El mandato del Fondo Monetario Internacional, que hizo suyo el gobierno, es sencillo: aumentar los saldos exportables de alimentos y materias primas para garantizar los pagos de la deuda externa. Un repaso por las últimas medidas económicas y sus grandes beneficiarios.
La Argentina presenta los problemas estructurales propios de una economía sesgada hacia las exportaciones primarias y con cada vez menos actores nacionales con capacidad para insertarse en un entorno internacional con crecientes exigencias. En ese contexto, la macroeconomía y la matriz comercial están en función, básicamente, de priorizar la exportación de materias primas y alimentos para obtener divisas y cumplir con los compromisos externos.
Se trata, en definitiva, de exportar sin miramiento y sin reparar en cómo afecta al consumo interno. Un ejemplo: las exportaciones declaradas de granos de maíz fueron de 37 millones de toneladas en 2020; de 38,4 millones en 2021; y de 39 millones en 2022 pese a la sequía. Una dinámica creciente que impacta en los precios locales de las carnes aviar y porcina, e incluso en la bovina. En todos los casos porque el maíz es un componente clave en la alimentación de los animales.
La Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informan que las ventas del sector ascendieron a 40.438 millones de dólares en 2022 -el mejor año desde que se llevan registros-, lo que representa un aumento interanual del 23,3%. Si se suma el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo el biodiesel y sus derivados, el sector explicó al año pasado el 48% del total de las ventas al exterior.
También fue relevante la contribución del sector petrolero. Sus exportaciones se duplicaron durante 2022 por el efecto combinado de precios y cantidades. Los principales destinos fueron Estados Unidos (30,7%), Brasil (15,4%) y Chile (11,4%). Hoy, la expectativa es que la energía, de la mano de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, adquiera un peso similar al de la agroindustria en los próximos años.
Por lo pronto, y de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo alista dos proyectos de ley. Uno para la instalación de una planta de GNL y su comercialización, y otro para el desarrollo de la producción de hidrógeno en el país.
En el caso del litio, las exportaciones entre enero y octubre de 2022 se triplicaron con respecto al mismo período de 2021. Sumado a los llamados minerales raros, el llamado “oro blanco” demuestra que la minería es uno de los sectores que atrae más inversiones. Las exportaciones crecen a un ritmo del 30% interanual por los envíos de oro, plata, cobre y litio, y se espera que sigan aumentando.
La otra cara de la moneda son las exportaciones de manufacturas industriales. Representaron durante 2021 apenas el 25% de las ventas totales al exterior, dinámica que se explica principalmente por la industria automotriz, donde la baratura de la mano de obra local impulsa la producción de autopartes, superando la de Brasil. En 2022 se produjeron 536.893 unidades, 23,5% por encima de 2021, el nivel más alto desde 2014, cuando se produjeron 617.329, pero todavía lejos del máximo histórico de 2011 de 828.771 unidades. La gran diferencia es que en esos años se producía, principalmente, para el mercado interno. El año pasado, el 60% (322.286 vehículos) de los vehículos producidos se exportaron.
El gobierno, en tanto, busca acentuar el perfil exportador del sector. Apenas iniciado el año anunció que las terminales no pagarán derechos de exportación cuando la producción se incremente por encima del registro de 2022, un piso que la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) estima que se superará año tras año.
Para qué exportamos
¿Por qué debemos exportar a como dé lugar y reducir el consumo interno? La respuesta es sencilla: para aumentar los saldos exportables de alimentos y materias primas. Sin embargo, mientras se acepta como un logro las crecientes exportaciones mineras y de automóviles, no se investiga cómo y quiénes generaron la deuda que el país paga con las divisas del comercio exterior.
El nivel de endeudamiento se torna inaudito si se tiene en cuenta que la Argentina ha tenido un comercio exterior superavitario en el siglo XXI: unos 270 mil millones de dólares entre los años 2000 y 2022. Más todavía de cara a las exitosas restructuraciones de la deuda pública de 2005 y 2010, que disminuyeron sensiblemente el monto y escalonaron su pago. Sin embargo, con el gobierno de Macri, la deuda aumentó en más de 100 mil millones de dólares, monto con el que no se hicieron obras de infraestructura, pero sí se fugaron, según estudios del BCRA, unos 86 mil 200 millones de dólares.
