La matriz productiva y distributiva generan rentas extraordinarias y cada vez mayor pobreza. Lo hacen en una relación directamente proporcional. Una correspondencia de causa y efecto, donde la primera es el origen de la segunda.

La renta [1] se define como la diferencia entre el costo local medido en dólares de los procesos de extracción/producción y el precio que ese mismo producto se vende en el mercado internacional. Hecha esta aclaración, lo primero que hay que destacar es lo que ocurre en el sector agropecuario. Argentina es un gran productor y oferente mundial. El costo promedio local es muchísimo menor que el internacional. Y esto es así porque la pampa húmeda es una de las tierras más fértiles del mundo. Exhibe excelentes rindes por hectárea.

En el caso del maíz, el precio de la tonelada en el mercado de Chicago era de 148,52 en marzo de 2020, pasó a 217,95 en junio 2021 y se alcanzó los 304,20 en junio pasado. Un incremento del 105 por ciento. Además, en ese período, el tipo de cambio vendedor del Banco Nación saltó de 66 a 127 pesos. Una devaluación del 92,4 por ciento. Sin embargo, el derecho de exportación que paga el maíz siguió siendo del 12 por ciento. Conclusión: los grandes acopiadores y comercializadores de granos se apropiaron de una fabulosa renta.

Esto explica porqué en la cosecha 2020/21 se declararon exportaciones por 37 millones de toneladas de maíz en granos de cara a una producción de 45 millones; y en la cosecha 2021/22 se exportaron 38,4 millones ante una producción de 47,7 millones. Una dinámica de ventas al exterior que termina impactando en el precio de las carnes vacuna, porcina y aviar debido al uso del maíz como forraje.

En un contexto internacional de precios al alza, las exportaciones de soja, de harina de soja, de aceite de soja y aceite de girasol marcaron récords en los primeros cinco de este año. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el centro de Exportadores de Cereales (CEC) manifestaron haber ingresado divisas por 13 mil 311 millones de dólares en 2021 -un 91 por ciento más que en igual período de 2020- y 15 mil 330 millones en los primeros cinco de este año.

La renta minera

Lo mismo sucede con los minerales. Argentina es un importante exportador de oro y plata. En 2021, las compañías declararon ventas al exterior por 2 mil 366 millones de dólares, y el complejo metalífero en su totalidad por un total de 3 mil 734 millones, cifras que superan, incluso, a las exportaciones del complejo petrolero-petroquímico.

Vale destacar, también, las denuncias sobre la diferencia que existe entre lo que se declara exportar y lo que realmente exporta [2] una actividad que contamina y hace un uso intensivo del agua en regiones donde el recurso es por demás escaso. En ese contexto, el derecho de exportación del oro es solo del 8 por ciento y se mantuvo inalterado, incluso cuando su precio pasó de 657,32 a casi 1.872 dólares entre marzo 2020 y junio pasado. Una vez: una fabulosa renta a favor de las grandes empresas del sector que, mayoritariamente, son trasnacionales.

Los beneficios que captura la actividad no vienen solo por el lado de los bajísimos derechos de exportación. La actividad goza de un marco normativo ampliamente beneficioso -la Ley 24.196/93 de inversiones mineras-. El texto establece que por un período de 30 años, el Estado nacional no puede elevar la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. Las regalías provinciales son de un 3 por ciento del valor en boca de mina. No obstante, las compañías pueden deducir los costos de transporte, flete y comercialización, entre otros. En virtud de esto, el pago final puede terminar representando entre el 1,2 y el 1,5 por ciento del valor original en boca de mina. Además, el Impuesto a las Ganancias solo lo comienzan a pagar después de cinco años de iniciado el proyecto. Como si fuera poca renta diferencial, el Gobierno propone ahora un Plan de Desarrollo Minero para darle mayor impulso a la actividad.

La renta financiera

En este ámbito, la renta surge de la denominada “deuda cuasi fiscal” del Banco Central (BCRA) que generan los “pasivos remunerados” del organismo. Al 30 de diciembre 2019, la suma de Leliq y Pases Pasivos era de 1,18 billones de pesos, equivalentes a 18 mil 811 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la fecha. Al 7 de junio de 2021, la esterilización por Leliq y Pases Pasivos había ascendido a 5,79 billones, unos 45 mil 598 millones de dólares. Un aumento 4,6 billones, o bien de 32 mil 268 millones de dólares.

