Postales de un país en crisis

La corrida cambiaria, el derrumbe de los activos financieros y algunos números del Presupuesto 2019. Los oscuros cuadernos de Centeno, la inquietud del círculo rojo y la primera visita del FMI. Las expectativas, por el piso; el riesgo país, por las nubes.

Bajan las reservas, se dispara la deuda y se acelera la fuga de divisas. Suben las tasas, cae la producción y aumenta el desempleo. Se renuevan los tarifazos y retrocede el consumo. La inflación no cede y crece la pobreza. Se derrumban los títulos públicos y trepa el riesgo país… Se podrían agregar otras calamidades. La lista es abrumadora, casi interminable. La recesión se instaló y se alimenta del ajuste. También de las expectativas. De las económicas, pero también de las políticas. Hoy, cuatro de cada diez equipos industriales están inactivos. Lo dice el Indec.

Se sabe: la situación es pésima. Lo nuevo son las oscuras bitácoras de Centeno que la empeoran. La Operación Gloria siembra confusión entre los nacidos y criados en el círculo rojo. La segunda generación de la famosa patria contratista. Algunas consecuencias ya se hacen sentir. El desplome de las acciones de los grupos económicos que integran Merval, la caída de la cotización de los títulos públicos y el hundimiento de los bonos corporativos son las más visibles. El riesgo país, por las nubes. Alcanzó su máximo nivel de los últimos tres años.

La inquietud del círculo rojo se comprende. Un par de ejemplos. El primero: El Grupo Albanesi. Su ceo es Armando Loson, otro presunto arrepentido. La empresa se dedica al transporte y provisión de gas natural y energía. La deuda que colocó 2016 se hundió un 25 por ciento en una semana. El segundo: el viernes, las acciones de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta un 10 por ciento y acumularon un retroceso del 65 por ciento desde enero.

Los daños colaterales del cuadernazo se multiplican y la tradicional reticencia a invertir de los grandes grupos económicos amenaza con acentuarse. La estrategia funciona como un veto político. Es conocido. Lo experimentó el kirchnerismo. Se lo recordó a Macri el titular de la UIA, Miguel Acevedo. “No somos todos lo mismo”, dijo horas después de la detención del ex ejecutivo de Techint Héctor Zavaleta. Acevedo no hizo nombres. Solidaridad de clase que le dicen. Lo cierto es que le apuntó a la gran apuesta de Cambiemos para surfear la recesión: el Programa de Participación Público Privada (PPP). En pocas palabras: Acevedo pidió control de daños. Una tarea para la dupla Bonadio/Stornelli. Los administradores de la sortija judicial.

Para que no quedaran dudas, Acevedo agregó que las empresas que ingresaron al primer tramo del PPP y las que tenían en sus planes hacerlo podrían desistir. Puso el foco en los bancos y en las firmas que otorgarían las garantías: “No creo que estén dispuestos a avanzar si no está clara la situación de las empresas”, se despachó. Mala noticia para Macri, que espera de las inversiones privadas lo que el ajuste pactado con el FMI le niega a la obra pública nacional y provincial. Un rápido repaso: la adjudicación de los corredores viales E y F licitados bajo el sistema PPP. Una de la firmas que integra dos de los consorcios ganadores es Helport, la constructora del Grupo América, de Eduardo Eurnekian. El holding aparece en las anotaciones de Centeno.

Acevedo habló en Córdoba durante el coloquio convocado por la filial mediterránea de la UIA. Juan Manuel Schiaretti prefirió hacer mutis por el foro. El silencio se comprende. Iecsa, Electroingeniería y Odebrecht lideran los consorcios ganadores de la construcción de la red de gasoductos troncales. Unos 2.300 kilómetros de ductos por una valor de 12.500 millones de pesos. La obra está casi terminada, pero la intranquilidad permanece. La reflejaron esta semana los medios mediterráneos. La preocupación la expresaron los proveedores y subcontratistas. Unos ochenta, que temen quedarse sin cobrar unos 300 millones de pesos que les adeuda la constructora brasileña. Algo similar ocurre con el cierre de la circunvalación vial de la capital cordobesa. El monto: 1.200 millones de pesos. La empresa: Iecsa.

