Cooperativas y mutuales expresaron su oposición unánime a los artículos 23 y 24 de la iniciativa oficial. Además, anticiparon que plantearán la inconstitucionalidad de la iniciativa. El próximo lunes, las mutuales de Córdoba y Santa Fe se manifestarán en las plazas de 600 localidades provinciales.
La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) expresó su rechazo a los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional y anticipó que planteará la inconstitucionalidad de la iniciativa si el Congreso desoye el reclamo del sector y aprueba el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. “Las 14 millones de personas que elegimos esta manera de organizarnos queremos expresar todo nuestro potencial de la mano de un Estado que comprenda que representamos una forma jurídica diferente que merece un tratamiento fiscal diferente. Esperamos que esto sea comprendido por los legisladores”, afirmó el presidente de la Cooperar, Ariel Guarco.
Alianza Cooperativa Internacional Tributaria.
La posición quedó fijada durante una conferencia donde estuvieron los titulares de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto; de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo; y de la Confederación de Trabajadores Cooperativos (Conarcoop), Cristian Horton. El encuentro estuvo coordinado por el vicepresidente de Cooperar y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Edgardo Form.
Guarco, quien asumió en noviembre pasado la titularidad del la Alianza Cooperativa Internacional, expresó que existe “un alto nivel de preocupación a nivel nacional, pero también a nivel continental y global por esta reforma tributaria que no reconoce la naturaleza jurídica de las cooperativas y las mutuales”. Además, anticipó que la entidad elevará a los diputados un comunicado de Cooperativas de las Américas, organismo que representa al sector en todo el continente.
En nuestro país existen unos 5 millones de personas mutualizadas a través de 4.920 entidades. “De sancionarse la norma tal y como la envió el Ejecutivo será un impacto al corazón de la economía solidaria. Las mutuales se tornarían inviables si deben empezar a tributar Ganancias que en realidad no tienen. La ley establece que son entidades sin fines de lucro”, subrayó Russo.
La dirigencia del sector recordó que existen recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Unesco donde se pide a los gobiernos dar un tratamiento normativo adecuado a este tipo de entidades. “Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo comunidades a través de intereses y valores compartidos, creando soluciones innovadoras a los problemas sociales, generando empleo y ayudando a las personas a construir proyectos”, advirtió Russo.
“Un mal negocio”
Aunque Coninagro, que nuclea a las cooperativas agropecuarias, no se verá afectada en primera instancia, su presidente, Carlos Iannizzotto, coincidió en que los artículos cuestionados de la reforma tributaria pegan de lleno en la esencia del cooperativismo. “Con este impuesto se desnaturaliza el vínculo solidario que lleva a unirse a los pequeños y medianos productores para lograr un mejor producto y brindar alimentos más baratos a la comunidad. No formamos cooperativas para tener ganancias”, recordó Iannizzotto.
Monsó, Dujovne y Laspina.
Concretamente, las cooperativas agropecuarias al igual que otras ramas de actividad podrían sufrir el mismo impacto que ahora tendrán las del sector financiero y de seguros si la Administración Federal de Ingresos Públicos considera que los créditos productivos que dan a los asociados son susceptibles de ser gravados. En una situación similar quedarían las cooperativas de trabajo. “En nuestro pueblos nos podemos financiar gracias a las mutuales y las cooperativas de crédito, al igual que lo hacen los clubes. Muchas veces hasta los trabajadores municipales cobran sus salarios de esta manera”, subrayó Horton.
El especialista en derecho cooperativo y mutual Dante Cracogna, quien fue uno de los redactores de la actual Ley de Cooperativas, señaló que el Poder Ejecutivo no dio motivos explícitos por los que pretende modificar el tratamiento tributario de cooperativas y mutuales. “Los ingresos que recaudaría el fisco son poco representativos, pero implican una actitud que desconoce la naturaleza del sector solidario de la economía nacional”, dijo Cracogna.
“Estamos desconcertados. Esto contraría una larguísima tradición de tratamiento fiscal al sector, que no es un tratamiento de privilegio sino diferenciado porque son entidades de naturaleza diferente. Lo que las cooperativas devuelven a sus socios es lo que han pagado de más por los servicios realizados y las mutuales de ninguna manera devuelven a sus asociados excedentes o retornos que puedan ser considerados como ganancias. Están haciendo un mal negocio. Buscan recaudar a corto plazo, pero los problemas sociales que eso genere va a caer sobre sus espaldas”, alertó Cracogna.
La posición de Cooperar fue transmitida a unos 85 diputados, entre ellos a los jefes de bloque, con los cuales los dirigentes de la entidad se reunieron en las últimas semanas. En esa instancia las confederaciones recogieron el apoyo explícito de casi todos los bloques, incluso de varios radicales quienes destacaron el rol de estas organizaciones para el desarrollo del interior del país, donde sustentan servicios de salud, deportes, turismo y cultura, entre otros, que subsidian de forma cruzada con recursos de la ayuda mutua financiera.
Otra puñalada
En el mismo momento en que continúan las conversaciones con los diputados nacionales para frenar los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria, el sector cooperativo recibió “otra puñalada por la espalda”. Así definió el gerente de Cooperar, César Basañes, la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de incluir en el llamado a sesiones extraordinarias de la legislatura provincial un proyecto que elimina la exención del impuesto sobre los ingresos brutos que actualmente rige para las cooperativas y sus asociados. Se trata del quinto intento consecutivo. El último, desestimado por los legisladores provinciales, fue hace menos de un mes. Ahora, el agravante es que el nuevo intento hace extensivo el tributo a las operaciones de las cooperativas con el mercado.
