En medio de la pandemia, con serios problemas para controlar los precios y una fuga de capitales que no cesa, factores a los que se suma la carga de la deuda pública con acreedores privados y organismo miltilaterales, el Plan de Facilidades Extendidas que busca acordar Martín Guzmán con el FMI se vislumbra de improbable cumplimiento. Los números de una cuenta que no cierra.

La deuda externa se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos y trepó a 323.000 millones hacia fines del año pasado. Una parte es producto de la colocación de títulos públicos en los mercados internacionales. Otra parte sustancial está constituida por el crédito del Fondo Monetario: 32.200 millones en Derechos Especiales de Giro; unos 45.400 millones de dólares.

Cambiemos no solo multiplicó la deuda, también los acreedores. Aunque por un monto menor, el gobierno de Macri endeudó al país con otros organismos multilateraes, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Club de París. También lo hizo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el Banco Central, el Banco Nación y diversos fondos fiduciarios.

El récord de Macri condicionó al gobierno al Frente de Todos desde el vamos. El primer paso de Alberto Fernández consistió en canjear la deuda con los acreedores privados. Producto de la reestructuración, el país paga en la actualidad los intereses que devengan los nuevos títulos, mientras transcurre el período de gracia hasta el segundo semestre 2024, momento en que el Estado nacional debería comenzar a pagar por el capital adeudado.

En el caso del FMI, y según lo acordado por Cambiemos, el Estado paga rigurosamente los intereses. Unos 300 millones de dólares por trimestre. El pago inicial por el capital del primer desembolso – 14.458 millones que ingresaron en junio de 2018 – se debería concretar el 30 de septiembre de 2022 y, a partir de ese momento, en ocho cuotas trimestrales de 1.807 millones cada una hasta junio de 2023. El segundo desembolso – los 5.700 millones ingresados en octubre de 2018 – se deberían abonar también en ocho cuotas iguales, en este caso de 712 millones cada una desde enero próximo hasta octubre de 2023. Así hasta completar los 45.400 millones de dólares prestados por el organismo.

El cálculo, sin embargo, es un poco más complejo. A lo mencionado se debe agregar una tasa de interés variable, que dependerá del valor del derecho especial de giro – que surge de la canasta de monedas de los países aportantes al FMI – y de la tasa anual del 4,9 por ciento vigente para nuestro país. Solo para tener una idea. Este año, los vencimientos con el organismo ascenderían a 3.614,5 millones de dólares por capital y 1.200 millones por intereses. Un total de 5.814,5 millones. Las obligaciones devienen en montos siderales en el próximo trienio: 17.860 millones en 2022; 18.285,5 millones en 2023; y 5.640 millones en 2024.

Hay una diferencia fundamental entre las deudas contraídas por Cambiemos con el FMI y los acreedores privados. La segunda tuvo la aprobación del Congreso. Estaba contemplada en la Ley de Presupuesto de cada año. La primera, en cambio, no contó con autorización alguna como exige la Constitución. Una decisión que debería tener consecuencias penales para quienes la adoptaron y/o refrendaron. Más aún cuando no se contrajo para construir hospitales, puentes, escuelas y obras de infraestructura, sino para enriquecer a un puñado de rentistas que emplearon los dólares para fugar capitales, como señaló le Martín Guzmán al periodista Marcelo Bonelli.

El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno. Su directorio, aun sabiendo que los dólares se fugaban, no hizo nigunas observación. Es claro. Lo explicó el director y representante del Cono Sur ante el FMI, el abogado argentino Sergio Chodos: “El Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del organismo. Es una herramienta a la vez que sujeto. Tiene su línea teórica, su visión, pero también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los que tienen más preponderancia en su directorio”.

Un rumbo y el mismo problema

En medio de la pandemia, con serios problemas para controlar los precios y una fuga de capitales que no cesa, factores que se suman a la deuda con los acreedores privados y los organismo multilaterales, el Plan de Facilidades Extendidas que busca acordar Guzmán con el FMI se vislumbra de improbable cumplimiento. Incluso cuando incluya un plazo de diez años y una tasa del 2 por ciento anual.