Párrafo aparte merece Techint. El diario La Nación intentó ocultar su mención en las dudosas fotocopias de Centeno. El holding de Paolo Rocca es un actor central en Vaca Muerta. El escamoteo es lógico. Cuando las finanzas de la tribuna de opinión crujían, Rocca acudió en su ayuda. Faltaba poco para que implosionara la convertibilidad y el diario de los Mitre/Saguier tambaleaba. Rocca puso al menos 40 millones de pesos/dólares para construir en la sede del matutino la actual Torre La Nación.  Cortesía y comunidad de intereses obliga.

Programas en vías de extinción

El ajuste coordinado y garantizado por Lagarde & Cia tendrá un capítulo especial en el debate legislativo por el Presupuesto 2019. La pulseada comenzará el 15 de setiembre. La obra pública, la seguridad social y los servicios de educación y salud, así como un importante recorte en las transferencias a las provincias, son las cuestiones en juego. La decisión de ajustar es de Macri. Para evitar un incendio de proporciones, el FMI le recomendó que los sectores productivos de mayor rentabilidad no redujeran su aporte fiscal. La Mesa de Enlace y la UIA hicieron lo suyo. El gobierno optó por descargar el ajuste sobre los más humildes.

Solo para tener una idea. La decisión de avanzar con la rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja y a las contribuciones patronales implica un costo fiscal en 2019 de unos 25 mil millones de pesos en el primer caso y de 80 mil millones en el segundo.  Entre un tercio y la mitad del recorte programado. Los que pudieron orejear el borrador del presupuesto estiman que el gasto primario del Estado nacional se expandirá en 2019 apenas un 11 por ciento. Un crecimiento real de solo el 6 por ciento. Siempre y cuando el año cierre con una la inflación del 17 por ciento.

¿Por dónde vendrán otros recortes? Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) da algunas pistas. El Gobierno nacional estima gastar sólo 90 mil millones de pesos en obra pública. Para mantener el actual poder de fuego necesitaría un piso de 250 mil millones. La diferencia es sideral. Las tijeras también trabajan sobre el gasto corriente. Una de las metas de Dujovne es mantener constantes los salarios de los empleados públicos. Un ajuste real de 7 mil millones de pesos. Similar al que prepara en materia de ayuda social.

El informe puntualiza que entre los más afectados estarán los programas de Apoyo al Empleo y Proyectos Productivos Comunitarios, que maneja Stanly y Triacca. También los REPRO que otorga Trabajo para evitar despidos y suspensiones. En los despachos oficiales prevén una reducción del 10 por ciento en la cantidad de beneficiarios. La protección social a los más humildes es pura declaración. El Plan Alimentario Nacional y la Compra de Leche del Plan de Madre y Niño serán reducidos nominalmente de 13 mil a 4 mil millones de pesos. Implica una poda nominal del 74 por ciento y del 91 por ciento en términos reales. Dicen que quedarán a cargo de las provincias.

Otro programa afectado será Progresar, que estimula el ingreso o reingreso al sistema educativo y beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años. Cambiemos decidió convertirlo en becas a las que se accede mediante un examen. Aquí se espera una rebaja del 5 por ciento del monto nominal respecto a 2018 por la caída en la cantidad de becas a otorgar. Unos 460 millones en términos nominales. Un ajuste real del 22 por ciento.

El tijeretazo alcanzará también al Fondo Nacional de Incentivo Docente, a las Compensaciones Salariales y al Ex Fondo Compensador. Más partidas en vía de extinción. Un recorte del 92 por ciento. Solo quedarían en pie las transferencias a las universidades nacionales, que sin embargo recibirían un 75 por ciento de menos de fondos que este año. La podadora oficial también plantea congelar lo que reciben los hospitales Garraham, El Cruce de Florencio Varela, el Cuenca Alta Néstor Kirchner, el René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner. Un ajuste real del 17 por ciento. Apenas algo de lo que se viene.

