Nación y provincias firmarán esta semana el Acuerdo Federal Minero. Una versión remozada de la legislación de los ’90. Profundiza el camino extractivista y otorga nuevos beneficios a las empresas. Un capítulo dedicado al tema ambiental busca disipar las críticas.

“…el mercado del oro no es tan complicado: por lo general, cuando la gente se siente segura, el precio cae; cuando la gente se siente insegura, el precio se eleva…”

(Memoria y Balance de la Barrick Gold, 2010).

En 2015, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) presentó a los candidatos presidenciales una agenda para “la recuperación de la competitividad impositiva” del sector. Cambiemos lo hizo suyo. En febrero de 2016, Macri otorgó a la minería rango ministerial y liberó al sector del pago de derechos de exportación. Medidas más generales, como la liberación del tipo de cambio y la posibilidad irrestricta de girar dividendos, completaban un panorama propicio para la mega minería.

Para que no quedaran dudas, Mario Capello ocupó la Subsecretaría de Desarrollo Minero. Sanjuanino de origen radical, Capello es una figura reconocida en el negocio por su prédica en favor de la minería a cielo abierto y sus constantes advertencias sobre los efectos negativos de la presión impositiva. En la Secretaría de Minería quedó Daniel Melián, quien desempeñó la función durante el menemismo. Una conducción identificada con los actores empresariales.

Las fricciones entre las provincias, el Gobierno nacional y las mineras hicieron naufragar el escenario inicial que se había montado para el lanzamiento. La fecha original era el 7 de mayo, dos días antes de Arminería, una feria sectorial que desde 1997 reúne multinacionales, mineras nacionales y proveedores. Una plataforma de negocios que los organizadores aspiran a repetir el año que viene y que pretende convertirse en una referencia regional.

Ahora, luego de meses de marchas y contramarchas, el texto del Acuerdo Federal Minero que impulsó Cambiemos quedó acordado. Fue durante una reunión que mantuvieron el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de San Juan, Sergio Uñac. El nuevo pacto pretende en un plazo de dos décadas convertir al país en un actor relevante en el negocio global de la megaminería. En otras palabras: profundizar el camino extractivista a gran escala que llevó a que diez años se incrementara un 600% el volumen de metros perforados.

Para tener una idea del negocio vale la pena repasar algunas cifras. Son oficiales. Desde mediados de los ’90, la megaminería fue el segundo sector de mayor crecimiento exportador después de la soja. Creció un 450%. El último reporte del Ministerio de Energía y Minería señala que hay en el país 435 proyectos mineros. El 80% está en la etapa inicial. Casi un 10%, en las fases de factibilidad y operación. Unos 20 proyectos están en la etapa exploración avanzada. Los derechos otorgados suman 180.000 km², se distribuyen en 17 provincias y abarcan comunidades indígenas, áreas protegidas y pueblos.

La cuestión impositiva

En las negociaciones, CAEM argumentó que la eliminación de las retenciones quedaba neutralizada por la suba de impuestos que alentaban algunos gobernadores. Aranguren y Macri se resignaron. El texto, finalmente, eliminó la posibilidad de introducir una modesta carga tributaria del 1% sobre el ingreso de las mineras para crear un fondo nacional para el desarrollo de infraestructura. El documento, con tinte federalista, ratifica la posibilidad de una tasa provincial del 1,5% con la misma finalidad. Sin embargo, su aplicación quedará librada a la política que decida cada jurisdicción.

Las garantías se extendieron al tema de las regalías provinciales. Quedó ratificado el tope del 3% sobre el valor en boca de mina, que deducido los costos de comercialización y flete que la ley autoriza, puede reducirse entre un 1,2% y un 1,5%. La debilidad del marco acordado es notoria. Abre la posibilidad de que las provincias decidan un porcentaje menor, o incluso su no implementación. Además, se aclara que cualquier nuevo importe, porcentaje o forma de cálculo regirá sólo para los nuevos proyectos, nunca para los existentes.

El pacto, además, consolida beneficios. Por ejemplo, la llamada “estabilidad fiscal” por un período de 30 años. En otras palabras: la imposibilidad de incrementarse la carga impositiva determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. No es el único. Las mineras seguirán sin pagar Impuesto a las Ganancias durante los primeros cinco años de la explotación. Además, seguirá vigente la deducción de hasta el 5% de los costos operativos de extracción.