La historia es conocida. Los sectores más ricos se endeudaron y traspasaron la deuda al Estado nacional como lo hicieron en el período 1982-1983 y en 2002. Pese a ello, el gobierno no atina a investigar cómo hicieron para comprar la cantidad de divisas que adquirieron en cuatro años, cuando las empresas no declararon ganancias por la magnitud que fugaron.
A ello hay que sumarle un capital financiero cada vez más extranjerizado con BlackRock a la cabeza. El fondo tiene participación en los bancos españoles Santander y BBVA, pero también en los supuestamente privados nacionales Galicia y Macro. Un sector donde tallan otros bancos de capital extranjero, como el Citi, el HSBC, el ICBC y el Patagonia. Un condicionante al que se suma la deuda interna en pesos que, en buena medida, está en poder de fondos como PIMCO y Franklin Templeton, que no saben cómo desprenderse de ella sin producir una fuerte caída en los precios de los títulos. Panorama al que suman las deudas y las presiones del FMI y del Club de París.
Las medidas de Alberto Fernández
El gobierno frenó los planes sociales y el gasto público en medio de la segunda ola del Covid-19 para no superar el déficit fiscal presupuestado. El ajuste se repite. En 2021 el gasto de la Administración Nacional descendió del 25,96% al 24,43% del PIB. En 2022 fue del el 21,3% y, según el Presupuesto 2023, no superará el 20% durante este año.
Semejante severidad fiscal no tiene reflejo en una política monetaria que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo. El gobierno paga generosa y religiosamente a los bancos por las inmovilizaciones de las Leliq, las Notaliq y los Pases Pasivos, que a diciembre pasado sumaban unos 10 billones de pesos, cuando toda la Base Monetaria no supera los 4,5 billones y el total del crédito otorgado por el sistema financiero en su conjunto al sector privado es de 6,7 billones.
En otras palabras: es mayor el encaje remunerado que el dinero en circulación y el total del crédito. Los bancos privados, y en especial las 10 entidades más grandes, ganan más prestándole al BCRA que dando créditos a empresas y personas.
Las decisiones del gobierno hablan de su orientación. Apenas asumió, Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todos los ámbitos, menos una “Emergencia Cambiaria” imprescindible que le hubiera permitido al BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas, en lugar de rifarla entre adelantos a las importaciones de grandes empresas y/o venderle al tipo de cambio oficial para que paguen su deuda externa.
Dicho de otra forma: utiliza las reservas del BCRA para pagar deuda externa de empresas que tienen acceso al crédito externo y sobrada capacidad de pago. Peor todavía. Le vende dólares al tipo de cambio oficial a las compañías que aparecen en el propio informe del BCRA sobre “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.
Al Gobierno nacional le hubiera bastado incluir en el proyecto un solo artículo para anular la Resolución 893/17 de Macri que puso fin a la vigencia por casi 53 años del Decreto 2581/1964 de Arturo Illia que declaró la emergencia cambiaria.
El decreto facultaba al BCRA a imponer plazos de liquidación a las exportaciones desde el embarque y no por declaración jurada, así como rechazar los pedidos para el pago de importaciones que carecen de aval bancario o no están previamente justificados ante el BCRA. En su artículo 5to. el decreto señalaba que: “La ejecución de las remesas de divisas extranjeras por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto, serán regladas por el Banco Central de la República Argentina el que conforme a la naturaleza de las mismas fijará los límites correspondientes”.
En tanto, el BCRA incumple con su Carta Orgánica, que estipula que el BCRA deberá: “a) Asesorar al Ministerio de Economía y al Honorable Congreso de la Nación, en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondiesen; b) Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija”.
Por lo pronto, la entidad no dictó norma alguna. Muchos menos fiscaliza el mercado cambiario. Una prueba. Macri desmanteló la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias imposibilitando que se pueda comprobar cuándo y cómo se liquidan las operaciones de cambio. Al no rearmarse el organismo, el BCRA no puede aplicar la Ley Penal Cambiaria y el Decreto 480/1995 que la reglamenta y que afirma en su primer artículo que serán reprimidas con sanciones:
a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
b) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;
c) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;
d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;
e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;
f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.
El gobierno tampoco ha hecho mucho para profundizar el control aduanero. Durante el menemismo se privatizaron los controles y se concesionaron los principales puertos. Hoy, se toma por cierto lo que se declaran exportar e importar las compañías.
