La canción es la misma

Recortes en la inversión pública, dosis crecientes de endeudamiento y una tibia mejora en las partidas sociales. La apuesta al sector privado y una agenda económica que pasa por el Congreso. Lejos de proponer un punto de inflexión, el proyecto se mantiene en los límites que marcha la ortodoxia.

Cambiemos apura el paso. De ahora en más concentrará buena parte de sus esfuerzos en la agenda legislativa. El Presupuesto 2018 y la Ley de Responsabilidad Fiscal son dos de los proyectos que buscará aprobar antes del 31 de diciembre. El primero, luego del recambio que llegará con las elecciones de octubre. El segundo, que cuenta con el visto bueno de todos los gobernadores, procurará hacerlo antes del 10 de diciembre. Cualquiera sea el escenario habrá sesiones extraordinarias. La ansiedad oficial se explica también por otras cuestiones que dependen del Congreso: las prórrogas del Impuesto al Cheque y la Ley de Emergencia Económica. Ambas leyes vencen este año. Después de las elecciones arribará otra iniciativa. La anunciada reforma tributaria. La discusión, por demás compleja, quedará para el año próximo y está atada al esquema de coparticipación federal. Un tema fiscal con reflejo político.

En el área económica del gobierno son optimistas. Sostienen que el resultado del 22 de octubre fortalecerá la posición de Cambiemos en ambas cámaras. Los debates, sin embargo, no se presentan sencillos. El oficialismo deberá tejer acuerdos sobre un escenario heterogéneo, donde cada actor buscará deslizar sus propios intereses. En especial las provincias, urgidas como siempre de fondos frescos. El Senado será clave. En Diputados, la dispersión del voto opositor juega a favor del gobierno. Nada indica que pueda unificarse. Algunos funcionarios, sin embargo, son cautos. Son los menos, pero los hay. Admiten que la dispersión les otorga margen de maniobra, pero subrayan que multiplica los interlocutores y hace más intrincada la negociación.

Los números del presupuesto

Se sabe. El presupuesto es una hoja de ruta. La historia demuestra que puede modificarse sobre la marcha. La reasignación de partidas es una tradición nacional. Que Cambiemos no haya utilizada el recursos en acceso no quita que lo pueda hacer. Pese a todo, los números indican un rumbo, y el norte del gobierno es claro: reducir el déficit fiscal. Lo confirman los grandes lineamientos de la iniciativa. El texto prevé un crecimiento del gasto primario del 14,8 por ciento; es decir: por debajo la inflación. Según la meta oficial se ubicaría en el 15,7 por ciento anual. Los principales recortes llegarán en el renglón de los subsidios económicos.

Para hacerlo, el gobierno se recostará en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. En el rubro Energía, los números que llegaron al Congreso prevén fondos por unos 103 mil millones de pesos. El monto es un 22 por ciento inferior al destinado en 2016. La poda alcanzará también al ítem Transporte. En este caso, los subsidios quedarán en el orden de los 72 mil millones. Un 5 por ciento menos. Entre ambos rubros, el ahorro equivale a un 0,7 por ciento del PIB.

El ajuste abarcará también las inversiones en Energía y Transporte. Los montos presupuestados rondan los 18 mil y los 56 mil millones de pesos, respectivamente. Aunque en términos nominales implican aumentos del 14 y del 7 por ciento, ambas subas se ubican por debajo de la inflación calculada. Idéntica situación registra el rubro Vivienda, con una asignación de 33 mil millones y un incremento de sólo el 10 por ciento. Los números tampoco son muy auspiciosos si se mira el gasto por su finalidad. Sólo en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y Educación lo presupuestado crece en términos reales. Lo hace con incrementos del orden del 22 por ciento. Le siguen Salud (17,2%) y Agua Potable (17,9%). Muy por debajo se ubican Ciencia y Técnica (13,3%) y Vivienda (11,3%).

La insuficiencia de lo presupuestado para mantener el actual nivel de inversión pública es evidente. Para salvar la situación, el gobierno apuesta al éxito del Programa de Participación Pública Privada. Las primeras licitaciones se concretarían hacia diciembre. El esquema busca atraer inversiones para obras infraestructura que compensen la paulatina retirada del Estado nacional. Los ámbitos elegidos, una vez más, son Energía y Transporte. En este último sector, los funcionarios se entusiasman con la posibilidad captar 45 millones de pesos.

