Si las tierras, los trabajadores, los ríos y el suelo son argentinos, ¿por qué estamos obligados a pagar precios internacionales cuando los costos son locales? Según el autor, el motivo se esconde en el objetivo central del acuerdo con el FMI: aumentar los saldos exportables a como dé lugar y sumar reservas para pagar la deuda. En otras palabras, primero exportar y después vender al mercado interno, pero al mismo precio que el internacional.
Existe una relación directa y proporcional entre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba de los precios internos, especialmente de los alimentos, pero también de la energía.
Si bien el avance del nivel general de precios de febrero fue del 4,7 por ciento a nivel nacional, el incremento en el rubro Alimentos marcó un alza del 7,5 por ciento, registro incluso mayor en la Provincia de Buenos Aires, donde la medición del Indec arrojó una suba del 8,6 por ciento. Marzo, se supone, será un mes igual o peor que febrero.
¿Por qué suben los precios en forma generalizada y todavía más los alimentos? Parte de la respuesta hay que buscarla en la fuerte concentración que exhibe la producción y comercialización de granos y derivados -como harinas, aceites y biocombustibles-. Lo mismo vale para el comercio internacional de carne vacuna y se repite en otras áreas de la economía, como en la distribución de la electricidad y el gas, o en la producción de combustibles, acero, cemento y aluminio.
En el tema de los granos y sus derivados, solo nueve empresas explican el 80 por ciento de las exportaciones. Cinco son estadounidenses -ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus-, una es china -Cofco, que compró Nidera y Noble y se así convirtió en un importantísimo acopiador y comercializador- y las otras tres son en teoría nacionales -Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas y Pérez Companc, con Molinos Río de la Plata en el mercado interno y Molinos Agro para la exportación-.
En el tema de las exportaciones de carne, el nivel de concentración es similar. Allí manda el consorcio ABC, compuesto por 16 frigoríficos que explican el 66 por ciento de las ventas al exterior y el 100 por ciento de la cuota Hilton. Un concentración asombrosa de cara a los 200 mil productores y más de 6 mil frigoríficos que hay en todo el país. Entre las firmas que conforman el consorcio se destacan las brasileñas Margrif y Quick, FRIAR -que su momento era propiedad de Vicentin, pero que hoy se desconoce a quién pertenece-, La Anónima -de la familia Brown-, Coto y Frigorífico Rioplatense, entre otras.
Un dato que los pinta. En su momento, durante la gestión de Paula Español en la Secretaría Comercio Interior, varios de esos frigoríficos fueron denunciados por subfacturar exportaciones. ¿La maniobra? Vendían al exterior carne vacuna que supuestamente no era apta para consumo humano cuando en realidad sí lo era. De esta forma exportaban a Uruguay a un precio menor y luego, desde ese país, revendían a precio internacional.
La muy estrecha relación que existe entre los grandes acopiadores y comercializadores de granos y y el consorcio ABC de carnes, que bien podría calificarse como confabulación, tiene su representación en la Bolsa de Cereales de Rosario. La entidad completa el trípode exportador que domina el tráfico comercial por el Río Paraná en sintonía con Hidrovía SA, la sociedad integrada por la belga Jan de Nul y la local EMEPA S.A. El trípode, además de controlar la principal vía fluvial del país y el puerto de Rosario, se extienda al puerto de Montevideo. Las acopiadoras, comercializadoras y los frigoríficos tienen filiales en el país vecino, cuyo puerto también está concesionado, en este caso hasta 2081 a la operadora belga Katoen Natie.
Son las compañías que tejen este entramado de intereses las que se oponen a la construcción del Canal de Magdalena, y lo hacen por la sencilla razón de que sería una vía de ingreso y salida directa entre el Océano Atlántico y el Río de la Plata que beneficiaría a los puertos nacionales de aguas profundas ubicados en el sur de la Provincia de Buenos Aires. De construirse el canal, los barcos no tendrían necesidad de pasar por Montevideo para ingresar o salir. En pocas palabras: se le acabaría buena parte del negocio que operan desde las terminales de Rosario y Montevideo.
Sobre este telón de fondo se dibujan los precios exorbitantes que pagamos los argentinos por los alimentos que produce el país, ya sea carne, granos o sus derivados. Las maniobras especulativas de estos conglomerados son evidentes.
La Argentina produjo el año pasado una cosecha récord de trigo de 22 millones de toneladas, de la cuales el Gobierno autorizó a exportar 14 millones para que el resto se volcara al mercado interno. Con un consumo local de entre 600 y 650 mil toneladas mensuales -a lo sumo 7 millones y medio de toneladas al año- debería sobrar trigo. Sin embargo, las empresas productoras no venden la bolsa de harina a los panaderos si no se le paga una suma mucho mayor que la estipulada en el acuerdo que firmaron con la Secretaría de Comercio Interior.
Antes de comenzar la guerra entre Ucrania y Rusia, la bolsa de 25 kilos de harina costaba 1.300 pesos. En la semana del 14 al 18 de marzo, a ningún panadero del Área Metropolitana de Buenos Aires le bajan la bolsa del camión por menos de 2.200 pesos. En ese momento, en Córdoba, el precio rondaba los 3.000 pesos.
