El reformismo permanente

Claves para entender la mecánica y las consecuencias de un ajuste que busca reducir el costo salarial y destruir los más básicos derechos laborales.

Terminaba la dictadura cívico-militar y Jorge Schvarzer pudo publicar su libro Martínez de Hoz, la lógica política de la política económica, donde sostenía que el cambio de paradigma del modelo de acumulación y distribución impuesto a sangre y fuego por el gran capital iba a perdurar porque habían logrado instalar en la sociedad, en todos sus niveles, que para que se produzcan inversiones se debían generar las condiciones  para que el capital invirtiera en el país y esto era posible si y solo si se le permitía igualar las tasas de ganancia que obtenía en el sistema financiero mundial. Eso exigía a su vez que se redujera el costo salarial y la pesada carga de los derechos laborales generados por el modelo ISI (industria sustituidora de importaciones) reiniciados durante el peronismo.

Para ellos, los trabajadores gozaban de conquistas laborales como en pocos lugares del  mundo y el capitalismo argentino era muy débil como para poder desarrollarse con el ancla de esos derechos. Por ende debían “liberarse las fuerzas productivas”  como dijera Martínez de Hoz en su discurso cuando asume como ministro de facto el 2 de abril de 1976.

Nada importó que la amplia e irrestricta apertura de la economía significara por un lado la sustitución inversa, donde las importaciones destruyeron nuestra producción y el trabajo local, a la vez que la política de endeudamiento permanente hizo que ingresaran capitales financieros del exterior, atraídos por la mucho mayor tasa de interés argentina que la depreciación de nuestra moneda fijada por una “tablita” cambiaria que aseguraba que eso pasara.

Entonces, claro, medido en dólares el costo laboral era el más alto de la región, por ende había que reducir el “costo” argentino y toda la prédica era cercenar derechos, bajar salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo, sin explicar que se llegaba a ellos por la misma lógica del atraso cambiario producido por ingresos de capitales golondrinas.

Las empresas que se dedicaban a producir, al poco tiempo de la ejecución del plan de Martínez de Hoz pagaban más por intereses de sus deudas que por salarios, como le pasa hoy al gobierno de Macri, donde los intereses de la deuda (sin contar el capital adeudado, esto es solo el pago de los intereses de la deuda) es un porcentaje cada vez mayor del total de las remuneraciones de los trabajadores de la administración nacional.  En efecto, los intereses de la deuda en el año 2016 alcanzaron al 73% de los salarios, en este año 2017 el mismo gobierno estima que va a ser el 80% y para el año 2018 proyecta que va alcanzar el 89% (Total de remuneraciones presupuesto nacional 2018 de  319.128 millones de pesos contra intereses a pagar por 284.012 millones).

Entonces, qué hace el gobierno y lo plantea para toda la sociedad: reducir el costo laboral de los trabajadores en actividad y las jubilaciones y pensiones, al solo efecto de seguir endeudándose y poder pagar los intereses cada vez mayores ante una deuda que la incrementó en 23 meses en más de cien mil millones de dólares. Esto sin tener todavía en cuenta la posibilidad que la tasa de interés internacional se acreciente ante el cambio de las autoridades de la Reserva Federal de los EEUU, que fue lo que nos pasó en 1980 cuando asumió Ronald Reagan, quién también sostenía como nuestra derecha vernácula que los individuos y las empresas privadas son la verdadera fuente de la prosperidad y no el gobierno  e incrementó, sideralmente, la tasa de interés de su país, encareciendo el crédito mundial que la dictadura argentina había tomado generosamente.

Una repetición perfeccionada

Habiendo aprendido de los errores pasados, ya no plantean la reducción de un 13% de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones de junio del 2001, cuando era ministra de trabajo Patricia Bullrich, sino que inflación mediante, van a aplicar ese porcentaje y tal vez más, en el marco del libre mercado, tal lo planteado por Mauricio Macri en el CCK, insultando la memoria de quién no bien asumió el gobierno aumentó los salarios y los haberes previsionales por decreto, hasta que pudo restablecer las paritarias (Y sostenía que el piso debía ser la inflación más dos puntos para los trabajadores) y ajustó las previsiones por una formula poligonal contemplando la variación de los recursos tributarios (y los “semestralizaba” dividiendo el incremento anual por dos, con lo que lo hacía acumulativo) y el coeficiente salarial.

