Los nuevos dueños de la energía

Vuelan las tarifas y caen las inversiones. Declina la producción de hidrocarburos, aumenta el déficit comercial y se concentra el mercado. Aranguren, Mindlin, Caputo, Pagano & Cia, los protagonistas de una historia con guion de Macri. Los nuevos dueños de la energía, los datos sobre el bienio perdido y algunas pistas sobre el gran negocio del año: la venta de Transener.

La política de Cambiemos amenaza con instaurar la pobreza energética en el conjunto de la sociedad. Según el estándar de la Unión Europea, que surge del Energy Poverty Handbook de 2016, la sufren las familias que requieren gastar más del 10 por ciento de sus ingresos totales para climatizar el hogar a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Si el gasto trepa al 20 por ciento, el hogar pasa estar en situación de extrema pobreza.

Antes de que el gobierno pusiera en marcha las subas semestrales de las tarifas de luz, gas y agua, las consultoras estimaban que los servicios públicos representaban el 5,5 por ciento del total del gasto de una familia. Hoy, según el Indec, el combo llega como mínimo al 8 por ciento. Antes del último tarifazo, el gas se lleva el 3,2 por ciento, la electricidad el 2,2, el servicio de agua el 0,7 y el transporte público el 1,6. En el organismo admiten que en algunos casos el porcentaje ya trepaba al 13 por ciento, o incluso más, dependiendo de la región, el tipo de hogar y el número de integrantes.

No es extraño. El precio de la garrafa de gas aumentó un 60 por ciento en los últimos doce meses. Desde diciembre de 2015, las tarifas de luz, gas y agua se dispararon en promedio un 512, 313 y 392 por ciento, respectivamente. Esto en un contexto donde cuatro de cada diez familias reúne ingresos inferiores a los 16 mil pesos mensuales. Macri, en tanto, insiste con las comparaciones. Su referencia es Uruguay, un país que importa todo el gas y buena parte de la energía eléctrica que consume. Elude que los uruguayos abonan las tarifas más caras de América del sur. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los hogares más vulnerables destinan el 15,6 por ciento de sus ingresos a pagar las facturas energéticas. El decil más rico gasta el 9,2 por ciento.

Un semáforo que no funciona

Cambiemos argumenta que la raíz del problema energético hay que buscarlo en la política desarrollada por el kirchnerismo. La famosa “década perdida”. En pocas palabras, que las empresas no encontraron los incentivos que necesitaban para invertir y elevar la producción de petróleo y gas. La famosa “señal de precios” que lanzó Arangueren.

Que la Argentina extrae cada vez menos hidrocarburos es cierto. La producción total de petróleo fue de 27.800 Mm3 durante 2017. Muy similar la registrada en 1983. La declinación comenzó en el ‘98. Ese año se alcanzó el máximo histórico de 49.148 Mm3. Como se ve, el problema viene de lejos. La causa del retroceso es la baja inversión en exploración de riesgo en las áreas convencionales. La situación se refleja en la disminución de las reservas comprobadas. Las de petróleo cayeron 17,1 por ciento y las de gas natural un 23,8 por ciento en la última década.

Sin embargo, la tibia recuperación que exhibía la producción nacional combinada de petróleo y gas, que se inició con la expropiación de las acciones que Repsol tenía en YPF, quedó trunca. Una de las razones hay que buscarla en el pobre desempeño que mostró la empresa en los últimos dos años. La base de datos del Ministerio de Energía señala que cerró 2017 con una caída del 5 por ciento en los volúmenes extraídos. El único retroceso desde 2011. YPF, que representa la mitad de la producción nacional, había aumentado su producción en un 5 por ciento entre 2012 y 2015. La gestión de Cambiemos, que liberalizó el sector y ralentizó la actividad de YPF -y que aun así es por lejos la que más invierte- profundizó la merma histórica. Al mismo tiempo, la dolarización de las tarifas produjo una enorme transferencia de recursos desde los consumidores hacia una docena de petroleras.

Las inversiones, que deberían haber repuntado ante la “señal de precios”, cayeron. Las estimaciones, en base a los anuncios de las empresas y los datos de Energía, señalan que las compañías en su conjunto invertirán este año unos 6.500 millones de dólares. La cifra es inferior a los 7.300 millones del año pasado, e incluso más baja que los 8.600 millones invertidos en 2015. En otras palabras: los desembolsos cayeron casi un 25 por ciento en el último bienio.

Los alicientes entregados por Cambiemos no funcionan. En enero, el precio spot del gas natural Henry Hub, que se usa como referencia en el mercado internacional, estaba entorno a los U$S 2,67 el millón de Btu (MMBtu). En Argentina, el sendero de incrementos semestrales -que finalizaría en octubre de 2019, según Aranguren- ubicó el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte en U$S 4,19 por MMBtu. Una diferencia notable.