Si las tierras, los trabajadores, los ríos y el suelo son argentinos, ¿por qué pagamos los alimentos a precios internacionales cuando los costos son locales? La razón está en el el objetivo central del acuerdo del Gobierno con el FMI. De lo que se trata es de dolarizar todo lo que se pueda. En otras palabras: aumentar los saldos exportables a como dé lugar. De eso se trata. Primero exportar y después vender al mercado interno al mismo precio que el internacional.
La dinámica también se verifica en el terreno de los combustibles. Los precios locales siguen el raid alcista de la cotización internacional del barril de petróleo desde que comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia. En apenas tres semanas, los precios de las naftas y el gas oíl se encarecieron un 20 por ciento. Solo dos empresas, YPF y Pan American Energía, explican el 70 por ciento de la extracción de crudo. El caso de YPF es singular. Si bien el Estado nacional detenta el 51 por ciento del paquete accionario, los privados tienen más poder que el propio presidente de la petrolera, Pablo González. Uno de esos accionistas es BlackRock -que posee unos 2 mil millones de dólares en títulos de deuda pública- con una participación del 6,06 por ciento; además de un pool privado de inversores con el 20 por ciento del total.
Todo se dolariza, menos los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Es más, se ajustan por pautas mucho menores que la inflación. Un ejemplo: en el primer trimestre de este año, el Gobierno convalidó un aumento de las jubilaciones de poco más del 12 por ciento contra una inflación general que acumula hasta febrero un 8 por ciento. Sin embargo, el cierre del trimestre arrojará una suba en el rubro Alimentos de entre el 18 y el 20 por ciento, y un nivel general de precios que se ubicará entre el 14 y el 15 por ciento.
El fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población es evidente y se produce vía inflación porque los grandes acopiadores y comercializadores de granos, como así también los frigoríficos del consorcio ABC, dolarizan sus precios y prefieren maximizar vendiendo en el exterior antes que abastecer a precios accesibles al mercado interno.
Un gobierno débil y dependiente
Exigido por el FMI y el resto de los acreedores para pagar una deuda externa acrecentada en más de 100 mil millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, el Gobierno depende del ingreso de divisas. Una situación de extrema y notoria debilidad cuando se advierte que el 65 por ciento de las exportaciones realizadas el año pasado las concretaron las empresas extractivistas y las exportadoras agropecuarias ya mencionadas.
En el marco de la llamada “guerra contra la inflación”, y ante el exorbitante aumento del precio de trigo a nivel internacional -que se ubica por encima de los 400 dólares la tonelada-, el Gobierno decidió crear un fideicomiso que se conformará con los ingresos fiscales provenientes de un aumento del 2 por ciento de los derechos de exportación que se aplican a la harina y el aceite de soja. La recaudación adicional estimada permitirá subsidiar hasta 3,8 millones de toneladas de trigo para venderlas al mercado interno a 25 mil pesos la tonelada, en lugar de los 40 mil que reclaman los grandes molinos harineros.
La razón por la que el Gobierno acordó con los exportadores concretar el fondo con un incremento del apenas del 2 por ciento es porque la propia Ley 27.541 de Emergencia Económica que Alberto Fernández consensuó con el sector y la oposición le impide al Poder Ejecutivo una suba mayor del 3 por ciento. De esa manera, la norma fijó un tope para el trigo, el arroz, la avena, el girasol y el maíz, entre otros productos, del 15 por ciento.
Para modificar la ley se necesitaría del voto de Juntos por el Cambio, que anticipó apenas iniciada la escalada de precios que se opondría a un incremento de las retenciones y que, legado el caso, votaría en contra del acuerdo con el FMI. Todo ello al tiempo que el “campo”, como le gusta llamarse a la mesa de enlace que agrupa las cuatro entidades patronales, anticipaba la realización de un paro sectorial ante cualquier indicio de un aumento de los derechos de exportación.
Está claro que a Alberto Fernández no le tiembla el pulso para acordar con el FMI un programa que libera el precio del dólar oficial para que iguale a la inflación, aun cuando de esa manera se deteriora el poder adquisitivo de la población. Un acuerdo que, además, en el memorándum de entendimiento señala que el gasto previsional no puede superar el 43 por ciento del Presupuesto Nacional, un corset que condena a los supuestos beneficiarios a percibir hasta 2034 -cuando finaliza el acuerdo con el FMI- un ingreso igual o menor que el actual. ¿El motivo? La tasa de incorporaciones al sistema es mayor que la tasa de las bajas por decesos.
Sin embargo, Alberto Fernández titubea y se amedrenta ante la amenaza del “campo” y la advertencia de los exportadores de no liquidar divisas. En pocas palabras, un Gobierno débil y subordinado al FMI. La razón por la que el Frente de Todos perdió más de 4 millones de votos en 2021 con relación a la elección presidencial de 2019.
