Duodécima entrevista de la serie destinada a repasar las políticas de Derechos Humanos entre 2003 y 2015 a través de las miradas de sus principales protagonistas y analistas. Se trata de miradas complejas y en ocasiones polémicas y contrapuestas que, quizás, sirvan para que el lector encuentre, al leerlas, un mapa de las posiciones que atravesaron –y aún atraviesan – el tema.
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra participó en el tribunal que juzgó y condenó a las juntas militares en las históricas jornadas de 1985. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000. Presidió el bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical. Pertenece a la Asociación Internacional de Derecho Penal, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al Centro de Estudios Institucionales, entre otras organizaciones. Fue director de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue Juez Had-Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es coautor del anteproyecto de Código Penal con Eugenio Zaffaroni, Federico Pinedo y María Barbagelata (2014). Autor de numerosos libros (18 en total, entre los cuales podemos destacar Un vistazo a las Reformas Constitucionales en Latinoamérica, “El Poder Judicial y su relación con el Poder Ejecutivo”. Su oposición a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aporta otra perspectiva sobre el periodo 2004/2015 para esta saga de entrevistas publicadas en Socompa.
–¿Cuáles fueron sus actividades durante el período 2004/2015?
– Entre 2004 y 2009, ejercí mi profesión de abogado, seguí enseñando en la facultad de Derecho de la UBA, tuve alguna actividad política partidaria como presidente de la convención de la Unión Cívica Radical de la Capital. Perdí en la elección para senador en 2007 y luego fui electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires (período 2009-2013). A partir de esta fecha volví a mi estudio de abogado.
– ¿Cuál fue el rol de Estado, a su criterio, en ese período?
– Creo que prosiguió la senda de la opinión que tengo del Estado Argentino. Un Estado sobredimensionado y altamente ineficiente. Creo que la burocracia estatal en la Argentina es malísima. Le falta profesionalismo, le falta capacitación, le falta formación. Con lo cual, en un gobierno de cuño populista, como lo fue el gobierno de los tres periodos de los Kirchner, siguió ensanchándose, tomando sobre sí competencias y funciones que no cumple. Y creo que no se mejoró sustancialmente respecto de la prestación de sus servicios.
-¿Cuál es su balance de la relación entre el Estado y los organismos de derechos humanos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?
-Creo que el gobierno de los Kirchner entendió como un objetivo político -no sé si central, pero mayúsculo- la cuestión de las violaciones masivas a los derechos humanos que había quedado sepultada, luego del primer gobierno democrático y durante todo el periodo de Menem. Esta cuestión volvía a asomar en el mundo por obra de muchas circunstancias. Tanto por obra de la dirección del Derecho Internacional en materia de derechos humanos, y por los reclamos internacionales en la materia. Es decir, había un clima propicio para que se reabriera este capítulo en la Argentina. Creo que lo hicieron con mucho énfasis y le dieron un cariz marcadamente político. Los organismos de derechos humanos obviamente ayudaron en la organización y muchos de ellos fueron cooptados. En algunas ocasiones, las relaciones eran más promiscuas, en otras más distantes, pero en definitiva tuvieron una relación muy intensa y amigable. Sin embargo, toda la política de persecución, a mi criterio, fue mal diseñada para terminar los juicios.
– ¿Qué sugerencias les hubiese hecho a los responsables del Estado del área de los derechos humanos entre 2004 y 2015?