Las empresas apenas incrementaron la producción de gas natural. Un 0,7 por ciento en enero con relación al mismo mes de 2017. El aumento no alcanzó a revertir la tendencia declinante, que acumuló un caída del 0,9 por ciento en los doce meses previos. Más preocupante es el caso del petróleo. En el primer mes del año, la producción retrocedió un 3,5 por ciento y acumuló una baja del 6,4 por ciento. El récord de Aranguren es notable. La variación interanual presenta 23 meses consecutivos con datos negativos. El declive se verifica en todas las cuentas.

Dólares que se van

La balanza comercial energética refleja la situación. El año pasado, el déficit fue 400 millones de dólares superior al de 2016. Alcanzó los 3.272 millones, según el Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE). Los documentos del IAE subrayaran que el resultado se explica por la menor producción de crudo, el aumento de los precios internos de los combustibles y el mayor consumo. Uno de los aspectos cruciales es el avance del 64 por ciento en la importación de naftas y del 11 por ciento de gas natural licuado. También crecieron las importaciones de gas natural desde Bolivia. Lo hicieron un 8 por ciento.

Una idea del impacto que estos números representan en el conjunto de la economía: las compras al exterior de petróleo, gas, combustibles y lubricantes explican el 40 por ciento del ya abultado déficit comercial, que cerró el primer trimestre con un rojo de 2.500 millones de dólares y promete un nuevo récord anual con una marca que rondaría los 10 mil millones.

Las consultoras, sin embargo, son optimistas. Argumentan que la ecuación energética debería comenzar a revertirse en los próximos tres o cuatro años. Dicen que la llave está en los yacimientos no convencionales. El optimismo luce desmedido. Aunque la producción de petróleo y gas no convencional se incrementaron un 28 y un 20 por ciento en 2017, los volúmenes son pequeños comparados con la demanda. Hoy, la producción de petróleo y gas convencionales representan el 91 y el 75 por ciento del total. La brecha es enorme.

Incentivos, más incentivos

Para cerrar esa brecha, el ex Ceo de la Shell no dudó en subsidiar a las petroleras que incrementen la producción de hidrocarburos no convencionales. Lo mismo hizo el kirchnerismo. Este año, Aranguren les reconocerá un precio diferencial de US$ 7,50 por millón de BTU de shale y tight gas, precio que disminuirá 50 centavos por año hasta llegar a US$ 6 en 2021. El shale es típico de Vaca Muerta. El tight proviene de arenas compactas de baja permeabilidad de la cuenca Neuquina, que se extienda por los subsuelo de Neuquén, Río Negro, el sudoeste de La Pampa y el sur de Mendoza.

YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía, entre otras, no están conformes. Cuestionan la fórmula con que se mide el incremento. Consideran que no incentiva la continuidad de los pozos de tight gas que están en producción. Los únicos que podrían aportar un repunte inmediato. Sostienen que pueden perder hasta un cuarto de su producción en un año y que no son rentables con un precio promedio inferior a los U$S 6 por millón de BTU. A esta situación adjudican que no repunten las inversiones de YPF en Rincón del Mangrullo y Estación Fernández Oro; y las de PAE en Lindero Atravesado y Total en Aguada Pichana.

En otras palabras, lo de siempre: las petroleras se quejan. Agregan que el programa de incentivos no contempla los pozos convencionales y afirman que no alcanza con la renegociación a la baja de los salarios que paga el sector. Reclaman más incentivos y que el Estado nacional cancela lo que les debe por el Plan Gas de Julio De Vido. Unos 1.500 millones de dólares. Aranguren ya les dijo en abril que pagará. Lo hará en treinta cuotas mensuales. En realidad, lo que temen las compañías es que el ajuste fiscal llegue también al sector. Esta vez como un recorte abrupto de los subsidios. El panorama augura, en el mejor de los casos, una producción de hidrocarburos estancada en los niveles actuales.

Caputo, Mindlin & Cia.

La reconfiguración que exhibe el sector energético habla de un nuevo proceso de concentración. En la Provincia de Buenos Aires, con la mitad del total de usuarios del país y el 50 por ciento de la demanda nacional, el negocio se reparte entre el financista Rogelio Pagano y Marcelo Mindlin, el empresario preferido del gobierno. Los cruces son farragosos, pero alcanza con algunos datos para tener una idea del nivel que alcanza la cartelización.

Mindlin, que el año pasado concretó la supuesta compra de Iecsa al primo presidencial Ángelo Calcaterra, dio el primer paso en la expansión de su conglomerado Pampa Energía cuando tomó el control de Edenor. Fue en 2005. Con la operación capturó la mitad de los usuarios de luz de la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, desplegó una agresiva expansión que le permitió sumar las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles y Diamante, en Mendoza; además de las térmicas Piquirenda y Güemes, en Salta; Loma La Lata, en Neuquén y Piedra Buena, en Bahía Blanca.