Un acuerdo incumplible
La economía Argentina solo crece en forma sostenida si lo hace en base a su mercado interno y para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como lo plantea el acuerdo con el FMI -que Sergio Massa sostiene que es el plan del gobierno- propiciando a como dé lugar las ventas al exterior de productos primarios, dinámica que genera muy pocos puestos de trabajo que en general son de baja calidad y que tampoco son compensados por las exportaciones de la industria.
Por lo pronto, y sin saber quiénes compraron los 45.000 millones de dólares que prestó el FMI al gobierno de Macri, el Congreso aprobó un plan de pagos que con ahorro nacional pretende pagar los intereses y el capital, que se renuevan con el nuevo préstamo del organismo a 10 años de plazo con cuatro años de gracia de manera tal que, si se cumplen todos los requerimientos, la deuda se terminaría de cancelarse en 2034.
Como las metas acordadas no se van a poder cumplir, el gobierno promociona, a costa de los ingresos del Estado y cuando no lo necesitan, a las empresas hidrocarburíferas y mineras; o busca aumentar las exportaciones de bienes, que alcanzaron los 82.293 millones de dólares en los 11 meses del año 2022 (último dato publicado). Sin embargo, nada dice sobre la forma en que impacta su política en los precios internos de productos como el pan, las harinas y los aceites. Mucho menos se preocupa por el impacto ambiental de su política.
Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de los alimentos son lo que una aspirina para un enfermo terminal, cuando en realidad se debería aumentar fuertemente los derechos de exportación, poner cupos a las exportaciones de carne, maíz y trigo, y controlar férreamente el precio del dólar.
Así como la hiperinflación de 1989/1990 se frenó malvendiendo empresas públicas, ahora vienen por el petróleo y el gas de Vaca Muerta; por el litio y los minerales raros de la Puna; por el gas que quieren sacar a 6.000 metros bajo del nivel del mar frente a la costa marplatense; por el petróleo de San Carlos en Mendoza; por el hierro y la plata de la meseta de Chubut; por el oro y cobre de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca. Y lo hacen por más que los pueblos de esas regiones se opongan con justas razones. Una depredación sin límites, que incluye la sobre explotación del Río Paraná y el no respeto del suelo con cultivos transgénicos, el talado de bosques y hasta incendiando campos.
Lo único que garantiza el acuerdo es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y todavía menos hasta 2034; que van a seguir subiendo los precios de los alimentos al permitirle a las empresas comercializadoras igualar el precio interno con el externo; y que se seguirá priorizando la exportación de materias primas y granos. Una perspectiva desastrosa para los asalariados a los que les costará cada vez más conseguir un empleo por el que obtendrán, en términos de poder adquisitivo, una remuneración menor.
Presunciones confirmadas
A poco de asumir, Sergio Massa lanzó el denominado Bono Dual, que colocó en el mercado el 8 de agosto pasado para renovar y estirar los vencimientos de los títulos de deuda del Tesoro Nacional. De igual manera procedió el 10 de noviembre para los títulos de deuda interna que vencían el último bimestre de 2022. Se trata de bonos que se ajustan por inflación o por la evolución del dólar oficial. En síntesis: si este año se devalúa y/o crece la inflación se deberá pagar más a sus tenedores.
El llamado “dólar soja” va en la misma dirección. El gobierno devalúa y sobre devalúa para favorecer a los grandes productores, acopiadores y comercializadores. En forma paralela vende dólares a 170 pesos a algunos importadores. Primero, en setiembre pasado, les reconoció a los exportadores 50 pesos adicionales por dólar. Luego, entre el 18 de noviembre y el 30 de diciembre últimos, 230 pesos por dólar. El resultado: ingresaron unos 11 mil 600 millones de dólares y el Tesoro Nacional debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por un total unos 610 mil millones de pesos.
En esa lógica perversa, Massa se comprometió con Unión Industrial Argentina (UIA) que lideran las familias Pagani (ARCOR), Rocca (Techint) y Blaquier (Ledesma), además de Magnetto (Clarín), que habrá más dólares a precio oficial para importar y que moderará el ritmo de la suba del oficial en un intento por bajar la inflación al 4% mensual hasta marzo próximo, mes en que, teóricamente, debería comenzar la liquidación de la cosecha gruesa.