En términos más generales, el proyecto prevé incrementos del 19 por ciento en los recursos totales y del 14,8 por ciento en el gasto primario. El objetivo es conocido: redondear un déficit primario del 3,2 por ciento del PIB. Un punto menos que lo estimado para este año. Según los cálculos oficiales, la economía crecerá en 2018 un 3,5 por ciento impulsada por la inversión, que llegaría al 17 por ciento del PIB. Con relación al consumo, la pauta oficial es cauta. Apenas señala que acompañará el crecimiento de la economía en su conjunto.

Párrafo aparte merece la deuda pública.  En Hacienda y Finanzas argumentan que su veloz aumento no es preocupante y que la sustentabilidad depende de controlar al gasto corriente. El cálculo oficial estima que el pago de vencimientos con acreedores privados y organismos multilaterales elevará el déficit financiero al 5,5 por ciento del PIB. La deuda, de cumplirse las previsiones, se elevaría al 31,3 por ciento del producto en 2018. Un dato más. El peso de los vencimientos por la deuda asumida desde diciembre de 2015 crecerá el año que viene un 28 por ciento. El Ejecutivo planea emitir unos 33 mil millones de dólares. Del total, 13 mil millones serán para refinanciar vencimientos.

El empleo estancado

La hipótesis oficial es simple. Señala que si la economía crece y el gasto total en términos reales se mantiene, el resultado será una reducción del déficit en términos del PIB. En ese sentido apunta el presupuesto. La pregunta es obvia: ¿qué puede impulsar la economía si las inversiones siguen sin aparecer? Difícilmente lo haga el mercado interno. La razón es sencilla. Si la demanda laboral sigue estancada en un nivel similar al que registraba en el peor momento de 2016, luce improbable una mejora del salario real. La reducción del 0,6% de la desocupación, como reconoce el Indec, no es significativa. Está dentro del error muestral.

La supuesta buena noticia, se explica, en realidad, porque muchas personas sin trabajo abandonaron la búsqueda de empleo. Lo prueba la tasa de empleo, que bajó del 41,7 al 41,5 por ciento. Por esta razón es que la tasa de actividad -que comprende a los ocupados formales, informales y desocupados que buscan trabajo- pasó del 46 al 45,4 por ciento. El panorama pinta feo. Los datos oficiales señalan picos de desempleo de entre el 11 y el 12 por ciento en los conurbanos de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca. Aunque no es comparable con la metodología del Indec, la medición de la Dirección de Estadísticas del Gobierno porteño marca una desocupación del 17 por ciento en los barrios de la zona sur.

La urgencia del gobierno

La expresó Dujovne en el Senado cuando presentó el proyecto de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa, admiten los representantes provinciales, luce como un corsé demasiado ajustado. Más aun cuando las transferencias previstas en el presupuesto 2018 crecen apenas un 10 por ciento. La responsabilidad fiscal implica un duro ajuste: congelar el gasto primario en términos reales y el gasto total para las jurisdicciones con déficit o servicios de deuda superiores al 15 por ciento del gasto corriente. Hay otro punto central. La exigencia de no incrementar los gravámenes locales que pagan las empresas y el sector financiero.

En Hacienda afirman que las restricciones no son negociables. Para justificar la postura subrayan que el déficit consolidado (Nación y provincias) ascienda a unos 45 mil millones de dólares anuales. Un 8 por ciento del PIB. Subrayan, además, que el gasto corriente de las provincias viene creciendo en términos nominales a un ritmo del 40 por ciento interanual. Hasta el momento, tanto la Nación como las provincias cubrieron el bache con deuda. En Hacienda saben que la situación no puede prolongarse por mucho tiempo.

El panorama insinúa serios desbalances y fallas estructurales no del todo ajenas al rumbo económico elegido por Cambiemos. El caso más notorio es la inversión privada. El clima amistoso que procura construir el gobierno no tiene hasta el momento correlato en la inversión. La reticencia de las grandes empresas, sumada a la incertidumbre de las pymes de cara a un mercado interno que no termina de afianzarse, podrían secar los brotes verdes conseguidos a fuerza de obra pública. De allí que las expectativas para 2018 estén cifradas en el régimen de participación pública privada. La importancia que le asigna el gobierno es mayúscula.