“Un problema de comunicación”

Las negociaciones se desarrollaron en el Consejo Federal de Minería (Cofemin) y las pilotearon Melián y Capello. Ambos le ganaron la pulseada a Santiago Dondo, abogado especializado en minería y cuadro de la Fundación Pensar que puso énfasis en el tema ambiental y debió renunciar. Según los funcionarios, el acuerdo permitirá hacer de la minería una actividad sustentable. Dicen que se garantizarán las mejores prácticas.

Para los interesados en multiplicar el negocio, la oposición es sólo consecuencia de una deficiente comunicación. El argumento que se intenta construir señala que el rechazo obedece a la falta información, o la mala intención de los ambientalistas. Los antecedentes les juegan en contra. Para recuperar posiciones ante la opinión pública esgrimen que el nuevo marco mejora la Ley de Promoción a las Inversiones Mineras de 1993. Ponen el acento en el régimen de cierre de minas, el cual, según prometen, será concomitante con el desarrollo de los emprendimientos.

Puertas adentro admiten los problemas operativos de la Barrick. Dicen que son una pésima señal. La preocupación es clara. A los cuestionamientos ambientales se suman las críticas por la decisión de eliminar las retenciones. Para zafar, CAEM aceptó implementar una iniciativa conocida como TSM (Towards Sustainable Mining). En Chile se aplica desde 2016. Nada de otro mundo.

El TSM es un estándar de calidad utilizado en Canadá y Finlandia que incluye herramientas e indicadores que en teoría permiten elaborar informes sobre cómo opera cada proyecto y comparar los resultados locales con la forma en que trabajan las multinacionales en otros países. Las primeras en usarlo serán las canadienses Gold Corp, que opera en Santa Cruz, y la Barrick Gold.

Según sus promotores, en las evaluaciones participarán expertos de universidades nacionales y provinciales. También organizaciones ambientalistas y las comunidades de las zonas mineras. La iniciativa debería ser revisada cada dos años por auditores externos. Los primeros reportes estarían a fin de año. El cuadro general recién a fines de 2018. El discurso de empresas es el mismo que ejercita Cambiemos: el TSM ubicará a las firmas que operan en el país en un lugar de prestigio. Control y la autodisciplina, repiten una y otra vez.

Un lobby que vale oro

El derrame que originó la suspensión de la producción en Veladero puso en aprietos a Uñac y bajo presión al resto de los gobernadores y a las mineras. Ocurrió en el peor momento. Uñac no tuvo alternativa: condicionó el levantamiento de la suspensión a una serie de exigencias: la reingeniería del valle, un cambio en la política ambiental, un plan de inversiones y la fiscalización de un comité de expertos. De por medio estaba, además, la venta del 50% de Veladero por U$S 960 millones al gigante chino Shandong Gold. La situación no tardó en destrabarse.

Con su nuevo socio chino, la Barrick presentó su plan y la promesa de invertir u$s 500 millones. Uñac dio luz verde. El lobby español había hecho el resto. Tres días antes, el 18 de abril, José María Aznar se había reunido con Macri en la Rosada. La audiencia fue pública. No el contenido. Aznar agregaba un nuevo capítulo al protagonizado a fines de 2001 por Felipe González, cuando arribó a Buenos Aires para pedir por las empresas españolas ante un tambaleante De la Rua. Es conocido: cuando llegó, De la Rúa había renunciado. Poco y nada pudo hacer.

No fue el caso de Aznar. El encuentro con Macri duró una hora. En el negocio minero es vox populi que Aznar abogó por la Barrick. Desde hace años integra el Consejo Internacional de Asesores de la multinacional. Un eufemismo que encubre un potente equipo de lobbistas. Algunos de sus integrantes son el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney; el ex gobernador de Florida, John Ellis Bush (hijo de George H. Bush y hermano de George W. Bush); el empresario de medios Gustavo Cisneros y  el multimillonario chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Luksic.