– Tengo una visión absolutamente favorable a la reapertura de los juicios. Estuvo muy bien el impulso que le dio el gobierno de los Kirchner para obtener la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida así como la reapertura de los procesos judiciales. Era muy importante que se cerrara con Justicia toda esa etapa terrible que había quedada detenida al comienzo de los 90. Pienso que está mal la falta de una estrategia judicial. Han pasado más de 10 años desde que se anularon las leyes y todavía falta terminar muchos juicios. No creo que sea conveniente pasarse más de una década con todos estos procesos. Sobre todo por la gran cantidad, y también, porque cerca de un 40% de los militares acusados y presos han muerto inocentes, durante el transcurso de estos procesos. También hay, en este momento, quienes tienen una prisión preventiva verdaderamente excesiva y no han llegado a la etapa del juicio. Esto fue porque no hubo una estrategia destinada a que los juicios puedan realizarse en un tiempo adecuado. Se dejó el tema librado al azar y se permitió la presentación de múltiples querellantes. Hubo aperturas de juicios absolutamente heterogéneas en distintos lados, varios procesos a un mismo represor que se podrían haber hecho en una sola causa. En fin, creo que el proceso de Justicia estuvo muy bien, pero me parece que no hubo un diseño inteligente. Por otro lado, en mi opinión, junto con los organismos de derechos humanos habría pensado en algún mecanismo tendiente a buscar más la Verdad. Hasta el presente, el muro de silencio que han levantado todos los militares respeto a lo ocurrido, es llamativo. Sencillamente habría explorado la posibilidad de abrir este muro de silencio. Porque no solamente es muy importante la condena por los hechos cometidos, sino también, creo, porque existe una deuda histórica. Es una falta de Verdad importante, si hubiera podido ser gobierno, hubiera diseñado una estrategia de persecución más inteligente y habría analizado de qué manera se podría tener mayor información sobre la suerte de las víctimas.
– ¿Por qué razones, el Estado debe revindicar las victimas que el mismo ha vulnerado?
– Porque no se trató de un Estado legítimo, fue un criminal. Un Estado no es un delincuente, es donde rige el imperio de la ley, donde se garantizan los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que justifica su existencia. Por esas mismas razones, los Estados Legítimos deben revindicar a las víctimas de los hechos cometidos por un Estado criminal.
– ¿Qué clase de reparación debe ofrecer el Estado?
– Creo que la experiencia argentina tiene muchas etapas, la etapa inicial de la recuperación democrática, el primer gobierno civil de transición con los militares todavía en función, que ofreció mucha verdad y poca justicia, pero por lo menos resultó para los casos emblemáticos y relevantes. La siguiente, en el periodo de Menem, no hubo justica, pero mucha reparación económica. Y en el último periodo, se dieron todas: la Verdad, la Justicia y se completó también algún pedazo de reparación. No cabe ninguna duda de que el sometimiento a proceso de quienes han cometido actos que violaron los derechos humanos es una forma de reparación simbólica. Luego, en materia de reparaciones materiales, la Argentina es campeona. En cuanto a las reparaciones morales se ha hecho muchísimo (los monumentos, el Parque de la Memoria) tratando de reparar en algo los sufrimientos de las víctimas.
– ¿Cuáles fueron las dificultades que habitaron la lucha por los derechos humanos en Argentina entre 2004 y 2015?
– No veo muchas dificultades en este período. Porque los militares que habían actuado en estos hechos atroces ya no estaban en funciones y la sociedad acompaño este proceso de Verdad y Justicia. El Estado puso todos sus recursos, no veo ninguna dificultad en este periodo. Los derechos humanos se protegen, diría, por capas, y depende si es por acción o por omisión por parte del Estado. La primera capa trata de asegurar el derecho fundamental a la vida. Luego, la integridad personal, luego la libertad, después proteger la propiedad y finalmente el acceso a los bienes públicos básicos (educación, salud, etcétera). En este aspecto, en la Argentina, como en muchos otros países de Latinoamérica, creo que ni la vida ni la libertad ni la integridad están amenazadas por acción del Estado. Al revés, de lo que se trata es que el Estado actué para que la población en general pueda acceder en condición de igualdad a este conjunto de bienes públicos. Porque integra, además, el derecho básico, tal lo sitúa Amartya Sen hablando del derecho a no tener hambre. Y tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de una sociedad, tal es así con la distribución de sus rentas. En este aspecto, me parece que 2004/2015 fue un periodo de crecimiento de la sociedad, con mejoras de muchas condiciones de vida, pero no fue suficiente. Estos, me parece, son los retos que tiene toda democracia inconclusa. Porque sigue presente todavía con la gran cantidad de gente que no llega a condiciones de vida digna.
-¿Qué vulneraciones padecieron los organismos de Derechos Humanos, enfocados en la lucha por la Memoria, la verdad y la Justicia, entre 2004 y 2015 en Argentina?