La reforma tan temida

Las conversaciones sobre una reforma tributaria llevan varios meses. Por el momento, los avances son más bien escasos. Algunos dicen que son nulos. En las últimas reuniones, los gobernadores dejaron en claro que sólo están dispuestos a resignar recursos locales si antes se debate una modificación del sistema de coparticipación. Un tema pendiente desde la reforma constitucional del ’94. Quieren que el Estado nacional ceda ingresos aumentando la masa de recursos a repartir. Los tironeos entre las provincias no son pocos. Nadie quiere perder. En la Casa Rosada, en tanto, se hacen eco de los reclamos de las cámaras empresarias y ponen en la mira Ingresos Brutos.

El tema es delicado. No sólo por los aspectos legales. Hoy, en promedio, el impuesto explica entre el 75 y el 85 por ciento de los recursos propios de las provincias. Incluso en distritos como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Aunque durante el año pasado todas las provincias presentaron incrementos nominales en la recaudación, los ingresos propios no lograron superar a la inflación. La dependencia que exhiben de los giros nacionales es muy alta. Algunos ejemplos: los ingresos de origen nacional representen en Santiago del Estero al 83 por ciento del total de los recursos. Le siguen La Rioja (80%), Catamarca (79%), San Luis (76%) y Formosa 75%. En la otra punta aparecen la Ciudad de Buenos Aires (10%), Neuquén (25%), Buenos Aires (29%) y Chubut (32%).

Tensiones sin resolver

Los datos del Indec no alcanzan para sostener que la economía salió de la fase de estancamiento estructural que comenzó hace cinco años. Muchos menos presagia un horizonte de crecimiento ininterrumpido como sostiene el gobierno. Buena parte del optimismo se basa en una confusión alentada por no pocos y que proviene de equiparar el estancamiento con la inmovilidad del PIB. Dicho de otra forma: el producto puede crecer, pero no es garantía de crecimiento si no lo hace en forma sostenida. Podría agregarse que no sólo se trata de crecer, sino también de cómo se crece y a quiénes beneficia ese crecimiento.

Sin duda, el análisis es complejo. Más allá de estas cuestiones, hay un dato concreto: recién hacia marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica que elabora el Indec alcanzó el nivel que registraba a principios de 2012.

Por el momento, sólo se trataría de una fase de lenta recuperación. No sería la primera vez que el rebote de disipa. Ocurrió en luego de los rebotes de 2012 y 2014. ¿Podría la economía haber ingresado en una falsa recuperación? La pregunta no es ociosa. La alienta un dato: hoy, la inversión es muy baja. Algunos economistas sostienen que, dada la actual política económica, para dispararse una fase crecimiento deberían converger tres factores. Una fuerte licuación salarial que eleve la rentabilidad empresaria, una etapa expansiva del crédito a escala global y un aumento de los precios de las materias primas que el país exporta.

La hipótesis tiene sustento histórico. En la década del ’90, el despegue hizo pie en el recorte salarial que trajo la hiperinflación y en la globalización financiera. Algo similar sucedió con la expansión luego del derrumbe de 2000. En esa ocasión, la recuperación primero y el posterior crecimiento después se apoyaron en la licuación del costo laboral que trajo la mega devaluación. El panorama se completó  con un alza espectacular de los precios de las materias primas y las subas salariales que reactivaron el mercado interno.

En la actualidad, ninguno de esos factores está presente. El contexto internacional no es el mejor. A la inestabilidad del sistema financiero mundial se suma el avance de las políticas comerciales proteccionistas. Por otro lado, los precios de las materias primas no parecen encaminarse a un ciclo alcista. Tampoco ha existido una licuación de los costos laborales de la magnitud que pretenden las cámaras empresarias para invertir.

Se diría que el programa de Cambiemos no registra ninguno de esos hechos. Lejos de proponer un punto de inflexión, el proyecto de Presupuesto 2018 se mantiene en los márgenes que marcan la ortodoxia y difícilmente alcance para resolver las tensiones estructurales que implican los problemas de infraestructura, en déficit fiscal elevado y un endeudamiento que crece a un ritmo vertiginoso.