Los beneficios especiales también incluyen a las mineras y petroleras. En la primera reunión que tuvo en Estados Unidos, Massa, a tres días de haber asumido, interpeló a las empresas Rio Tinto y Livent para que aceleraran la explotación de litio y minerales raros. Al otro día, acordó con los referentes de las petroleras Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion y Vista, entre otras, para generar un marco regulatorio especial y ampliar así el desarrollo de Vaca Muerta. ¿La moneda de cambio? Permitirles una mayor disponibilidad de divisas para girar sin límites sus utilidades al exterior.
Del mismo tenor son los convenios con las empresas que construirán el oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande. Una inversión en la que participará YPF y que se estimada en 1.260 millones de dólares. El ducto se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino. Paralelamente reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acordaron con la petrolera malaya Petronas construir una planta de GNL para aprovechar todo el potencial de Vaca Muerta.
Las facilidades otorgadas a las grandes compañías siguen. Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunciaron la adjudicación de una nueva etapa del Plan Gas para garantizar el abastecimiento por los próximos 4 años. Pampa Energía se quedó con el 44% de la capacidad de transporte del futuro gasoducto Néstor Kirchner. Luego se ubicaron Tecpetrol del Grupo Techint y PAE, la compañía fundada por la familia Bulgheroni cuyo principal socio es la petrolera inglesa British Petroleum, que explota petróleo y gas en las Islas Malvinas y en el Mar Argentino con autorización británica.
En esa oportunidad, Massa dijo que la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público. Lo que se olvidó es que Pampa Energía en la gestión de Cambiemos compró 903 millones de dólares y que en sus balances y estados contables solo puede demostrar el 60% de esas compras; que el Grupo Techint propietario de Tecpetrol compró 783 millones de dólares y no puede demostrar la mitad; y que PAE adquirió 98,4 millones.
Otra cuestión interesante es la deuda de casi 220 mil millones de pesos que tenían con Cammesa las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, y que acordaron refinanciar pagando apenas 80 mil 210 millones entre ambas, y el remanente en 96 cuotas mensuales a una tasa subsidiada. El resto, unos 139 mil 405 millones, quedaron condonados como parte del acuerdo cerrado por el Ministerio de Economía.
No es raro. El 23 de junio de 2021, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la venta del 51 por ciento del paquete accionario de EDENOR, que controlaba Pampa Energía, a favor de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Los dos primeros propietarios del multimedios América, muy allegados a Massa; y el tercero proveedor exclusivo de cloro a la empresa AYSA, que presidida Malena Galmarini, la esposa de Massa. Otras distribuidoras del interior fueron beneficiadas con un modelo similar. Sin embargo, Edenor y Edesur representan casi la mitad de la deuda total de las distribuidoras con Cammesa.
Abreviando
El modelo propuesto por el Gobierno nacional es el extractivista, agropecuario exportador y financiero. Se basa en la renta del subsuelo, del suelo y en la legislación vigente que favorece al sector bancario, bursátil y cambiario. Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos.
El plan económico es el acordado con el FMI y tanto las medidas adoptadas por Martín Guzmán como por Massa se insertan en ese plan y se subordinan a la prosecución del modelo, de allí que definen como ventajas las riquezas en recursos agropecuarios, energéticos y minerales.
Mientras se otorga todo tipo de beneficios al sector más concentrado de la economía, la suba constante del precio del dólar, que fue de un 300% desde el 10 de diciembre de 2019, se encarecen los alimentos y la energía, al tiempo que se reducen en términos reales el salario, la jubilaciones y los planes sociales, lo que a su vez comprime la demanda de bienes industriales, caída de ventas que las empresas compensan vendiendo al exterior.
Semejante modelo consagra la desigualdad. Más que eso. Garantiza los ingresos de los pocos que tienen acceso al dólar y perjudica severamente a los que dependen de la moneda nacional. La Argentina vivió las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. No fue fácil. Al alto costo en sangre inocente siguió un gobierno que defendió el mercado interno, el trabajo y la producción local. La Argentina se puso de pie y creció en forma sustentable redistribuyendo el ingreso en forma progresiva.
Hoy, luego que el proceso quedara interrumpido por Cambiemos, la orientación del gobierno y el poder económico parecen no advertir el riesgo de un estallido social como el que trajo aparejado la implosión de la Convertibilidad. Puede ser lo mismo, o peor sin que se avizore un Néstor Kirchner para lograr una salida constructiva y sustentable.
