La Unión de Trabajadores de la Tierra presentará por tercera vez en el Congreso su proyecto de Ley de Acceso a la Tierra para que pequeños productores y arrendatarios puedan adquirir inmuebles rurales. La iniciativa perdió estado legislativo en dos oportunidades. El objetivo implica romper con la concentración y construir una agricultura más justa, sustentable y sana; además de crear colonias agrícolas en tierras fiscales.

Argentina tiene una superficie de 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Es el octavo país más grande del planeta. A pesar de la baja densidad poblacional – unos 16 habitantes/km2, según el registro de Tierras Rurales­­ –, casi el 40 por ciento de la población no tiene acceso a la tierra ni a la vivienda propia. El grado de concentración es enorme: 65 millones de hectáreas, casi el 40 por ciento del territorio, es propiedad de 1.200 terratenientes.

La situación supone un gran perjuicio para los pequeños y medianos productores, que en parcelas que nos les pertenecen y deben arrendar producen más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. “Seguimos bajo la lógica de siglos pasados. Los que ganan son los arrendadores, mientras los que trabajan viven con lo poco que les queda después de pagar el alquiler”, dice Julieta Pereira, trabajadora del Nodo Sur Moreno de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Franco Segesso, abogado de la UTT, explica el proyecto de ley es una especie de “ProCrear rural” para que, mediante créditos blandos, los pequeños productores puedan comprar inmuebles rurales de manera individual, o bien en forma colectiva para conformar colonias.

La iniciativa, que se presentó sin éxito en 2016 y 2018, se volverá a presentar en los próximos días. “Creo que finalmente se va a tratar. Tenemos buenas expectativas ya que año tras año fuimos logrando más adhesiones”, relata Segesso. En 2018, el proyecto contó con la firma de catorce diputados nacionales. Entre ellos, algunos que actualmente ocupan cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, como los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; además del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el canciller Felipe Solá, y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo. “Es un proyecto muy práctico que no requiere mayor reglamentación”, señala Segesso.

Diego Montón, ingeniero agrónomo y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, precisa que el proyecto plantea en lo esencial “una herramienta financiera que permitiría a una buena parte de los pequeños productores y campesinos de la agricultura familiar que hoy son arrendatarios acceder a créditos y garantías”. Un factor esencial para impulsar la agroecología. La razón es sencilla. “Para poner en marcha un sistema agroecológico intensivo se necesitan muchos años acondicionando la parcela, y eso muchas veces se dificulta por la movilidad que plantea el arrendamiento se dificulta. Las familias están unos años en un lugar y otros años en otro – detalla Montón –. La ley permitiría a las familias desarrollar un programa a medio y largo plazo para consolidar el modelo”.

La cuestión agroecológica es un aspecto importante del proyecto. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria suele destacar que se trata de un altamente modelo sustentable. El manejo racional de los recursos naturales contempla la diversidad biológica y no requiere productos de síntesis química; además brinda alimentos sanos y abundantes; al tiempo que mantiene o incluso incrementa la fertilidad del suelo.

“Donde hay tierra propia hay más posibilidades de que haya agroecología porque las familias pueden invertir mejor, y si hay más agroecología hay más soberanía alimentaria porque no hay dependencia de los químicos y las semillas que producen las multinacionales y que venden a precio dólar”, detalla Segesso. Los problemas que trajeron Monsanto, las semillas híbridas, los químicos y pesticidas están a la vista. “Nosotros, desde el Consultorio Técnico Popular de la UTT, producimos bioinsumos y fertilizantes que son ecológicos”, destaca Pereira.

Otra cuestión importante que plantea la iniciativa es el acceso a una vivienda digna. Se trata ni más ni menos que de una alternativa para solucionar el problema del desarraigo rural mediante planes que democraticen el acceso a la vivienda, al tiempo que incentiven la permanencia en las zonas rurales. La idea es descomprimir las regiones que ya registran una intensa producción de alimentos hacia lugares en donde hace falta producirlos en forma local.

“Por ejemplo, en la localidad bonaerense de Tapalqué, que tiene diez mil habitantes y está a 273 kilómetros de la Capital Federal, se compra la verdura en Mar del Plata o en el Mercado Central de Buenos Aires – subraya Segesso –. Algo absolutamente ilógico teniendo una gran cantidad de hectáreas disponibles para producir en la zona”. Con la finalidad de comenzar a revertir la situación, la UTT concretó un acuerdo con la intendencia de Tapalqué para establecer una colonia agroecológica que permitiría a los habitantes de la ciudad acceder a alimentos más baratos y saludables.

Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), señala que la implementación de planes como el propuesto para construir viviendas rurales implicaría también una nueva modalidad de gobierno. “Es imprescindible establecer una política habitacional para la gente que desarrolla sus actividades en el campo. Estamos seguros de que se puede destinar crédito para la vivienda rural”, dice el titular de Coninagro. Su lectura destaca que el camino está allanado. El problema de la vivienda urbana implica un conjunto de factores, como el valor de la construcción, las limitaciones de ubicación y el costo de los terrenos. Factores de baja incidencia en las viviendas rurales.

“La soberanía alimentaria sólo se puede garantizar desde la agricultura campesina y familiar, y eso depende de las políticas de acceso a la tierra. Cuando la tierra está en manos de corporaciones que la utilizan como un instrumento financiero-mercantil, nos alejamos de esa posibilidad. La soberanía alimentaria tiene que ver con cómo se fortalece la producción de alimentos saludables para los mercados locales, pero también con la posibilidad de abastecer a los programas sociales con productos a un precio justo para la gran mayoría de los trabajadores”, afirma Montón.

“Es fundamental que el Estado, en tanto gobierno, garantice la soberanía alimentaria a través del acceso a la tierra de los pequeños productores. No hacerlo es seguir llenándole los bolsillos a las multinacionales agroindustriales que envenan el suelo y a la población con sus innovaciones agrotóxicos. Un negocio para unos pocos”, suma Pereira. “El acceso a la tierra es fundamental para poder ser decisores sobre qué y cómo se produce. Hace falta que el agricultor y el campesino tengan seguridad sobre la tierra”, finaliza Segesso.

Por Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación UBA (ANccom)