Macri en la Argentina, Temer en Brasil y Macron en Francia apuntan en la misma dirección. Un mercado laboral desregulado. El darwinismo social, la experiencia española y el estribillo de siempre.
La hoja de ruta de Macri, Temer y Macron apuntalan el objetivo de las corporaciones globales: un mercado laboral desregulado. Repiten una vieja canción. Es la que suena en Davos. La misma que entonó Thatcher a fines de los ’70. El estribillo es conocido: “No hay alternativa”. Hay quienes sostienen que la frase corresponde al filósofo victoriano Herbert Spencer, uno de los defensores del darwinismo social que hoy se presenta reciclado. Lo inevitable es la cuarta revolución industrial. Un mundo de robots gobernado por la inteligencia artificial, donde lo digital, lo biológico y lo virtual se confunden. Una promesa de productividad infinita que amenaza con devenir en una tormenta perfecta para los trabajadores.
El economista alemán Albert Hirschman (1915-2012), heterodoxo y preocupado por las condicionalidades que ponen límites al desarrollo económico, sintetizó en Salida, voz y lealtad (1977) las tesis que las fuerzas conservadoras argumentan para impedir el reformismo social. Según Hirschman son tres. La primera sostiene que cualquier acción positiva corre el riesgo de exacerbar lo que pretende remediar. La segunda señala que los intentos reformistas son inútiles porque no pueden modificar las leyes de la economía. La tercera enfatiza que el precio del reformismo amenaza los logros alcanzados. Se trata, sin más, de la apelación al miedo. Una alarma que los medios suelen multiplicar y que obtura cualquier cuestionamiento al orden imperante.
Autogestión, autonomía, innovación, polivalencia y productividad se repiten en el discurso del poder. El mundo es de los emprendedores. El éxito es individual, ya no colectivo. Tan individual como el fracaso. En el plano económico, más específicamente en el mundo laboral, el relato consolidó algo que parecía imposible: que los sujetos interiorizaran la sociedad del rendimiento y de la autoexplotación. La idea permeó en los pliegues de la vida cotidiana. Incluso en Europa, beneficiaria de un estado de bienestar que sufre fuertes cuestionamientos.
Polémico, pero lúcido, el ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han advierte en Psicopolítica (2014) que el neoliberalismo financiero, con un mínimo de coacción externa, consiguió reproducir casi al infinito la tasa de rendimiento del capital. La publicidad, por si quedan dudas, refuerza el mensaje. “¡Nada es imposible!”, dice Adidas. “¡Sólo hacelo!”, insiste Nike. Si quedan dudas, allí están las estrellas del deporte para garantizar el slogan. “El capital expandido psicopolíticamente”, define Byung-Chul.
Un mundo a medida
No es extraño que en este panorama, donde el rendimiento se asume como mandato y se internaliza como autoexigencia, el sueño de los cúpulas empresarias gane terreno. Un mundo con sindicatos débiles, donde el derecho laboral, sea individual o colectivo, quede reducido a una mínima expresión. Con organizaciones gremiales desplazadas del centro de la discusión y partidos políticos vacíos de contenido, el marketing hace su tarea. El temido Levatián es finalmente barrido de la escena y reemplazado por el mercado. Una vez más no hay alternativas. El consenso sólo puede ser apolítico. La justificación está casi a la mano: ante la inoperancia del Estado y el inevitable advenimiento de una nueva revolución industrial, sólo queda la supuesta libertad de consumo y el trabajo sin fin. Sin tiempos muertos, nada será conclusivo. Por ende poco o nada tendrá sentido. La posverdad se cuela por la ventana y se instalada para hacernos compañía frente al televisor.
Pero, ¿qué factores modelaron la reorganización empresaria?, ¿cuáles hicieron posible el pensamiento del nuevo capitalismo? Los franceses Ève Chiapello y Luc Boltanski proponen algunas pistas en El nuevo espíritu del capitalismo (2002). El análisis, aunque acotado al mundo empresarial, pone el acento en la apropiación que concretaron los Ceos de la experiencia contracultural de mayo del 68. Chiapello y Boltanski subrayan la capacidad para reciclar, ahora con ánimo de lucro, las críticas a los viejos esquemas jerárquicos del fordismo. Las críticas de antaño devinieron en factores de cambio e innovación. El balance medioambiental y la responsabilidad social empresaria maquillaron un capitalismo que se alimenta de todo lo que encuentra en su camino.
