Los gigantes de internet quieren imponer las reglas de la economía digital. En la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio buscarán un mandato para negociar normas vinculantes bajo el rótulo de “comercio electrónico”. Será en la Ciudad de Buenos Aires.
La prioridad del puñado de mega empresas encabezadas por Google, Amazon, Alibaba y Facebook es respaldada por Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea. El objetivo es sencillo. Garantizarse el libre acceso al recurso más preciado: los miles y miles de millones de datos que producimos los navegantes de la web para transferirlos y guardarlos en sus propios servidores. Una vez procesados, inteligencia artificial mediante, podrán empaquetarlos y venderlos a sus verdaderos clientes, que no son los usuarios de sus servicios.
El negocio es casi infinito. Se calcula que el año próximo, el comercio electrónico sumará unos 25 mil millones de dólares a nivel global.
Hasta el momento, casi todos los gobiernos imponen a los proveedores extranjeros de servicios la condición de tener algún tipo de presencia física y jurídica. Las megacorporaciones de la era digital se oponen. Condenan el requisito. Argumentan que se trata de un obstáculo al libre comercio. De alcanzar sus objetivos, empresas como Google estarían en condiciones de obtener ganancias sin pagar impuestos en los países donde ofrecen sus servicios. Tampoco aceptan los “requisitos de desempeño”, un tímido intento por garantizar que la economía local se beneficie de la presencia de las transnacionales mediante la transferencia de tecnología.
De moratoria en moratoria
Neutralidad tecnológica es el concepto que invocan los países que lideran la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ganancia empresaria y derechos corporativos constituyen la esencia del debate. La avanzada ganará espacio en la conferencia ministerial de la OMC que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 10 y 13 de diciembre. Los países centrales intentarán establecer reglas multilaterales para el comercio electrónico. La cuestión trasciende el tema arancelario y el acceso a los mercados. Alcanza también aspectos como el resguardo y la localización de las bases de datos. El debate, en definitiva, pone en discusión la capacidad regulatoria de los estados.
Ninguna novedad, dirán algunos. Es verdad. El camino que intentan transitar las corporaciones que dominan internet no es novedoso. Lo transitaron las grandes cerealeras, la banca internacional, las compañías farmacéuticas y los holdings industriales. Fue en los ’90, cuando consiguieron en la OMC acuerdos que erosionaron la capacidad regulatoria de los gobiernos.
La agenda actual comenzó a delinearse a fines del año pasado. Los países que lideran la OMC decidieron reimpulsar la discusión sobre el comercio electrónico. La historia viene de lejos. Los primeros debates surgieron en 1998. En esa ocasión, los integrantes de la OMC se comprometieron a no imponer derechos aduaneros ni aranceles; es decir: que aplicarían una “moratoria”. Ese mismo año quedó definido el comercio electrónico como “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”.
En 2010, luego de la primera cumbre de la OTAN para establecer objetivos comunes en materia de seguridad, el tema se reavivó. Para entonces estaba claro que internet no solo amenazaba con fragmentar la soberanía, sino que también estaba modificando en forma profunda la producción de bienes y servicios, la manera de hacer negocios y las formas de consumo.
El auge de las ventas online determinó que en 2013, durante la Conferencia Ministerial de Bali, la declaración final extendiera la moratoria, que se volvió a prorrogar en 2015. Google & Cia habían ganado una nueva batalla. Habían conseguido evitar el pago de impuestos transfronterizos y así posicionarse en forma ventajosa frente al consumo local, lo que a su vez reducía la aparición de nuevos competidores.
Palo y zanahoria
La propuesta formal de la OMC señala que la intención es detectar oportunidades económicas, brindar apoyo a los países en desarrollo con menor nivel de conectividad y promover la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en el comercio global. La zanahoria es doble: “cerrar la brecha digital” y “promover el comercio inclusivo”.
El antecedente inmediato del rumbo que busca imprimirle Estados Unidos y sus socios a la negociación lo constituye la propuesta que realizó en el Trans-Pacific Partnership (TPP). Aunque Donald Trump haya abortado la iniciativa, uno de los principales objetivos sigue vigente: mantener abiertos los mercados para el comercio electrónico. En otras palabras: que ningún país imponga restricciones al flujo comercial y a la ubicación geográfica de las bases de datos.
Manifestaciones y represión en Seattle.
Washington presiona para discutir el tema en la OMC. Hay mucho en juego. Las ventas mundiales online superan ya los 2 mil millones de dólares en Estados Unidos. Representan el 9 por ciento de las ventas minoristas totales. En 2019, serán del orden del 13 por ciento. A escala global, el flujo digital entre países creció 45 veces desde el 2005, pero las asimetrías son notables. Una docena de países concentra el 70 por ciento del flujo. El resto carece de los conocimientos y de la infraestructura para aprovechar los beneficios.
La postura de Estados Unidos quedó reafirmada en uno de los últimos informes de la Oficina del Representante de Comercio. Es el organismo responsable de recomendar y desarrollar la política comercial de Washington. Además conduce las negociaciones bilaterales y multilaterales. El documento enumera lo que califica como restricciones; entre ellas: el mantenimiento local de la información, los requerimientos de contenido, las tarifas diferenciales y la certificación local de los equipos. También, y muy especialmente, la imposición de aranceles.