Aznar no defendió lo indefendible: el pasado. Media docena de derrames en dos años era mucho. Habló del futuro. Abundó en el relanzamiento de la explotación. Lo dicho: tres días después, la empresa presentaba su nuevo plan. Aznar tuvo un sherpa: el empresario Santiago Soldati, activo participante en las privatizaciones de los ’90, asesor local de la Barrick y amigo de Peter Munck, fundador de Barrick. Munck, considerado el rey Midas de la minería, fue un asiduo interlocutor de Cristina Fernández de Kirchner y cerró en la última década negocios multimillonarios en la región, como Veladero y Pascua Lama.

El nuevo oro

Desde que el gobierno nacional anunció su intención de relanzar la minería se multiplicó el número de multinacionales que sondean el terreno. Cambiemos y las provincias, ávidos de anunciar inversiones, sostienen que la potencialidad exportadora del país es enorme. Dicen que la Argentina vende al exterior unos U$S 3.700 millones anuales en minerales. Chile lo hace por unos u$s 40.000 millones. Funcionarios y empresarios se ilusionan con alcanzar una cifra similar en una década.

Los interesados en operar son muchos. La china Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, especializada en prospectiva minera, rastrilla el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta. Sin embargo, la gran apuesta no es el oro. Tampoco la plata y el cobre. Casi todos están interesados en el litio. La Argentina cuenta con un gran reservorio. El mineral es clave y el nuevo acuerdo prevé la constitución de una Mesa del litio. El jujeño Gerardo Morales, siempre necesitado del auxilio financiero, espera una lluvia de dólares. También Urtubey.

Hay mucho en juego. Una muestra. En mayo pasado estuvo en Salta un emisario de Elon Musk, que suele ser presentado como “el Steve Jobs de las energías renovables”. Musk es Ceo de Telsa. La firma radicada en Silicon Valley está valuada en unos U$S 54 mil millones. Telsa diseña, fabrica y vende coches eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías. La agenda del emisario incluyó una reunión en Puerto Madero con ejecutivos de YPF y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Transporte, Guillermo Dietrich.

Los números entusiasman a las empresas. No es para menos. El precio de la tonelada de litio alcanza los u$s 7.400, contra u$s 1.500 hacia principios de esta década. En la lista de los interesados aparecen las canadienses Lithium Americas Corp y Energi Group; las químicas Albemarle Corporation y Bolland Minera; y la japonesa Mitsubishi Corporation; además de la empresas provincial Jemse. El gobierno apura el paso. Argumenta que sólo así se podrá evitar la fuga de inversiones hacia Chile y Perú.

Lo que vendrá

Esta semana, el lanzamiento del acuerdo encontrará a los lobistas ocupados en difundir algunos números. Dirán que la actividad suma 80.000 puestos laborales; que el sector realizó en 2016 compras por u$s 1.300 millones y que del total sólo el 8% corresponde a bienes e insumos importados. Estimarán que 2017 finalizará con inversiones por unos u$s 1.150 millones y prometerán para 2018 unos u$s 2.100 millones adicionales. Por las dudas advertirán que no se puede esperar un boom hasta que mejore la situación macroeconómica. Obvio. Subrayarán la alta inflación, la falta de infraestructura y el tipo de cambio. Evitarán, sin embargo, señalar que las multinacionales que operan en el país capturan el 75% de la renta minera.

Es difícil que el relanzamiento pueda ocultar que el texto perpetúa el marco regulatorio de los ’90. Una actividad con bajos encadenamientos productivos y un muy cuestionable impacto sobre el desarrollo ambiental de las economías regionales que se desplegó en forma inconsulta. A excepción de algunas consultas, como las realizadas localidades de Chubut y Neuquén, los gobiernos provinciales obturaron la participación ciudadana.

Adicionalmente, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección del Ambiente Glaciar y Periglaciar es de casi imposible aplicación. ¿La razón? Una vez más: el compromiso de los gobiernos provinciales con el desarrollo del modelo. Por el momento, el único que se opone al acuerdo es el chubutense Mario Das Neves. La provincia mediante una consulta popular prohibió la minería a cielo abierto. Lo que está en juego son grandes extensiones en la Meseta Central ricas en uranio. Desde hace tiempo, individuos y empresas compraron tierras que mantienen improductivas. Das Neves amagó con declararlas de interés público. “Tendrán pagar una fortuna si quieren tener un campo improductivo”, lanzó el mandatario. Se verá.