El aumento de los combustibles agrega presión a los precios. La tensión en el mercado petrolero, la idea de un fondo compensador y una suba de las naftas que rondaría el 40 por ciento en solo dieciocho meses. Una salida de emergencia para un esquema inviable que, además, amenaza con sumar deuda pública.

El nuevo acuerdo que pretende cerrar Cambiemos con las petroleras cruje por los cuatro lados. El jueves de la semana pasada, en el marco de una reunión convocada de urgencia, Aranguren hizo la propuesta. Lo escucharon los máximos ejecutivos de las firmas del sector. En la mesa estaban YPF, Pan American Energy, Sinopec, Chevron, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras.

La idea era acordar la dinámica que tomará el mercado de los combustibles. La causa: la crisis generada por la devaluación, la dolarización del crudo en el ámbito local y el incremento del precio del barril en el mercado internacional. Tres factores que combinados se llevaron puesta la meta oficial de liberalizar el mercado de los hidrocarburos; pero también el acuerdo firmado a principios de mayo para congelar los precios de las naftas y el gasoil.

En día después de la convocatoria, las petroleras dieron un visto bueno parcial. Apenas un paréntesis. El resultado provisorio del encuentro fue la creación de un fondo compensador; además de un nuevo sendero de precios que, según los primeros cálculos, implicaría un aumento mensual de las naftas y el gasoil del 3 por ciento desde julio de 2018 hasta octubre de 2019. Un 40 por ciento en los próximos 18 meses.

La idea del fondo compensador, ahora cuestionado por YPF y Pan American, implica que cuando el precio mundial del petróleo aumente se implementará un precio de venta local por debajo del internacional. Cuando el precio mundial retroceda, las petroleras locales seguirán cobrando uno más elevado. El resultado, según el esquema teórico, es que las extractoras recuperarían la ganancia que resignaron en el período de precios mundiales altos. La propuesta de Aranguren no tiene nada de novedosa. Se puso en práctica a principios de 2000 con un alto costo fiscal.

La salida de emergencia, sin embargo, duró poco. Apenas tres días. Las tensiones que atraviesan el sector siguen en pie. Esta semana, con YPF y Pan American Energy a la cabeza, las productoras deslizaron que no están dispuestas a facturar a las refinadoras como Shell y Trafigura el precio establecido por Energía. Unos 66 dólares el barril para mayo. El argumento que esgrimen es que durante ese mes el precio del Brent rondó los 80 dólares.

En otras palabras: tanto YPF como Pan American, que refinan la totalidad del crudo que extraen, ganarían menos de lo que hubieran percibido si se hubiera mantenido el criterio abandonado en mayo de transferir a los surtidores el efecto combinado del precio internacional y la suba del dólar. Un camino impensado de cara una inflación que los más optimistas ubican en el orden del 25 por ciento anual. Semejante traslado impactaría de lleno en la estructura de costos de toda la economía.

El desbarajuste autogenerado por Cambiemos tendrá un costo fiscal. Por el momento, imposible de calcular. El escenario no da tregua. En un comunicado a la Bolsa de Comercio, YPF dejó en claro que las compensaciones que prometió Aranguren a las productoras a principios de mayo se mantiene vigente. Dicho de otro modo: el fondo compensador está en veremos. Al menos para las firmas. De ganar la postura de YPF y Pan American, el Estado deberá pagarle a las extractoras la diferencia entre el precio pactado y el que hubiera regido con la liberalización. Para peor, el escenario es confuso. El resto de las petroleras no están incluidas en el acuerdo. De allí que también presionen para ingresar.

Por lo pronto, lo único seguro es que la idea de Aranguren de hacer converger el precio local del crudo con el internacional, que pasó de 65 a casi 80 dólares el barril en los últimos 45 días, quedó archivada. Tanto como la aplicación lisa y llana de la fórmula de partida, que de aplicarse habría disparado el precio de las naftas y el gasoil con el consecuente efecto cascada en los bienes y servicios para el consumidor.

¿La vuelta al barril criollo?

En los hechos, lo ideado por Aranguren supone una suerte de retorno encubierto al denostado barril criollo que aplicó el kirchnerismo. Sus papeles consignan un precio de entre 66 y 69 dólares para el período mayo-julio. Según el esquema, las productoras como YPF, Pan American, Pluspetrol, Sinopec, Chevron, Tecpetrol y Vista Oil&Gas cobrarán aproximadamente un 12 por ciento menos que si vendiesen el crudo en el mercado de exportación, o en el local a precio internacional. Según Aranguren, el aumento sostenido del precio de los combustibles en los surtidores serviría primero para compensar a las refinadoras y, cumplido el primer trimestre del año entrante, a las productoras de crudo.

El problema es que nadie puede conocer con certeza el precio que tendrá el barril en el mercado internacional. Lo de Aranguren son conjeturas. Su esquema se basa en un supuesto: que el precio irá a la baja y que en el mercado interno quedará por encima hasta que las extractoras queden compensadas. Va de suyo que las estrategias de la Opep y las políticas de Estados Unidos, en especial con Donald Trump en la Casa Blanca, escapan a lo deseos de Aranguren. Además, se suman interrogantes internos: el tipo de cambio y la incertidumbre sobre los alcances del acuerdo con el FMI.

En el sector petrolero, hay quienes piensan que las compensaciones prometidas, que deberían hacerse efectivas en el primer trimestre del año próximo, podrían llegar en forma de bonos.  Algo similar al rescate de las Lebac que están en poder de los bancos y que apura Luis Caputo en sus reuniones con los banqueros. En síntesis: más deuda pública. Las petroleras y las refinadoras no desconocen que la coyuntura es por demás complicada. Aun así exigen que el Estado les extienda una garantía. Quieren que Aranguren ponga por escrito que si en octubre del año que viene no recuperaron lo que dejaron de ganar con la prometida dolarización del mercado interno será el Estado el que ponga la diferencia. Un negocio redondo para el sector.