Los intereses devengados por estos Pasivos Remunerados -que tienen plazos de 7 y 29 días de plazo- rinden un interés del 49 por ciento nominal anual, rendimiento que al renovarse en cada vencimiento crecen a una tasa efectiva anual del 62 por ciento debido a que los intereses son acumulativos.

Las sucesivas renovaciones solo tienen por objeto evitar que los pesos regresen al mercado y se pasen a dólares. Este año, los intereses van a acumular un monto superior a los 3,5 billón de pesos. Una suma mayor, incluso, que la presupuestada como déficit de la Administración Pública Nacional en el Presupuesto 2021, que fue prorrogado para el año en curso, y que se estima en 2,6 billones de pesos.

El gobierno, en tanto, frena planes sociales y gasto público. Sin embargo, no muestra la misma conducta severa en su política monetaria, que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo [3]. En cambio, abona generosa y puntualmente a los bancos las inmovilizaciones.

Hay un agravante. Desde el comienzo del actual Gobierno, los adelantos del BCRA al Tesoro Nacional -que se incrementaron un 197,2 por ciento- fueron compensados por el “señoreaje” de las reservas internacionales, que disminuyeron en oro y divisas, pero aumentaron en pesos por la devaluación de nuestra moneda. Por ende, la mayor emisión monetaria fue para pagarle a los bancos los intereses de las inmovilizaciones. Dicho de otra forma: es mentira que se emite para financiar el déficit fiscal y/o para financiar planes sociales. Se emite irracional y peligrosamente para pagar intereses a los bancos por Leliq y por Pases Pasivos [4].

La distribución

John Keynes sostenía que había que apoyar todas las políticas que incrementen al consumo para favorecer la redistribución de los ingresos, porque de otro modo el excedente producido no se invierte en producción. Se fuga. Keynes fue más allá y propuso la “eutanasia del rentista”: “Hoy el interés no recompensa ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra.” [5].

En una sociedad donde el ingreso real de los asalariados desciende en todos estos últimos años y se precarizan las relaciones laborales, el Estado debe garantizar el derecho al trabajo y no propiciar una renta siempre parasitaria y fugadora de riqueza.

El mismo Estado -a través de un importante trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSeS- tiene identificados a 920 mil argentinos listos para trabajar en el marco del Programa Potenciar Trabajo y es inadmisible que les remunera a cada uno de ellos con 22 mil 270 pesos al mes, tan inadmisible como lo es un Salario Mínimo Vital y Móvil de 45 mil 540 pesos, o una jubilación mínima 37 mil 524 pesos mensuales.

Se deben multiplicar todos esos haberes varias veces. No solo por una cuestión de dignidad, sino también porque económicamente el impulso al consumo significa poner en funcionamiento a toda la economía nacional para crecer a tasas sostenidas y redistribuir ingresos en un circuito virtuoso donde la mayor demanda exija una mayor oferta. ¿Por qué no se hace? Sencillo: un mayor consumo significaría menos saldo exportable de alimentos y más importación de energía. Así de simple.

Notas

[1] David Ricardo desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación.

[2] Por ejemplo Los geólogos tucumanos Miguel Gianfrancisco y Guillermo Amílcar Vergara, realizaron un estudio regional sobre metalogénesis del Grupo Farallón Negro – Aconquija. descubriendo una cuantiosa exacción a la Nación Argentina, al Gobierno de Catamarca y a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, presentando la correspondiente denuncia al Fiscal Federal. La Empresa minera declara exportar oro, cobre y molibdeno, olvidando declarar las exportaciones de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, lutecio, columbio, níquel, escandio, tantalio, terbio, torio, uranio, tungsteno, ytrio e iterbio, obtenidos (por la empresa) en la explotación de los tres primeros y únicos declarados con fines tributarios.

[3] Crédito al sector privado en torno al 11% del PIB, que es el porcentaje más bajo de toda la historia monetaria del BCRA, de los cuales corresponde un 5% a los crédito personales y 6% a las empresas

[4] Al 2 de junio 2022 las Leliq en poder de los 13 bancos oficiales eran el 36% del total y el 64% restante en manos de bancos privados (fundamentalmente Bancos Santander-Río; Galicia, BBVA; Macro, Citi; HSBC, Credicoop; Patagonia; ICBC; Supervielle.)

[5] “Teoría General de la Ocupación, el Dinero y el Interés”