La canción del ajuste

Los tecnicismos soslayan la mirada política. Reducido a números, el debate pierde densidad y elude la necesidad de una reforma integral. La propuesta de Cambiemos, las dudas de los gobernadores y la negociación que se viene. Además, un poco de historia.

“Respecto de la riqueza, ningún ciudadano debería ser tan opulento como para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse”.

Jean-Jacques Rousseau. Contrato Social. Libro Segundo

Las cartas están sobre la mesa. La reforma tributaria y la modificación de la fórmula para actualizar las jubilaciones exhiben sin tapujos el proyecto político de Macri. Son el corazón de su estrategia. En conjunto suenan a un ajuste que no alcanza a compensar la políticamente correcta pero tibia imposición a la renta financiera. La euforia electoral, en tanto, soslaya un dato central: que atacar al dilema del déficit fiscal por la sola vía de los recortes traerá más problemas que soluciones.

Algunos economistas, entre ellos Marcos Lavagna, señalan que aunque el país crezca un 3 por ciento este año, el volumen de actividad será apenas superior al de 2012. El gasto público, en tanto, habrá crecido un 20 por ciento. De allí que adviertan que la corrección fiscal solo es posible si hay crecimiento sostenido. Se trata, en última instancia, de ampliar la base tributaria. Dicho de otra forma: la corrección debe ser consecuencia de una expansión, no su condición.

De no ser así, la historia podría repetirse. Durante el gobierno de la Alianza, el país redujo casi un 10 por ciento su gasto primario, pero el déficit total, producto del endeudamiento, se disparó un 20 por ciento. Lo ahorrado se fue por la ventanilla de la deuda. La experiencia dibuja un límite al populismo liberal que propone Cambiemos. El panorama dicho de paso, se torna más incierto cuando el gobierno apela a la tasa de interés del BCRA como única herramienta para contener la inflación en un contexto de fuerte endeudamiento para financiar el famoso gradualismo.

El toma y daca

En Cambiemos sostienen que la reforma tributaria es la piedra angular de la sustentabilidad. Se sabe, rebaja impositiva mediante, la apuesta consiste en seducir a las empresas para que reinviertan ganancias en pos de alcanzar un mayor nivel de actividad y empleo. La amplia amnistía laboral funcionaría como complemento. El mundo feliz de los empresarios. Menos comentada, pero crucial para el norte del gobierno, es la modificación de la fórmula para calcular los haberes previsionales.

La idea es conseguir un ahorro para financiar el reclamo de las provincias por la recuperación del 15 por ciento de la coparticipación. Los jubilados como variable de ajuste. Los voceros oficiales se cuidan de decirlo, pero Macri ensayará por estos días la estrategia del “toma y daca”. Solidaridad a quien colabore y represalias a quien no. En ese contexto, los fondos serán una zanahoria amarga para los gobernadores que a cambio de los fondos se les reclama reducir Ingresos Brutos, congelar el gasto y eliminar los regímenes especiales de jubilación. En el oficialismo, a regañadientes y en voz baja, argumentan que solo actualizando los haberes y los subsidios sociales por inflación es posible aplicar el fallo de la Corte Suprema.

Desconfiados del resultado de la reforma, los gobernadores, algunos de los propios y muchos de los ajenos, se inclinan por lo seguro: financiarse con ingresos propios. Saben que la restitución del 15 por ciento no les alcanza. Ninguno quiere repetir la experiencia de los ’90. La negociación quedará resuelta en los próximos días. La hoja de ruta tiene dos mojones. Son claves. Uno es la reunión que mantendrá Dujovne el jueves que viene con los gobernadores peronistas. Espera salir airoso. Aquí juegan las muñecas de Lopetegui, Quintana y Frigerio. No los números que pueda exhibir Dujovne.

El otro mojón está marcado en rojo en el calendario oficial: el 31 de diciembre. Y no es por el feriado. En esa fecha vencen el Impuesto al Cheque y la suspensión del pacto fiscal del ’93 que impulsó la dupla Menem-Cavallo. Si el primero se cae (N del R: solo el 15 por ciento va a las provincias), el Gobierno nacional estará en problemas. Si el segundo se reactiva, la fórmula se invierte: las provincias deberán en forma inmediata reducir Ingresos Brutos y aplicarlo solo a la venta final; además de derogar el Impuesto a los Sellos. Un arma de doble filo para Cambiemos: la Nación debería bajar el IVA al 18 por ciento.