En cambio el macrismo, demostrando palpablemente lo que son y lo que quieren, redefine el concepto de “trabajo”, que a diferencia de la normativa vigente, poniendo en igualdad de condiciones al empleador con el asalariado. Es decir, como juntar en un gallinero a la zorra y a la gallina y decirles a los dos que se porten bien.

A las definiciones previstas en la ley de Contrato de Trabajo le suman: “la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”. Se trata de una igualación de roles entre empleador y asalariado, sin contemplar quién emplea a quién.

El avance del Capital sobre el Trabajo se refleja en:

1. La eliminación de las indemnizaciones a favor del trabajador por incumplimiento en la registración, total o parcial, de su contrato de trabajo y su remuneración.
2. La eliminación de la base de cálculo para la indemnización por despido del SAC, horas extraordinarias, comisiones, premios, compensaciones de gastos y todo otro rubro que no tenga periodicidad mensual
3. La creación del “Fondo de cese laboral”, que permitirá financiar a los empleadores las indemnizaciones por despido, a través de los convenios colectivos, sustituyendo por dicho fondo las obligaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.
4. La creación de un “Banco de horas”, a ser establecido mediante los convenios colectivos de trabajo, por el cual el cómputo de la jornada máxima, diaria o semanal, pasa a ser anual, permitiendo compensar los excesos de jornada a lo largo de un año y sin pago de recargo por horas extraordinarias.
5. El aumento de la jornada diaria, en orden al sistema de cálculo en base a promedios, de 8 a 10 horas.
6. Un sistema de Pasantías, que alcanzará a graduados universitarios – con hasta un año de expedición del título respectivo – por un año y con una jornada de hasta 30 horas de trabajo.
7. “Blanqueo laboral”, por el cual si se declara a un trabajador no registrado, dentro del plazo de 180 días de vigencia de la ley, se condonan todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos e, incluso, se produce la extinción de la acción penal. Si el empleador se toma un plazo de 360 días paga solo el 30% de la multa.
8. A los trabajadores “blanqueados” se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria, pero con el haber mínimo.
   9. Cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, el término prescripción del plazo que tenía el trabajador para reclamar un derecho era de cuatro años. La dictadura cívico-militar la bajó a dos años. El proyecto de Macri lo baja a solo un año.
   10. Impulsa una reducción generalizada de aportes patronales (Reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual, hasta llegar al nuevo piso en el año 2.022).
   11. Facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento y ponerlo a salvo de juicios. La iniciativa bloqueará las demandas “por solidaridad” contra las empresas de una actividad principal con contratistas de los siguientes rubros: limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática “que se efectúen en el establecimiento de explotación”.
   12. Creación de la figura del “trabajador independiente” que podrá tomar hasta cuatro “colaboradores” despegados de las modalidades habituales de contratación. Se pensó para talleres o unidades de contratistas asociados a las grandes constructoras. En estos casos se aplicará normativa específica y no la ley de Contrato de Trabajo.
9. También se modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (de Ius Variandi) y, así, el empleador quedará facultado para cambiar la forma y la modalidad de trabajo selladas en el contrato, sin que ello sea considerado causa de despido.

Si uno observa los trece puntos percibe que la mayor parte de lo planteado se genera en las Convenciones Colectivas de Trabajo, en la que es fundamental el gremio. Bien a los burócratas sindicales, que en parte importante son empresarios que administran a su gusto y consideración el sindicato y la obra social, les conceden la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales (y también de las prepagas), para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras.

La reforma previsional

El avance sobre los trabajadores en actividad puede ser incluso peor en los trabajadores jubilados y pensionados dado que, convocarán a la comisión de expertos contemplada en la ley de Reparación Histórica, que será la encargada de preparar una reforma previsional para que “en su momento el Congreso la trate”.