– La situación de los derechos humanos en la Argentina ha crecido y se ha fortalecido en el marco de las violaciones masiva a los derechos humanos. Hay algunas organizaciones que trabajan para el acceso a otros bienes humanos básicos como el acceso a la educación, el acceso a la salud. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos conocidas están ancladas en las cuentas del pasado y otro gran sector de la sociedad civil habla de los derechos humanos del presente.
– ¿Qué papel ha tenido la fragmentación de los organismos de derechos humanos en Argentina en el periodo 2004/2015?
– Creo que la fragmentación y las disputas internas han tenido que ver con varias cuestiones. Una, con desavenencias respecto de la propia lucha y, otra, por sus relaciones con el propio gobierno. Hubo muchas organizaciones que tuvieron favores monetarios y políticos y otras que no. Esto dio lugar a una separación, el gobierno se involucró muy directamente en la cuestión de los juicios y se involucró dentro de las organizaciones generando muchas disputas internas.
-¿Cuáles son las fragilidades y las fortalezas de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina en esa etapa?
– Las mayores fortalezas fue contar con un envión inicial y, luego, con una sociedad que acompañó ese proceso. Esto hizo que se provocara la reapertura de los juicios. Pero la debilidad es que faltó una mejor estrategia de diseño de los juicios y faltó también Verdad. No hubo una estrategia que a través de la Justicia buscara la Verdad.
-¿Qué cree que obtuvo el gobierno con la reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia?
– Creo que obtuvo un gran rédito político porque en primer lugar intentó mostrarse como el dueño o el gestor de los derechos humanos. Se presentaba así, olvidando todo lo ocurrido en el pasado durante los primeros años de vida democrática los cuales fueron fundacionales. Por otro lado, esto le dio un anclaje ideológico fuerte dentro del progresismo y creo que para eso lo hizo. A mi juicio, así como estoy de acuerdo en muchísimas de acciones que emprendió, no estoy de acuerdo con la manera en la cual lo hizo. Porque creo que no hay que ejercer una actitud de apropiación de los derechos humanos. Esto necesariamente, deja gente afuera, cuando uno tiene que adoptar una visión más acorde con la naturaleza de los derechos humanos, los cuales son universales, son de todos y son por todos. En consecuencia no tienen que ser objeto de la política de un gobierno.
– ¿Qué le restó al gobierno?
– Politizó en términos facciosos, algo que no debió ser así.
-¿Los juicios han ayudado?
– Sin duda, porque tiene que ser una etapa que se cierra con Justicia. Han sido muy importantes y colocaron a Argentina en la posición de liderazgo en el mundo. A la vez, creo que es muy importante que se terminen y no se demoren más.
– ¿En qué punto los organismos y ciertas normativas de derechos humanos internacionales han favorecidos los avances?
– Muchísimo pero no en el 2004, sino en la década del 90. En la década del 80, existían las grandes convenciones regionales y universales, la convención interamericana de derechos humanos, el pacto de derechos civiles y políticos y algunas convenciones sueltas. El derecho Internacional de los derechos humanos nace fines de los 80, probablemente con el fallo de la corte interamericana “Velázquez Rodríguez”. En los 90 se comiencen los juicios internacionales para Ruanda y la Ex Yugoslavia, para los cuales el Consejo de seguridad crea dos grandes tribunales internacionales que vuelven a colocar entre las normas a sancionar los delitos de lesa Humanidad y una Catarata de convenciones. En toda esta década del 90, va creciendo progresivamente los mecanismos de protección de los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional y muchos países comienzan a incorporar en sus legislaciones a muchos de esos principios (respecto de la legislación universal y los delitos contra la humanidad). Todo esto hace eclosión en el siglo 21 con aporte y la influencia del derecho internacional de derechos humanos, y por supuesto también de las organizaciones que siempre siguieron reclamando la posibilidad de justicia. Por esto, creo que, el gobierno de los Kirchner tomo lo que se venía gestando agregándole un impulso, decidiendo tomar el tema como propio.
– ¿Y en qué perspectivas los han obstaculizado?
– No veo en que caso obstaculizaron, al contrario favorecieron. Creo que, al contrario, desde la faz internacional, las normas, como los distintos organismos han contribuido, más allá de una cuestión más puntual y doméstica.
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