Nada para brindar

“Al que nunca bebe vino, no le fíes un comino”. Acertado  o no, el consejo popular se hizo carne por estos días en algunos gobernadores y la negociación se avizora complicada. La intención de subir los impuestos internos al vino y a las bebidas azucaradas disparó la rebelión de varias provincias. Hicieron punta Mendoza y San Juan. Otras miras de reojo. El mendocino Cornejo, aliado central de Cambiemos, calificó la intención como “inadmisible”. El sanjuanino Uñac, que aspira a liderar la liga de gobernadores peronistas, también se manifestó en contra. En el mismo tono se expresó la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas: “La propuesta generaría un daño irreversible en todo el sector”, afirmó en un comunicado. De la actividad dependen unas 100 mil familias solo en la región de Cuyo.

Otro dato para tener en cuenta: la reticencia de varias provincias de cara a una posible reducción de Ingresos Brutos. Es el caso de Santa Fe. Su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, le puso números al asunto: “Sería imposible reemplazarlo con el inmobiliario. Ingresos Brutos representa el 77 por ciento de los recursos propios de la provincia”. Sumados el inmobiliario rural y urbano, totalizan unos 3 mil millones de pesos. Menos del 10 por ciento de lo que Santa Fe recauda por Ingresos Brutos. Además, al igual que otras jurisdicciones, Santa Fe ya redujo la tasa que pagan los pequeños contribuyentes. Algo así como el 65 por ciento del padrón total.

En los hechos, nadie quiere seguir a la gobernadora Vidal. Su ministro de Economía, Hernán Lacunza, incluyó en el presupuesto 2018 un fuerte aumento de los inmobiliarios urbano y rural para compensar en parte las rebajas de Ingresos Brutos y Sellos. El proyecto prevé aumentos promedio del 56 y 50 por ciento, respectivamente. Larreta fue más cauto. La generosa ampliación de la coparticipación cedida por Macri al distrito porteño apenas asumió la presidencial se lo permite. Luego de aumentar al ABL un 138% entre 2014 y 2017, impulsa un incremento del 30 por ciento para 2018.

Un poco de historia

Durante la década infame, la centralización de la recaudación y el primer esquema de coparticipación hicieron que las provincias cedieran tributos y derogaran gravámenes. Su consecuencia política fue la concentración de poder en el Estado nacional y la pérdida de autonomía de las provincias. Con el tiempo, las provincias apelaron a nuevos instrumentos para sostenerse. La fórmula alberdiana quedó en el olvido. El problema viene de lejos.

La base del actual sistema tributario quedó delineada en los años ’30, luego del golpe que derrocó a Irigoyen. Aunque parezca extraño, no fueron los sindicatos ni la izquierda los que quebraron la clásica concepción liberal en materia impositiva. Fueron los conservadores. Los mismos que habían bloqueado en el Senado los intentos del radicalismo por instaurar el Impuesto a las Rentas, que luego se denominaría Impuesto a la Ganancias.

Sus aspectos centrales quedaron definidos en el ’32. Ese año, el Congreso legitimó el decreto-ley firmado por Uriburu a instancias del entonces subsecretario de Hacienda Raúl Prebish. Como señala Jorge Gaggero, el pragmatismo conservador se impuso a la posibilidad de un default. Fue así que se reforzó la presión sobre las ventas y se definió un primer esquema de coparticipación federal. La idea, está claro, no fue propiciar una redistribución de la riqueza. El objetivo fue mantener un status quo amenazado por las consecuencias sociales de la crisis del ’30.

Además, se buscaba financiar un incipiente esquema de sustitución de importaciones. En aquellos años –recuerda Gaggero- ganaban terreno las ideas de Keynes. Justo creó un impuesto a las transacciones, sustituido después por el Impuesto a las Ventas. Un antepasado del Impuesto al Valor Agregado. El peronismo no innovó, pero elevó la tasa del Impuesto a las Ganancias. El sistema ganó progresividad y los niveles de recaudación alcanzaron el máximo histórico en 1950.