Pagano, a su vez, quien está asociado a Mindlin en Pampa Energía, controla mediante el Grupo Desa las cuatro distribuidoras que operan en territorio bonaerense. Se trata de Eden, Edea, Edes y Edelap. Otro de los accionistas de Pampa Energía es Joe Lewis, el magnate que suele hospedar a Macri en su lujosa mansión de Lago escondido.

Nicolás Caputo, el mejor amigo presidencial, también forma parte del entramado. Es accionista de Edesur y el segundo más importante en Central Puerto, la mayor generadora de electricidad del país. La sociedad es controlada por Sadesa, un holding cuyos accionistas son Carlos Miguens Bemberg, (33,9%); Caputo (22%); Guillermo Reca (22,5%); la familia Escasany (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre (7%). El resto está en manos de accionistas menores y en papeles que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Sus plantas generadoras están localizadas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza y en Piedra del Águila. La potencia instalada representa en conjunto el 10 por ciento del sistema nacional.

Volvamos sobre Mindlin. En 2016, Pampa Energía se quedó con la filial argentina de Petrobras. En los últimos dos años, el conglomerado saltó del lugar 103 en el ránking de empresas nacionales que más facturan al puesto 13. Tarifazos de por medio pronto ingresará al top ten. El holding también es dueño de Transportadora Gas del Sur (TGS), que se reparte con Transportadora Gas del Norte (TGN) el transporte de gas natural a nivel nacional. Mindlin no está conforme y va por más. Ahora busca quedarse con el control de Transener, la empresa que detenta el monopolio natural de la transmisión en extra alta tensión y que a su vez controla la estratégica Transba, encargada de la distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires.

El negocio del año

Para entender la historia hay que remontarse a octubre de 2016, cuando el Grupo Electroingeniería vendió a Enarsa su parte en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la firma que con el 52 por ciento de las acciones controla Transener. Hoy, el paquete accionario de Citelec se reparte en proporciones iguales entre Enarsa y Pampa Energía. Esto significa que ningún socio tiene el control pleno de Transener. Las decisiones deben tomarse por consenso. Un panorama que cambiará por completo si, como ratificó Aranguren, el Estado nacional vende su participación en Transener, donde la Anses tiene el 19 por ciento del paquete a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La determinación de Macri, que según dicen en el Ministerio de Energía no tiene marcha atrás, disparó las sospechas. Todos miran a Mindlin, el gran favorito. No es para menos. Además de su fluido vínculo con el gobierno, colocó a Marcelo Blanco como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía. Blanco fue director y accionista de Pampa Energía. De concretarse la intención de Macri se consumará la privatización total de una compañía estratégica.

Quienes están en contra de la venta subrayan las implicancias de largo plazo. Transener tiene por delante 68 años de concesión y sus nuevos dueños operarán un monopolio en expansión. Su flujo de ingresos irá en aumento con la demanda. En síntesis: la compañía crecerá en el marco de un negocio regulado. Ni riesgos comerciales, ni empresarios.

Hay una cuestión adicional. A diferencia de otras empresas del sector, Transener no está obligada a invertir en la ampliación del sistema de transmisión. Lo hará el Estado. Cambiemos decidió recurrir al sistema de Participación Público Privada paran construir ocho nuevas líneas de alta tensión. Un documento del IAE estima que la empresa se beneficiará en el corto plazo con el 3 por ciento de los 3 mil millones de dólares que demandará la iniciativa. El riesgo lo corre el sector público y el beneficio, una vez más, se lo quedan los privados. La empresa solo administra el sistema.

Según el instituto que dirige el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, no existe ningún estudio de factibilidad que demuestre en forma clara que la venta de las acciones sea más conveniente que conservarlas para obtener los beneficios de las tarifas fijadas por el propio Estado nacional.

En los hechos, la movida diseñada por Macri es más amplia. No solo se trata de vender las acciones de Transener, sino también la participación del 8 por ciento en Central Puerto, donde ya opera Caputo, además de las centrales térmicas Brigradier López en Santa Fe y Ensenada Barragán en la provincia de Buenos Aires. Para cerrar la mega operación, el gobierno recurrió a una serie de bancos internacionales que serán los encargados de dirigir el proceso. Un sistema que ofrece menos garantías que las de por sí poco transparentes licitaciones.

Mindlin, Caputo y Pagano esperan esta nueva oportunidad para consolidar sus respectivos monopolios. La pegunta sobre quiénes deberían financiar las inversiones no los inquieta. Tampoco inquieta al resto de los jugadores del mercado energético. Petroleras, generadoras, transportistas y distribuidoras tiene claro que las inversiones, si llegan, las seguirán pagando los usuarios y el Estados nacional. Los primeros, mediante un ajuste tarifario creciente. El segundo, a través de subsidios, incentivos y el endeudamiento de largo plazo que implica el esquema de Participación Público Privada.