La razón es sencilla: es inconcebible creer que el país pueda durante una década obtener un superávit fiscal primario de tal magnitud que le permita el pagar el capital y los intereses, al tiempo que registra un superávit comercial suficiente para que el Tesoro nacional le compre al BCRA los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos.

El único camino sería una refinanciación en los mercados internacionales, y eso dependería de la voluntad de los acredores privados. Sin embargo, aunque semejante voluntad existiere, la tasa de interés que mide el llamado riesgo país sería un 16,5 por ciento superior a la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. En pocos años estaríamos en el mismo problema, o peor incluso. Los planes del FMI se centran en reducir el gasto público y aumentar los impuestos. Lo que le sugirió a Macri: subir del 10,5 al 14 por ciento la alícuota del IVA para los alimentos y fijar una tasa de entre el 1 y 3 por ciento al agua y la leche, bienes esenciales exentos.

Por otro camino

Es fácil deducir quienes son los que fugaron gran parte de los dólares que ingresaron como préstamos entre 2015 y 2019. El BCRA los conoce. Tiene los datos fehacientes de cada compra, fecha y monto. Son los beneficiados por el macrismo, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, las mineras, las petroleras y las empresas de telecomunicaciones.

Ante una situación de extrema complejidad y mientras dure la pandemia, el gobierno debería suspender los pagos de la deuda y las negociaciones con el FMI y el Club de París para abocarse a una política de shock distributivo que impulse a la economía y mejore el nivel de vida de la población. Al mismo tiempo debería frenar las devaluaciones y poner cupos de exportación a la carne y al maíz, además de fijar retenciones del 35 por ciento para todos los alimentos.

No es necesario abundar en detalles. El encarecimiento de los alimentos beneficia a los grandes productores en perjuicio de la población. Los precios en dólares en el mercado internacional subieron y lo siguen haciendo. El gobierno, sin embargo, no se anima a subir las retenciones. Tampoco a poner cupos a las exportaciones. Además, ya devaluó un 58 por ciento desde que asumió. El resultado está a la vista: los precios internos igualan a los internacionales.

Néstor Kirchner tomó otro camino. Puso retenciones del 35 por ciento. El dólar fijado por el Banco Nación cotizaba en mayo de 2003 a 3 pesos con 20 centavos. En diciembre de 2007, cuando terminó su mandato, lo hacía a 3 pesos con 15 centavos. Con todos sus errores, pero también con sus grandes aciertos, el kirchnerismo demostró que se pueden producir más bienes y servicios, crear empleo, mejorar la distribución del ingreso, impulsar las economías regionales, realizar obras de infraestructura y lograr una integración comercial con los países latinoamericanos partiendo de un shock distributivo.

De lo que se trata es de poner dinero en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios para quedarse con el mayor ingreso de los asalariados. El gobierno debe generar un shock productivo que recupere el poder de compra. Para hacerlo es fundamental controlar los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez para dirigirla en forma directa, y principalmente, a los que fueron beneficiados por Ingreso Familiar de Emergencia, a los trabajadores que perciben sueldos por debajo del promedio y a las pymes.

Para hacerlo se deberían transformar las LELIQ en un activo remunerado a un año de plazo con un interés variable similar a la tasa pasiva promedio e ir, en forma paralela, liberando el stock en cuotas. De esta forma, con una tasa regulada por el BCRA, los casi 2 billones de pesos que suman las LELIQ – el equivalente a 20.300 millones de dólares, aproximadamente el 6 por ciento del PIB – se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.

Cada día que pasa se hace más evidente que no es posible gobernar con un programa que no defienda el trabajo, la producción nacional y el mercado interno. De otra manera, en forma voluntaria o no, se terminará siendo cómplice de un modelo extractivista y agropecuario exportador que utiliza la deuda pública y los condicionantes del FMI para imponer el hambre y la sed al pueblo argentino.

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