Reforma por decreto
La operación que describen Chiapello y Boltanski avanzó sobre ámbitos hasta hace una par de décadas extraños a la economía. Términos como meritocracia, eficiencia y velocidad se expandieron al compás de los flujos financieros. Incluso en sociedades altamente beneficiadas por el desarrollo del Estado. En Francia, Emmanuel Macron está por conseguir lo que no pudo Juppé en 1995. Una reforma laboral profunda. Para algunos, el cambio más significativo del sistema social francés desde 1945.
La intención es modificar el código laboral sin debate parlamentario. Macron tiene una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. La iniciativa (se aprobó por 270 votos a favor y 50 en contra) pasó al Senado. Todo indica que tendrá el apoyo de la centroderecha y de algunos legisladores socialistas. Los argumentos se repiten. Según Macron, cuyo populismo de centro arrasó en las últimas legislativas (tiene un nivel de aprobación del orden del 65%), la legislación francesa no se condice con la realidad empresaria, frena el desarrollo de empresas y conspira contra la creación de trabajo.
El proyecto fija los temas, pero no el contenido de la reforma. La iniciativa sintoniza con el Movimiento de Empresas de Francia: privilegiar las negociaciones entre las comisiones internas y las empresas. El objetivo se beneficia con la fractura de la derecha tradicional y la debilidad del Partido Socialista. La Confederación General del Trabajo quedó aislada. La moderada Confederación Francesa Democrática del Trabajo la supera en representatividad y está dispuesta a negociar. La Francia insumisa de Jean Luc Mélenchon busca posicionarse como la principal oposición, pero sus posibles simpatizantes, aunque denuncian la política liberal de Macron, muestran reparos a causa de las reformas pro mercado durante la gestión de Francois Hollande.
Más trabajo, pero de peor calidad
La reforma a que aspira Macron es un muy parecida a la que aprobó el Partido Popular de España en 2012. Cinco años después, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) aportan pistas sobre sus resultados. Debilitada la negociación colectiva y el rol de los sindicatos, la facilitación de los despidos, la tercerización de tareas y los contratos temporales trajeron algo más de trabajo, pero de peor calidad.
“El verdadero efecto de la crisis va más allá del desempleo, afectando la calidad del empleo y las condiciones de trabajo de los que aún mantienen su empleo y de aquéllos que están siendo contratados en la fase de recuperación”, señala un balance de la CNT. La cuestión se materializa en mayor precariedad, más temporalidad, peores jornadas, trabajos menos calificados y salarios más bajos.
La experiencia señala que más de la mitad de las personas que trabajan a tiempo parcial no hubiera elegido esa alternativa. Se trata de la consolidación de una nueva forma de subempleo: el autoempleo involuntario. Falsos trabajadores autónomos obligados por las circunstancias o las empresas a trabajar por cuenta propia. En España hay unos 4,5 millones de desocupados. El año pasado cerró con una desocupación del 20 por ciento. Lejos del pico del 26 por ciento durante la crisis, pero muy por encima del 8,2 por ciento de 2007.
Las perspectivas son peores. “Las características del empleo creado no indican una transformación del modelo productivo. Mucho menos un cambio de tendencia que pueda anunciar empleos de calidad a medio plazo”. Uno de cada cuatro empleos es temporal. Además, los contratos tienen una duración cada vez menor. La duración media pasó de 63 a 50 días entre 2011 y 2016.
Macri, Macron… ¿un solo corazón?
No es extraño que en Cambiemos se entusiasmen con Macron. Dicen que las similitudes con Macri son muchas. No se equivocan. Ninguno surgió de un partido tradicional. Ambos vienen del mundo de los negocios y son hijos de los tiempos que corren: los dos revindican un discurso tan apolítico como ahistórico. Hasta allí las semejanzas. Las diferencias son obvias. Macron gobierna con una amplia mayoría legislativa. Macri lo hace en minoría y las elecciones de octubre definirán en gran medida la posibilidad de la reforma laboral que auspicia Cambiemos.
En nuestro país, entre fines 2015 y abril de 2017, el empleo registrado creció apenas un 0,8 por ciento. En ese lapso se sumaron al mercado formal unos 160 mil trabajadores. Lo que parece bueno, aunque poco, deviene en preocupante: la causa hay que rastrearla en la composición del empleo. La mejora no es tal. En el mejor de los casos abre interrogantes. El incremento se explica por el aumento de monotributistas, monotributistas sociales, empleados de casas particulares y los asalariados del sector público. La cantidad de empleos registrados en el sector privado cayó. Unos 53 mil puestos menos.