Dujovne y Caputo, al frente

Por lo pronto, Cambiemos se prepara para la primera negociación post acuerdo con el FMI. Será este mes, cuando los técnicos liderados por el italiano Ricardo Caldarelli se encuentren con los funcionarios de Cambiemos para hablar de cumplimientos y perspectivas. Luego, si todo sale como espera Macri, llegarán los próximos 7.500 millones de dólares del segundo tramo del préstamo. El dinero debería estar disponible a mediados de septiembre. La negociación arrancará luego de que el Indec publique el miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

La espera del IPC no es caprichosa. El gobierno confía en que la cifra arrojará una inflación anual por debajo del 29 por ciento. El techo impuesto por el FMI. Un tecnicismo que no cambia la sombría realidad, pero que de arrojar una cifra superior habilitaría al FMI a “recomendar políticas directas para corregir el desvío”. La meta, vale recordar, quedó superada en junio. La esperanza oficial es que la inflación de julio no supere el 3 por ciento. En este caso, trabajo para Todesca.

Más cómodos se siente Dujovne con la proyección del déficit fiscal primario comprometido para este año. Según el acuerdo debería ubicarse en el 2,7 por ciento. Los cálculos oficiales y privados hablan del 2,5 por ciento. Un pequeño sobrecumplimiento. Está dicho: lo peor del ajuste llegará con el Presupuesto 2019.

Sopa de letras

Desde que el FMI desembolsó el primer tramo del acuerdo, las reservas del BCRA cayeron unos 5.600 millones de dólares. Esta semana, las tasas de las Lebac, que Caputo intenta desactivar para evitar nuevos sofocones, cerraron en el 49 por ciento anual en el mercado secundario. La corrida cambiaria no se detuvo. ¿Puede el gobierno con el apoyo del FMI restablecer la paz cambiaria y reducir la fuga de capitales? Muy pocos lo creen. Se diría que solo Cambiemos confía en hacerlo.

Si el préstamo del FMI no logra frenar la corrida y la fuga continúa a un ritmo similar al actual, el año próximo cerraría con un nivel de reservas parecido al que existía cuando Macri asumió. Una diferencia nada menor: dejaría vencimientos mucho más pesados en un mercado internacional atiborrado de papeles argentinos. Dujovne y Caputo no son bobos. Saben que con el FMI no alcanzan. De allí que, mientras podan, redoblan esfuerzos para convencer a los grandes inversores. La clave que manejan es retornar al mercado. Colocar más deuda. Si es posible en el mercado global. Casi una utopía.

En este contexto, todos miran el nuevo talón de Aquiles: los vencimientos de las Letras del Tesoro emitidas en dólares. Las famosas Letes. La bomba comenzó a gestarse a mediados de 2016, creció durante el año pasado y continúa creciendo en lo que va de este. Un stock que cerró 2016 en 7.000 millones de dólares, acumuló 15.600 millones en 2017 y alcanza ya los 18.000 millones.

Para cumplir con la exigencia del FMI de mejorar el balance del BCRA y evitar nuevos súper martes, la dupla Dujovne/Caputo prometió desarmar las Lebac. El 15 de agosto vencen 578.500 millones de pesos. El 64 por ciento del total. Para hacerlo recurrió a las Letes dolarizadas, los bonos duales nominados en pesos pagaderos en dólares y los famosos Bote 2020. Una nueva modalidad de endeudamiento que presenta un riesgo mayor que las Lebac. ¿Por qué? Porque funcionan como una promesa de pago en dólares sin que esté claro de dónde saldrán.  Esto sin tener en cuenta que las renovaciones implican intereses crecientes.