A diferencia de los conservadores, Perón utilizó los recursos para avanzar en una fuerte redistribución de los ingresos. Lo hizo mediante el gasto social y de un sistema de seguridad social de amplio alcance. El estado de bienestar duró hasta el golpe del ’76, cuando se inició la fase regresiva. El corolario: la estructura actual, fuertemente regresiva. Su mayor exponente es el Impuesto al Valor Agregado. Su alícuota pesa sobre todos por igual y no diferencia entre lo esencial y lo suntuario.

¿Qué causas explican el paso de una estructura progresiva a una de carácter regresivo? Según los especialistas, la principal es la mayor influencia de los sectores económicos dominantes. Ocurrió incluso en los gobiernos de base popular. Otro factor: la pobre tasa de crecimiento y los cada vez más altos niveles de elusión y evasión fiscal. La Argentina fue a contramano de Europa y Estados Unidos, donde los esquemas mantienen una cierta igualdad. No es extraño. En la posguerra, las clases dominantes enfrentaron una fuerte presión democratizadora. Cedieren para evitar el mal mayor: la crisis de la democracia de mercado.

Nada de eso ocurrió en nuestro país. Desde el ’55, se instaló una política que intentó desmontar el estado de bienestar. La última dictadura y el menemismo abonaron el camino. El mismo que busca transitar el Macri.

Igualdad, ¿pero qué igualdad?

El antropólogo Alejandro Grimson propone una lectura de la relación entre los actores sociales y los impuestos. Señala que igualdad de oportunidades es la respuesta de los liberales, pero nos recuerda que tal igualdad no conduce por si sola a una menor desigualdad. Dicho de otro modo: no es condición suficiente para cerrar la brecha entre ricos y pobres. Peor aún, en muchos casos la acrecienta. La condición queda entonces desplazada al plano de la política, al voto popular.

Su visión complementa el enfoque de Gaggero. La historia demuestra, y el kirchnerismo es un ejemplo, que la representación democrática no alcanza. Grimson subraya que para alcanzar y sostener una reforma integral, además de una decidida intervención estatal, hace falta consenso. Nada más alejado del toma y daca de Cambiemos. Sin duda, en la base del problema hay otros factores. Los pobres resultados obtenidos por el Estado en la ejecución del gasto primario es uno. Un factor que erosiona la legitimidad del Estado para recaudar. Tanto como la falta de transparencia. “El problema en torno a la recaudación y al uso transparente de los recursos se asienta en una relación de desconfianza entre el Estado y la sociedad”, advierte Grimson.

De regreso al presente

Reducir el déficit fiscal y hacer más competitiva la economía son metas saludables, pero nada dicen sobre la eficacia de las herramientas elegidas por Cambiemos. Además, un limitante se dibuja en el horizonte perseguido: la inflexibilidad del gasto público. Sumemos otro dato: hacia el final del kirchnerismo, la casi totalidad del déficit primario se explicaba por los subsidios. Hoy, representan la mitad. Conseguir una mayor reducción no será posible aumentando tarifas. De allí que el gobierno quiera ajustar jubilaciones y subsidios sociales. Fórmula improbable en un país con 30 por ciento de pobres.

Se diría que hoy, el principal problema de la Argentina no pasa tanto por cómo generar riqueza, sino más bien por cómo distribuir en forma equitativa la que existe para que el costo de la pobreza y la fragante desigualdad no impidan el crecimiento a largo plazo. Y aquí vale la pena recordar lo escrito por Eric Hobswam: “El rápido crecimiento observado en el mundo capitalista no se dio durante el orden liberal (1870/1912), tampoco durante el orden neoliberal (1973/1998), sino solo en la época dorada del keynesianismo (1950/1973)”.

El debate tiene un fuerte tinte corporativo. Su carácter mediado, además, complica las cosas. No todos tienen voz. Sí la tienen las cámaras empresarias. Con variados argumentos, todos reclaman un mayor esfuerzo fiscal. Algunos lo hacen con razón, otros sin ella. Casi nadie parece preocupado por el costo. Para peor, Cambiemos inclina la cancha. Su postura no pretende sintetizar al conjunto. Lo suyo es la negociación, no el diálogo. La apelación a un nuevo pacto social suena a estrategia para compensar su debilidad en el Congreso.

En síntesis: nada torna imaginable que las reformas impulsadas habiliten el tránsito hacia el concepto de equidad que subyace en la cita de Rousseau. No es en la dirección que transita Cambiemos.