Si la reforma de Cambiemos prospera es de esperar que, como ocurrió en España, se acentúen las modalidades precarias de contratación que suelen ocultar relaciones de dependencia. En la base del problema está el empleo industrial. Las crónicas abundan en conflictos. Como en los años ’90, la zona de Zárate, Campana y Baradero es paradigmática. Lo testimonian los 600 trabajadores de la construcción y mantenimiento cesanteados en el complejo nuclear de Atucha. Hay otros ejemplos: el cierre de la química Atanor, los despidos en Ingredion, en Quipro y Carboclor, además de los recortes de personal en Germaiz, Dontos y BRF, por señalar algunos.
Desde fines de 2015, seis de las catorce ramas más relevantes de la economía muestran reducciones de personal. Las ocho restantes incrementaron levemente la dotación, pero no alcanzaron a compensar la destrucción de puestos y el incremento de personas que buscan empleo. La contracción se explica en lo esencial por tres ramas. La principal es la industria manufacturera. Representa el 20 por ciento del empleo formal total. Cualquier retroceso en su nivel de actividad afecta el nivel de empleo global. La minería, en tanto, redujo un 10 por ciento su personal por la caída de los precios internacionales del petróleo y los minerales. La construcción, luego de meses en caída libre, recién da signos de reactivarse.
Una reforma de Temer
La crisis institucional que atraviesa Brasil puso en un segundo plano la profunda reforma laboral que impuso Temer, con el apoyo de una amplia franja de partidos políticos, para satisfacer la demanda de la Federación de Industrias de San Pablo. El nuevo marco legal no sólo desarticula la legislación construida entre 1930 y 1945 durante el Goberno provisório y el Estado Novo. También restringe los derechos laborales individuales de la Constitución Federal de 1988.
El discurso oficial retoma los argumentos centrales del debate de los años ’90, cuando durante las presidencias de Itamar Franco (1992-1994) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) se fomentó la resolución de los aspectos que regulan las relaciones laborales en el ámbito privado. En esta ocasión la embestida es tan profunda que incluso un foro burocrático como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reaccionó denunciando la violación de diversos acuerdos y convenciones internacionales.
Entre sus muchas disposiciones, la reforma -que comenzará a regir desde octubre- pone los acuerdos a nivel de empresas por encima de los sectoriales alcanzados a nivel nacional. En consecuencia, las empresas podrán negociar con sus empleados y hacer valer lo pactado ante la justicia. Esas negociaciones podrán abarcan desde los salarios -que se podrán negociar a la baja- hasta la duración de la jornada laboral, pasando por las funciones, los tiempos de descanso, los francos y las vacaciones -que se podrán dividir hasta en tres períodos-.
Con relación a la jornada laboral, la ley sancionada contempla la llamada “jornada intermitente”. En otras palabras: el pago sobre una base horaria. No mensual y semanal. La jornada se podrá extender hasta 12 horas diarias y 48 semanales. Incluso habilita la posibilidad de negociar el horario de almuerzo. La norma crea, además, la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente.
La intención de restarle poder a los sindicatos es otro de los ejes. Establece como voluntario el aporte sindical equivalente a un día de trabajo por año. Otras medidas, por ejemplo, encarecen y dificultan la posibilidad de los trabajadores de denunciar a las empresas ante la justicia y la autoridad administrativa. El combo laboral, vale recordar, se completa con una reforma fiscal que congela el gasto público en términos reales por una década prorrogable por una más.
El factor político
Los economistas advierten que las reformas modificarán la estructura productiva de Brasil y pondrán una fuerte presión sobre la industria nacional. La histórica relación de competencia y complementación se inclinará seguramente hacia el primero de los factores. Dentro de los límites del Mercosur, Brasil y Argentina competirían por los mismos capitales. Cada país procurará mostrarse como el terreno más fértil para la ansiada lluvia de inversiones.
En el corto plazo, las cartas están echadas: el principal socio argentino viró ya hacia un esquema caracterizado por una mayor apertura comercial y la búsqueda de inversiones para reemplazar el consumo. El mismo camino que intenta transitar Cambiemos. La hoja que ruta, sin embargo, no está libre de incertidumbres. Los círculos rojos de Brasil y Argentina lo saben. El factor político dibuja límites. El imprevisible resultado de la crisis institucional brasileña y el resultado de las legislativas locales de octubre son datos a tener en cuenta.
Cambiemos, en tanto, se empeñan en subrayar que el resultado electoral no afectará sus planes. Los funcionarios ya tienden puentes hacia la cúpula de la CGT. Los temas son conocidos. Un amplio blanqueo laboral con ventajas impositivas para las empresas que adhieran, rebajas de los aportes patronales, mayores facilidades para las contrataciones temporales y un sesgo claramente flexibilizador en la renegociación de los convenios colectivos. Dirán que es inevitable, que no hay alternativa.