, se compensó con dosis crecientes de endeudamiento público.

Cambiemos cumplió dos años de gobierno. Los interrogantes son muchos y los resultados muy pobres. Los brotes verdes, sostenidos con endeudamiento público y privado, amenazan con secarse. La lluvia de inversiones no llega y el rebote de la actividad económica amenaza con diluirse. ¿Cambio de rumbo? Nada lo presagia. El reformismo permanente del que habla Macri ya no entusiasma al círculo rojo. El famoso y variopinto conjunto de decisores y formadores de opinión otra vez se impacienta. Vuelve por sus fueros y reclama mayor celeridad. Pide ejecutar las reformas prometidas.

Encerrado en un plan económico que carece de realismo económico, todo hace suponer que Macri apelará al bisturí liberal. Algunos datos permiten transitar la hipótesis. El dólar barato será parte del pasado. Algo de eso comenzó a palparse en las dos últimas semanas. Lo exige la necesidad de compensar el fuerte déficit que arroja el comercio exterior por la apertura importadora. Por otro lado, la obra pública, principal motor del rebote en el nivel de actividad, comenzó a desacelerarse. Aquí juega el déficit fiscal, acrecentado por la decisión de resignar recursos. El ritmo actual es insostenible sin mayores ingresos. De allí que el gobierno intente seducir a las grandes empresas con el demorado programa de participación público privada.

Sobre el tema obra pública vale la pena poner algunos números sobre la mesa. Terminadas  las elecciones legislativas, el Estado nacional y las provincias recortaron los desembolsos. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, cayeron en octubre casi un 28 por ciento con respecto al mismo mes de 2016. Los gestionados por el Ejecutivo lo hicieron un 32 por ciento y los ejecutados por las provincias un 18,5 por ciento. Los mayores ajustes se registraron en vivienda (-82% i.a) y en energía (-25% i.a.). Esto en un contexto donde las partidas registraban a poco de terminar el año una importante sub ejecución (66%).

No es el único ajuste. También cayeron las transferencias al sector privado. En este caso a raíz de los aumentos de las tarifas. Los datos del documento elaborado por el centro de estudios señalan que las transferencias corrientes por servicios económicos exhibieron en octubre una baja del 50 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. La mayor parte por la caída en los subsidios a la energía (-64,7% i.a.) y, en menor medida, al transporte (-1,5% i.a.). Estos recortes, sumados a la sub ejecución de lo pautado para obra pública, le permitieron al gobierno comprimir el gasto público, que se expandió solo un 12,2 por ciento, muy por debajo de la inflación. Sin embargo, y en contrapartida, las erogaciones por el pago de los intereses de la deuda pública se dispararon un 88 por ciento.

Otra vez el “costo argentino”

El gobierno se reitera y se incomoda. La realidad no se acomoda a su lectura. Como si se tratara de un mantra, repite que los impuestos ahogan la actividad privada y que es imprescindible reducir el famoso “costo argentino”. Las reformas previsional y tributaria apuntan en esa dirección. Por el momento, la reforma laboral quedó pendiente, no abandonada. Será tema de debate el año que viene. El principal escollo para el proyecto de Cambiemos será la tolerancia del mundo laboral. Reducir el costo laboral es recortar el ingreso de los hogares. Habrá que ver cómo tallan los sindicatos, y en especial la CGT. Por lo pronto, el gobierno buscará ponerle un techo a las paritarias. Tarea compleja, donde las intenciones más o menos conciliadora de la dirigencia gremial pueden toparse con el descontento de las bases.

La cuestión discurre por un carril muy alejado del políticamente correcto espacio donde el gobierno y los gobernadores pergeñaron la forma de repartir el costo del ajuste. Las jornadas que se vivieron en la Plaza Congreso durante el debate por la reforma previsional hablan de un rechazo que podría extenderse. El costo previsional demostró ser flexible a la baja. El laboral no promete tanta flexibilidad. Es obvio: el gobierno puede, y de hecho pudo, militarizar el Congreso. Difícilmente pueda hacer lo mismo de cara a una masiva protesta sindical.

Cambiemos se abre, el mundo se cierra

Sobre el final del año, el gobierno vio alejarse una posibilidad cuidadosamente alentada: la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el imaginario oficial, la rebaja de costo laboral permitiría un incremento de la competitividad reforzada por el acuerdo entre ambos bloques. Según Cambiemos, se trata de condiciones ineludibles para una inserción exitosa en la economía global. El mundo feliz se completa, aunque sin garantías, con un horizonte de expansión y generación de divisas que volverían sustentable el actual endeudamiento.

Hasta el momento, y nada hace suponer que la situación pueda modificarse en el corto y mediano plazo, la estrategia choca una vez más con la realidad. Cambiemos quiere abrir el país cuando el mundo se cierra. La posición de Washington durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio es un dato que los funcionarios pretenden ignorar. Desde su arranque, su representante comercial de Trump, Robert Lightlizer, defendió el proteccionismo que aplica Washington y torpedeó sin tapujos cualquier posibilidad de avanzar en una agenda que implique fórmulas de mayor equidad en el comercio mundial.

En este contexto, marcado por la incertidumbre y la aplicación de aranceles, no es extraño que la negociación Mercosur-Unión Europea esté estancada. Francia, al igual que otros países europeos, se muestran contrarios a permitir el ingreso de bienes agropecuarios que compitan con sus productores. Ofrecen poco, casi nada, y piden mucho. De hecho, las exigencias europeas amenazan la producción local y brasileña de electrodomésticos, a las metalmecánicas y a la industria automotriz. El fracaso, por ahora, se traduce en un duro golpe al entusiasmo con que Cambiemos abordó la negociación; pero también en un respiro para la industria nacional, que teme perder el mercado brasileño frente a la competencia europea.

Panorama incierto

Panorama económico 2018 se presenta, como mínimo, complejo. Quienes tienen una visión crítica subrayan que el gobierno quedó atrapado producto de su lógica. Resignar recursos acrecentó la necesidad de endeudamiento. Ahora, acuciado por números que no cierran, aplicó el freno a la obra pública y aceleró el incremento de las tarifas para recortar gastos. En un contexto donde la inversión privada escasea, la inflación no cede y el mercado laboral no reacciona, los ingresos de las familias se deterioran y la demanda se estanca. Para peor, la deuda en divisas con acreedores privados se duplicó en apenas dos años y, en paralelo, se registró un agravamiento del déficit comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La pregunta es sencilla: ¿Hasta cuándo podrá Cambiemos apelar al endeudamiento para hacer girar la rueda de la economía? La respuesta habrá que buscarla en las condiciones financieras internacionales, pero también en la aceptación social del ajuste que promueve el gobierno. No todo es economía. El humor social juega un rol central. Los inversores, sea que apuesten al corto o al mediano plazo, saben que si la protesta gana la calle, sus posibilidades de obtener las ganancias prometidas por Cambiemos se reducen. En síntesis: el barómetro social es tan importante como los números macroeconómicos.

La conclusión es casi obvia. De no mediar una revisión de la estrategia o un improbable impulso de la inversión privada, la economía podría ingresar en una fase vegetativa. El bisturí liberal amenaza con cortar los motores que alentaron la leve recuperación del segundo semestre de 2017.