De acuerdo a lo consignado por el diario Clarín, la idea es cambiar la ley de Movilidad Previsional para actualizar la jubilación por la inflación oficial y de manera trimestral. (Reemplaza la inflación medida por el INDEC con respecto al coeficiente salarial y el ingreso tributario de la actual formula poligonal). El Gobierno sostiene que el costo de vida irá desacelerándose año a año y pretende que los trabajadores en pasividad, que tienen otra canasta de bienes y servicios, donde los gastos en salud y medicamentos son mucho mayor, sufran la supuesta baja inflacionaria macrista.

Según el matutino de Héctor Magnetto, para el FMI, “indexar los beneficios a la inflación reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Así, este recorte en desmedro de los jubilados le representará al Estado un ahorro de 118.668 millones de pesos.

Recordemos que la jubilación mínima (que cobran una gran parte de los trabajadores en pasividad) desde agosto 2017 es de solo 7.246 pesos por mes y es allí donde buscan hacer “economías” dado que según estimaciones oficiales en el año 2017 el total de ingreso previsionales (aportes y contribuciones) suma: 630.284 millones de pesos.  Y el pago total previsto de jubilaciones y pensiones alcanzaría los  992.859 millones.  El déficit previsional anual es de 362.575 millones pesos (3,76% del PIB), por lo que el objetivo de cambiar el coeficiente de actualización es alcanzar un déficit del 2,75% del PIB en el año que se aplique la “reforma”, que deben pagar los jubilados y pensionados nacionales.

La reforma impositiva

Por último y con un claro y tajante sesgo a favor del gran capital y en desmedro del mundo del trabajo y la producción (esencialmente contra las regiones), plantean una reforma impositiva reaccionaria y retrograda compatible con las reformas laborales y previsionales:

1. Rebaja gradual del impuesto a las ganancias del 35% al 25% en cinco años; si la empresa reinvierte utilidades, se pagará a partir de 2019 una alícuota cada vez menor; si en cambio no reinvierte y abona dividendos, se aplicará un gravamen adicional sobre estos últimos para completar el 35%, se orienta hacia lo que ha sido el modelo chileno, ejemplo para Macri y la derecha local;
2. Se devolvería automáticamente el IVA abonado en la compra de equipos destinados a la producción si en el término de seis meses no pudo recuperarse con las ventas normales;
3. El impuesto a los débitos y créditos bancarios sería computable hasta en un 100% contra el impuesto a las ganancias;
4. Tratarán de acordar con las provincias la reducción de alícuotas en ingresos brutos y de sellos, que son los principales ingresos tributarios provinciales, dado que es insignificante el gravamen a la propiedad inmueble (Menos del 1% del PIB, que incluye el impuesto inmobiliario rural que es solo el 0,4% del PIB);
5. Incrementa los impuestos internos al vino, a las bebidas con azúcar y la vez reduce del precio al etanol de la caña de azúcar y del maíz. En los impuestos internos a los vinos y sidras le fija una tasa del 10% cuando no pagaban nada; del whisky, coñac y otras bebidas blancas, le incrementa la alícuota de 20 a 29%; de cervezas, del 8 a 17%, y de champagne de 0 a 17%. Se reduce el gravamen de 17 a 0% para la importación de celulares, televisores y monitores.  Para las gaseosas y bebidas sin alcohol, las alícuotas irán de 4% (sin azúcar) y 8% (con azúcar) a 0% y 17% respectivamente (El noroeste argentino agradecido);
6. Respecto del gravamen a la renta financiera, gravan con una alícuota del 15% para los rendimientos en divisas que superen los 52.000 pesos. Y del 5% si son títulos y depósitos en pesos, planteando un aumento de la recaudación de solo el 0,4% del PIB, cuando el gobierno va a pagar este año 2017, solo por LEBAC el equivalente a 14.000 millones de dólares (2,6% del PIB).

Ni la dictadura cívico-militar llegó a tanto, es cierto que libró el camino e inculcó hasta los huesos la apología al capital y al liberalismo salvaje, pero en “democracia” con el 41% de los votos registrados, un hijo prodigo de los beneficiados por la dictadura, pretende aplicar el mismo plan pero potenciado. Del lado del campo popular no logramos vertebrar un frente que los desenmascare y que ponga las cosas en su lugar, “…hemos guardando un silencio muy parecido a la estupidez” (Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809).