Según MacroView, los vencimientos oscilan entre los 1.800 y  los 2.000 millones de dólares mensuales, que se suman a los originados por los 92.000 millones de las Letes en pesos. Cambiemos apuesta a renovar el ciento por ciento. Según Dujovne, se trata de montos razonables. Afirma que se pueden refinanciar. No es la lectura de los operadores que presionan por un mayor ajuste fiscal. Aseguran que la estrategia de reemplazar Lebac por Letes aumenta la vulnerabilidad externa. El peligro: un descalce del Tesoro en moneda extranjera. Es obvio: siempre se pueden fabricar pesos, pero no dólares.

Por ahora, la demanda de divisas quedó apenas amortiguada. Diferida hasta cierto punto. Nunca resuelta. Ni un tipo de cambio flotante ni las metas fiscales más estrictas pueden garantizarlo. De allí que la tensión cambiaria siga su curso en la medida en que se acumulan los vencimientos de corto plazo. Lo dicho: los números no cierran. En 2019, Cambiemos necesitará financiamiento por unos 34 mil millones de dólares. El FMI aportaría solo unos 12.000 mil millones. Macri debería salir al mercado. El precio sería altísimo.

El dato central es que en las últimas licitaciones quedó claro que al gobierno le cuesta cada vez más renovar los vencimientos. La desconfianza manda. El panorama comenzó a complicarse en mayo. Los inversores empezaron a mostrarse reticentes. Las renovaciones –roll over en la jerga financiera- cayeron del 80 al 40 por ciento y las tasas subieron del 3 al 5,5 por ciento anual.

Una dato más: la no renovación de dos de cada diez Letes supone un incremento de las necesidades financieras de 360 millones de dólares mensuales. De allí que la estrategia oficial consista en convencer a los tenedores que no quieran renovar para que suscriban el Bono Dual. La idea es más de lo mismo: cambiar dólares por dólares, pero a un mayor plazo. Patear hacia adelante los pagos. El riesgo es alto. Nadie puede garantizar que los grandes inversores, en especial los fondos globales, no decidan retirarse en bandada ante el menor atisbo de problemas.

Todo muy provisorio

La historia económica demuestra que el déficit de dólares constituye el punto débil de los programas económicos y que la política cambiaria es un instrumento limitado para restablecer la sustentabilidad. Más aun en un contexto donde la mega devaluación pulverizó las expectativas de crecimiento y se llevó puestas las metas de inflación. Puede que hayan cesado la lluvia, los truenos y los relámpagos… La tormenta sigue.

La ayuda del FMI, la suba de los encajes bancarios y el incremento de las tasas de interés lucen como paliativos. Medidas de emergencia que complementan las subastas diarias de dólares que realiza el BCRA por cuenta del Tesoro. Todo muy provisorio. Pese al contexto de restricción externa, déficit de cuenta corriente y las dificultades crecientes para acceder al financiamiento, en Hacienda insisten en que la prioridad es estabilizar el mercado cambiario. Parar la corrida, que le dicen. Sostienen que si eso no se logra, todo lo demás no sirve.

Mientras tanto, Cambiemos sigue comprando tiempo. Solo en el primer semestre, la deuda pública nacional creció 49 mil millones de dólares. Del total, 25 mil millones corresponden a colocaciones realizadas en el segundo trimestre. El stock de pasivos representa ya el 87 por ciento del PBI, según el Observatorio de la Deuda de la Fundación Germán Abdala. Un 30 por ciento más que en diciembre pasado. El máximo nivel desde 2004/2005.

Para peor, el escenario internacional no trae buenas noticias. Al encarecimiento del petróleo y a la guerra comercial entre China y Washington se suman la baja de algunos commodities como la soja y el anuncio de la Reserva Federal, que adelantó dos incrementos adicionales en su tasa de interés para lo que resta de 2018 y 2019. En síntesis: lo afirmado en este mismo espacio: Cambiemos ya no puede cambiar. Las riendas las tienen el FMI y los fondos de globales de inversión. Los mismos que dispararon la corrida cambiaria y presionan por un mayor ajuste fiscal.