La posición tiene lógica. El sector es una fuente creciente de recursos y crea empleos de alta calificación. Los países desarrollados tienen una clara hegemonía. Además están en posición de ofrecer beneficios impositivos para capturar el domicilio fiscal de las empresas. Aunque la ofensiva es resistida por los países en desarrollo, los líderes de la OMC argumentan que la cuestión ya se encuentra en la agenda. Sostienen que la decisión de abrir el debate se aprobó en Nairobi (2015). Aducen que la declaración final habilita la discusión porque los firmantes asumieron el compromiso de no imponer tarifas hasta la reunión de Buenos Aires.
Plan B. La neutralidad tecnológica
El concepto de neutralidad tecnológica invoca la libertad de las personas y organizaciones para optar por la tecnología que crean más conveniente según sus necesidades. Como principio regulatorio se utilizó por primera vez en 1999 en un documento de la Unión Europea sobre la revisión del marco normativo para las comunicaciones electrónicas. Sin bien su significado es materia de debate, en lo esencial supone que la legislación debe definir objetivos sin imponer ni discriminar sobre el uso de tecnologías. Tampoco en materia de información y datos. Quienes argumentan a su favor sostienen que las regulaciones “no neutrales” tienden a quedar perimidas con rapidez y que sus efectos son negativos y costosos.
La introducción del concepto en el debate sobre el comercio electrónico tiene como objetivo reforzar la postura desreguladora. Las megacorporaciones de la era digital y los países que mandan en el comercio mundial señalan que el concepto ya fue aceptado por la OMC. Afirman que si un país acordó someter su sistema bancario a normas que impiden restringir el acceso de jugadores extranjeros, el comercio electrónico y los servicios financieros a través de internet quedarían automáticamente comprometidos.
Centro de almacenamiento de datos de Facebook.
Según los expertos, la discrepancia entre los líderes y el resto de los integrantes de la OMC podría desembocar en que los países que pugnan por la liberalización se agrupen en un acuerdo plurilateral. De concretarse sería un quiebre en las negociaciones multilaterales. Aquí, las opiniones se dividen. Algunos piensan que se trataría de un mal menor. Otros creen que erosionaría la capacidad de negociación de los que buscan concesiones de los desarrollados. En el seno del G20 las posturas son más moderadas. Allí pesan Rusia y China, los grandes antagonistas. La postura general, sin embargo, apoya el libre comercio y pugna por un amplio reconocimiento de la propiedad intelectual.
La brújula de Cambiemos
Poco, muy poco de estos debates salieron a la luz en nuestro país. Algo despuntó cuando la Afip decidió que Netflix, Spotify y Airbnb, al igual que otras plataformas del exterior, comenzarán a pagar impuestos. “Airbnb no posee inmuebles, pero alquila millones en los centros de veraneo. Facebook no genera contenidos. Alibaba no posee inventarios. Whatsapp no es una telefónica. Es la desmaterialización total de la economía, y esto trae problemas para los esquemas normativos”, argumentó en su momento Alberto Abad.
La postura, vale aclarar, no causa entusiasmo en la Casa Rosada. Menos aun cuando el gobierno se prepara para recibir con los brazos abiertos a la OMC y se esmera para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La brújula de Cambiemos apunta en otra dirección. Lo demuestra el memorándum que firmó con Amazon Web Servicies (AWS) para utilizar bases de datos de la firma en países no identificados a cambio de capacitación. Un acuerdo que viola la ley de Protección de Datos Personales y de características similares a otros firmados con Facebook y Alibaba. En la Cancillería dicen que el rumbo del gobierno es errático y no parece responder a una política coordinada. Mucho menos deja entrever una meta clara.
La acción global, una posibilidad
Anticumbres de la OMC, un centro de protesta.
Más allá de las discusiones de entrecasa y del debate que se viene en la OMC, lo concreto es que internet cambió para muchas empresas la forma de hacer negocios. La primera web, aquella que se mostraba como la cara amigable de una globalización ciudadana, quedó malherida. El algoritmo manda. El consumo y la generación de datos son sus insumos. No es exagerado imaginar internet como el sistema nervioso de una economía global. Quienes controlen el ciberespacio, su infraestructura, sus plataformas y los datos tendrán cada vez más poder.
Las normas vinculantes sobre comercio electrónico que promueven los líderes de la OMC auguran un futuro sombrío: un nuevo colonialismo, esta vez de carácter digital. Mientras tanto, los usuarios, más o menos conscientes, asistimos al avance de un proyecto monopólico. ¿Podrá la ciudadanía incidir en los acuerdos comerciales que impulsan el neoliberalismo digital? Está claro que la respuesta no habrá que buscarla en la OMC. Tampoco en Cambiemos. La respuesta, tal vez, esté en la contracumbre convocada por los movimientos sociales, los sindicatos, los grupos campesinos, los partidos de izquierda, las agrupaciones universitarias, los ambientalistas y muchos intelectuales. La consigna es sumarse a la acción global contra la nueva ronda multilateral de la OMC que tendrá su espacio en Puerto Madero.
